MURCIA.- El fiscal José Luis Díaz Manzanera considera que el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (PP), «ha inducido o autorizado» al arquitecto técnico Ramón Cabrera «a realizar claras ilegalidades», en relación a la operación de permuta de unos terrenos con la empresa Polaris que ha llevado a ambos a la cárcel. Añade el fiscal que el alcalde también ha influido en otros funcionarios municipales con el fin «de que comentan graves ilegalidades para favorecer a otras personas».
Estas consideraciones se hayan en la base del escrito presentado por el fiscal ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial para oponerse a que García Madrid y ramón Cabrera salgan en libertad. En el escrito, al cual ha tenido acceso La Verdad, el fiscal del TSJ apunta que «gran parte de los delitos» imputados al alcalde y al arquitecto técnico corresponden a «conductas dirigidas a favorecer a empresas del grupo Polaris».
En el caso del alcalde, José Luis Díaz Manzanera añade el delito de malversación de caudales públicos, que lleva aparejada penas de 4 a 8 años de prisión e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años. El alcalde y el arquitecto técnico están en prisión preventiva desde los pasados días 2 y 3 abril por orden del juez salvador Calero.
«Riesgo de reincidencia»
El Ministerio Fiscal sostiene que la operación de permuta de los terrenos (los dotacionales entregados por el Ayuntamiento frente a los rústicos que aportaba Polaris) causó un daño de 5 millones de euros a las arcas municipales. Considera que el alcalde inició la operación urbanística «de motu propio y sin expediente previo que acredite la necesidad de la permuta. Es él quien lleva personalmente las negociaciones cona la empresa privada», añade.
Para oponerse a la salida de la cárcel de ambos, Díaz Manzanera argumenta ante esta sección de la Audiencia con sede en Cartagena sobre el número de delitos que se imputan al alcalde en la totalidad del sumario. Añade que existen expedientes que se siguen analizando, de los que pueden surgir «más conductas delictivas», por lo que se pedirá más documentación al Ayuntamiento, que correría «el riesgo de ser alterada o inutilizada si cualquiera de los privados ahora de libertad gozasen de la misma».
Apunta que los dos detenidos tienen capacidad para acceder a las fuentes de prueba «y sobre todo para influir directamente en otros imputados, testigos e incluso peritos». Por último, el fiscal refiere que quedan actuaciones por practicar, que existe riego de reincidencia y que «no se puede permitir que los imputados vuelvan al lugar donde han estado cometiendo tales conductas».
Defiende sus peritajes
Díaz Manzanera dedica una parte importante de su escrito a defender «la objetividad e imparcialidad» de los dos informe periciales realizados, a petición de la Fiscalía, por una arquitecto y un ingeniero de la Administración del Estado, con el fin de rebatir las críticas sobre las diferentes valoraciones de los terrenos permutados.
El fiscal niega, por otra parte, que haya realizado una investigación paralela a la judicial, como ha denunciado uno de los abogados.
Estas consideraciones se hayan en la base del escrito presentado por el fiscal ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial para oponerse a que García Madrid y ramón Cabrera salgan en libertad. En el escrito, al cual ha tenido acceso La Verdad, el fiscal del TSJ apunta que «gran parte de los delitos» imputados al alcalde y al arquitecto técnico corresponden a «conductas dirigidas a favorecer a empresas del grupo Polaris».
En el caso del alcalde, José Luis Díaz Manzanera añade el delito de malversación de caudales públicos, que lleva aparejada penas de 4 a 8 años de prisión e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años. El alcalde y el arquitecto técnico están en prisión preventiva desde los pasados días 2 y 3 abril por orden del juez salvador Calero.
«Riesgo de reincidencia»
El Ministerio Fiscal sostiene que la operación de permuta de los terrenos (los dotacionales entregados por el Ayuntamiento frente a los rústicos que aportaba Polaris) causó un daño de 5 millones de euros a las arcas municipales. Considera que el alcalde inició la operación urbanística «de motu propio y sin expediente previo que acredite la necesidad de la permuta. Es él quien lleva personalmente las negociaciones cona la empresa privada», añade.
Para oponerse a la salida de la cárcel de ambos, Díaz Manzanera argumenta ante esta sección de la Audiencia con sede en Cartagena sobre el número de delitos que se imputan al alcalde en la totalidad del sumario. Añade que existen expedientes que se siguen analizando, de los que pueden surgir «más conductas delictivas», por lo que se pedirá más documentación al Ayuntamiento, que correría «el riesgo de ser alterada o inutilizada si cualquiera de los privados ahora de libertad gozasen de la misma».
Apunta que los dos detenidos tienen capacidad para acceder a las fuentes de prueba «y sobre todo para influir directamente en otros imputados, testigos e incluso peritos». Por último, el fiscal refiere que quedan actuaciones por practicar, que existe riego de reincidencia y que «no se puede permitir que los imputados vuelvan al lugar donde han estado cometiendo tales conductas».
Defiende sus peritajes
Díaz Manzanera dedica una parte importante de su escrito a defender «la objetividad e imparcialidad» de los dos informe periciales realizados, a petición de la Fiscalía, por una arquitecto y un ingeniero de la Administración del Estado, con el fin de rebatir las críticas sobre las diferentes valoraciones de los terrenos permutados.
El fiscal niega, por otra parte, que haya realizado una investigación paralela a la judicial, como ha denunciado uno de los abogados.
1 comentario:
Estos "jodios" de La Verdad no dejan hacer comentarios al respecto. ¡Que sigan tirando de la manta! Sólo espero que esto no quede ahí, en una pieza separada del resto del sumario. Todos sabemos a dónde conducen las corruptelas en Torre Pacheco. ¡Ese pollo tiene cabeza! El pardillo de su abogado erre que erre, alguien debería expedientarle, es un impresentable.
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