La próxima
discusión sobre la contribución de España al rescate griego en el
Congreso de los Diputados, posiblemente ayude a centrar la atención de
las fuerzas políticas sobre lo que a España le queda por hacer para sí
misma, si quiere alcanzar las cotas de recuperación económica que aún no
ha alcanzado, y consolidar las que ya alcanzó.
Lo
que llevamos de verano lo han empleado los partidos y sus líderes
en hablar y discutir de todo menos del factor que puede condicionar
la acción del próximo gobierno, que en concreto consiste en cómo
consolidar un crecimiento que le asegure los recursos fiscales
que va a necesitar; en cómo contribuirá a hacer más competitiva
la economía, y en cómo piensa simultanear la creación de empleo
con el aumento ‘per capita’ de la productividad, sin el que no hay
competitividad que valga.
O España entra en un ciclo de
desarrollo tecnológica y científicamente más avanzado, es
decir, más capital-intensivo, o seguirá atada al grado de
desarrollo que hasta ahora se considera a medida de las
capacidades tradicionales de un país de la periferia europea.
Un país como el que llegará a ser Grecia si su rescate produce en
unos años el despegue de su mediocre economía actual.
Ese
enfoque de los problemas de la economía española no entra en las
preocupaciones actuales de las fuerzas políticas. Desde las
elecciones autonómicas y locales de mayo pasado, viven
ensimismadas en sus problemas internos, en sus cálculos sobre cómo
alcanzar parcelas de poder que aún no les han sido asignadas por las
urnas, y en unos juegos tácticos que les permitan quedar bien
situados dentro de las coaliciones de gobierno que tendrán que
formar si quieren tocar poder.
Por otro lado, no es seguro que
el próximo gobierno pueda desarrollar su política económica
sobre los mismos ‘fundamentales’ que han permitido la aceleración
de la salida española de la crisis: 1) de un lado un petróleo
barato, 2) de otro un auge sin precedentes de los ingresos por
turismo, 3) más importante aún, haber realizado en los últimos
años un ajuste salarial traumático, 4) haber tenido acceso a la
facilidad financiera provista por el Banco Central Europeo.
Aún
en el caso de que los beneficios de esos ‘fundamentales’ se
prolongasen unos años más, la cuestión del salto cualitativo de la
economía y la productividad españolas seguiría abierta. Nada
ilustra mejor este punto que la brevedad del periodo de superávits
por cuenta corriente y el retorno a la balanza comercial
negativa, de momento compensada por los factores 1, 2, 3 y 4,
arriba mencionados. Sin olvidar las ventajas de un euro
relativamente débil, que ha favorecido las exportaciones
europeas.
Consensos necesarios… e improbables
El
salto cualitativo de la economía española no se producirá
mientras las principales fuerzas políticas no hallen un consenso
sobre una serie de políticas.
El consenso sobre una de ellas,
la educación, parece bastante improbable, dado que ese tema se ha
constituido en divisa de las identidades ideológicas de los dos
principales partidos. Contra una LOMCE neonata, el PSOE ya ha
prometido que una de sus primeras decisiones si forma gobierno
será derogarla.
El consenso sobre otra cuestión
directamente relacionada con el desarrollo económico futuro
(la llegada de capitales) puede quedar condicionado o impedido
por el nuevo espectro de fuerzas políticas del escenario español,
cuya irrupción ha cancelado el bipartidismo y ha abierto un
panorama político-ideológico lleno de interrogantes.
Es
el caso de las autonomías y de las ciudades donde han entrado a
gobernar fuerzas populistas adversas al desarrollo capitalista,
en coalición, o con el apoyo, de uno de los dos partidos históricos
del consenso constitucional: el PSOE.
Una señal de
advertencia sobre las divisiones que la socialdemocracia, hasta
ahora encarnada por el partido socialista, puede sufrir en el
futuro, esté o no en el próximo gobierno, es el cisma abierto en el
PS de Madrid, precisamente como consecuencia de una inusual alianza
del liderazgo del PSOE con fuerzas populistas y radicales.
Otra
cuestión que anuncia disenso en lugar de consenso es la reforma de
la constitución. El partido popular, que apenas ha empezado a
reconocer la necesidad de revisarla, la contempla como la
oportunidad de eliminar disfuncionalidades, duplicidades y
equívocos, mientras que el PSOE quiere una reforma que dé nuevos
fundamentos constitucionales a ‘otra’ ordenación territorial
del estado.
Esta última propuesta, planteada por el PSOE como
respuesta y alternativa al separatismo catalán, llega
demasiado tarde para incidir de alguna forma sobre el llamado
“proceso soberanista’ o de independencia, planteado por los
nacionalistas catalanes.
El mensaje federalista del PSOE
necesitaría calar profundamente en la opinión pública de
Cataluña, para que incidiese realmente en el agitado ambiente de
confrontación que está dividiendo a esa sociedad y,
sencillamente, no hay tiempo para que tal fórmula sea tomada por
una mayoría de catalanes como alternativa a la independencia o a
la continuidad del estado autonómico. Este es un debate que
apenas encuentra eco en el socialismo catalán, y que suscita el
escepticismo o la desconfianza de las otras fuerzas
constitucionalistas.
En este año electoral, el
crecimiento económico ha pasado, de depender de la
competitividad exterior, a hacerlo respecto del consumo
interno, el cual ha tenido un apreciable auge en el último año.
Puede que el impulso popular a ‘tocar bienestar’ se viese moderado
por un nuevo gobierno del PP, deseoso de seguir sus políticas de
consolidación fiscal y de altas tasas de inversión productiva,
pero su coalición con Ciudadanos, o con el PSOE, obligaría a una
revisión de la reestructuración económica llevada a cabo hasta
ahora.
Por otra parte, un gobierno PSOE-Podemos, o incluso uno
PSOE-Ciudadanos, muy probablemente frenaría las reformas
económicas, y haría muy difícil la reducción de la deuda.
El
indicador que medirá en los próximos años el éxito o el relativo
fracaso de la política económica española, necesaria para dar el
salto cualitativo desde el nivel de “economía periférica” a
“economía central” en Europa, es si avanza o no en una escala de
productividad determinada; por ejemplo, la proporcionada por
el World Economic Forum (Global Competitiveness Report 2014), que
coloca a España en el puesto 35º en el mundo y el 16º en Europa.
Las
dos devaluaciones de la moneda china de esta semana, con su
previsible impacto en el comercio mundial, y por lo tanto sobre la
competitividad relativa de cada actor del mercado, no serán
motivo de debate de cara al periodo electoral español, aunque
ejemplifiquen los desafíos con que inexorablemente se
encontrarán los ganadores de las elecciones, y a los que de
momento no están prestando mucha atención.
(*) Periodista
