MURCIA.- El asesor jurídico de las asociaciones de propietarios de Sierra Escalona, en Orihuela, y Sierra de Carrascoy, en Murcia, Diego de Ramón, se ha dirigido por escrito al Parlamento Europeo para que se abra una investigación sobre la extensión de zonas protegidas en sitios menos propicios que otros y para saber por qué se han elegido precisamente esas zonas y no otras en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia.
El letrado de los afectados habla de abusos urbanísticos a sus defendidos, incluso tras la resolución del Parlamento Europeo de junio de 2007, con vulneraciones graves de la propiedad privada en el caso de Sierra Escalona, donde el Consell aumenta la imposibilidad de protección por las servidumbres de paso en el citado parque natural, a la vez que no señala nuevas zonas para ello por los intereses urbanísticos de empresas valencianas que se disputan las zonas ya recalificadas.
En Murcia, el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) del parque regional del Valle-Carrascoy también vulnera, a su juicio, derechos de propiedad al no ajustarse a los límites del LIC (Lugar de Interés Comunitario), encubriendo una expropiación forzosa por fijar una doble protección en algunas zonas, sin justificar con el rigor científico adecuado y sin un mapa debatido con los grupos sociales reconocidos.
En ambos casos, De Ramón constata tala de pinos en terrenos de propiedad privada, que se extienden a terrenos colindantes a la zona protegida para percibir más ayudas europeas sin que se den legitimadoras justificaciones técnicas de rigor al existir ya urbanizaciones con miles de viviendas en el caso de Sierra Escalona.
En su escrito de súplica, el abogado de ambas asociaciones habla de que las víctimas de esta urbanización extensiva han sufrido continuas violaciones de sus derechos fundamentales, cuando sólo la Comunidad Valenciana ha recibido ayudas de la Unión Europea por un montante de 5.800 millones de euros desde 1.990, por lo que solicita también que se proteja el valor económico de los propietarios, junto con sus derechos inherentes a la propiedad privada, y su justa compensación.
(Aprovecha para recordar que las autoridades de Valencia y Murcia todavía no han puesto en marcha los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para compensar a las víctimas de abusos urbanísticos propiciados por su legislación específica).
Que se paralice todo tipo de extensiones de las zonas declaradas protegidas y las ayudas económicas que tengan que recibir ambas regiones hasta tanto no se verifiquen los extremos expuestos de extensión de la protección sobre lo más fácil pero no comprometiéndose con políticas de protección de nuevos parajes de valor ambiental aunque estén cerca de urbanizaciones.
Tras exponer la falta de claridad, precisión y seguridad jurídica del derecho de propiedad en España y la falta de aplicación adecuada y coherente de la legislación ambiental, el letrado señala en su escrito al Parlamento Europeo que ambos extremos son la causa de muchos abusos y laxitud en los procedimientos judiciales, que han generado una forma de corrupción endémica, donde el ciudadano europeo es la primera víctima.
Pide también que las autoridades presupuestarias de la Unión Europea congelen o interrumpan los fondos para persuadir a un Estado miembro de que ponga fin a violaciones graves de las reglas y principios que está obligado a respetar en virtud de los tratados y mantenerlos en reserva hasta que estos problemas se resuelvan, incluso pedir la devolución de lo ya recibido para financiar proyectos que no respeten las reglas comunitarias.
Y que se abra una investigación por el Tribunal de Cuentas europeo sobre la fiscalidad de los fondos recibidos sobre temas de la Red Natura 2000 y otros para protección de parques naturales o zonas protegidas medioambientales, requiriendo a las regiones de Valencia y Murcia para que cumplan la resolución del Parlamento Europeo del 21 de junio de 2006.
Concluye el representante legal de ambas asociaciones su petición, sugiriendo que la investigación solicitada debería ser previa a la aprobación de nuevas ayudas y subvenciones a las regiones de Valencia y Murcia mediante una supervisión imparcial de la Dirección General XI de la Comisión Europea y que se señalen nuevas zonas a proteger en distintos sitios de la costa valenciana y murciana, necesitados verdaderamente de esa protección ante la alta tasa de urbanización ya existente.
En Murcia, el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) del parque regional del Valle-Carrascoy también vulnera, a su juicio, derechos de propiedad al no ajustarse a los límites del LIC (Lugar de Interés Comunitario), encubriendo una expropiación forzosa por fijar una doble protección en algunas zonas, sin justificar con el rigor científico adecuado y sin un mapa debatido con los grupos sociales reconocidos.
En ambos casos, De Ramón constata tala de pinos en terrenos de propiedad privada, que se extienden a terrenos colindantes a la zona protegida para percibir más ayudas europeas sin que se den legitimadoras justificaciones técnicas de rigor al existir ya urbanizaciones con miles de viviendas en el caso de Sierra Escalona.
En su escrito de súplica, el abogado de ambas asociaciones habla de que las víctimas de esta urbanización extensiva han sufrido continuas violaciones de sus derechos fundamentales, cuando sólo la Comunidad Valenciana ha recibido ayudas de la Unión Europea por un montante de 5.800 millones de euros desde 1.990, por lo que solicita también que se proteja el valor económico de los propietarios, junto con sus derechos inherentes a la propiedad privada, y su justa compensación.
(Aprovecha para recordar que las autoridades de Valencia y Murcia todavía no han puesto en marcha los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para compensar a las víctimas de abusos urbanísticos propiciados por su legislación específica).
Que se paralice todo tipo de extensiones de las zonas declaradas protegidas y las ayudas económicas que tengan que recibir ambas regiones hasta tanto no se verifiquen los extremos expuestos de extensión de la protección sobre lo más fácil pero no comprometiéndose con políticas de protección de nuevos parajes de valor ambiental aunque estén cerca de urbanizaciones.
Tras exponer la falta de claridad, precisión y seguridad jurídica del derecho de propiedad en España y la falta de aplicación adecuada y coherente de la legislación ambiental, el letrado señala en su escrito al Parlamento Europeo que ambos extremos son la causa de muchos abusos y laxitud en los procedimientos judiciales, que han generado una forma de corrupción endémica, donde el ciudadano europeo es la primera víctima.
Pide también que las autoridades presupuestarias de la Unión Europea congelen o interrumpan los fondos para persuadir a un Estado miembro de que ponga fin a violaciones graves de las reglas y principios que está obligado a respetar en virtud de los tratados y mantenerlos en reserva hasta que estos problemas se resuelvan, incluso pedir la devolución de lo ya recibido para financiar proyectos que no respeten las reglas comunitarias.
Y que se abra una investigación por el Tribunal de Cuentas europeo sobre la fiscalidad de los fondos recibidos sobre temas de la Red Natura 2000 y otros para protección de parques naturales o zonas protegidas medioambientales, requiriendo a las regiones de Valencia y Murcia para que cumplan la resolución del Parlamento Europeo del 21 de junio de 2006.
Concluye el representante legal de ambas asociaciones su petición, sugiriendo que la investigación solicitada debería ser previa a la aprobación de nuevas ayudas y subvenciones a las regiones de Valencia y Murcia mediante una supervisión imparcial de la Dirección General XI de la Comisión Europea y que se señalen nuevas zonas a proteger en distintos sitios de la costa valenciana y murciana, necesitados verdaderamente de esa protección ante la alta tasa de urbanización ya existente.
1 comentario:
Diego, llama al 112. Según Valcárcel, es un ejemplo. Por cierto, no insistas demasiado pues puedo asegurarte de que funciona peor de lo que dicen. A veces no se enteran de lo que se les habla. Será alguien enchufado o en precario. Ojo.
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