Trinitario Casanova declarará el próximo 19 de febrero ante el juez por el 'caso Blueprime'

MADRID.- La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, ha llamado a declarar como imputado al empresario Trinitario Casanova el próximo 19 de febrero por la presunta difusión de noticias falsas para intentar alterar la cotización del Banco Popular al anunciar la venta de su participación del 3,5% a la sociedad "fantasma" Blueprime.

Esta es la primera diligencia practicada por la juez después de admitir a trámite la denuncia presentada el pasado 7 de noviembre por la Fiscalía Anticorrupción contra el promotor inmobiliario, tras examinar la documentación remitida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Anticorrupción acusa a Casanova de constituir la sociedad "fantasma" Blueprime para simular que inversores mexicanos iban a adquirir hasta el 20% del Banco Popular con la finalidad de inflar el valor de las acciones de la entidad, según la denuncia de la Fiscalía.

Los hechos tuvieron lugar en junio de 2008, cuando la prensa económica informó sobre el inminente lanzamiento por parte de un supuesto grupo inversor mexicano de una oferta pública de adquisición de acciones sobre el Banco Popular, lo que provocó una súbita subida de su valor "no acorde con la evolución del mercado", explica la Fiscalía.

La acción del Popular llegó a subir un 6,7%, hasta alcanzar un valor de 9,88 euros, lo que supuso un volumen de negociación de 32,8 millones de títulos, esto es, 4,25 veces más su promedio de negociación en las 30 sesiones anteriores, detalla la denuncia.

"La investigación llevada a cabo por la CNMV puso al descubierto tanto la irrealidad de la operación como la falsedad de la información publicada", explica el Ministerio Fiscal.

La Fiscalía considera que se ponen de manifiesto unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito relativo al mercado y los consumidores tipificado en el artículo 284 del Código Penal (CP) en relación con el articulo 287.2.

Casanova se podría enfrentar a penas de prisión de entre seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses por difundir noticias falsas con la intención de alterar los precios, según el artículo 284 del CP.