El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, ha exigido al presidente Valcárcel que intervenga y quite las competencias urbanísticas a municipios como Murcia, Cartagena, Cieza, Mazarrón, San Javier, Totana, Alhama, Caravaca, Águilas, o Torre Pacheco, donde el ‘modus operandi’ son el pelotazo, los convenios urbanísticos a la carta y los tratos de favor a amigos y a dirigentes del PP, en respuesta a la insinuación del consejero Cierva de hacerlo con Los Alcázares.
Jara pidió que el presidente regional «cumpla con su palabra y pida la dimisión de los altos cargos del PP condenados por la Justicia». El portavoz del PSRM se preguntó «a qué está esperando para exigir la dimisión de los alcaldes del PP en Archena, Beniel, Cieza, Alcantarilla o Mazarrón», y añadió que «a Valcárcel ni le preocupa la corrupción ni la especulación que genera su propio modelo de crecimiento».
José Ramón Jara afirmó que «es una vergüenza que el PP no tome decisiones contundentes en los ayuntamientos en los que gobierna y ya hay sentencias judiciales en firme y otros casos en la Fiscalía, y pida al PSRM responsabilidades absurdas sobre políticos que no han sido, en ningún caso, imputados».
Por su parte, el concejal de Urbanismo de Los Alcázares, el socialista Alfredo Blanco, afirmó no entender por qué se planteaba la posibilidad de retirar las competencias. “No encuentro razones para hacer esto ya que en este Ayuntamiento no existe delito urbanístico alguno ni procesos ilegales”.
Indicó además que para quitar las competencias urbanísticas al Consistorio, “tendrá que haber alguna apreciación, previamente, de algo que se haya hecho mal”, e insistió en que en Los Alcázares no se ha hecho ninguna modificación que no haya sido aprobada por la Comunidad Autónoma, “ya que nosotros no tenemos nuestras propias normas subsidiarias, sino que nos atenemos a la legalidad, pues no se ha hecho nada más que lo que permite la Ley”, insistió.
El Gobierno regional, del PP, no descarta retirar las competencias de Urbanismo al Ayuntamiento de Los Alcázares (gobernado por el PSOE) una vez conocido el sumario de la operación Malaya, que, según el consejero Cierva, deja clara la relación con esta trama de corrupción urbanística. El portavoz del Ejecutivo murciano afirmó ayer que es una posibilidad que barajan, “aunque no se ha tomado una decisión en firme”.
Ante la duda sembrada desde San Esteban, el secretario de Organización del PSRM y diputado regional, Francisco Oñate, respondió a las declaraciones del consejero diciendo que lo que no se explica es «qué hace todavía De la Cierva en el gobierno regional». Para Oñate, «un hombre que ha reconocido públicamente ser amigo de los dueños de Polaris e incluso tener una casa en una de sus urbanizaciones, debe dar explicaciones de las muchas veces que ha tomado decisiones a favor de esta empresa».
Respecto a las declaraciones del consejero de Presidencia, en las que afirma que se está estudiando la posibilidad de retirar las competencias de urbanismo al Ayuntamiento de Los Alcázares, Oñate le responde que «es al gobierno regional al que se le deberían retirar por el Estado las competencias en urbanismo, por lo que ha quedado demostrado en actuaciones como La Zerrichera, Puerto Mayor, Novo Cartago, Lo Poyo, etc., que han rebasado la legalidad y que han ido en contra de los intereses generales».
En este sentido, el diputado socialista sostiene también que «es vergonzoso que un portavoz del gobierno autónomo utilice su cargo para arremeter contra Teresa Rosique, una persona que ha demostrado defender siempre los intereses generales de los ciudadanos».
Según Oñate, De la Cierva, con su actitud, «entra de lleno en la extrema derecha española y su recurso de utilizar la mentira como campaña política».
También el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, salió en defensa de la diputada autonómica y portavoz socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, atacando a su vez a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al PP, que la sustenta, al acusarla de “hablar de pelotazos urbanísticos como si fueran algo defendible” cuando “en su propio municipio existen casos que reproducen milimétricamente al de la Operación Malaya y Juan Antonio Roca”.
Para Saura, “el pueblo de Cartagena debe estar orgulloso de que Rosique en lugar de abstenerse votara en contra de la reclasificación de Lo Poyo”.
Por su parte, Rosique pidió al PP que “no diga más tonterías” sobre su implicación en Lo Poyo y subrayó que los documentos de una reclasificación “son de interés público y no reservado”, por lo que a ella “tienen acceso todos los ciudadanos”. A juicio de Rosique, “lo que le duele al PP es que les parara Lo Poyo” y que “pueda demostrar que he antepuesto los intereses generales a cualesquiera otros”.
Rosique resaltó que el Ejecutivo «recurre a la manipulación y a la mentira ante la falta de argumentos».
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, manifestó ayer en una nota de prensa y a propósito de las declaraciones del portavoz del PP, Pedro Antonio Sánchez, sobre Lo Poyo, que votó, "para votar que no y para que ningún canalla pudiera acusarme falsamente de beneficiar a mi familia, y ayer más que nunca me alegro de haberlo hecho porque eso le quita las armas a los que me acusan".
Rosique insistió en que participó para oponerse a la reclasificación de Lo Poyo "porque entendía que iba contra los intereses generales, puedo explicar por qué voté en Lo Poyo y puedo demostrar que mi voto en contra de esa reclasificación suponía anteponer los intereses generales por encima de cualquier interés particular".
En este sentido, preguntó al Partido Popular si el presidente Valcárcel "puede también explicar por qué aprobó definitivamente esa reclasificación en el año 1996, aun incumpliendo la ley, por lo que tuvo que ser anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y que fue resucitada en 2003 por la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, a petición de un promotor que era propietario de 460 de las 500 hectáreas que tiene Lo Poyo, y gracias a lo que pudo vender su suelo por 250 millones de euros".
Rosique recordó que esta actuación de la alcaldesa "está siendo investigada por la Fiscalía debido a una denuncia presentada y firmada por la propia Teresa Rosique y por el secretario de Organización del PSRM-PSOE, Francisco J. Oñate", ambos en representación del Partido Socialista.
(Fotografía: Consejería de Política Territorial y Urbanismo)
Jara pidió que el presidente regional «cumpla con su palabra y pida la dimisión de los altos cargos del PP condenados por la Justicia». El portavoz del PSRM se preguntó «a qué está esperando para exigir la dimisión de los alcaldes del PP en Archena, Beniel, Cieza, Alcantarilla o Mazarrón», y añadió que «a Valcárcel ni le preocupa la corrupción ni la especulación que genera su propio modelo de crecimiento».
José Ramón Jara afirmó que «es una vergüenza que el PP no tome decisiones contundentes en los ayuntamientos en los que gobierna y ya hay sentencias judiciales en firme y otros casos en la Fiscalía, y pida al PSRM responsabilidades absurdas sobre políticos que no han sido, en ningún caso, imputados».
Por su parte, el concejal de Urbanismo de Los Alcázares, el socialista Alfredo Blanco, afirmó no entender por qué se planteaba la posibilidad de retirar las competencias. “No encuentro razones para hacer esto ya que en este Ayuntamiento no existe delito urbanístico alguno ni procesos ilegales”.
Indicó además que para quitar las competencias urbanísticas al Consistorio, “tendrá que haber alguna apreciación, previamente, de algo que se haya hecho mal”, e insistió en que en Los Alcázares no se ha hecho ninguna modificación que no haya sido aprobada por la Comunidad Autónoma, “ya que nosotros no tenemos nuestras propias normas subsidiarias, sino que nos atenemos a la legalidad, pues no se ha hecho nada más que lo que permite la Ley”, insistió.
El Gobierno regional, del PP, no descarta retirar las competencias de Urbanismo al Ayuntamiento de Los Alcázares (gobernado por el PSOE) una vez conocido el sumario de la operación Malaya, que, según el consejero Cierva, deja clara la relación con esta trama de corrupción urbanística. El portavoz del Ejecutivo murciano afirmó ayer que es una posibilidad que barajan, “aunque no se ha tomado una decisión en firme”.
Ante la duda sembrada desde San Esteban, el secretario de Organización del PSRM y diputado regional, Francisco Oñate, respondió a las declaraciones del consejero diciendo que lo que no se explica es «qué hace todavía De la Cierva en el gobierno regional». Para Oñate, «un hombre que ha reconocido públicamente ser amigo de los dueños de Polaris e incluso tener una casa en una de sus urbanizaciones, debe dar explicaciones de las muchas veces que ha tomado decisiones a favor de esta empresa».
Respecto a las declaraciones del consejero de Presidencia, en las que afirma que se está estudiando la posibilidad de retirar las competencias de urbanismo al Ayuntamiento de Los Alcázares, Oñate le responde que «es al gobierno regional al que se le deberían retirar por el Estado las competencias en urbanismo, por lo que ha quedado demostrado en actuaciones como La Zerrichera, Puerto Mayor, Novo Cartago, Lo Poyo, etc., que han rebasado la legalidad y que han ido en contra de los intereses generales».
En este sentido, el diputado socialista sostiene también que «es vergonzoso que un portavoz del gobierno autónomo utilice su cargo para arremeter contra Teresa Rosique, una persona que ha demostrado defender siempre los intereses generales de los ciudadanos».
Según Oñate, De la Cierva, con su actitud, «entra de lleno en la extrema derecha española y su recurso de utilizar la mentira como campaña política».
También el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, salió en defensa de la diputada autonómica y portavoz socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, atacando a su vez a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al PP, que la sustenta, al acusarla de “hablar de pelotazos urbanísticos como si fueran algo defendible” cuando “en su propio municipio existen casos que reproducen milimétricamente al de la Operación Malaya y Juan Antonio Roca”.
Para Saura, “el pueblo de Cartagena debe estar orgulloso de que Rosique en lugar de abstenerse votara en contra de la reclasificación de Lo Poyo”.
Por su parte, Rosique pidió al PP que “no diga más tonterías” sobre su implicación en Lo Poyo y subrayó que los documentos de una reclasificación “son de interés público y no reservado”, por lo que a ella “tienen acceso todos los ciudadanos”. A juicio de Rosique, “lo que le duele al PP es que les parara Lo Poyo” y que “pueda demostrar que he antepuesto los intereses generales a cualesquiera otros”.
Rosique resaltó que el Ejecutivo «recurre a la manipulación y a la mentira ante la falta de argumentos».
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, manifestó ayer en una nota de prensa y a propósito de las declaraciones del portavoz del PP, Pedro Antonio Sánchez, sobre Lo Poyo, que votó, "para votar que no y para que ningún canalla pudiera acusarme falsamente de beneficiar a mi familia, y ayer más que nunca me alegro de haberlo hecho porque eso le quita las armas a los que me acusan".
Rosique insistió en que participó para oponerse a la reclasificación de Lo Poyo "porque entendía que iba contra los intereses generales, puedo explicar por qué voté en Lo Poyo y puedo demostrar que mi voto en contra de esa reclasificación suponía anteponer los intereses generales por encima de cualquier interés particular".
En este sentido, preguntó al Partido Popular si el presidente Valcárcel "puede también explicar por qué aprobó definitivamente esa reclasificación en el año 1996, aun incumpliendo la ley, por lo que tuvo que ser anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y que fue resucitada en 2003 por la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, a petición de un promotor que era propietario de 460 de las 500 hectáreas que tiene Lo Poyo, y gracias a lo que pudo vender su suelo por 250 millones de euros".
Rosique recordó que esta actuación de la alcaldesa "está siendo investigada por la Fiscalía debido a una denuncia presentada y firmada por la propia Teresa Rosique y por el secretario de Organización del PSRM-PSOE, Francisco J. Oñate", ambos en representación del Partido Socialista.
(Fotografía: Consejería de Política Territorial y Urbanismo)
5 comentarios:
En temas de corrupción, los ciudadan@s que siguen apostando por la regeneración política y democrática ya no se preguntan quiénes son más corruptos, ya que es un cáncer que se ha enquistado en todos los partidos políticos y en las instituciones públicas. Lo que se exige es que la justicia actúe ¡ya!, caiga quien caiga.
Si la justicia no actua no hay nada que hacer.
"Caballero sin espada", un film que recrea la corrupción política al más alto nivel, una buena lección parlamentaria.
Anoche disfruté con creces pensando en las maquinaciones sin escrúpulos de los que gobiernan nuestras instituciones.
Elena
TOTANA: La Plataforma Ciudadana "NO A ESTE PLAN URBANÍSTICO" se reunió en el Centro Sociocultural "La Cárcel" y convoca CONCENTRACION para el VIERNES 23- FEBRERO a las 21 horas.
Cerca de dos centenares de personas se dieron cita en Totana, en el Centro Sociocultural "La Cárcel", en un ambiente especialmente predispuesto a la movilización y a la acción ciudadana, para frenar el disparatado Plan de Ordenación Urbana que pretende imponer el equipo municipal de gobierno del PP.
La mesa que presidió dicha Asamblea estuvo compuesta por Joaquín Medina, Africa Puerta, Gregorio Romero, Pedro Romero y Elena Feliú (veterana compañera de Espuña No Se Vende – Totana No Se Vende).
Una brillante exposición, en formato audiovisual, aclaró nítidamente a qué nos enfrentamos, con sus consecuencias sociales, ambientales, culturales,....
Tras dos horas largas de debate animado, surgieron diversas propuestas y se tomaron decisiones.
Así el próximo viernes, 23-F, a las 21 horas, en la Plaza del Ayuntamiento, se celebrará una Concentración, bajo el lema: "Totana te queremos como eres". Dicho lema se contrapone además al racista y xenófobo "Totana nos gustas como eras" (sin inmigrantes), alentado por los hooligans del PP en años pasados, contra la población inmigrante.
Además se han distribuido centenares de hojas para recabar firmas exigiendo un Referéndum, de acuerdo con el Reglamento de Participación Ciudadana.
Igualmente, se repartieron varios centenares de alegaciones-tipo para ser suscritas individualmente por quienes así lo deseen.
El pasado viernes 9 de febrero, se reunieron unas 50 personas en el antiguo Instituto Juan De La Cierva. La convocatoria se produjo a raíz de la presentación por parte del equipo redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Totana al Consejo de Participacion Ciudadana el pasado martes 6 de febrero en el auditorio del centro sociocultural 'La Cárcel'. Ante el evidente estado de malestar por el disparatado proyecto, miembros de Totana No Se Vende – Espuña No Se Vende, propusieron dicha reunión que dio lugar a la formación de la Plataforma Ciudadana "No a este Plan Urbanístico", la cual tiene un carácter no partidario, estando abierto a todos los vecinos de Totana.
En esta primera reunión de la plataforma se llegó a los siguientes acuerdos:
1º.- Manifestación unánime en contra de las declaraciones del actual Concejal de Servicios a la Ciudad, Obras públicas, Infraestructuras y Seguridad, en las que se denunciaba una supuesta manipulación de los asistentes a la ya citada reunión del Consejo de Participación Ciudadana por parte de determinadas fuerzas políticas municipales. Las personas que, bien como representantes de las distintas asociaciones del municipio, bien a título individual, acudimos al acto en cuestión lo hicimos de motu propio, para recibir información por parte de los responsables técnicos y políticos allí presentes, y formular preguntas sobre aquellos puntos del PGOU que no habían sido suficientemente explicados por éstos.
2º.- Inicio de los pasos necesarios para aunar todas las inquietudes ciudadanas de distinta índole cuyo nexo común es la oposición a este nuevo Plan General de Ordenación Urbana, tales como las asociaciones agrarias y ganaderas, asociaciones de empresarios, asociaciones culturales, asociaciones de vecinos, asociaciones juveniles, etc.
3º.- La necesaria separación de la plataforma de cualquier tipo de partidismo político. No obstante, todos los vecinos de Totana, en calidad de ciudadanos libres, tendrán acogida en la plataforma, siempre a título individual.
4º.- Identificación de los motivos por los cuales los integrantes de la plataforma nos manifestamos en contra del nuevo PGOU:
a.- La falta de consenso entre las distintas fuerzas políticas y sociales alrededor del PGOU.
b.- La falta de transparencia e información pública durante la tramitación del PGOU, en especial sobre los convenios urbanísticos asociados a la aprobación del mismo.
c.- El cambio sustancial en los usos del suelo del municipio, con la masiva recalificación del mismo como urbanizable.
b.- La muy cuestionable viabilidad y sostenibilidad de la construcción de más de 40.000 nuevas viviendas.
5º.- La definición de los puntos básicos en común a defender por la plataforma, que de forma muy resumida son:
a.-Paralización cautelar e inmediata de la tramitación del nuevo Plan.
b.-Realización de un referéndum sobre el Plan con la participación de toda la ciudadanía de Totana.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, manifestó ayer en una nota de prensa y a propósito de las declaraciones del portavoz del PP, Pedro Antonio Sánchez, sobre Lo Poyo, que votó, "para votar que no y para que ningún canalla pudiera acusarme falsamente de beneficiar a mi familia, y ayer más que nunca me alegro de haberlo hecho porque eso le quita las armas a los que me acusan".
Rosique insistió en que participó para oponerse a la reclasificación de Lo Poyo "porque entendía que iba contra los intereses generales, puedo explicar por qué voté en Lo Poyo y puedo demostrar que mi voto en contra de esa reclasificación suponía anteponer los intereses generales por encima de cualquier interés particular".
En este sentido, preguntó al Partido Popular si el presidente Valcárcel "puede también explicar por qué aprobó definitivamente esa reclasificación en el año 1996, aun incumpliendo la ley, por lo que tuvo que ser anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y que fue resucitada en 2003 por la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, a petición de un promotor que era propietario de 460 de las 500 hectáreas que tiene Lo Poyo, y gracias a lo que pudo vender su suelo por 250 millones de euros".
Rosique recordó que esta actuación de la alcaldesa "está siendo investigada por la Fiscalía debido a una denuncia presentada y firmada por la propia Teresa Rosique y por el secretario de Organización del PSRM-PSOE, Francisco J. Oñate", ambos en representación del Partido Socialista.
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