El primero de ellos fue el regidor de Totana, José Martínez Andreo, en el marco de la operación 'Tótem', que investiga los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
En concreto, se trata de una operación contra una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para construir en Totana, y a través de la cual, el grupo gallego Nuaria habría adquirido las licencias para construir más de 4.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales durante la pasada legislatura. El Grupo Nuaria era el encargado de desarrollar el que sería el mayor complejo residencial del municipio.
Martínez Andreo fue ingresado en prisión sin fianza el 3 de diciembre del pasado año, quedando en libertad dos meses después bajo fianza de 70.000 euros, decretada por la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana.
Igualmente, dentro de la operación 'Tótem', el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Julián Pérez Templado, llamó a declarar al ex alcalde de Totana y diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Juan Morales, para quien se acordó prisión provisional eludible bajo fianza de 200.000 euros. Morales, que declaró durante más de 12 horas sobre su posible relación con el caso 'Tótem', pagó la fianza días después.
La razón por la que Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ tomó declaración al ex alcalde, así como al actual regidor y otras 16 personas relacionadas con la trama de corrupción urbanística de la localidad, se debe a que asumió la competencia para conocer el asunto en relación al ex primer edil totanero, ya que está aforado, al entender que había "indicios suficientes" de presuntos delitos cometidos por Morales, entre ellos el de cohecho "por el cobro de comisiones".
Fue el 3 de diciembre cuando la Junta Directiva del PP, reunida en sesión extraordinaria, aceptó y dio trámite a la solicitud de baja voluntaria de militancia presentada por Martínez Andreo; así como la baja cautelar, también voluntaria, en la militancia del partido de Juan Morales.
Y es que, el sumario revela que la relación entre Martínez Andreo y el ex alcalde, Juan Morales, tanto personal como política, estaba muy deteriorada llegando incluso a acceder Andreo a la alcaldía pese a que Morales quería seguir ejerciendo como primer edil.
El segundo de los alcaldes arrestados del PP fue el de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, para quien el juez del Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 4 de San Javier, Salvador Calero, ordenó el 3 de abril de este año prisión provisional sin fianza.
La detención se enmarcaba en el procedimiento que se instruye en dicho juzgado por los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secreto.
En el marco de esta trama de corrupción urbanística destapada tanto en el Consistorio de Torre Pacheco como en el de Fuente Álamo, la primer edil de este último municipio, María Antonia Conesa, fue a declarar a principios de noviembre de 2007 y quedó en libertad con cargos tras declarar ante la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de San Javier, Arantzazu Moreno, por presuntas irregularidades urbanísticas en su Ayuntamiento.
A pesar de la presunta implicación de los regidores de Totana y Torre Pacheco, éstos siguen, a día de hoy, ejerciendo las labores propias de la Alcaldía, sin abandonar sus cargos.
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