Trinitario Casanova se enfrenta a eventuales penas de prisión de hasta dos años

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción acusa al empresario Trinitario Casanova de constituir la sociedad "fantasma" Blueprime para simular que inversores mexicanos iban a adquirir hasta el 20% del Banco Popular con la finalidad de inflar el valor de las acciones de la entidad mediante la difusión de noticias falsas, según la denuncia de la Fiscalía.

Blueprime se constituyó a través de dos bufetes de abogados a quienes "el propio Trinitario Casanova presentó un borrador de contrato para la transmisión de las acciones, entregó una lista de accionistas a los que había que remitir ese contrato y a quien interesó la constitución de Blueprime", explica la denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción de Madrid.

En el relato de los hechos, la fiscalía explica que Casanova creó Blueprime por mediación de los bufetes Hassans International Law Firm, radicado en Gibraltar, y Salans, con sede en Londres, cuyos servicios había contratado para instrumentar la "supuesta" OPA sobre el Popular.

Un abogado de Hassans explicó que el pasado 17 de junio el empresario le comunicó la existencia de un grupo de inversores mexicanos que estaban interesados en lanzar una OPA sobre el Popular pero que querían permanecer en el anonimato.

Éstos eran, según Casanova, el director general del Axtel y consejero de HSBC, Tomás Milmo, el magnate Carlos Slim, el presidente del Grupo Peñoles, Antonio Bailleres, y el empresario Salomón Dumani Mustri.

El supuesto interés de Bluprime llegaba a la prensa mientras el banco holandés Fortis Bank, que había financiado a Casanova con 394,2 millones de euros parte de la compra del 3,5% del Popular entre julio de 2007 y el pasado mes de enero, reclamaba a la sociedad de Casanova Titánica Capital, el dinero pactado como garantía por la bajada de las acciones del banco, que se estaba produciendo explica la denuncia.

Así, el pasado 12 de junio, el diario 'Negocio' anunció el interés de los empresarios mexicanos en la compra del Popular con primas superiores al 50% y bajo el asesoramiento del HSBC, el mismo día que Fortis Bank exigía a Titánica un depósito de 58 millones de euros, que no atendió.

La acción del Popular subió un 6,7% hasta alcanzar un valor de 9,88 euros, lo que supuso un volumen de negociación de 32,8 millones de títulos, esto es, 4,25 veces más su promedio de negociación en las 30 sesiones anteriores, detalla la denuncia.

Al día siguiente, el mismo diario gratuito reveló los nombres de los supuestos empresarios interesados, mientras que Fortis reclamaba a Titánica otros 39 millones de euros. Los títulos del Popular subieron un 5,6% hasta un valor de 20,43 euros por acción.

Ante las noticias publicadas, la CNMV pidió información a los accionistas del Banco Popular Ramchard Bhavnani, Nicolás Osuna, Américo Ferreira de Amorim y al propio Casanova. Todos negaron haber recibido ofertas, menos el último, lo que fue publicado en el diario 'Expansión' el 14 de junio, junto con el desmentido de Tomás Milmo. Las acciones del Popular bajaron un 6,3% el 16 de junio.

Sin embargo, 'Negocio' volvió a informar el 17 de junio de que la operación se iba a cerrar en unos días al precio de 14 euros por acción, tras las reuniones mantenidas con varios accionistas minoritarios en Madrid, México y Londres. El mismo día, el Grupo Hispania, propiedad de Casanova, comunicó al organismo regulador que la operación se iba a realizar a través de Blueprime, según publico al día siguiente el citado periódico económico.

El 18 de junio, Fortis volvió a exigir a Titánica 47 millones de euros y al no recibir los depósitos empezó a vender las acciones del Popular, mientras que 'Negocio' seguía anunciando la OPA. El periódico es editado por Tumbo de Privilegios, sociedad a la que el Grupo Hispania había vendido en noviembre de 2007, todas las participaciones de la sociedad Prensa del Sureste.

Anticorrupción calcula que Casanova perdió 170 millones de euros en toda la operación.

El empresario se podría enfrentar a penas de entre seis meses a dos años de prisión por un presunto delito relativo al mercado y los consumidores contemplado en el artículo 284 del Código Penal en relación con el artículo 287.2 CP, por la difusión de noticias falsas para intentar alterar los precios.