MADRID.- La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, afirmó ayer que el IV acuerdo marco de la estiba no se ajusta a la legalidad, como pusieron de manifiesto los dos informes jurídicos solicitados al respecto por Puertos del Estado, y negó que el rechazo a este acuerdo responda a la oposición de esta institución a sustituir las sociedades de estiba, de participación pública mayoritaria, por APIEs, asociaciones integradas por capital privado.Durante su comparecencia en la sesión de control en el Senado, Álvarez apuntó que el acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria fue revisado por Puertos del Estado ante la posible falta de legitimidad de las empresas que agrupa uno de sus firmantes, la patronal del sector Anesco, al tener contratado sólo al 8% de los trabajadores, así como por la posible invasión de ámbitos de competenciales ajenos a servicios públicos básicos de estiba y desestiba por parte de los propios firmantes.
La ministra señaló que no sólo Puertos del Estado fue partidario de impugnar el acuerdo alcanzado en julio de este año, ya que el 20 de septiembre de 2007 los presidentes de todas las autoridades portuarias que presiden las sociedades estatales de estiba firmaron un documento en el que manifestaron compartir íntegramente los argumentos de la petición presentada por Puertos del Estado.
Más aún, añadió, otras organizaciones como UGT y CC.OO. o la Confederación Española de Pesca han solicitado la no inscripción del acuerdo.
Por su parte, el senador de CiU en el Senado, Pere Macías acusó a las autoridades portuarias de no estar cumpliendo la legalidad vigente y afirmó que la "situación es grave".- (Agencias)
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La llegada de Carme Chacón al Ministerio de Vivienda en sustitución de María Antonia Trujillo ha propiciado un acuerdo entre el Gobierno central y los empresarios de Cartagena y el Instituto de Fomento de la Región para desbloquear el desarrollo de la primera fase del polígono industrial Los Camachos (Los Camachos Sur).
En una reunión celebrad en Cartagena, representantes de Sepes (organismo de Vivienda para el suelo industrial) informaron de que los dueños de 120 parcelas en la primera etapa de la primera fase del polígono (600.000 metros cuadrados) podrán firmar a final de año las escrituras de los terrenos.
Las empresas (de construcción, transporte, logística o naval) podrán entonces edificar sus naves industriales.
Mientras, en la primera fase (hay tres) continúan las obras de urbanización de la segunda parte, donde habrá 350.000 metros cuadrados netos divididos en parcelas para unas 60 empresas. Estos terrenos serán adjudicados en verano próximo. El director del Info, Severiano Arias, se felicitó del «cambio de actitud» de Sepes y alabó la «profesionalidad» del equipo de Chacón.
Zinsa, en una esquina
Según los planos de Sepes para la segunda fase (Los Camachos Norte), la nueva fábrica de Española del Zinc (Zinsa), que se trasladará allí desde Torreciega, estará situada en una esquina para que su actividad interfiera lo menos posible con el resto de empresas. Estará en la parte más alejada del nudo que forman la autopistas Cartagena-Vera y Cartagena-Alicante.
(De "La Verdad")
La Autoridad Portuaria ha expedientado a los trabajadores que bloquearon el acceso al valle de Escombreras y la entrada al muelle de contenedores
A los estibadores de Coordinadora les ha salido caro bloquear la carretera de acceso a Escombreras y la salida de camiones del muelle de contenedores. La Autoridad Portuaria de Cartagena ha abierto un expediente sancionador a al menos doce de estos trabajadores con multas que van de los sesenta mil a los ciento veinte mil euros por cortar estas carreteras sin ningún tipo de permiso ni autorización.
El propio presidente del Puerto, Adrián Ángel Viudes, confirmó a esta redacción que se han abierto estos expedientes y señaló que se han regido por lo que marca la Ley de Puertos para fijar la cantidad de las sanciones que se contemplan en los mismos.
Además, Viudes aclaró que las vías en las que los estibadores bloquearon la circulación son de dominio de la Autoridad Portuaria, lo que les permite aplicar estas sanciones contra los trabajadores.
Los estibadores de Coordinadora, que se encuentran en huelga indefinida desde el pasado 25 de octubre, cortaron la carretera de acceso al valle industrial de Escombreras durante una hora y media el primer día de paros y provocaron largas colas de camiones de hasta cinco kilómetros.
Al día siguiente, 26 de octubre, se plantaron ante la puerta de entrada del muelle de contenedores de Santa Lucía, donde impidieron la salida de vehículos también durante una hora y media, lo que generó retenciones en el interior de la instalación portuaria.
Fuentes del sindicato mayoritario en el sector de la estiba indicaron que la Autoridad Portuaria ha identificado a los manifestantes mediante las fotografías de las protestas que han aparecido publicadas en la prensa.
Asimismo, señalaron que el Puerto ha remitido una carta a doce trabajadores que participaron en las movilizaciones en las que les comunica que se les ha abierto el expediente sancionador. Cinco de ellos se enfrentan a una multa de hasta 120.000 euros cada uno -sesenta mil por cada uno de los días en los que bloquearon la circulación de camiones- mientras que a los siete restantes sólo les han identificado en una de las protestas, por lo que la sanción que se les ha impuesto es de sesenta mil euros.
Los estibadores implicados ya han puesto en manos de sus abogados los escritos que les ha remitido la Autoridad Portuaria y consideran desorbitadas la cuantía de las multas que pretende imponerles la Autoridad Portuaria.
Estos expedientes son sólo un episodio más de la guerra abierta que mantienen la Autoridad Portuaria de Cartagena y el sindicato Coordinadora desde hace dos años y durante el que se han convocado hasta cuatro huelgas. Además, la batalla también se desarrolla en los tribunales, donde ambas partes han mantenido y mantienen varios litigios abiertos.
(De "La Opinión")
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