MURCIA.- Podemos se ha querellado contra los
magistrados que enviaron el 'caso Auditorio' a Lorca. Desde el partido
de Urralburu consideran que han prevaricado para evitar que Pedro
Antonio Sánchez, candidato del PP a San Esteban, estuviera imputado en
plena campaña. Los jueces, en concreto, son Miguel Pasqual del Riquelme,
Enrique Quiñonero y Juan Martínez Moya.
"Con fecha 2 de febrero
de 2015, y como resultado de las Diligencias de Investigación 88/2013,
el Ministerio Fiscal, a través del Fiscal Superior de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, presentó querella dirigida, entre
otros, contra Pedro Antonio Sánchez López, por entonces consejero
Autonómico de Cultura, Educación y Empleo, así como Diputado de la
Asamblea Regional, en relación con la licitación, adjudicación,
construcción y recepción de las obras de un auditorio en el municipio
murciano de Puerto Lumbreras, del que era alcalde Pedro Antonio
Sánchez", indicó Podemos en un comunicado de prensa.
Dichas obras
fueron abonadas por más de 5,5 millones de euros y sin embargo,
continúan sin terminar a día de hoy. En dicha querella se imputaba la
posible comisión, en cuanto a dicho aforado se refiere, de los delitos
de:
Delito continuado de prevaricación, del Art. 404 en relación con el 74.1 del Código Penal (en adelante CP).
Malversación de caudales públicos del Art. 432.1 del CP.
Prevaricación
en concurso medial con un delito de fraude contra la Administración,
del Art. 436 en relación con el Art. 77 del CP.
Falsedad en documento oficial del Art. 390.4 del CP.
"Recibida
esa querella, el TSJ dictó un Auto en el que, admitiendo su
competencia, reconoció el carácter de aforado de Pedro Antonio Sánchez,
así como la existencia de numerosos indicios de criminalidad contra él.
Sin embargo, el TSJ decidió enviar todo el procedimiento, incluido lo
que afecta al aforado, al Juzgado de Instrucción de Lorca, competente
por el territorio. Esa decisión cuenta con un voto particular de otro
Magistrado, el señor Don Manuel Abadía, que afirma que esa decisión no
tiene sentido desde el punto de vista jurídico, puesto que la
competencia es del TSJ, y era ese órgano el que debía empezar a
instruirlo directamente, imputando al aforado", añade la nota.
Así,
Podemos rememora que "el Ministerio Fiscal recurre ese Auto, ante la
misma Sala, pidiendo que se declare la competencia del TSJ y que inicie a
instruir, imputando al aforado".
"La Sala dicta un nuevo Auto, en
el que interviene el nuevo Presidente del TSJ en lugar del anterior, en
el que, con argumentos muy similares a los del primer Auto, vuelve a
decidir que lo remite a los juzgados de instrucción de Lorca, a pesar de
la existencia de indicios de criminalidad relacionados con la actuación
del aforado. De nuevo hay un voto particular del magistrado Don Manuel
Abadía, que insiste en que es un dislate jurídico, y que la Sala se está
apartando de lo previsto por la Ley, al no iniciar directamente la
instrucción", apunta el partido.
"Para entender la justificación
de esas dos resoluciones, contrarias a lo previsto legalmente, hay que
saber en qué momento se producen. El primer Auto es de 2 de marzo,
cuando se están decidiendo los candidatos a la Presidencia de la
Comunidad Autónoma de Murcia, con lo que esa resolución dejaba al
candidato en un limbo judicial, evitando su imputación directa por el
TSJ. El segundo Auto, el que resuelve el recurso contra el primero,
tiene fecha 23 de abril, con el candidato ya proclamado, con lo que se
aseguraba una campaña electoral tranquila, evitando la imputación de
Pedro Antonio Sánchez, ya proclamado candidato del Partido Popular",
remarca.
"Entendiendo que esas resoluciones no obedecen a las
previsiones legales y que poseen un claro sentido político, Podemos
interpone esta querella contra los tres magistrados del Tribunal
Superior de la Región de Murcia con el objeto de que clarifiquen la base
jurídica de las decisiones adoptadas y, si fuera el caso, asuman las
responsabilidades legales que de ellas se deriven", asevera el partido
de Urralburu.
