El nuevo partido Unión Democrática de la Región de Murcia, que preside el abogado Diego de Ramón, ha puesto ya contra las cuerdas a ocho ayuntamientos sospechosos (Murcia, Cartagena, Torre Pacheco, San Javier, Molina de Segura, Los Alcázares, Mazarrón y Águilas) al solicitarles, en virtud del derecho fundamental de petición y de la vigente legislación de la Unión Europea al respecto, información fehaciente sobre todos los convenios urbanísticos firmados en los últimos cinco años sobre terrenos de más de 50.000 m2 no urbanizables o urbanizables con aumento del volumen de edificabilidad por encima del fijado en el planeamiento.
El letrado murciano, que combate activamente la corrupción política en nuestra región, ha solicitado los informes jurídicos preceptivos y de tasación municipal, antes y después del convenio, y tasaciones por empresas homologadas por el Banco de España por parte de los interesados beneficiarios de esas plusvalías inmobiliarias, con las consiguientes recalificaciones de dichos terrenos, así como la valoración económica de dicha plusvalía adquirida con la recalificación.
De Ramón quiere tener en su poder, certificado o informe, del interventor y del depositario municipal, sobre el incremento económico o patrimonial que ha tenido el Ayuntamiento correspondiente como consecuencia de dichas plusvalías obtenidas en los convenios o recalificación de los terrenos de particulares, así como la valoración de los bienes en el Registro Municipal, o Depositaría si fuese en valor económico.
También quiere conocer los estudios económicos y de infraestructuras, realizados antes de las recalificaciones y modificaciones puntuales a los planeamientos urbanísticos; si se han incrementado con el aumento de las modificaciones o de las recalificaciones dichas infraestructuras, y repercusión económica en la zona urbanística; y si se ha recogido en los convenios urbanísticos y se ha practicado con posterioridad.
Finalmente pide conocer especificamente todos aquellos convenios urbanísticos realizados a favor de:
Hansa Urbana S.A., Summa S.A., Grupo Inmobiliario "Polaris World", Nueva Condomina, Novo Cartago, Metrovacesa y Grimanga S.A.
De no contestar alguno de estos ayuntamientos en el plazo legal establecido, Diego de Ramón acudirá a los tribunales en virtud de un procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, para que un juez sea el que solicite todos esos documentos oficiales de interés colectivo o general al ser públicos los archivos y tener el deber de informar por parte de la administración municipal a quien tiene ese derecho, que es público.
El letrado murciano, que combate activamente la corrupción política en nuestra región, ha solicitado los informes jurídicos preceptivos y de tasación municipal, antes y después del convenio, y tasaciones por empresas homologadas por el Banco de España por parte de los interesados beneficiarios de esas plusvalías inmobiliarias, con las consiguientes recalificaciones de dichos terrenos, así como la valoración económica de dicha plusvalía adquirida con la recalificación.
De Ramón quiere tener en su poder, certificado o informe, del interventor y del depositario municipal, sobre el incremento económico o patrimonial que ha tenido el Ayuntamiento correspondiente como consecuencia de dichas plusvalías obtenidas en los convenios o recalificación de los terrenos de particulares, así como la valoración de los bienes en el Registro Municipal, o Depositaría si fuese en valor económico.
También quiere conocer los estudios económicos y de infraestructuras, realizados antes de las recalificaciones y modificaciones puntuales a los planeamientos urbanísticos; si se han incrementado con el aumento de las modificaciones o de las recalificaciones dichas infraestructuras, y repercusión económica en la zona urbanística; y si se ha recogido en los convenios urbanísticos y se ha practicado con posterioridad.
Finalmente pide conocer especificamente todos aquellos convenios urbanísticos realizados a favor de:
Hansa Urbana S.A., Summa S.A., Grupo Inmobiliario "Polaris World", Nueva Condomina, Novo Cartago, Metrovacesa y Grimanga S.A.
De no contestar alguno de estos ayuntamientos en el plazo legal establecido, Diego de Ramón acudirá a los tribunales en virtud de un procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, para que un juez sea el que solicite todos esos documentos oficiales de interés colectivo o general al ser públicos los archivos y tener el deber de informar por parte de la administración municipal a quien tiene ese derecho, que es público.
(En la fotografía, fachada del ayuntamiento de San Javier)
7 comentarios:
¿Y los jueces de "UDeRM" o fiscales, si los hay, no se dejan comprar por los corruptos?.
Campaña electoral y corrupción:
¿Y si no les votamos no hay justicia?. No me extraña que saque partido continuamente el PPRM.
Joder qué crack !!
El fiscal puede ampliar la investigación a Obras Públicas, que autorizó urbanizar en La Zerrichera
No se descarta que la Fiscalía cite también a declarar al ex consejero Francisco Marqués
M. BUITRAGO/MURCIA
La Fiscalía del TSJ continuará en febrero con una nueva ronda de declaraciones en torno al escándalo urbanístico de La Zerrichera, y probablemente dirigirá sus citaciones a funcionarios y personal de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas que tuvieron relación con el expediente que terminó con la aprobación definitiva de la urbanización proyectada por el Grupo Hispania. No está descartado que se llame a declarar al ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, bajo cuyo mandato se decidió dar luz verde a la recalificación de los terrenos.
También podrían acudir más funcionarios de este departamento, aunque prácticamente todos los que tuvieron que ver con este expediente han pasado por el despacho del fiscal jefe, Manuel López Bernal, en los últimos días. Junto con el director general de Calidad Ambiental, ayer lo hizo la ex directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz, que acudió asistida por un abogado.
También compareció el letrado Manuel Gil Quiles, citado como testigo, aunque su declaración se ha aplazado para otro día.
Encarna Muñoz fue quien dirigió en febrero del 2005 un informe al Ministerio de Medio Ambiente solicitando la desprotección de una parte de la finca amparada como LIC y ZEPA, argumentando que se trataba de «correcciones cartográficas, excluyendo pequeñas parcelas en las que no existe hábitat». Muñoz hizo esta petición seis meses después de que su antecesor en el cargo, Carlos Brugarolas, rechazara la urbanización de la zona, porque podía causar «un daño permanente, de alta intensidad e irreversible» de sus valores naturales.
Según ha podido saber esta Redacción, en todo el expediente administrativo de La Zerrichera no aparece ningún informe de Medio Natural que corrija al de Brugarolas. Aquí existe una discrepancia de fondo, ya que algunos sostienen que no es obligatorio este informe, y otros defienden que sí. Aparte de la petición para desproteger unas 30 hectáreas de la finca -sobre un total de 250 hectáreas- , existe un informe de Medio Natural en el que considera imprescindible realizar en la finca una adecuada evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000.
De "La verdad"
ASÍ CAMBIÓ EL PROYECTO PARA URBANIZAR
De negro a blanco en cuatro meses
MANUEL BUITRAGO/
Qué sucedió en los cuatro primeros meses del año 2005 para que el proyecto para construir una urbanización de 4.000 viviendas en La Zerrichera resucitara en algunos despachos del Gobierno regional? El Ayuntamiento de Águilas había decidido en diciembre archivar el expediente y devolverle al promotor el dinero adelantado por el convenio. No obstante, el alcalde recibe en abril un oficio de la Consejería de Medio Ambiente con instrucciones para reconducir la recalificación de los terrenos. Ésta es la secuencia documental:
NO SE PUEDE URBANIZAR
El Ayuntamiento archiva el proyecto
La Comisión Informativa de Urbanismo del Ayuntamiento de Águilas dictamina el 23 de diciembre del 2004 archivar el expediente para recalificar los terrenos. Se basó en el informe de la Dirección General de Medio Natural de agosto de ese año que consideraba «incompatible» la actuación urbanística en la zona, debido a los daños que podía causar.
EL GRUPO HISPANIA RECURRE
Considera que hay un error
El responsable del Grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, se dirige al alcalde de Águilas diciendo que debe aplazar el archivo y mantener el convenio urbanístico. En su carta del 4 de enero del 2005, estima que el archivo «es precipitado», a la vez que le comunica al alcalde Juan Ramírez que «desde hace tiempo venimos realizando gestiones ante los organismos competentes de la Comunidad Europea para que no acepten incluir la finca en la zona de protección propuesta por la Comunidad Autónoma». Añade que el informe de Brugarolas que sirve de base para el archivo «persiste en el mismo error, motivado por no realizar un estudio serio sobre el terreno». El error al que se refiere el empresario es que la finca no debía estar protegida, ya que «ha sido sometida a actividades agrícolas y ganaderas durante décadas, con los consiguientes trabajos de roturaciones, fumigaciones, etc; además de estar situada junto a una autovía».
LA EMPRESA ACUDE A LA UE
El Parlamento no atiende
Efectivamente, después de la negativa de Brugarolas, el Grupo Hispania había solicitado en octubre del 2004 a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que se cambie la calificación de la finca porque había perdido sus valores ambientales: las aves no nidificaban y sólo quedaban matorrales. El 8 de febrero del 2005, el Parlamento Europeo contesta que sólo los Estados miembros tienen competencia sobre los LIC y ZEPA propuestos, y que la Comisión Europea no tiene competencias para cambiar la clasificación.
INTERVIENE LA CONSEJERÍA
Pide desproteger terrenos
Una semana después de la contestación de las autoridades europeas, la directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz, solicita la desprotección de una parte de los terrenos del LIC y ZEPA de la Sierra de La Almenara, donde está enclavada la finca La Zerrichera.
En la carta dirigida el 14 de febrero al director general para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, relacionada con unos errores en unos formularios sobre el inventario de hábitats, Encarna Muñoz «aprovecha la ocasión» para incluir nuevas modificaciones de los límites de siete lugares de importancia comunitaria (LIC), entre los que está la Sierra de la Almenara. Los justifica con el hecho de que «se han realizado correcciones cartográficas excluyendo pequeñas parcelas en las que no existe hábitat».
El ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, explicó, en declaraciones La Verdad, que su departamento había solicitado esa desprotección, después de que la UE rechazara la petición de la promotora. Explicó que se trataba de 30 hectáreas que a su juicio habían perdido su valor medioambiental, sobre un total de 250 hectáreas. Según su criterio, y con esa limitación, la empresa sólo podría construir 400 ó 500 viviendas, y no las 4.000 que tenía proyectadas, debido a las medidas correctoras de evaluación de repercusiones impuestas por el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado. Marqués hizo estas declaraciones tres semanas después de que se aprobará la Declaración de Impacto favorable a la recalificación.
SE REACTIVA EL EXPEDIENTE
El Ayuntamiento reanuda el proyecto
El 26 de abril del 2005, cuatro meses después de que el Ayuntamiento de Águilas archivara el expediente para urbanizar la zona, el alcalde recibe una carta del director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, para que aporte una serie de documentos necesarios para recalificar los terrenos y realizar la posterior evaluación de repercusiones. Alvarado indica que el 1 de abril había recibido una comunicación interior de la Dirección General de Medio Natural (de Encarna Muñoz) «en la que se nos da traslado del asunto de referencia [la recalificación de los terrenos] por considerarlo de nuestra competencia». Seis meses después se aprueba en Pleno la modificación del Plan Urbano; y se inicia la polémica.
De "La verdad"
¿Se atreverán a archivar el expediente de la Zerrichera?. ¿A cambio de qué?
Pujante (IU) pide al Fiscal que llame a Marqués y a Valcárcel.
El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, pidió ayer a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia que "profundice lo máximo posible" en su investigación sobre el caso La Zerrichera, en Aguilas, llamando si lo considera oportuno tanto "al consejero responsable de tomar la decisión, Francisco Marqués", como incluso al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel.
"¿Por qué no van a ir ambos a responder a las preguntas de la Fiscalía?", inquirió Pujante, quien señaló que "parece que hubo modificaciones en el LIC de La Zerrichera para satisfacer el interés del propietario de los terrenos en aquel entonces".
Preguntado sobre si cree que el asunto La Zerrichera podría pasar factura electoral el PP en Aguilas, Pujante confió en que "sí".
"Sería necesario una reflexión, para que no se acabe cometiendo la torpeza de lo sucedido en Marbella, donde pese a las evidencias de corrupción, se seguía eligiendo a los mismos corruptos", concluyó.
Hola a todos,
Otra irregularidad que pronto estará en boca de todos esta relacionada con la CORRUPCIÓN URBANÍSTICA, esto que ahora, como bien sabeís, esta tan de moda por esta zona.... y como Pacheco y los pachequeros no somos menos, pues también acogemos esta práctica en nuestro pueblo. Rolling Eyes
Como sabeís, el plan general de ordenación urbana es un documento que se suele elaborar casi en el más puro secretismo, ya que posibles filtraciones pueden dar lugar a especulaciones desmensuradas por parte de algunos listillos, por ello los técnicos encargados de la elaboración del mismo, no pueden, por incompatilidad, hacer ningún trabajo en el término municipal del que estan haciendo el P.G., y para que no haya tentaciones, lo normal es adjundicar este trabajo a equipos profesionales de fuera del término, que no lo conozcan y que de este modo no puedan favorecer a ningun conocido ni familiar ni nada por el estilo, y no puedan ser tentados por la mano del dinero....
Bien, esto es lo normal y lo más legal.
Ahora os cuento lo que se ha hecho en Pacheco, donde no hay filtraciones, sino verdaderas boqueras:
En Pacheco, la elaboración del plan general se le ha adjudicado a un arquitecto bien conocido en el pueblo, eso sí, en colaboración con un equipo de Madrid, para que no haya muchas habladurías.
Hasta aquí, podriamos darnos por engañados, pero sigo.
Recientemente se sabe que un conocido constructor, exclusivo en el municipio por cierto, ha presentado en el ayuntamiento de Torre Pacheco la ejecución de una unidad de actuación con indices de edificabilidad que no coinciden con las que ahora mismo estan vigentes en el pueblo según las normas subsidiarias, pero si con la futura edificabilidad que le otorga el plan general de ordenación urbana de torre pacheco, ¿casualidad? no, esto es CORRUPCIÓN.
Además el citado arquitecto, F.C., no se priva de firmar proyectos a diestro y siniestro en el municipio, con los firmones que hay en el mundo.....
Igual no os parece grave, pero si que lo es y mucho, porque con el plan general de ordenación urbana se decide el futuro de un pueblo, y si ya antes de su presentación oficial, está siendo victima de intereses urbanísticos el futuro del pueblo será ser penoso....
Y TODO ESTO CON LA APROBACIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO, IGNORANDO LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN SOLICITADAS POR LA OPOSICIÓN, EL ESTADO DEMOCRÁTICO EN EL QUE VIVIMOS Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
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