miércoles, 1 de marzo de 2017

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz refuerza los servicios de atención turística durante el Año Jubilar


CARAVACA DE LA CRUZ.- El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha puesto en marcha un proceso de selección de personal para reforzar los puntos de información turística durante el presente Año Jubilar 2017. En concreto, se han convocado un total de cinco puestos de carácter temporal; un técnico auxiliar a jornada completa y otro cuatros técnicos auxiliares a jornada parcial.

Los trabajadores ejercerán como funcionarios interinos hasta enero de 2018 y entre las funciones principales que van a desarrollar como personal adscrito al área municipal de Turismo se encuentran las labores propias de atención al público y mantenimiento en la Oficina Municipal de Turismo de la calle La Monjas, en el Punto de Información Turística de la Plaza del Arco y en el punto de recepción al visitante que se va a instalar en la avenida de Los Andenes, junto a las nuevas paradas de autobuses turísticos.
La selección de personal se realizará a través de un proceso de concurso de méritos, en el que el tribunal calificará tanto la formación (titulación académica y cursos formación y perfeccionamiento) como la experiencia profesional. De conformidad con la normativa vigente, se reserva un puesto para ser cubierto por personas con una minusvalía igual o superior al 33%, que en caso de quedar desierto, se acumulará a las de turno libre.
Las solicitudes para formar parte del proceso de selección de personal se deben presentar en el Registro General del Ayuntamiento durante los veinte días naturales, contados a partir del lunes 28 de febrero, fecha de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Las bases están disponibles para su consulta en el portal web municipal (Caravaca.org), en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el propio BORM.

IU-verdes denuncia lo que cuesta a los lumbrerenses el auditorio cerrado


PUERTO LUMBRERAS.- IU-Verdes de Puerto Lumbreras hace público lo que cuesta cada mes el mantenimiento del famoso "Auditorio" de Puerto Lumbreras, que en la actualidad se encuentra cerrado, y sobre el que pesa un amplio historial judicial, que el próximo lunes 6 de marzo tendrá un nuevo capitulo con la declaración en el TSJ de Murcia del que fuera alcalde de Puerto Lumbreras y actual presidente de la CCAA de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez López.

Nada más que por consumo eléctricos se están pagando cada mes facturas que estarían oscilando entre las 850 euros y los 600 euros, así en el periodo comprendido entre el 09/08/2016 al 15/09/2016 se habrían abonado 857,04 euros, del 15/09/2016 al 14/10/2016 680,26 euros y del 14/10/2016 al 10/11/2016 613,77 euros. 
A estas cantidades habría que sumar los consumos de abastecimiento de agua, vigilancia y seguridad, seguros, etc., con lo que se puede afirmar que algunos meses el mantenimiento de este "capricho" del que fuera alcalde de Puerto Lumbreras estaría costando a las arcas municipales de Puerto Lumbreras más de 1.000 euros, o lo que es lo mismo a los bolsillos de los ciudadanos/as.
Para Víctor Romera "es incomprensible esta forma de derroche económico, cuando además el futuro de esta instalación municipal es muy incierto, porque no podrá ponerse en funcionamiento en mucho tiempo, ni podrá ser disfrutada por los vecinos/as de nuestro pueblo, ya que no esta finalizada, todo ello con independencia de las sorpresas que nos pueda deparar todo el proceso judicial que la precede, y que todavía esta en fase de instrucción".
Por esta razón desde IU-Verdes de Puerto Lumbreras se exige al equipo de gobierno del Partido Popular sentido común, y que mientras no se resuelva todo el proceso judicial y se pueda poner en funcionamiento, se cancelen todos los contratos de suministros de esta obra, para que no se sigan lastrando las arcas municipales.

Tráfico denuncia al 17,5% de los camiones y furgonetas inspeccionados en la Región

MURCIA.- El 17,5% de los 2.017 vehículos, entre furgonetas y camiones, que fueron inspeccionados por el Sector de Tráfico de la Guardia Civil fueron denunciados durante la última campaña especial de vigilancia y control, que se llevó a cabo entre los días 13 y 19 de febrero, en las carreteras de la Región de Murcia.

En el caso de las furgonetas, el control se realizó sobre un total de 1.463 y se denunciaron 203. Las principales causas de las denuncias impuestas han estado motivadas por la velocidad inadecuada (35,4%), irregularidades en la ITV (15,9%), no llevar el cinturón de seguridad (8,6%) o deficiencias en la documentación del conductor (7,2%).
Por otra parte, se inspeccionaron 554 camiones en la red viaria murciana y en 130 casos fueron denunciados por los agentes de Tráfico.
Respecto a las infracciones que más se repitieron, destacan no respetar los tiempos de conducción (27,3%), irregularidades en la documentación y deficiencias en la documentación del vehículo (6,70%).
A esta campaña se adhirieron los Ayuntamientos de Abarán, Águilas, Alcantarilla, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra, Campos del Rio, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Cieza, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, La Unión, Lorca, Los Alcázares, Mazarrón, Mula, Murcia, Pliego, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y Villanueva del Río Segura.

El año 2016 se cerró con 10 muertos más por accidente laboral en la Región

MURCIA.- El año 2016 se cerró con 10 muertos más por accidente laboral en la región murciana, al pasar de los 23 de 2015 a los 33 del año pasado, con un incremento del 180 por ciento en los fallecimientos de trabajadores en el camino de ida o vuelta a su puesto, de 5 a 14, y del 5,6 por ciento en su jornada laboral, de 18 a 19.

Así lo refleja el boletín de siniestralidad laboral de la patronal murciana con los datos definitivos del año pasado, cuando los accidentes con baja fueron 17.513, 1.175 más que en 2015, lo que supone un aumento del 7,2 por ciento.
De ese total, los ocurridos en la jornada de trabajo alcanzaron los 15.268, 899 más que en 2015, un incremento del 6,3 por ciento.
En el camino de ida y vuelta al empleo, la cifra llegó el año pasado los 2.245, 276 más que en 2015, lo que representa un aumento del 14 por ciento.
Por sectores, y al igual que en 2015, el año pasado se produjeron más accidentes en el de servicios (6.866, 405 más, +6,3 %), seguido de agricultura (3.780, 97 más, +2,6 %), industria (3.317, 245 más, +8 %) y construcción (1.305, 152 más, +13,2 %).
El principal indicador de la siniestralidad laboral, conocido como índice de incidencia, que contabiliza el número de accidentes por cada 100.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social con las contingencias cubiertas, se incrementó con respecto a 2015 un 2,3 por ciento, lo que en términos absolutos supuso 76 más, concluye el informe de Croem.

Podemos Región de Murcia se persona como acusación particular en el 'caso Pokémon'

CARTAGENA.-El Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo ha abierto una pieza separada en el 'caso Pokémon', que investiga presuntos delitos en la gestión del agua por el Grupo Agbar, para dilucidar si ha habido blanqueo de capitales, falsedad documental y cohecho en Aguas de Lorca y Aguas de Murcia (Emuasa).

Así lo anunció el secretario general de Podemos en la Región, Óscar Urralburu, cuya formación se personó como acusación particular, quién ha detalló que la jueza lucense investiga si hubo adjudicaciones ilícitas de contratos y servicios, así como concertación con otras empresas y funcionarios públicos para la consecución de créditos e información privilegiada.
A cambio, la rama del Grupo Agbar en la Región, denominada Hidrogea, entregó dinero, regalos, viajes a funcionarios y cargos electos, además de la contratación de familiares de los responsables políticos en ambos ayuntamientos.
Por todo ello, la titular del Juzgado de Instrucción de Lugo ha abierto una pieza separada para determinar si hay indicios que permitan imputar a los investigados por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental información privilegiada, cohecho y prevaricación.
Urralburu aseguró que el auto de la jueza se refiere a Agbar como una verdadera asociación ilícita dedicada al engaño para simular transparencia en los contratos que obtienen a través de esos regalos y sobornos, que luego se repercuten en los recibos del agua a los ciudadanos.
Por ello, Podemos Región de Murcia han decidido que los miembros de Ahora Murcia y Ahora Lorca en los Consejos de Administración de Emuasa y Aguas de Lorca abandonen sus puestos y sean sustituidos por personal cualificado que pueda detectar si ha habido actividad irregular, además de pedirles que les suministren la información sobre estas empresas.
Además, Podemos ha exigido a los ayuntamientos de Murcia y Lorca, que participan con un 51 por ciento en sus empresas de aguas, que sustituyan a los gerentes porque las mercantiles privadas han terminado "usurpando" el poder de estas sociedades.
El diputado de Podemos Andrés Pedreño reseñó que esta "ausencia de control" por los Consistorios ha favorecido que estas empresas, que cobran el recibo de agua más alto, carguen "sobrecostes injustificados" y aboguen por la sistemática externalización del servicio.
Pedreño ha puesto el foco sobre la forma de actuar de estas empresas, investigadas en el 'caso Pokémon', que "compran silencios con sobornos, viajes y regalos".
Por su parte, María Giménez incidió en que los sitios donde se cobra el "agua más cara" han sido utilizados para financiar, a través de estas empresas, actividades presuntamente ilícitas, por lo que ha reclamado una auditoría global en todas las empresas de Hidrogea.
En concreto, Hidrogea tiene el cien por cien de los contratos municipales de agua en Cartagena, Águilas, Torre Pacheco, San Javier, Las Torres de Cotillas, Abanilla y Cehegín, mientras que participa en las empresas municipales de aguas de Murcia, Lorca, Jumilla y Cieza.

García-Page no se reunirá con Sánchez hasta que solucione «sus problemas con la justicia»

TOLEDO.- El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, señaló que el presidente de su comunidad, Emiliano García-Page, no pedirá reunirse con Pedro Antonio Sánchez, hasta que éste no solucione "sus problemas con la justicia", a pesar de reconocer que "ahora más que nunca son necesarias estos encuentros para abordar un Pacto del Agua".

Hernando, a preguntas de los periodistas en su comparecencia para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno, se refirió a la necesidad de que las comunidades autónomas aborden el problema de falta de agua en algunas zonas de España.
Aunque "ahora más que nunca se ven necesarias estas reuniones", dijo Hernando, también es "cierto que ahora mismo estamos en una situación en la que no nos vemos en condiciones" para poder mantener reuniones entre las comunidades autónomas "a varias bandas".
"En cuanto se solucionen esos problemas podremos sentarnos a hablar", aseguró el portavoz del Gobierno castellano-manchego quien precisó que se trata de "problemas no solo de agenda, sino que necesitamos que se concluyan las investigaciones relacionadas con el presidente de Murcia".

Maillo insiste en que a Sánchez no se le investiga por corrupción

MADRID.- Fernando Martínez-Maillo dijo que el caso del presidente de Murcia "no está vinculado por el acuerdo nacional" entre PP y Ciudadanos, que pide la dimisión de Pedro Antonio Sánchez por estar siendo investigado en el caso Auditorio.

El 'número tres' del PP recordó además que Ciudadanos defiende, en la proposición de ley que sacó adelante la semana pasada en el Congreso, que el momento en el que debe dejar un político su puesto es cuando se abra juicio oral contra él.
Y además insistió en defender que el caso del presidente de Murcia no es de corrupción porque a Pedro Antonio Sánchez "no se le acusa de llevarse un euro".
El coordinador general del PP aseguró que la reunión de la tarde de este martes entre ambos partidos en el Congreso fue "positiva" y va "en el camino adecuado".
El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, señaló que su partido "ya está cumpliendo" el compromiso con Ciudadanos de investigar la financiación del partido, mediante la subcomisión creada para estudiar la financiación de todas las formaciones políticas.

Villegas (C's): «La única solución posible es que Sánchez se eche a un lado»

MADRID.- El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró este miércoles que la "única solución posible" para zanjar la crisis en Murcia es que su presidente, Pedro Antonio Sánchez "se eche a un lado" y el PP siga gobernando con otro candidato que sea "capaz" y no esté imputado por corrupción.

"Suponemos que alguien tendrán con esas dos características", dijo Villegas a los periodistas en el Congreso en vísperas de la reunión que Ciudadanos mantendrá con el PP en Murcia para ver qué salida dan a la situación creada tras la imputación del presidente murciano en el caso Auditorio.
Ciudadanos insiste en que Sánchez tiene que dimitir en cumplimiento del pacto por el que la formación naranja presta su apoyo a su Gobierno y porque él mismo se comprometió a hacerlo si era imputado.
Lo que no aclara Ciudadanos es si romperán o no el acuerdo de investidura en el caso de que el presidente murciano no abandone el cargo ni si respaldarían una moción de censura promovida por otros grupos parlamentarios.

La reunión entre PAS y Miguel Sánchez (C's) será en el Palacio Aguirre, de Cartagena


MURCIA.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, y el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, se reunirán este jueves, a las 12.30 horas, en el Palacio de Aguirre, en Cartagena.

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, confirmó este miércoles que el Palacio de Aguirre será el lugar de la reunión que solicitó hace una semana al presidente regional para abordar el tema de su declaración como investigado por el 'caso Auditorio'.
Según el portavoz de la formación naranja, "Cartagena es la capital legislativa de la Región y tiene que ser aquí la reunión". 
Además, indicó que el partido "está empujando desde la tranquilidad" para que el presidente regional dimita.
La portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo, también confirmó que el encuentro se producirá en la ciudad portuaria.
El portavoz de C's ha desvelado que en la reunión le pedirá a PAS “que se eche  a un lado por la estabilidad de la Región de Murcia”.
Acerca del lugar de la reunión, Miguel Sánchez ha manifestado que “este jueves se celebra un pleno en la Asamblea Regional, por lo que ambas partes hemos considerado conveniente que el encuentro tenga lugar en Cartagena, la misma ciudad en la que firmamos el acuerdo de investidura”.
“Estamos sumidos en una profunda crisis institucional, cuya única salida inmediata es la dimisión del presidente. Tiene que entender que es necesario que se aparte para que la Región pueda seguir avanzando”, ha finalizado Sánchez.

Ordenan a la Fiscalía entregar toda la documentación del caso 'Rotondas'

MURCIA.- La Fiscalía de Murcia tendrá que poner a disposición del Juzgado que investiga el caso 'Rotondas', de presunta corrupción urbanística, toda la documentación que posea sobre las diligencias informativas que llevó a cabo antes de presentar la denuncia que dio origen a estas actuaciones.

Así se ordena en un auto dictado por la Audiencia Provincial de Murcia, en el que se indica que el Juzgado de Instrucción número Tres deberá dirigirse a la Fiscalía "a fin de que le remita copia íntegra de las diligencias de investigación incoadas en 2014".
Y añade que esa documentación debe incluir no solo la que entregó al juez como denuncia, "sino todos y cada uno de los documentos que han de integrar su contenido, especialmente, los decretos de incoación, conclusión y cuantos otros proveídos o resoluciones hayan sido emitidos en el curso de las mismas".
La resolución de la Audiencia estima así el recurso que el exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Alberto Guerra, presentó contra el auto judicial que no accedió a su pretensión y al que se unió, en nombre del investigado José Fermín Serrano, el letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz.
Además, hace una defensa de las garantías que deben rodear toda actuación de los tribunales y del derecho que tienen los letrados defensores a conocer el contenido de las investigaciones llevadas a cabo por el fiscal, a no ser que el juez o tribunal competente haya dictado auto de secreto de las diligencias.
El tribunal discrepa así de la opinión del Juzgado que en el auto que ahora se deja sin efecto expuso que no era necesario contar con la documentación reclamada, ya que, aseguró, con la aportada por el fiscal en su denuncia era suficiente.
Por otra parte, la Audiencia indica que Guerra tiene interés legítimo al presentar el recurso porque fue incluido inicialmente en las actuaciones preliminares del fiscal, aunque su nombre no figurara después entre los denunciados por este.
El caso 'Rotondas', en el que aparece también como investigado el exconcejal de Urbanismo Fernando Berberena, trata de investigar si se cometió algún ilícito penal con la compra por el Ayuntamiento de un grupo escultórico que fue colocado en una arteria de Murcia antes de que se abriera el expediente administrativo para su adquisición, presuntamente.

El Tribunal de Cuentas sugirió rebajar el coste de las guardias para reducir el déficit del SMS


CARTAGENA.- El Tribunal de Cuentas recomendó en 2014 al Gobierno autonómico hacer cambios en el organismo que genera el mayor porcentaje de la deuda regional, el Servicio Murciano de Salud (SMS), para reducirla, como adecuar el coste de las guardias a la media nacional, inferior, y aumentar los controles de presencia.

En la presentación de la Cuenta General de 2014 ante la Asamblea Regional de Murcia, el interventor de la Comunidad, Eduardo Garro, concretó que el órgano fiscalizador advirtió de la situación económica y organizativa del SMS e incidió además en la necesidad de adecuar los turnos de mañana y tarde.
El fin es reducir la factura de este ente, que es el culpable de 400 de los 1.000 millones de euros de déficit registrado en las arcas regionales en 2014, si bien Garro aseguró que es "difícil" lograr un equilibrio financiero en las cuentas del SMS sin un cambio en el modelo de financiación autonómica.
El interventor también mencionó que el Tribunal de Cuentas mostró sus "dudas" sobre la sostenibilidad financiera del SMS, pero aclaró que, en su opinión, la finalidad de este servicio no es su rentabilidad, sino prestar una atención a los pacientes.
Desde los grupos parlamentarios, el parlamentario del PSOE Ángel Rafael Martínez calificó de "vergonzoso" que el SMS sirva para "encubrir" el déficit, al tiempo que remarcó que todavía siguen "empantanados" proyectos como la desalinizadora de Escombreras y el aeropuerto de Corvera, sobre el que el órgano fiscalizador muestra sus dudas.
El diputado de Podemos Antonio Urbina habló de la existencia de un remanente "sobrevalorado" de 1.435 millones de euros en las cuentas de 2014, que, de no ser por la inyección de 1.500 millones del plan estatal de pago a proveedores y del fondo de liquidez autonómica hubiera supuesto la "quiebra técnica" de la Comunidad.
Desde Ciudadanos, Luis Fernández recordó al Gobierno regional que no puede hablar como única solución al déficit que registra cada año Murcia de un nuevo modelo de financiación, puesto que el actual sistema solo es el causante de 2.000 de los 8.500 millones de euros de deuda que tendrán las arcas regionales a finales de este año.
Finalmente, el diputado del PP Fernando López Miras valoró que el Tribunal de Cuentas resalte que el Gobierno regional haya implementado medidas para intentar paliar un déficit del que responsabilizó al sistema de financiación autonómica aprobado por el Gobierno central en 2009.

La UMU recibe a su alumno cartagenero Jorge Martínez, número 1 del MIR este año


MURCIA.- Jorge Martínez Solano, el estudiante cartagenero de la Universidad de Murcia (UMU) que ha conseguido la mejor puntuación en el examen MIR de este año, ha sido recibido hoy por el rector de esta institución docente, José Orihuela, en un acto que se ha celebrado en el Centro Social Universitario.

El rector lo ha felicitado por la nota obtenida: 611 puntos, correspondiente a 203,67 respuestas netas.
Martínez Solano, que escogerá la especialidad de Cardiología, realizó sus estudios de Medicina en la Universidad de Murcia, donde se graduó el curso pasado.
Asimismo, los alumnos de la Facultad de Medicina de la UMU Noelia Fernández Villa y Álvaro Navarro Barrios han quedado situados en el puesto 6 y 18, respectivamente, en este examen para elegir plaza de Médico Interno Residente. 

"No recibí órdenes para no imputar al presidente de Murcia", dice el fiscal general

MADRID.-El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha afirmado que no recibió "órdenes de nadie para oponerse a la imputación del presidente de Murcia", Pedro Antonio Sánchez, en el caso Púnica, una decisión que estuvo avalada por dos informes jurídicos y con la que él, ha reconocido, está de acuerdo.

Maza ha comparecido en la Comisión de Justicia del Congreso para responder a la exigencia de explicaciones de los grupos de la oposición sobre el relevo en la cúpula fiscal y sobre las supuestas injerencias políticas en su decisión de no pedir la imputación del presidente de Murcia.
Sobre Sánchez, Maza ha relatado cómo fue el proceso de toma de decisiones respecto al informe que la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, envió al juez Eloy Velasco defendiendo la falta de pruebas para imputarle, en contra del criterio de las dos fiscales del caso.
Ha reconocido que dio instrucción a Suárez de emitir ese informe, pero no por orden de nadie, sino que tomó esa decisión en base a sendos informes de la Secretaría Técnica de la Fiscalía y de los cuatro fiscales de Sala de Supremo.
"¿Creen que si yo fuera a obedecer una orden de alguien iba a darle traslado a un equipo de eminentes juristas (...) para que me llevasen la contraria y quedar desairado? ¿lo creen realmente?", ha preguntado a los presentes. "Aquí quien tiene que decidir, es quien tiene que decidir", ha añadido.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha aclarado a lo largo de su intervención que renunciar a la facultad que tiene de dar "instrucciones particulares" en causas que afectan a aforados sería una "dejación de funciones", aunque ha avisado de la "dificultad de hablar de procedimientos en marcha" como el caso Púnica.
Maza se ha referido a los casos que afectan a aforados, como es el de Sánchez, que tendría que ser investigado en el Tribunal Superior de Murcia, y ha dicho que las fiscalías deben poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado cualquier causa que afecte a las personas que gozan de esta protección especial.
Entonces, el fiscal general estudia el asunto y, a resultas de este estudio, ha dicho, "puede dar instrucciones particulares". 
"No es solo que pueda dar instrucciones particulares, sino que debe hacerlo si lo considera necesario", ha agregado acto seguido.
Y ha indicado que esta es una facultar a la que no se puede renunciar, pues ello "sería una verdadera dejación de funciones".
El fiscal general ha empezado su comparecencia avisando de la "dificultad de hablar de procedimientos en marcha" y ha añadido que las comparecencias en el Congreso "no pueden derivar con carácter general en debates sobre asuntos penales en tramitación".
Sobre la corrupción, ha afirmado que para él es una "prioridad adoptar una posición activa e impulsora de actuaciones encaminadas a la investigación exhaustiva de los casos de corrupción política", que ha calificado de una "amenaza especialmente grave y potencialmente fatal" para el funcionamiento de las instituciones públicas.
Durante su discurso, y antes de responder a las preguntas de los grupos, ha hecho un repaso de los casos de corrupción y ha explicado que entre junio de 2015 y septiembre de 2016 se han investigado a 1.378 cargos públicos y 379 fueron condenados en sentencia firme.
En varias ocasiones, se ha referido a la imparcialidad de la Fiscalía, la "clave de bóveda" de la institución y a la que se subordina la dependencia jerárquica. Acorde a este principio, la Fiscalía actúa con "plena objetividad e independencia".
"El fiscal es imparcial y por ello no puede tomar partido ni actuar por motivos extraños al principio que rige sus actuaciones", ha dicho.
El fiscal general del Estado José Manuel Maza, ha insistido en el Congreso en la "independencia" e "imparcialidad" de la institución y ha asegurado que el criterio básico del Ministerio Público es "perseguir la corrupción y aplicar la ley sea quien fuera la persona investigada".

El periodo de octubre a febrero ha sido el más húmedo de los últimos 75 años en la Región

MURCIA.- El periodo de octubre a febrero ha sido el más húmedo de los últimos 75 años en la Región. Este balance se produce incluso con un mes de febrero que la Aemet califica el mes que acaba de terminar como cálido y muy seco.

La temperatura media mensual fue de 11,3 grados centígrados, con una anomalía de 1.1 grados sobre el valor medio. Esto le otorga un carácter entre cálido y muy cálido a ese mes, en el que las temperaturas mínimas han tenido una media de 6,3 grados y una anomalía de +1,6 grados, mientras que la media de las máximas fue de 16,3 grados, con una anomalía de +0,6.
Durante este mes, la precipitación media en la Región de Murcia fue de 4 litros por metro cuadrado, lo que supone tan solo el 17% del valor de la mediana del periodo de referencia, y le otorga a este mes el carácter de muy seco, estando entre los 15 febrero más secos desde inicio de los registros en 1941.
Las precipitaciones acumuladas en la Región desde el 1 de octubre hasta el 28 de febrero de 2017 (308 litros por metro cuadrado) suponen más del doble del valor de la mediana para el mismo periodo, y un carácter "extremadamente húmedo".
 

El concejal de Molina crítico con PAS abandona el PP


MOLINA DE SEGURA.- El concejal de Molina de Segura que había pedido públicamente la dimisión de Pedro Antonio Sánchez ha solicitado la baja en el Partido Popular y ha pedido oficialmente dejar el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento para continuar en la Corporación como concejal no adscrito, según adelanta hoy La Opinión.
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Miguel Ángel Rodríguez ha anunciado su decisión en una carta dirigida a la portavoz municipal del PP en Molina, Sonia Carrillo, en la que señala que su baja se debe "a la catarata de descalificaciones, improperios e insidias que desde 'fuentes del Partido Popular de la Región de Murcia' han sido vertidas sobre mí en la prensa regional, así como en medios nacionales, además de los continuos ataques que señalados miembros del PP han realizado contra mi persona a través de las redes sociales".
Rodríguez había señalado a través de su cuenta personal en Twitter que "los afectos personales deben dejar paso a la acción política, a la coherencia, a satisfacer lo exigido por las leyes y a la ejemplaridad", adjuntando también una imagen en la que se puede leer el artículo 54 de la Ley de Transparencia de la Región de Murcia, el que establece que los cargos públicos imputados "entenderán que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía" desde las instituciones públicas. Era un claro mensaje a Pedro Antonio Sánchez.
Además, por si no había quedado claro, el concejal rompió la disciplina de voto de su partido en el último Pleno de la Corporación y votó a favor de una moción que exigía la dimisión del presidente de la Comunidad por ser investigado en el caso Auditorio
Miguel Ángel Rodríguez había avalado a Sánchez para su candidatura a la presidencia regional del PP, pero recientemente envió un burofax a la comisión organizadora del congreso autonómico popular para exigir que retiraran el aval.
Rodríguez subrayó hoy que "hay gente a capazos que piensa exactamente lo mismo que yo". Y luego se aventuró a apostar que "las mismas personas que ahora sostienen como pilares insobornables la fidelidad, en el caso de que haya otro candidato harán lo mismo", según recoge La Verdad

En un comunicado el grupo municipal popular pide a Rodríguez "ejemplaridad" y le solicita el acta de concejal. La portavoz popular manifestó que desde su grupo "siempre hemos respetado la libertad de expresión de cada uno de sus miembros".
La edil sostiene que cualquier concejal que en un momento determinado no se vea identificado con las siglas del PP "por ideología o sinergias", tiene la potestad y la autonomía para abandonar el grupo y el partido. "Pero no olvidemos que Miguel Angel Rodríguez Torres es concejal del Ayuntamiento de Molina de Segura porque perteneció a una candidatura del Partido Popular", aduce Carrillo.
Por eso asegura que la "coherencia debería ahora regir en su forma de actuar y debería entregar su acta de concejal, puesto que los molinenses no lo votaron a él, sino que votaron al PP". La portavoz popular termina diciendo que "ahora es el momento de demostrar la ejemplaridad que exigía a los demás".
Sin embargo, el concejal saliente aseguró que "el partido no me ha pedido absolutamente nada, ni tampoco que firmara el acta". Admitió que si el PP le pide el acta "los escuchará y reflexionará", pero su intención es terminar la legislatura como concejal independiente, según remarcó.
Este miércoles Rodríguez solicitó a la alcaldesa, Esther Clavero, que se le incorpore como independiente de grupos políticos a la condición de concejal no adscrito, de acuerdo a la normativa legal vigente.
"El motivo de esta meditada decisión no es otro que el entender que el ideario liberal-social que represento, así como la defensa de la mejora de la calidad de vida de los electores que me dieron su confianza en las elecciones de mayo de 2015 o las propuestas sobre distintos temas de interés general las puedo realizar con mucha más solvencia y garantía, hoy por hoy, desde fuera del Partido Popular", aduce el ya exedil del PP, según recoge La Verdad.

Cuando PAS mintió a Catalá y el ministro se dejo engañar / Vera Mª Cubí *

La palabra del PSOE / Ángel Montiel *


El pasado domingo vi en el programa de Ana Pastor en La Sexta el factcheck que aplicó a Pedro Antonio Sánchez a cuenta del número de denuncias reales con que el PSOE lo ha ´castigado´ ya desde su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras. Tanto el presidente murciano como todo el alto staff del PP vienen proclamando que los socialistas lo han acosado insistentemente con denuncias que finalmente eran archivadas, y las contabilizan, según los portavoces, en quince, dieciséis e incluso diecisiete. 

La lógica a que quieren llevar con estos datos es que la denuncia que le afecta en este momento, relativa al caso Auditorio, es una más, con tan falso fundamento como todas las anteriores. Pues bien, el equipo de redacción del programa de Pastor fue descartando las denuncias electorales, los contenciosos administrativos y los recursos sobre recursos que se anotan como denuncias originales, y concluyó que en realidad el PSOE sólo había denunciado a PAS en siete ocasiones, no en doce, ni quince ni diecisiete. Por tanto, la ´maquina de la verdad´ proclamó que el PP miente. En efecto, el PP miente.

Pero también miente el PSOE. Porque su líder regional, González Tovar, y otros portavoces han insistido en las últimas fechas en que las denuncias se reducen a dos, «una de ellas la que está viva», y en otras ocasiones han dicho que eran tres. 

Según El Objetivo de La Sexta, que los socialistas tanto difunden en redes sociales, en realidad el total de denuncias se queda en siete. Ni quince ni dos, sino siete. Por tanto, miente el PP cuando exagera la cifra y mezcla churras con merinas, y miente el PSOE cuando reduce al mínimo el número de sus iniciativas ante la fiscalía o los juzgados. Mienten todos. 

Sabemos la razón por la que miente el PP (para reducir el efecto de la ´denuncia viva´ que ahora lleva a mal traer a PAS), pero desconocemos lo que obliga al PSOE a mentir, ya que no tendría que ser reprochable que denunciara lo que, en cada momento, le pareciera bien denunciar. Es más: Tovar ha denunciado a PAS por decir éste que el PSOE lo denuncia demasiado, lo cual da prueba de la inteligencia política del líder socialista, pues al hacer esto suma una denuncia más cuando pretende exponer que lo suyo no es la denuncia sistemática.

Es como la apelación al cumplimiento de la palabra dada. Tovar insiste en que PAS debiera dimitir para cumplir con lo que anunció que haría si resultara imputado. Hasta ahí, correcto. Sólo que esta demanda la puede expresar cualquiera (ciudadanos, faceboukeros, editorialistas, dirigentes de Ciudadanos y de Podemos, mediopensionistas...) menos el PSOE, pues este partido no es precisamente el ejemplo de coherencia en este aspecto. 

Hicieron una campaña electoral en la que prometieron que jamás permitirían un Gobierno de Rajoy, y ya se ve lo que hicieron con los votos que a tal fin le fueron prestados. PAS no cumple con la palabra dada, pero tiene pelendengues que sea el PSOE, carente por completo de autoridad moral por no hacerse responsable del firme contrato con sus votantes, el que se lo reproche.


(*) Columnista


Otra victoria de PAS / Joaquín García Cruz *

El Consejo de la Transparencia tomó ayer el camino equivocado, el que lo arrastrará a la futilidad si no remonta su encogimiento de ánimo y se convierte en el guardián de las esencias. Tal es, que sepamos, su razón de ser, de la que ayer desertó, embaucado por la zorrería del PP, que le ganó la partida antes de tirar los dados. Llegó el representante popular a la reunión acusando a José Molina, su presidente, de convertir el Consejo en su cortijo, y llamándole comisario político de PSOE y Podemos. Y se salió con la suya, a juzgar por el resultado de la sesión. 

Tuvo el Consejo la oportunidad de vivir su minuto de gloria, pero la marró. Más aún: tenía el deber de iluminar a la sociedad, la noble obligación de pronunciarse acerca de si el presidente de la Comunidad Autónoma incurre estos días en fraude de ley, por su interesada interpretación del artículo 54 de la ley regional de Transparencia (el que habla de los imputados por corrupción), o si es la oposición quien hace una lectura espuria de la norma. Que el PP y la oposición discrepen al respecto no aporta sino confusión. Más de lo mismo, mucho ruido. 

Es el Consejo de la Transparencia quien debería alumbrar en estos casos con una declaración valiente, en el sentido que tocara, y bien invitar a Pedro Antonio Sánchez a dimitir -en aplicación de la ley- o avalar su permanencia en el cargo. Porque el Consejo de la Transparencia, aunque desprovisto de competencias para desalojar al presidente, está, sin embargo, legitimado (¿quién mejor?) para alzar la voz y emplazarlo en público. Pero ayer optó por soltar al aire una filípica sobre «valores esenciales» y sobre «observancia de la ley», que para nada sirve. 

 Ninguna virtualidad tiene una ley -la de la Transparencia- que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional -también con los votos del PP-, si nadie hay que la haga cumplir. Ninguna utilidad tiene el Consejo de la Transparencia, si el Gobierno le niega el pan y la sal, la Asamblea y los ayuntamientos le regatean la fuerza legal que reclama, los partidos se pelean en su interior para tapar la realidad con cortinas de humo, los vocales no abren la boca, quizá para no molestar, y finalmente -cuando más se esperaba un esclarecedor dictamen- se resigna a soltar una perorata de cuatro líneas sobre la ética y el buen gobierno.


(*) Columnista


La sociedad civil se revuelve contra el injusto e inmoral Impuesto de Sucesiones / Libertad Digital *

La reforma de la financiación autonómica que el Gobierno quiere acometer este año, y queConferencia de Presidentes del pasado 17 de enero, pone el punto de mira en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, sobre el que se está librando una tremenda batalla política, principalmente entre uno de los Gobiernos que establece el impuesto más alto, el andaluz, y el que lo fija en su nivel más bajo, el de Madrid. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, exige que ese tributo se armonice y que se obligue a Madrid, que lo bonifica al 99%, a subirlo.
centró la

Naturalmente, los contribuyentes andaluces, y los de las demás autonomías que lo mantienen en unos niveles disparatados, como Aragón, Extremadura o Asturias, lo que quieren es reducirlo sustancialmente o directamente suprimirlo, al punto de que muchos empiezan a salir a la calle en señal de protesta. Tal es el caso de los integrantes de la plataforma Stop Impuesto de Sucesiones, que ha surgido en Andalucía y que se presenta como un "movimiento social, sin colores políticos", que aboga por la supresión del referido tributo en esa comunidad autónoma. Su web ya cuenta con cerca de 30.000 apoyos de particulares y afectados, y este martes ha organizado una marcha por las calles de Sevilla en la que cientos de manifestantes han exigido a Díaz que ponga fin a la injustificable exacción.

Es inaudito y enormemente positivo que desde la sociedad civil surjan movimientos en contra de la excesiva presión fiscal, más aun cuando van dirigidos contra un impuesto tan injusto e inmoral como el que grava las herencias y donaciones. Y lo es por varias razones: sin ir más lejos, porque –al igual que el de Patrimonio– penaliza el ahorro y los esfuerzos realizados por los particulares en pro de su descendencia y porque vulnera un principio general del Derecho como es el de non bis in idem, que, trasladado al ámbito fiscal, y tal y como se refleja en la propia Ley General Tributaria, no permite gravar dos veces el mismo hecho imponible. 

Es dramático e indignante que la voracidad del Fisco fuerce a tanta gente a tener que renunciar a los bienes que les legaron sus mayores. En Andalucía se registran 19 renuncias al día, y se cuentan por millares los andaluces que cada año deciden empadronarse en Madrid para evitar que la Junta se embolse el patrimonio de sus herederos.

Por otra parte, la propuesta de establecer un mismo Impuesto de Sucesiones en todas las comunidades –la cacareada armonización fiscal– implica violar el escaso margen de autonomía realmente positivo que tienen los Gobiernos regionales a la hora de establecer su propia presión fiscal. Lejos de erradicar el problema que este impuesto ocasionaría en algunas autonomías, lo que haría la armonización sería extenderlo al conjunto del territorio nacional.

Así mismo, la llamada armonización a la baja que están estudiando el PP y Ciudadanos, mientras no implique la simple erradicación de dicho impuesto en toda España, no resultará más que una atractiva engañifa destinada a lograr que todos los Gobiernos puedan establecer una misma presión fiscal sin miedo a la competencia de quienes son partidarios de erradicar o dejar bajo mínimos tan injusto gravamen.

En cualquier caso, y teniendo en cuenta que los partidarios de reducir la bárbara presión fiscal que padece el contribuyente patrio no tienen representación parlamentaria, bienvenidas sean estas manifestaciones y movimientos de la sociedad civil. En la defensa del contribuyente tuvo su origen el sistema democrático moderno, y en ella debe basarse su desarrollo y perfeccionamiento.



(*) Editorial

La prensa y el poder / Ramón Cotarelo *

Una relación conflictiva, como debe ser. Cuando no lo es, algo falla. Es justamente célebre la contundente afirmación de Thomas Jefferson, "padre fundador" y redactor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos hacia 1786 de que "si tuviera que elegir entre un gobierno sin prensa o una prensa sin gobierno, elegiría lo último sin dudarlo por un momento"
 
El que llegara a tercer presidente de los EEUU tenía la peor opinión de los gobiernos (incluido el suyo), a los que consideraba compuestos por lobos prestos a devorar a los pueblos que eran como ovejas. Si alguien o algo podía evitarlo era una prensa libre. 216 años más tarde, el 45º presidente, Donald Trump, ha invertido los términos, pues considera que la prensa es la enemiga del pueblo. La "canallesca", que decían los franquistas. 
 
El sucesor de Jefferson, en su animadversión a los medios, se identifica a sí mismo con el pueblo. O al revés: al pueblo consigo mismo. Él es el pueblo y la prensa su enemiga y de ahí la siniestra expresión de "enemigo del pueblo", utilizada en todos los tiempos por las más diversas formas políticas revolucionarias con vocación de tiranías.

Pero eso es en los Estados Unidos. En España, la relación entre el poder político y los medios es, por lo general, idílica. Los medios públicos están íntegramente al servicio del partido gobernante en su ámbito territorial y lo mismo sucede con los privados, especialmente los periódicos de papel (y sus versiones digitales) que dependen en gran medida de la publicidad institucional y un régimen de subvenciones generoso que las autoridades políticas interpretan según criterios del más estricto clientelismo. Las televisiones privadas se salvan algo más porque diversifican sus fuentes de financiación, dado que su consumo es muy alto. 

Así resulta que en el mes en que nos enteramos de que El País sigue perdiendo lectores a granel (26,4% menos que en enero de 2016) y que está a punto de descender de la barrera de los 100.000 lectores, la Junta de Andalucía le otorga un galardón, la medalla de Andalucía 2017. No hay duda: cuando el poder político alaba, halaga, premia, condecora a un periódico es porque le interesa, porque le es cómodo, le canta las alabanzas o, cuando menos, no le saca a relucir sus vicios. 
 
El País ha tomado partido desde el principio en el conflicto del PSOE en contra de Sánchez como SG y en contra de Sánchez candidato a SG y a favor de la junta gestora y la candidatura de Díaz. Cuenta en su consejo editorial con Felipe González y Pérez Rubalcaba, lo cual explica algunos de los editoriales más venenosos contra Sánchez. El País se ha puesto al servicio de la junta gestora y de la candidatura de Díaz a la SG.

Esa decisión merece un premio: la medalla de Andalucía que va a costar más lectores de El País y más votantes de Díaz.  Para nada porque, por mucho que el diario editorialice, Díaz sigue saliendo la tercera en prácticamente todas las encuestas, sondeos y vaticinios.
 
 
¿Qué se juzga?

El proceso al exconseller y actual diputado Homs es un proceso político del principio al final. Como lo es el que afecta a Mas, Rigau y Ortega ante el TSJC. El mero hecho de darse estos procedimientos indica que la calidad del Estado democrático de derecho es baja en España. El propio Homs así lo valora con algo de dramatismo pues supone que, si hay sentencias por el 9N, serán el fin del Estado español. Eso es dudoso. En el Estado español actual las cosas siguen “bien atadas”, como las dejó su auténtico fundador, el que descansa en el Valle de los Caídos. No es tan dudoso, en cambio, si se trata del Estado de derecho.

Para el gobierno central, sus aliados y los medios en general, estos procesos son actividades puramente judiciales que demuestran, según dicen en el PSOE, el buen funcionamiento de la justicia. No hay nada político. No se juzga a Francesc Homs por independentista; eso sería un atentado a la libertad de pensamiento y de expresión. Se le juzga por desobediencia al Tribunal Constitucional. En concreto por haber desobedecido una prohibición de ese Tribunal. ¿Cuál? La de hacer o dejar de hacer algo en beneficio del independentismo. Luego sí se procesa el independentismo; sí, son juicios políticos contra el independentismo disfrazados de otra cosa.
 
Se ha dicho hasta la saciedad: judicializar un problema político es agravarlo. La instrumentalización de la justicia no hace ningún favor a esta y encona el conflicto.

Pero, al mismo tiempo, aclara suficientemente el panorama. El Estado no tiene la menor intención de negociar nada en tanto la Generalitat no retire la previsión del referéndum. La reciente retórica del “diálogo” también exigía renuncia previa al referéndum. En consecuencia cabe suponer que su cálculo estratégico sea provocar una situación de choque, poner al adversario, el independentismo, en situación de oposición a la ley, de rebeldía. De esa forma podría justificarse una acción represiva.

El problema a continuación es determinar el alcance de esa acción represiva y, a ser posible, sus consecuencias. El Estado se resiste a emplear los medios coercitivos más fuertes (aunque diversos publicistas adviertan de que si las normas de excepción están previstas, lo están para usarlas), pero, al mismo tiempo, es incapaz de ofrecer soluciones alternativas.

En esas condiciones lo más probable es que los sectores radicales del independentismo pidan adelantar la convocatoria del referéndum, una idea con la que la Generalitat ha jugado. La justificación, bastante cómoda, es que carece de sentido agotar el plazo y dejar pasar unos meses en los que habrá todo tipo de juego sucio, amenazas y tensiones. Si no se hace así, si no se acortan los tiempos, según se dice, es para elaborar un buen corpus legislativo que sirva de transición de la autonomía a la independencia. Pero la situación viene a ser similar: la aprobación de esas leyes será el punto de ruptura del todo igual al que se daría con la convocatoria del referéndum.

En cualquiera de los dos casos se apunta a situaciones de inestabilidad permanente. No es razonable que las relaciones ordinarias entre el gobierno central y una autonomía pasen por los tribunales. Es una situación muy perjudicial en todas las esferas de la acción social y un despilfarro de recursos de todo tipo.

El independentismo catalán no es una decisión personal de los encausados, ni un capricho de una minoría, ni siquiera una acción de partido. Es un movimiento social con un tipo de solidaridad mecánica, que diría Durkheim, la de la gente que se conoce, con la que se simpatiza, que tiene también un objetivo ideal, dentro de otro conjunto más amplio, que abarca a las cuatro quintas partes de la sociedad catalana, que reclama su derecho a decidir, su derecho a tener derechos.

El procesamiento de Homs es político, como lo son los de Mas, Rigau y Ortega y no se hable ya de los de Forcadell. Se los juzga por independentistas, aunque se diga otra cosa y, a través de ellos, se pretende el absurdo de juzgar y condenar el independentismo, es decir, un movimiento social de amplia base.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Resumen de Confidenciales


Miércoles con los digitales echando humo tras el primer discurso de Trump a una sesión conjunta del Congreso en el que ha bajado los ataques, ha moderado el tono, el lenguaje y el mensaje, ha hablado con voz aterciopelada que acariciaba a los oyentes y ha utilizado los recursos retóricos con maestría del presentador de TV que fue. La imagen conciliadora se ha completado con un canto a lo mejor de EEUU y con una convocatoria a 'dejar de pensar en pequeño', a 'soñar a lo grande', a dejar atrás las divisiones y a enfilar ‘un nuevo orgullo nacional’. Ha sido más moderado en sus planes sobre la inmigración y ha anunciado proyectos de infraestructuras y de impulso económico, aunque sin concretar, dentro de un nacionalismo de hombre que no quiere 'representar al mundo'. Una encuesta exprés de CNN le da un 57% de opiniones a favor.

Las portadas y grandes titulares bombardean también con la cuestión catalana en plena efervescencia por planes difusos de los secesionistas para proclamar su república, por la continuación del juicio del 9-N y por el inicio hoy del del Caso Palau, en el que uno de los principales encausados pacta un acuerdo con la Fiscalía para tirar de la manta.
Otros ejes de actualidad: las pérdidas récord de Abengoa; la venta por Banco Sabadell de su filial en Miami, la cumbre mundial sobre la Educación con la constatación de uno de sus impulsores de que 'el sistema educativo español es terrible' por estudiar todos lo mismo y carreras que luego no les van a servir; las propuestas de Inverco para las pensiones; y la presentación hoy del Libro Blanco de la UE sobre el futuro de la UE tras el Brexit.

INFORMACIÓN NACIONAL
El Mundo: Ciudadanos ve el pacto ‘encarrilado’ y el PP le da largas (Raúl Piña y Marisol Hernández). Otro titular: Entrevista a Cristina Cifuentes: ‘Podemos aún debe demostrar que cree en la democracia’ (Jaime G. Treceño y Pablo Gil). ABC: El PP y Ciudadanos avalan su pacto pese a que los compromisos no se han cumplido. La Razón: La comisión de investigación al PP abre un nuevo frente con Cs: los naranjas pretenden registrar la propuesta el lunes y el PP no habla de fechas. OKdiario: El PP dispuesto a suprimir los aforamientos pero sólo en el caso de delitos comunes (Luz Sela). Libertad Digital: Iglesias dice que una 'trama' no le 'dejó' gobernar en 2016: afirma que PP, PSOE y Ciudadanos 'no tienen proyecto de país' (Míriam Muro). Otro titular: C's presenta como "encarrilado" lo que el PP sólo ve posible reformando la Constitución (M. Alonso y P Montesinos).

CATALUÑA
El País: Puigdemont pretende proclamar la república sin control del Parlament (P. Ríos, J. García y R. Rincón). El Imparcial: Nueva treta de Puigdemont para impulsar la 'ley de desconexión' en el Parlament. El Mundo: El número 2 del Palau ofrece confesar las comisiones a CDC: Jordi Montull ultima un pacto con la Fiscalía (Germán González). Otro titular: Así pilló en acción la Guardia Civil al tesorero de Convergència (Ángeles Ecrivá y Esteban Urreiztieta). Otro titular: La Generalitat busca a un soberanista para relevar al jefe de los Mossos (Javier Oms). El Confidencial: CDC negoció comisiones con fondos de la lucha contra el cáncer y el desempleo (José María Olmo y Antonio Fernández). La Razón: Puigdemont quiere acelerar sin el veto de la oposición la proclamación de la república catalana. Otro titular: Juicio a Homs: Mas alega que nadie le advirtió de que el 9-N era un ‘gran delito’.

La Vanguardia: Caso Palau: Montull confesará las comisiones a CDC a cambio de salvar a su hija (Santiago Tarín y Toni Muñoz). Otro titular: JxSí intenta aprobar la ley de desconexión casi sin debate: presenta una reforma para tramitar la norma por la vía de urgencia. Otro titular: El referéndum del ‘sí se puede’: los comunes se vuelcan en el Pacto y Domènech cree una 'buena idea' llevar a Bruselas las firmas (Quico Sallés). El Periódico: Montull ofrece al fiscal delatar a Convergència: empieza el juicio por el expolio del Palau (J.G. Albalat). Otro titular: La oposición clama contra la ‘desconexión exprés’: Forcadell fuerza una ralentización del trámite parlamentario de la iniciativa independentista.

ECONOMÍA
La Razón: Bruselas plantea una Europa de dos velocidades contra el Brexit con España en el núcleo duro. Europa Press: Méndez de Vigo cree que es momento de que España ejerza el liderazgo en la UE y poner 'sobre la mesa' sus logros. Expansión: Juncker ofrece a los países cinco alternativas para el futuro de Europa. Otro titular: La patronal quiere reducir liberados y reclama una ley de huelga (M. Valverde). ABC: Futuro de las pensiones: las gestoras piden derivar el 4% de los sueldos a ahorro privado. Otro titular: Entrevista a Marc Prensky, experto en innovación educativa: ‘El sistema educativo español es terrible: todos los niños estudian lo mismo’ (J.G. Stegmann). Cinco Días: El 65% de los alumnos van a estudiar carreras que no les sirven.

El País: La UE quiere aumentar las expulsiones de migrantes sin papeles: propone a los países miembros mantenerlos retenidos más tiempo (Lucía Abellán). Otro titular: El 94% de los cuidadores no profesionales de personas dependientes no cotiza: más de 163.000 afiliados se han dado de baja de la Seguridad Social tras el decreto que eliminó en 2012 su financiación estatal y les obligaba a asumir las cuotas (José Marcos). Vozpopuli: Inverco apoya la creación de un sistema de capitalización complementario obligatorio (Ángel Alonso). Invertia: Inverco pide que el 4% del salario bruto vaya a un plan privado de pensiones. El Confidencial: Las ETT 'colocan' a 3,1 millones de trabajadores, el 25% más en un año (Carlos Sánchez).

El Economista: El AVE permite sellar el primer acuerdo entre Madrid y Vitoria (Carmen Larrakoetxea). Otro titular: El alquiler supera ya el salario mínimo en la gran ciudad como Madrid, Barcelona o San Sebastián (Luzmelia Torres). Otro titular: Las tres propuestas de Inverco para no dar la espalda al problema de las pensiones (Arantxa Rubio). El Correo: Los Gobierno central y vasco desatascan el TAV. Otro titular: La defensa del Concierto consigue unir a todos los partidos vascos. Libertad Digital: Los contribuyentes dicen basta: 'Impuesto de Sucesiones, impuesto de ladrones'; cientos de andaluces salen a la calle.

EMPRESAS
Bolsamanía: Abengoa pierde más de 7.600 millones, el mayor agujero contable en España (Marta Gracia). El Mundo: Abengoa multiplica sus pérdidas por seis en 2016, hasta 7.629 millones (Carlos Segovia). Otro titular: Así fue la gran estafa de la familia Ruiz-Mateos para pagar lujos (Marisa Recuero). Capital Madrid: La trastienda de DIA: más caja, menos inversión y mayor dividendo en 2017, con apenas tiene vencimientos de deuda financiera, aunque el efecto Macri le roba la mitad del crecimiento en Argentina. Vozpopuli: Hacienda investiga a OHL en el periodo en que logró su beneficio récord (Raúl Pozo). Expansión: Isolux fulmina a su cúpula en Argentina por fraude. Otro titular: Abertis ganó 795,6 millones en 2016, un 57% menos.

El Economista: El Ibex sube un 69% el beneficio en 2016 y rebaja la deuda un 4%: el avance, el mayor desde 2005, se apoya en los números negros de Repsol y Arcelor (Araceli Muñoz). Cinco Días: Las grandes cotizadas elevan un 67% el beneficio en 2016: el tirón del segundo semestre lleva las ganancias hasta 34.000 millones (Gema Escribano y Diego Larrouy). Otro titular: Deoleo, líder mundial del aceite de oliva, entra en causa de disolución (F. Sanz). Expansión: Las empresas del Ibex disparan un 87% sus beneficios. ABC: Las empresas del Ibex ganaron casi 33.000 millones el año pasado, un 48% más. El Español: El dueño de Sovaldi casi triplica ventas y paga sólo 10 millones a Hacienda: la propietaria del medicamento estrella para la Hepatitis C rozó los 1.000 millones de ingresos en España con una ingeniería fiscal similar a la de las grandes tecnológicas (Jesús Martínez).

SECTOR FINANCIERO
Capital Madrid: Linde encuentra dificultades para sustituir a los directivos investigados por Bankia: inspectores de la entidad dudan del alcance del informe sobre la crisis financiera española (José Hervás). Otro titular: Al Sabadell no parece gustarle Trump y abandona el negocio bancario en EEUU: Josep Oliu afirma que se mantendrá el resto del negocio corporativo (C.M.). Otro titular: CaixaBank-Mutua Madrileña: una relación que va a más: el presidente de la aseguradora, Ignacio Garralda, entra en el consejo de la entidad catalana. Su incorporación facilitará un mayor desarrollo de la alianza estratégica (, por Gema Velasco). El Confidencial: El FROB presenta en Bruselas un plan exprés para la fusión de Bankia y BMN (José Antonio Navas). Otro titular: BBVA se atrinchera y se resiste a devolver las cláusulas suelo a todos (Eduardo Segovia).

Expansión: Ana Botín: ‘Animo a que las empresas traigan a España sus cuarteles generales’ (Ana Gil). Otro titular: Sabadell vende su negocio de banca comercial en EEUU (Sergi Saborit). Cinco Días: Banco Sabadell vende su filial de EEUU por 967 millones (Ángeles Gonzalo Alconada). Economía Digital: El Sabadell abandona la banca comercial de EEUU con 447 millones bajo el brazo: vende su negocio de banca minorista a Iberiabank en una operación que le permitirá mejorar sus ratios de solvencia en 100 puntos básicos. El Economista: Sabadell vende por 1.025 millones de dólares su filial de Miami, el doble de lo que pagó (Lourdes Miyar).

OPINIONES
Editorial en El País: 'Golpe al Estatut: el secesionismo ultima en secreto el voto por sorpresa de una República catalana'. Antonio Elorza en el mismo diario: 'Driblar al Estado: ahora toca aprovechaR la figura mártir de Mas en el banquillo'. Editorial en La Vanguardia: ‘Empieza el juicio del caso Millet, por fin’.

 Otro editorial: ‘La UE se enfrenta al espejo’. Editorial en El Mundo: ‘Juicio al saqueo del Palau, origen de la financiación irregular de CDC’. Otro editorial: ‘Ruiz-Mateos, una familia dedicada al robo y el blanqueo’. Editorial en ABC: ‘La consulta trampa de Carmena’. 

Otro editorial: ‘La verdad del 3%, al descubierto’. Editorial en El Periódico: ‘Catalunya protege las herencias digitales’. Enric Hernández en el mismo diario: ‘Juicio a la gran cloaca catalana’. Josep Maria Fonalleras en el mismo diario: ‘Millet, jodido’.
Jesús Cacho en Vozpopuli: 'Las manos en la masa de Oriol Junqueras'. Luis Riestra en el mismo medio: ‘La interminable reestructuración bancaria’. Joan Tapia en El Confidencial: ‘Oriol Junqueras y la vicepresidenta’. Editorial en Libertad Digital: 'La sociedad civil se revuelve contra el injusto e inmoral Impuesto de Sucesiones'.

Carmelo Jordá en el mismo medio: ‘Rita Maestre nos toma por gilipollas’. Editorial en El Correo: ‘Un acuerdo histórico’. Editorial en Cinco Días: ‘Las cotizadas recuperan musculatura’. Carlos Álvaro en Capital Madrid: ‘Argentina y España, en luna de miel tras años de desencuentro: Macri sienta el inicio de una nueva relación, pide más inversión española y ofrece trato preferente’. Antonio Miguel Carmona en Estrella Digital: ‘Los insultos de Odón Elorza’.



A. R. Mendizabal

No habrá 'valcarcelato' sin Valcárcel / Vera Mª Cubí *

martes, 28 de febrero de 2017

El PP "estudiará" la comisión de investigación que pide C's sobre este partido y su presunta financiación ilegal


MADRID.- Ciudadanos ha ofrecido este martes al Grupo Popular firmar juntos en el Congreso una comisión de investigación sobre la "presunta financiación ilegal" del PP que sirva para "depurar responsabilidades" en el partido que preside Mariano Rajoy, uno de los puntos del preacuerdo de investidura de los dos partidos que estaba pendiente de cumplimiento.

El portavoz de la formación naranja, Juan Carlos Girauta, está convencido de que el PP acabará firmando y espera que se cristalice la próxima semana, mientras que el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha admitido que no se podrán negar, pero que, en todo caso, su prioridad es tomar medidas para evitar que estos sucesos puedan volver a repetirse.
Por su parte, el PP está dispuesto a estudiar la creación de la comisión de investigación del Congreso sobre supuesta financiación irregular de este partido exigida por Ciudadanos, algo a lo que, según reconoce Bermúdez de Castro, los "populares" no se pueden negar.
En rueda de prensa tras una reunión mantenida entre ambos grupos parlamentarios, Bermúdez de Castro coincide con Girauta en remarcar que las seis condiciones pactadas para investir a Mariano Rajoy están en marcha cuando han pasado pocos meses desde la investidura.
Eso sí, el representante del PP ha advertido de que algunas de las medidas que Ciudadanos ha puesto sobre la mesa exigen una vía "prudente" para salvaguardar todas las garantías constitucionales, como la supresión de los aforamientos o la limitación del mandato del presidente del Gobierno a dos legislaturas.
Ha recordado que esta última reforma obligaría a cambiar la Constitución, y no sólo la Ley del Gobierno, como piensa Ciudadanos.
En este sentido, ha citado la subcomisión sobre regeneración democrática, ya en funcionamiento, y la de reforma electoral que se creará la próxima semana, como instrumentos idóneos para canalizar en el Congreso las reformas legislativas incluidas en el acuerdo con Ciudadanos.
Ambas subcomisiones podrían ser, ha explicado, "un buen foro de reflexión para despejar algunas dudas y perfilar fórmulas e instrumentos jurídicos", gracias a las aportaciones de los expertos convocados en ambos órganos.
En cuanto a la comisión de investigación sobre la financiación del PP, ha admitido que es algo que firmó su partido y que por tanto va a "estudiar" el grupo popular.
"No nos podemos negar a ello", ha señalado igualmente, aunque sin especificar cuándo tomará una decisión sobre esta medida.
Ha aprovechado para recordar que hay incluso diputados, como la socialista Margarita Robles, que han considerado poco idóneo abrir en este momento una comisión de investigación en el Parlamento cuando está en curso una investigación judicial sobre este asunto.
José Antonio Bermúdez de Castro ha negado que el PP haya optado por seguir el camino más largo para cumplir sus acuerdos con Ciudadanos. "No es la vía lenta, es la vía más prudente y más segura", ha sentenciado.

María Giménez (Podemos): "la Ley de Transparencia está para ser cumplida no observada"

CARTAGENA.- La diputada regional de Podemos ha mostrado su "disconformidad" con el acuerdo alcanzado por el Pleno del Consejo Regional de la Transparencia ya que "la imputación de Pedro Antonio Sánchez atenta frontalmente con la confianza que todo cargo público que debe a la ciudadanía".

María Giménez, vocal de Podemos en el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia ha calificado de "decepcionante" el acuerdo al que se ha llegado, de no exigir al Presidente de la Región de Murcia que cumpla con el artículo 54.1 de la Ley de Transparencia regional y presente su dimisión tras ser llamado a declarar imputado por el caso Auditorio.
Giménez ha explicado que "veníamos a apoyar una propuesta de acuerdo del PSOE, que nos parecía muy acertada y coherente por el clima de crisis institucional que vivimos desde la imputación del presidente Pedro Antonio Sánchez".
Por lo que ha confesando no entender, el motivo por el cual durante el transcurso de la reunión, por parte de la mayoría de vocales miembros del Consejo que se ha tachado de politización del Consejo de la Transparencia, "cuando es evidente que el momento por el atraviesa la Región tiene un calado claramente político y de crisis institucional, del que desde luego un órgano como el Consejo de la Transparencia no puede vivir de espaldas, máxime cuando entra en contradicción con la propia Ley regional de Transparencia y Buen Gobierno".
En este sentido ha afirmado no sentirse satisfecha con el acuerdo al que se ha llegado entre los diferentes miembros, pero del mismo modo se ha apoyado el consenso en "la realización de un texto que sea la expresión de lo que este Consejo tiene que aportar ante la situación del presidente regional, en aras de esa negociación"
Finalmente la vocal de Podemos en el Consejo de la Transparencia, ha defendido la posición del Presidente del Consejo de la Transparencia, José Molina, cuando ha explicado que este órgano, en la actualidad sólo tiene la capacidad de prescribir lo que éticamente debe hacerse cuando alguien ostenta un cargo público en aras del buen gobierno y la transparencia, y que "aunque en la actualidad, no tenga competencias y sus acuerdos no sean vinculantes, situaciones como la de hoy ponen de manifiesto que es necesario dotar de competencias al Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia para que pueda cumplirse la Ley que le da sentido".

"Los principios de ética y buen gobierno consisten en cumplir la ley, pero también los compromisos con la ciudadanía", dice el PSRM

CARTAGENA.- La secretaria de Organización del PSRM y diputada regional, Presen López, ha afirmado que los principios de ética y buen gobierno no son solo lo que diga la ley, "sino lo que cada uno nos damos a nosotros mismos en la gestión pública que tenemos que hacer y en los compromisos que adquirimos con la ciudadanía, y ahí el PP tiene que responder mucho".

López ha hecho estas declaraciones tras el pleno del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, y ha asegurado que el PSRM entendía que era crucial que en un momento como este, con la situación política que vive la Región, este órgano se posicionara en las cuestiones que tienen que ver con la ética y el buen gobierno.
"Pretendíamos, única y exclusivamente, que se manifestara el Consejo de la Transparencia al completo sobre la necesidad del cumplimiento de esa ley y de que toda la Administración Pública atienda a los principios de la ética y del buen gobierno", ha explicado.
Para López, ha sido un debate intenso, pero también muy tenso, "porque se notaba mucho la presión por parte del Gobierno regional para que este asunto ni siquiera se tratara".
"Y ese ha sido el primer problema, que se ha planteado que este asunto se sacara del orden del día, algo que, como he explicado en el pleno, no podía ser, porque en un momento como este, el Consejo tenía que manifestarse a favor de una ley que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos", ha señalado.
"Básicamente era volver a manifestarnos en un momento crucial para la política y la estabilidad institucional de la Región de Murcia sobre algo que ya los cuatro grupos nos manifestamos y aprobamos por unanimidad", ha añadido.
La diputada socialista ha comentado que el texto que finamente ha salido no es el que planteaban los socialistas, "pero me alegro de que al final hayamos conseguido un consenso y sobre todo de que se haya reflejado la necesidad de atender a esos principios de ética y buen gobierno, no solo en el cumplimiento y la interpretación de la ley, sino también en la acción de gobierno".

El PSRM exige a Fomento que atienda de manera inmediata los derechos de los expropiados para el aeropuerto de Corvera

CARTAGENA.- El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López Pagán, se ha hecho eco de la denuncia de los expropiados del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, situado en Corvera, pues quedan pendiente de satisfacer al menos 17 millones de euros a los afectados desde que se iniciaron los expedientes en el año 2010.

"Exigimos al consejero de Fomento que atienda de manera inmediata los derechos de los expropiados por la construcción del Aeropuerto de Corvera y sus accesos, dado el tiempo transcurrido y el evidente perjuicio generado a los afectados".
López Pagán detalló que según la información facilitada por la propia concesionaria Aeromur antes de ser resuelto el contrato, el expediente expropiatorio del Proyecto Básico Nuevo Aeropuerto de la Región de Murcia lo componían 176 fincas, de las cuales 163 correspondían a expropiaciones de pleno dominio y 13 indemnizaciones a arrendatarios o aparceros. La superficie expropiada rozaría en total los 3,5 millones de metros cuadrados, a lo que habría que añadir los 6.000 metros cuadrados ocupados para la construcción del colector de aguas residuales.
El viceportavoz socialista reprochó a la Consejería de Fomento no haber cumplido nunca con las expectativas para la apertura del Aeropuerto, "que se encuentra en situación de bloqueo y, además, se ha venido especulando con el valor de los terrenos de los afectados, retrasando con continuos recursos el pago de sus derechos".

El PSRM cree que la gestión de la Consejería en el Mar Menor no va en buena dirección

CARTAGENA.- El presidente de la Comisión Especial del Mar Menor, Antonio Guillamón, ha expresado su queja sobre el ritmo que lleva dicha esta Comisión, ya que considera muy escasa la frecuencia de las sesiones, "lo que ralentiza los trabajos para la búsqueda de una solución al problema".

Asimismo se quejó de la forma en que se están desarrollando los acontecimientos que afectan al Mar Menor. "Nos tememos que el Consejo de Gobierno haya guardado en un cajón la estrategia del Mar Menor, desarrollada por el catedrático Barragán".
Sobre el Plan de Gestión integral del Mar Menor indicó que no se sabe nada del mismo, a pesar de que ha estado en dos ocasiones en exposición pública. Guillamón reclamó una financiación apropiada para afrontar la situación del Mar Menor, como se hizo con el Plan Lorca, una petición que el PSOE considera que debería abordarse tanto en la Asamblea Regional como en el Congreso de los Diputados.
También mostró reticiencia ante las acciones que el Ejecutivo regional ha adoptado hasta el momento, como tanques de tormenta y dragados de costa, que en opinión del diputado suscitan muchas dudas. "Estamos expectantes ante lo que suceda esta primavera y podamos conocer el estado real del Mar Menor para ver qué es necesario hacer y si se está actuando en buena dirección".
Guillamón afirmó "que las cosas no van bien en el Mar Menor" y prueba de ello es "la decisión de la Unión Europea sobre la investigación del Mar Menor y en particular sobre el cumplimiento de las Directivas Marco del Agua y Hábitat, hechos por los que pedirá explicaciones a la Confederación Hidrográfica del Segura y al Gobierno regional, sin descartar una visita al Mar Menor para comprobar in situ la situación, los inconvenientes e incumplimientos".
Para el presidente de la Comisión Especial del Mar Menor es precisa la ayuda e implicación de las instituciones europeas y españolas ante la envergadura de este problema.
Por otro lado, el portavoz socialista en la Comisión Especial del Mar Menor, Alfonso Martínez Baños, ha resaltado tras escuchar al profesor Esteve que ha sentido "vergüenza, indignación y rabia" y no entiende cómo hemos llegado hasta aquí. 
"El profesor dice que el Mar Menor lo hemos matado entre todos, pero alguien ha apretado el gatillo, y lo ha centrado en Cerdá, quien debería asumir sus responsabilidades por la mala gestión llevada a cabo".
Martínez Baños indicó que el profesor ha confirmado "todas las sospechas del PSOE, y lo que más nos preocupa es la afirmación de que el Gobierno regional está utilizando al Comité científico", aunque Esteve ha dejado muy claro que el portavoz del Comité científico no es el eje de la opinión de este órgano".
El diputado socialista agregó acerca de las soluciones que se están abordando por parte de la Consejería, que en su gran mayoría no han sido consultadas con el Comité científico y cree que no son la solución.
"Coincidimos con el profesor Esteve en sus planteamientos, sobre todo en que la visión de que todo va a estar resuelto de cara a la Semana Santa y el verano es una visión muy temeraria".
Por ello, pidió que la Consejería dé un giro en su acción política y tenga en cuenta al Comité científico y las medidas que se adopten para el Mar Menor sean las que proponga dicho órgano.

El SMS aprueba los baremos para la próxima oferta de empleo en todas las categorías

MURCIA.- La Mesa Sectorial de Sanidad aprobó en su última reunión los baremos para la próxima oferta pública de empleo del Servicio Murciano de Salud (SMS) en todas sus categorías. 

El director gerente del SMS, Francisco Agulló, explicó al término de la reunión, celebrada en la tarde de ayer, que "han quedado aprobados los baremos negociados en la mesa técnica de selección durante los dos últimos meses".
Asimismo, se trató la baremación de los candidatos inscritos en las bolsas de trabajo. Así, el SMS informó de que ya se ha iniciado este proceso, priorizándose el inicio por las categorías profesionales sanitarias responsables de la atención directa a los pacientes, es decir, facultativos, enfermeras y resto de sanitarios no facultativos.
El SMS informó también de las medidas de reorganización de las plantillas de los servicios de urgencia de atención primaria y se abordó el nuevo acuerdo de retribuciones, que se debatirá en una próxima reunión de la Mesa Sectorial antes de publicarse.
En relación a la carrera y el desarrollo profesional, las organizaciones sindicales, a través de la Mesa Sectorial, solicitaron que a la mayor brevedad se convoque la Mesa General para tratar dicho tema.
La reunión de la mesa sectorial de Sanidad se prolongó durante "cinco horas de debate intenso con aportaciones muy constructivas por parte de todas las organizaciones sindicales", indicó Agulló.

Los derechos de los trabajadores de Servicio de Aguas quedaran garantizados ante posibles incidencias en la concesion de Cartagena

CARTAGENA.- El alcalde de Cartagena, José López, y la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, han mantenido este mediodía, una reunión con representantes del comité de empresa del Servicio municipal de Aguas. La cita se ha desarrollado en el edificio administrativo de San Miguel y ha contado con la participación del director general de Infraestructuras, Manuel Nicolás.

El encuentro, que ha sido valorado como satisfactorio, ha servido para que el Gobierno municipal haya reiterado a los trabajadores el respeto que siente hacia sus derechos y a los de todos los empleados de concesionarias municipales.
Así, el primer edil les ha argumentado que, debido a este respeto y consideración, las partidas relativas a trabajadores no han sido reducidas por los técnicos municipales al controlar y establecer los costes del servicio.
López ha transmitido a los integrantes del comité de empresa que la inquietud y dudas que la empresa concesionaria genera en los trabajadores no tienen como origen el ámbito municipal, sino que tienen su origen en la actitud obstruccionista de la mercantil y su interés en que otros agentes defiendan una gestión que genera sobrecostes en las tarifas de los vecinos.
Por último, el alcalde ha transmitido un mensaje de tranquilidad al comité de empresa al informarles de que, ante la posibilidad de que existiera alguna incidencia en el contrato con la concesionaria, los derechos laborales de la plantilla serán garantizados conforme marca la legislación y es voluntad del Gobierno municipal.