Opinan que los directores generales hasta ahora implicados cumplieron órdenes de sus superiores y son "los chivos expiatorios"
MURCIA.- El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, anunció en rueda de prensa que su formación se personará como acusación particular en la querella interpuesta por el fiscal jefe del TSJ de Murcia contra varios altos cargos de la Comunidad por el denominado caso Zerrichera, calificado por éste como "pelotazo urbanístico".
Jara también anunció que una vez que los servicios jurídicos del PSRM-PSOE analicen el contenido de la querella, el partido decidirá ampliar la responsabilidad al consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, y al ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, porque, según dijo, "son partes fundamentales de esta trama".
A su juicio, "es imposible poner de acuerdo a varias consejerías y a un ayuntamiento si detrás no está la mano de la Comunidad Autónoma".
Para Jara, los directores generales hasta ahora implicados cumplieron órdenes de sus superiores y son "los chivos expiatorios de una decisión que no han tomado solo ellos".
Respecto a la decisión de la mesa de la Asamblea Regional de rechazar la posibilidad de comparecencia del presidente, Ramón Luis Valcárcel, para dar explicaciones sobre este asunto, Jara respondió que debería comparecer porque parte del Ejecutivo "está bajo sospecha".
Valcárcel, según Jara, "camina en la cuerda floja como un funambulista", en referencia a su no comparecencia en el parlamento murciano como el PSRM-PSOE había solicitado, y se preguntó si es que "tiene miedo" a dar explicaciones.
La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) también tiene decidido personarse como acusación particular en la querella formulada por el fiscal jefe del TSJ contra varios altos cargos del Gobierno regional, una ex directora general y el alcalde y un concejal del Ayuntamiento de Águilas.
El presidente de ANSE, Pedro García, indicó que piensa solicitar al juez instructor -si acepta a trámite la querella- que tome también declaración sobre los hechos al ex consejero de Medio Ambiente e Industrial, Francisco Marqués. Apuntó que la petición puede extenderse probablemente al actual titular de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana.
Tanto ANSE como el PSOE formularon las denuncias originales contra los altos cargos que intervinieron en el expediente para recalificar los terrenos protegidos de la finca de Águilas, al entender que podían haberse cometido los presuntos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente.
Pedro García considera que Marqués y Bascuñana «tienen mucho que decir» en este caso que, por ahora, se limita a efectos de sospechosos, a altos cargos que estaban bajo sus órdenes.
Por otra parte, y según publica "La Verdad", el fiscal jefe del TSJ, Manuel López Bernal, también ha incluido el presunto delito de cohecho -en aplicación del artículo 419 del Código Penal- en su querella. Esta figura se sumaría a los supuestos de prevaricación, negociación prohibida a los funcionarios, tráfico de influencias y falsedad en documento público.
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, presentó el 22 de febrero en los juzgados de Lorca una querella por prevaricación por el caso Zerrichera contra el alcalde de Águilas, el popular Juan Ramírez y un ex edil de este ayuntamiento, cuatro altos cargos de la Comunidad y un funcionario.
Precisamente ayer entregó en los Juzgados de Lorca toda la documentación que faltaba para completar su querella contra los altos cargos y funcionarios del Gobierno regional y contra el alcalde de Águilas, Juan Ramírez, a los que responsabiliza de irregularidades en la recalificación de los terrenos de la finca La Zerrichera, en Águilas.
López Bernal acusa a los siete querellados de prevaricación, falsedad en documento público, tráfico de influencias y cohecho. Se trata de los directores generales de Calidad Ambiental y de Vivienda y Urbanismo, Antonio Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero; la ex directora general del Medio Natural, Encarna Muñoz; el subdirector de Vivienda y Urbanismo, José María Ródenas; el alcalde de Águilas y el ex concejal José López; además del jefe de servicio de Calidad Ambiental, Juan I. Sánchez Gelabert.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Lorca, al que va dirigida la documentación entregada por López Bernal, aún no ha decidido si admite a trámite la querella. El fiscal jefe dijo que el plazo necesario para que se produzca una resolución judicial dependerá de los recursos que lleguen a presentarse. Añadió que "tampoco se puede saber si habrá más implicados, algo que es imposible conocer ahora mismo", y que no tiene intención de enviar el asunto a la Fiscalía Anticorrupción.
Por su parte, el secretario ejecutivo de Política Local y Autonómica del PP, Juan Carlos Ruiz, admitió que este partido está estudiando las posibilidades de denunciar al fiscal que tienen los querellados, aduciendo indefensión. Juan Carlos Ruiz no descarta incluso que haya otros motivos de denuncia.
La organización Ecologistas en Acción pidió, por su parte, la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Benito Mercader, por su apoyo a los altos cargos querellados.
La Zerrichera es el paraje protegido donde una promotora iba a construir 4.000 viviendas una vez fuese recalificado.
En cuanto al Grupo Inversor "Hispania", promotor de la urbanización de La Zerrichera, cabe decir, también según "La Verdad", que dos de sus socios originales han abandonado el proyecto. Un portavoz del Grupo Lar indicó que se salieron de la operación el pasado mes de diciembre, antes de que el fiscal jefe iniciara la recta final de la toma de declaraciones.
Por su parte, el Grupo Riofisa informó también de que en la actualidad no tiene ningún proyecto en la Región de Murcia. Señala que tuvo una opción junto con Procam -la inmobiliaria de Caixa Catalunya- para el desarrollo de la actuación residencial en Águilas (en alusión a La Zerrichera). No obstante, decidió abandonarla el pasado mes de septiembre. Señala que optó por su estrategia de enfocar más su negocio hacia los centros comerciales, área en la que se considera líder a nivel nacional.
El otro socio del Grupo "Hispania" es Inverlur (perteneciente a La Kutxa vasca), el cual abonó un anticipo unos días antes de aprobarse la Declaración de impacto ambiental positiva a la recalificación de los terrenos de Águilas.
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