El fiscal investiga a un funcionario por tráfico de influencias en el caso de la balsa Yenny

CARTAGENA.- La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia está investigando por un presunto delito de tráfico de influencias a un técnico adscrito a la Dirección General de Calidad Ambiental, por considerar que pudo beneficiar a algunos familiares con un trabajo de consultoría relacionado con la eliminación de estériles de la balsa Yenny, en El Llano del Beal.

Según la información a la que ha tenido acceso "La Verdad" a través de varias fuentes, la actuación contra este empleado, cuya identidad corresponde a las iniciales A.D.J., se inició durante el proceso de investigación sobre la balsa minera por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid. Puede decirse que surgió casualmente al hilo de las diligencias informativas.

Se comprobó que un trabajo de consultoría fue realizado al parecer por una empresa de la que es socio la mujer, y en la podía tener también alguna relación una hija. Este caso, desgajado de la causa principal, ha pasado a la Fiscalía de Murcia, que ha tomado declaración a varias personas relacionadas con este técnico. Se están comprobando además otros trabajos realizados para la Administración por la empresa de consultoría medioambiental.

La causa principal abierta por la eliminación de la balsa Yenny no se ha archivado oficialmente. La Fiscalía Anticorrupción ha estado tomando declaración al consejero Antonio Cerdá, al un ex consejero y a un interventor de la Comunidad Autónoma, entre otros, por considerar que los costes de eliminación de la montaña de estériles mineros que amenazaba la seguridad de los vecinos de El Llano del Beal debía ser asumido por la empresa Portmán Golf -o bien la antigua propietaria Peñarroya- en lugar de que las administraciones autonómica y central abonaran 5,4 millones de euros por ello.

Para el fiscal, debe pagar quien produjo la contaminación de la zona, por lo que cree que pudo existir prevaricación y malversación de fondos europeos

Para proceder a esa limpieza, la balsa Yenny fue cedida gratuitamente a la Comunidad Autónoma. Posteriormente los estériles extraídos fueron depositados en otra corta minera de la empresa Portmán Golf, que además cobró por ello una cantidad de la empresas pública Tragsa que fue la encargada de la limpieza.

El Gobierno regional siempre ha defendido la legalidad del proceso, en el que antepuso el peligro cierto que representaba para la población, por lo que se debía actuar con urgencia. Señala además que el Ministerio de Medio Ambiente ha sido co partícipe de todas las decisiones.