martes, 5 de febrero de 2013

El Ayuntamiento de Cartagena, en contra de la fusión de la Mancomunidad del Taibilla con Acuamed


CARTAGENA.- El pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado esta mañana una declaración institucional de todos los grupos municipales (PP, PSOE, IU-Verdes y Movimiento Ciudadano), en la que se muestra contrario al proyecto de fusión entre Mancomunidad de Los Canales del Taibilla y la empresa pública Acuamed.

   En ella, el pleno considera que la Mancomunidad representa a una serie de municipios mancomunados y constituye un modelo de servicio, gestión y seguro de abastecimiento, a un precio asequible para los ciudadanos.
   El Ayuntamiento también ha manifestado su apoyo a este organismo "que debe seguir prestando el servicio a la comunidad con la misma eficacia que ha demostrado hasta el día de hoy".
   Por último el texto de la declaración insta al Gobierno de la Nación a que descarte cualquier tipo de acción que conlleve la alteración del actual status jurídico de la Mancomunidad.
   La Mancomunidad de Los Canales del Taibilla es un organismo autónomo dependiente en la actualidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
   La vinculación de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla con la ciudad de Cartagena, desde el año de su creación 1927, con la presencia en la misma de todo su aparato administrativo y logístico, ubicado especialmente en un edificio histórico de nuestra localidad, ha establecido lazos familiares, económicos y sociales que la hacen un elemento relevante y de especial significado en Cartagena, por lo que la declaración institucional defiende la presencia de dicho organismo en la ciudad.
   La Mancomunidad de Los Canales del Taibilla mantiene el abastecimiento de agua potable en 77 municipios de las regiones de Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha, asegurando la misma, en calidad y cantidad, durante los 365 del año, ininterrumpidamente y desde su creación, hace 86 años.
   Sirve de esta forma a más de 3 millones de habitantes de derecho, que llegan a ser más de 4 millones en momentos punta, con una eficacia demostrada, y de fuentes complementarias, como son Trasvase Tajo-Segura, Río Segura, pozos y desaladoras.
   La compensación en volúmenes de las fuentes antes mencionadas, una vez mezcladas las aguas y puestas en servicio, tiene un precio único para todos los Ayuntamientos mancomunados, racionalizándose y distribuyéndose los costos del mismo, haciendo iguales a todos los ciudadanos que lo disfrutan. Es por ello un ejemplo de trabajo y un seguro de abastecimiento para la zona del sureste de España, sujeta a graves periodos de sequía.
   Según el Pleno del Ayuntamiento, su gestión técnica está avalada por un balance equilibrado, que incluso en el difícil contexto económico le permite seguir siendo una administración inversora y que atiende con diligencia sus obligaciones con clientes y proveedores.
   El servicio público prestado por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla es también para la Corporación de Cartagena un referente en cuanto a eficacia y control de costes en la gestión de las obras públicas, que se realiza sin ánimo de lucro. Esta situación no se produciría si la gestión del organismo pasase a ser privada o fuese absorbido por otra entidad con graves problemas financieros.
   La declaración institucional del Ayuntamiento se produce ante el extendido rumor, que está provocando incertidumbre, tanto entre los más de 300 empleados que trabajan en la Mancomunidad, como entre los Ayuntamientos que se benefician de sus servicios, de una posible fusión entre el organismo Mancomunidad de Los Canales del Taibilla y la empresa pública Acuamed, que es promotora y gestora de distintas plantas desaladoras del sureste español.

Los parados de larga duración se beneficiarán en Cartagena de una tarifa social del agua

CARTAGENA.- Los parados de larga duración del municipio de Cartagena se beneficiarán próximamente de una tarifa social del agua, según ha anunciado el concejal de Infraestructuras y Servicios, Francisco Espejo.

   El edil ha señalado que se trata de una iniciativa nueva del Gobierno Municipal que muestra su preocupación por aquellos que lo están pasando mal con la crisis económica.
   La medida se está estudiando desde el punto de vista legal y beneficiaría a los parados de larga duración que hayan dejado de percibir ayudas.
   Según fuentes municipales, consistiría en el pago de la tarifa del agua a aquellas personas que no cobren ningún tipo de ayuda social, como son los parados que hayan agotado sus dos años subsidio y los seis meses de ayuda familiar.
   La Agencia de Desarrollo Local y Empleo está estudiando el número de personas que podrían beneficiarse de esta tarifa social, que será presentada en la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento del Contrato de Aquagest, cuya convocatoria, según el concejal, se ha venido demorando por este motivo y por la presentación de la liquidación del año 2012, y que realizará en breve.
   En esta Comisión también está previsto dar cuenta a los grupos municipales de todos los datos que han venido solicitando sobre la gestión del contrato del agua, ha añadido Espejo.

BMN deja de pagar inversiones en preferentes y deuda subordinada con la cobertura de De Guindos

MADRID.- En lo que va de 2013 Banco Mare Nostrum (BMN), Banco Gallego, Banco Castilla – La Mancha y Caja España se han sumado a la tendencia y han decidido dejar de pagar los cupones de 16 emisiones de participaciones preferentes y ocho de deuda subordinada, demostrando así su precaria salud financiera, a juicio de Adicae.

Los Reales Decretos Ley 2/2012 y 18/2012 dan libertad a la banca para no pagar la rentabilidad de determinados productos productos financieros en caso de que la entidad financiera en cuestión no tenga beneficios. La banca está aprovechando al máximo esta oportunidad que le brinda la legislación vigente para no pagar los cupones, es decir, la rentabilidad prometida, de participaciones preferentes y deuda subordinada. 


Las obligaciones subordinadas son deuda de la entidad (deuda subordinada) o títulos de renta fija especialmente con un problema: la liquidez. La deuda subordinada, además de no contar con el aval del Fondo de Garantía de Depósitos y tener menos garantías de cobro en caso de quiebra de la entidad que los emite, tiene mucha menos liquidez que otros títulos como, por ejemplo, las acciones, ya que cotiza en el mercado secundario, en el que es mucho más complicado encontrar comprador antes del vencimiento. Eso si hay vencimiento, ya que también existen obligaciones subordinadas perpetuas (o especiales), que añaden un nuevo problema y las asemejan aún más a las participaciones preferentes.

En la actualidad todavía existen 94 emisiones de participaciones preferentes en circulación en el mercado AIAF, que acumulan hasta un 83,27% de pérdida de su valor inicial -es el caso de una emisión de CAM-. En el caso de las emisiones de obligaciones subordinadas hay 277 emisiones, con pérdidas de hasta el 64,95% -una emisión de obligaciones de Fagor-, aunque en líneas generales su rendimiento es mucho mejor que el de las preferentes.


Adicae anima a todos los consumidores de cualquier entidad que tengan contratadas participaciones preferentes, deuda subordinada, cédulas hipotecarias o cualquier otro tipo de producto tóxico ‘colocado’ de manera irregular por las entidades financieras "a que acudan a la sede de ADICAE más cercana a su domicilio y a que se unan a las demandas que ya se han puesto en marcha para poner fin a este tipo de prácticas abusivas".

IU-Verdes denuncia el incumplimiento del acuerdo de transparencia en las juntas municipales de Murcia

MURCIA.- El concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, José Ignacio Tornel, ha denunciado este martes el incumplimiento del alcalde, Miguel Ángel Cámara, y el concejal de Descentralización, Cristóbal Herrero, del acuerdo para la transparencia en las juntas municipales.

   Tornel ha explicado que hace casi un año, y a iniciativa de IU-Verdes, fue aprobada la puesta en marcha del citado acuerdo, que incluía la exposición de los presupuestos y la liquidación del ejercicio anterior en la página web del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios de las juntas.
   Sin embargo, "el PP no ha cumplido el acuerdo y se ha privado a los vecinos y vecinas de esa información", lo que denota "un claro interés de oscurantismo y falta de transparencia impropios de una administración de carácter público".
    A juicio del edil, "esta actitud del alcalde y el concejal supone la dejadez y la desidia más absoluta, mostrando que la transparencia que tanto predican es puro teatro, más que darle al Ayuntamiento el premio a la transparencia deberían darle el Oscar a la mejor película de ficción".
    Además, Tornel ha insistido en que IU-Verdes "trabaja día a día desde diferentes ámbitos para mejorar la participación de los ciudadanos en nuestras pedanías y barrios a través de propuestas para convertirlos en verdaderos espacios de descentralización".

El gasto del Fogasa se sitúo en 51,9 millones en 2012 en Murcia

MADRID.- El gasto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en prestaciones se situó en 51,9 millones durante 2012 en Murcia, una cantidad que en todo el país ascendió a 1.530,1 millones de euros en 2012, lo que supone un 2% más que en 2011, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   De esta forma, el Fogasa, organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes, consumió en 2012 un 22,4% más de lo presupuestado inicialmente para el conjunto del año (unos 1.250 millones de euros).
   No obstante, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 19 de octubre un suplemento de crédito en el presupuesto del Fogasa por importe de 300 millones de euros, financiados con cargo al remanente de tesorería del propio organismo, destinado a atender el pago de prestaciones. Con dicho suplemento se ha logrado cubrir todo el gasto realizado por el Fogasa en 2012.
   Del gasto total efectuado el año pasado por el organismo, 501,9 millones de euros correspondieron al pago de salarios, un 3,4% menos que en 2011, mientras que 1.028,1 millones de euros se dedicaron al abono de indemnizaciones, un 4,86% más.
   El Fogasa abonó el año pasado 568 millones de euros, un 6,6% menos, en prestaciones derivadas de ejecuciones laborales, en las que se incluyen los salarios e indemnizaciones pendientes de pago motivados por la declaración de insolvencia provisional o definitiva de las empresas.
   Por su parte, el organismo dedicó algo más de 642 millones, un 7,3% más que en 2011, a prestaciones derivadas de procedimientos concursales (salarios e indemnizaciones fruto de la suspensión de pagos, quiebra y concurso de empresas, así como procedimientos transnacionales).
   Asimismo, destinó 320 millones de euros, un 9,1% más, a pagar las indemnizaciones que son de su responsabilidad directa y para las que no se requiere la declaración de insolvencia o concurso de la empresa.
   De acuerdo con los datos del Ministerio de Empleo, un total de 254.931 trabajadores recibieron prestaciones por parte del Fogasa en 2012, un 1,1% más que en 2011, cuando los beneficiarios ascendieron a 252.159.
   Cataluña fue la comunidad autónoma en la que mayores pagos se efectuaron en 2012, con 338,7 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana (184,6 millones), Andalucía (175,4 millones), Madrid (149,1 millones) y País Vasco (124,9 millones).
   A continuación se situaron Castilla y León (91 millones), Galicia (82 millones), Castilla-La Mancha (76,1 millones), Aragón (61,8 millones), Murcia (51,9 millones), Asturias (39,2 millones), Canarias (38,4 millones), Navarra (27,8 millones), Baleares (27,4 millones), Extremadura (22,4 millones), Cantabria (19,3 millones), y La Rioja (17,4 millones).

El precio de la vivienda en la Región se ajusta un 7,68% frente a enero de 2012

MURCIA.- La vivienda de segunda mano en Murcia en enero de 2013 tiene un precio medio de 1.528 euros por metro cuadrado, según el informe mensual de precios de venta de 'www.pisos.com', lo que supone una subida del 0,25 por ciento frente al mes de diciembre de 2012, arrojando el cuarto mayor incremento del panorama nacional. 

   Interanualmente, se produce una caída del 7,68 por ciento, pues el precio por metro cuadrado en enero de 2012 fue de 1.655 euros, lo que supone el quinto ajuste regional menos significativo, según informaron fuentes de pisos.com en un comunicado.
   Así, Murcia es la quinta autonomía más barata del país, por detrás de Castilla-La Mancha (1.099 euros por metro cuadrado), Extremadura (1.366 euros por metro cuadrado), Canarias (1.487 euros por metro cuadrado) y la Comunidad Valenciana (1.505 euros por metro cuadrado).
   En el ámbito provincial, Murcia ocupa un lugar intermedio en la lista de precios. En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en enero de 2013 ha registrado un precio medio de 1.877 euros por metro cuadrado, lo que supone un descenso interanual del 10,59 por ciento. La bajada frente al mes de diciembre de 2012 es del -0,55 por ciento.
   En este sentido, pisos.com recuerda que el nuevo año comienza con la desaparición de la deducción por compra de vivienda habitual para las adquisiciones que se hagan a partir de enero de 2013, y también con la subida del IVA para vivienda nueva del 4% al 10%.
   "El nuevo escenario fiscal e impositivo hará que la demanda busque precios de venta aún más ajustados, con el fin de que el ahorro que se pierde con las nuevas medidas quede lo más compensado posible", asegura Miguel Ángel Alemany, director general de pisos.com, que confía en que los vendedores estén abiertos a una mayor negociación.
   El creciente desempleo sigue colocando a las familias con ingresos en una situación complicada ante la vivienda. Alemany afirma que, "aún pudiendo comprar, el temor de la demanda a quedarse sin empleo dilata el proceso".
   En este sentido, incluso habiéndose tomado ya la decisión de la compra, el director del portal inmobiliario asegura que "el entorno hipotecario no facilita el cruce de operaciones, puesto que las entidades continúan encareciendo los préstamos y limitando la concesión de los mismos".
   La ciudad de Murcia ha registrado un descenso mensual del 0,51 por ciento. Frente a enero de 2012, la capital murciana ha registrado una caída del -12,50%, ocupando el decimocuarto puesto entre las bajadas más señaladas del país, bastante lejos de Jaén (-29,58%), que es la que más ajusta sus precios frente al pasado año.
   Con 1.882 euros por metro cuadrado en enero de 2013, Murcia capital se localiza en la zona intermedia de la tabla de precios medios.

El Sterm llama a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada este sábado en Murcia contra la corrupción

MURCIA.- El Sterm ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la manifestación, convocada para este sábado en Murcia por Atrapamurcia, contra la corrupción.

   Con el lema 'Vuestra corrupción nuestra pobreza, que se vayan', se desarrollará en el Jardín Floridablanca, a las 18.30 horas, según informa el sindicato.
   Y es que, advierte, "no hay otra opción, de confirmarse los datos de finanzas ilegales y sobresueldos, que la dimisión de Mariano Rajoy y la convocatoria inmediata de elecciones generales".
   Por ello, exige que "por organismos fiables y externos al PP se realice una auditoría a las cuentas del Partido Popular y de sus dirigentes, en todos sus niveles de organización, estatal, autonómica y local, comenzando por el presidente Rajoy".
   Considera que "es necesaria una investigación para esclarecer los hechos y depurar todas las responsabilidades políticas y penales, así como de las empresas que, presuntamente, han aportado fondos a las arcas del PP o que recibieron dinero".
   Asimismo, califica como una "inmoralidad" que "bajo el argumento de que para remontar la crisis es necesario que todo el mundo haga sacrificios, desde el Gobierno del Partido Popular con una mano se empobrezca a la población y se desmantelen servicios públicos; mientras que con la otra, presuntamente, de forma oscura y oculta se cobren ilegales sobresueldos".
   De forma que reclama que "se vayan todas las personas que están vinculadas a estas operaciones y a casos como Tótem, Nueva Condomina, Cabo Cope y Zerrichera, que devuelvan el dinero hurtado y se avance hacia un sistema realmente democrático y representativo donde el poder resida efectivamente en la mayoría de la población", porque, destaca, "urge una Ley de Transparencia".

Plataformas en defensa del Tajo piden a la Comisión de Explotación del trasvase que no autorice un nuevo envío

TOLEDO.- La Plataforma de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina y la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo han solicitado a la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura que se reúne este martes, que no autorice el envío de agua de la cabecera del Tajo al Segura.

   Según han explicado ambas plataformas en nota de prensa, la situación de la cabecera del Tajo --al 24 por ciento de su capacidad-- y las altas reservas de la cuenca del Segura --al 56 por ciento-- que garantizan todas las demandas de la propia cuenca, "deben hacer desistir al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de asestar una nueva puñalada a las reservas del Tajo, así como a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía y las ciudades y pueblos del Tajo".
   Ambos colectivos han señalado que con el anterior trasvase aprobado a principios de octubre de 2012 "la huída hacia delante que guía la gestión de la cabecera del Tajo está vaciando los embalses de Entrepeñas y Buendía sin que nadie ponga reparos, condenando a los municipios ribereños de ambos embalses a contemplar impotentes cómo uno de sus escasos recursos se trasvasa sin ningún pudor para crear riqueza en otras zonas del país".
   A juicio de las plataformas, ante esta situación "nadie da la cara por ellos, ni el Estado ni el Gobierno de Castilla-La Mancha" mientras "se está impidiendo la recuperación de la cabecera del Tajo, a la que se la obliga a vaciarse impidiendo que cumpla su función de regulación hiperanual del Tajo, es decir, aprovechar los años lluviosos para tener reservas para los secos".
   Por ello, desde las Plataformas de Talavera y Toledo han pedido una vez más "cordura" al Ministerio, y que la Comisión de Explotación "paralice cualquier envío", a la vez que de una vez por todas ponga fin a las mínimas tarifas del agua trasvasada, y repercuta realmente los costes que implica el trasvase.
   Finalmente, tanto la Plataforma de Talavera como la de Toledo se han preguntado "por qué son más importantes los regantes del Segura que los ribereños de Entrepeñas y Buendía, o los propios ciudadanos del Tajo en Aranjuez, Toledo o Talavera de la Reina", y ha exigido "un borrador de Plan de cuenca del Tajo".

La Audiencia pide al Juzgado de Instrucción que traslade a las partes del caso Totem las escuchas telefónicas

MURCIA.- La Audiencia Provincial ha decidido que el Juzgado de Instrucción numero 1 de Totana dé traslado de las actuaciones recabadas en el proceso del caso Totem a las partes, asegurando "especialmente" el envío de los soportes de audio de las intervenciones telefónicas que obligaron este lunes a suspender el juicio oral.

   Cabe recordar que la Audiencia Provincial, presidida por el magistrado Juan del Olmo, decidió suspender el juicio en el que estaba acusado el ex alcalde de Totana, José Martínez Andreo, porque los CD's con las escuchas telefónicas obtenidas por la Guardia Civil no habrían sido remitidos a las partes.
   La Audiencia Provincial, sección 3, en auto notificado este martes a las partes, ha acordado "declarar la nulidad de lo actuado" desde el Auto de Juicio Oral del Juzgado de Instrucción nº 1 de Totana, quedando este excluido de la nulidad, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) en un comunicado.
   La Sala toma esta decisión a fin de que el Juzgado de Instrucción dé traslado de las actuaciones a las partes, "especialmente asegurando el de los soportes audio de las intervenciones telefónicas"; para que, según se recoge en la parte dispositiva, las defensas puedan conocer su contenido en plenitud y articular sus legítimas pretensiones, incluidas las peticiones de medios de prueba.
   Además, contra este auto no cabe recurso, según aclara el tribunal.
   En principio, estaba previsto la celebración del juicio a partir de este lunes y durante dos semanas, pero el tribunal decidió suspenderlo a petición tanto del Fiscal, José Luis Díaz Manzanera, como de los letrados de la defensa, que coincidieron en entender que no cabía la continuación del juicio en estas circunstancias.
   En concreto, la abogada del ex alcalde, María Pascual Guiteras, llamó la atención, durante su intervención, sobre el hecho de que en la transcripción de las escuchas facilitadas por la secretaria judicial sólo figuraban las conversaciones recibidas por su defendido, pero no así las emitidas.
   "He revisado todos los anexos de las conversaciones telefónicas y no hay ninguna llamada saliente que se hiciera desde el teléfono de Martínez Andreo", ha señalado la abogada, quien ha criticado que ella no ha tenido acceso a los CD Roms en formato audio, y sólo a las transcripciones por escrito, a pesar de haberlos solicitado.
   "No sé lo que ha pasado, puede haber un problema técnico, pero creo que lo correcto es que se nos trasladen los audios desde la Guardia Civil y se nos haga entrega de las llamadas salientes", ha remarcado la abogada.
   La letrada ha recordado que solicitó hasta en dos ocasiones las escuchas telefónicas, pero la Guardia Civil respondió en un primer momento que estas llamadas salientes "no tenían contenido". Al insistir por segunda vez, la Benemérita adujo que "no se produjo esa conversación".

El FAE convoca movilizaciones en toda la Región contra la LOMCE

MURCIA.- El Frente de Acción Estudiantil (FAE) ha convocado a partir de este martes y hasta el próximo jueves movilizaciones en Murcia, Cartagena, Molina de Segura, Cehegín y Yecla contra la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), al entender que "atenta contra los pilares básicos de la educación".

   Según informaron fuentes de FAE en un comunicado, los estudiantes "no pueden quedarse mirando cómo se destruye la educación", ya que la reforma, a su parecer, "rompe con los pilares básicos de cualquier modelo educativo que haya mostrado buenos resultados".
   En este sentido, lamentan que "se toman los pilares de modelos educativos como el estadounidense basados en la mercantilización y privatización de la Educación; además, para la redacción de dicha reforma sólo se ha contado con agentes privados y la Conferencia Episcopal".
   En concreto, las movilizaciones en Murcia tendrán lugar el próximo jueves, 7 de febrero, y comenzarán a las 12.00 horas con una manifestación que partirá de la plaza de la Merced. Más tarde, a las 19.00 horas, habrá una manifestación a la que está convocada toda la comunidad educativa, y que partirá desde la plaza de la Fuensanta.
   En Cartagena, los actos comenzarán este martes, 5 de febrero, a las 11.30 horas con una asamblea en parque de los Juncos; y continuarán este miércoles con una concentración a las 11.00 horas ante la Concejalía de Educación; para terminar el jueves con una manifestación que partirá a las 11.00 horas desde la plaza de España.
   En Molina de Segura, habrá una concentración-manifestación el próximo jueves, 7 de febrero, en el Instituto de Educación Secundaria Vega del Thader.
   En Lorca, el martes 5 de febrero hay convocado un acto que consiste en entrar cinco minutos a clase y salir para concentrarse y no volver a entrar. El jueves, 6 de febrero, habrá una manifestación de los alumnos de instituto por la mañana, mientras que el jueves tendrá lugar una concentración en el IES Ibáñez Martín por la mañana.
   Además, en Cehegín habrá una concentración este martes a las 10.00 horas en el IES Alquipir; y en Yecla habrá una manifestación de alumnos de instituto este jueves a las 10.00 horas.
   Todos estos actos han sido convocados bajo el lema 'Ni segregar, ni privatizar, ¡No a la LOMCE! ¡¡Nuestra educación no pagará su deuda!!'.
   Para el Frente de Acción Estudiantil, la LOMCE "rompe con la democracia en los institutos destrozando la figura decisoria del Consejo Escolar, instaurando una figura de director capacitándolo con todas las funciones decisorias del centro educativo, convirtiéndolo en un dictador".
   A su parecer, la LOMCE "impone un sistema educativo que desde la Educación Primaria instaura las reválidas constantes, convirtiendo la vida estudiantil en una carrera de obstáculos". Además, lamenta que cualquier foro educativo "reconoce lo contraproducente de las reválidas a tan temprana edad, incluidos los modelos educativos que falsamente se citan en la reforma como modelos a seguir, los modelos nórdicos".
   La LOMCE, en su opinión, "legaliza la financiación a centros que segreguen por sexos, propia de las instituciones eclesiásticas y arcaicas". Además, cree que "fomenta la inversión en centros concertados, que viene subiendo desde 2007 a un ritmo desorbitado, frente a los recortes presupuestarios a los que se somete a la Educación Pública".
   Igualmente, critica que la LOMCE "segrega al estudiantado a la temprana edad de 14 años, obligándoles a decidir cuál será su futuro profesional a esa edad, obligándoles a tener en cuenta el hecho de si podrán o no costearse el precio actual de las matrículas universitarias".
   Además, reprocha que la nueva Ley "establece la creación de programas de mejora que no atienden a los posibles problemas cognitivos del alumnado, sino que simplemente reduce la cantidad de temario sin resolver los problemas que pudiesen tener los o las alumnas".
   Además, "se reduce la impartición de asignaturas, cuyo profesorado será evidentemente despedido amparándose en futuros reajustes necesarios e imprescindibles", añade.
   La LOMCE, en su opinión, "no hace más que instaurar en los institutos y colegios un modelo educativo que ya se está implantando en la educación superior, un modelo basado en la ruptura con la democracia interna de los centros; en un modelo que entiende la Educación como un nicho de mercado sin explotar; en la pérdida formativa y académica en favor de la formación genérica requerida por el mercado laboral; y en la intervención de las empresas en los centros de estudios".
   Por todos estos motivos y por que la educación "puede ser un sistema sostenible y público", los estudiantes de la Región de Murcia "respondemos con contundencia".

lunes, 4 de febrero de 2013

El paro vuelve a sacudir Murcia en enero mientras cae la afiliación a la SS

MURCIA.- El número de desempleados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en la Región de Murcia al término del mes de enero se situó en 158.288, lo que supone un aumento de 3.737 personas respecto a diciembre, según datos difundidos este lunes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.    

En términos relativos, el aumento del paro en el mes de enero en la Región fue del 2,42 por ciento respecto al mes de diciembre. El desempleo se incrementó en términos interanuales, de forma que en los últimos 12 meses creció en Murcia en 11.068, un 7,52 por ciento más.

Peor la SS

La afiliación media a la Seguridad Social en la Región de Murcia se situó en enero en 475.526 personas, que supone en términos absolutos una caída de 7.421 con respecto al mes anterior (-1,54%), según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

   En términos medios de la afiliación se redujo en 21.983 personas en los últimos 12 meses (-4,42%), impulsada por el Régimen General y el Régimen de Autónomos.
   De las 475.526 personas, 385.801 pertenecen al Régimen General, 88.732 al Régimen de Autónomos, 993 a Trabajadores del Mar y ninguno a Minería y Carbón.
   En el caso concreto del Régimen General, está integrado por el sistema especial agrario, con 64.264 trabajadores; el régimen de Empleadas de Hogar, con 11.967; y el general, con 309.570.

Ecologistas en Acción denuncia dos picos de contaminación por micropartículas en La Aljorra

CARTAGENA.- Ecologistas en Acción se ha dirigido a la Consejería de Presidencia para denunciar dos picos de contaminación que superan el valor límite diario de micro partículas PM10 de 50 microgramos por metro cúbico, en la estación medidora de La Aljorra, que abarca zonas de Cartagena y Mar Menor.

   Según expone la organización en comunicado de prensa, los días de superación de los valores límite de contaminación fueron el pasado 14 de enero, con un pico de 80 microgramos/m3, y el 19 de enero, con 147 microgramos/m3, que supera en casi tres veces el valor límite de protección para la salud.
   El origen de esta contaminación es fundamentalmente endógeno, emisiones del tráfico rodado y emisiones de actividades industriales, ya que, indica, "no se ha producido intrusión de polvo sahariano". Al tiempo que recuerda que las microparticulas en suspensión en la atmósfera, denominadas PM10, son causas de serios problemas de salud.
   Este material particulado puede penetrar en las vías respiratorias bajas y producir graves afecciones en el sistema respiratorio y sus conductos y destaca que este contexto de deterioro de la calidad del aire es fundamental también la contaminación por ozono troposférico (ozono en superficie).
   La estación medidora de La Aljorra ha superado ampliamente los días/año del valor objetivo para la protección de la salud de 120 microgramos por metro cúbico para la máxima diaria de las medias octohorarias (media cada ocho horas), que establece la legislación para el trienio 2010-12, del que no debe superarse más de 25 días por año civil y es que, afirma, la estación de La Aljorra ha tenido 142 superaciones en el trienio.
   Ecologistas en Acción señala que, ni el Ayuntamiento de Cartagena ni la Consejería tienen todavía planes de actuación que controlen y hagan disminuir la contaminación por partículas ni tampoco se está implementado, en estos momentos, un plan de mejora de la calidad para el contaminante ozono tal como establece la normativa vigente (Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire).
   Asimismo critica "la pasividad" reiterada y manifiesta del Ayuntamiento de Cartagena y de la Consejería" y les pide que "salgan de su marasmo" para atender este problema de deterioro de la calidad del aire en el municipio por la contaminación atmosférica.
   La organización ambiental demanda también mayores actividades de inspección y vigilancia ambiental sobre las emisiones industriales de la zona, unidas a un mayor control del tráfico rodado para evitar este crónico problema ambiental y de salud pública.

Los jueces de la Audiencia Nacional piden más medios para luchar contra la corrupción

MADRID.- Los seis jueces centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional han solicitado más medios personales y materiales para investigar las causas por delitos económicos y vinculadas con casos de corrupción que tienen que instruir debido a la "trascendencia y complejidad" de estos asuntos. 

   Así consta en un nota aprobada el pasado 30 de enero por la Junta de Jueces Centrales de Instrucción del tribunal que ha sido remitida a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, con el objetivo de que la envíe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia.
   El escrito, que está firmado por el juez decano de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y sus compañeros Pablo Ruz, Fernando Andreu, Javier Gómez Bermúdez, Ismael Moreno y Eloy Velasco, destaca que en la Audiencia Nacional se instruyen causas en las que está presente la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organzada que "requieren de un mayor apoyo para su investigación".
   Por ello, los magistrados solicitan que se incrementen los medios personales y materiales de los que disponen y que se refuercen las unidades de auxilio a la instrucción judicial en lo relativo a peritos de Hacienda Pública, de la Intervención General del Estado e instituciones análogas.
   En este sentido, consideran que la Audiencia Nacional debería contar con más personal o que se permitiera la dedicación exclusiva a las funciones de auxilio judicial de estos profesionales, a fin de no demorar los plazos de emisión de los correspondientes peritajes necesarios para la finalización de los procedimientos judiciales.
   En la actualidad, la Audiencia Nacional instruye causas de corrupción como Gürtel, Pretoria, la SGAE o Emperador; delitos económicos como los imputados a Gerardo Díaz Ferrán o Nueva Rumasa, así como irregularidades en la entidades financieras como Bankia, la Caja de Castilla-La Mancha (CCLM), el Banco de Valencia, Novacaixa Galicia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Suspenden el juicio al ex alcalde de Totana porque la instrucción no recogería todas las escuchas telefónicas

MURCIA.- El magistrado de la Sección  Tercera de la Audiencia Provincial, Juan del Olmo, ha decidido suspender hasta mañana martes, 5 de febrero, el juicio en el que estaba acusado el ex alcalde de Totana, José Martínez Andreo, porque las escuchas telefónicas obtenidas por la Guardia Civil no habrían sido incluidas en su integridad en la documentación remitida a las partes.

   En principio, estaba previsto la celebración del juicio a partir de este lunes y durante dos semanas, pero el tribunal ha decidido suspenderlo a petición tanto del Fiscal como de los letrados de la defensa, que han coincidido en entender que no cabe la continuación del juicio en estas circunstancias.
   En concreto, la abogada del ex alcalde, María Pascual Guiteras, ha llamado la atención, durante su intervención, sobre el hecho de que en la transcripción de las escuchas facilitadas por la secretaria judicial sólo figuraban las conversaciones recibidas por su defendido, pero no así las emitidas.
   La letrada ha recordado que solicitó durante la fase de instrucción hasta en dos ocasiones las escuchas telefónicas, pero la Guardia Civil respondió en un primer momento que estas llamadas salientes "no tenían contenido". Al insistir por segunda vez, la Benemérita adujo que "no se produjo esa conversación".
   Sin embargo, Pascual Guiteras ha defendido que las facturas telefónicas que obran en poder del ex alcalde demuestran la existencia de estas llamadas salientes.
   En concreto, esta llamada saliente se produjo, según la abogada, instantes antes de la llamada que el ex alcalde comunicó supuestamente al que fuera jefe de la Policía Local que se llevaran del juzgado el atestado de alcoholemia de un vecino y se lo guardaron en su caja de seguridad".
   Cabe recordar que tanto al ex alcalde como el que fuera jefe de la Policía Local, se les imputan por este caso un delito de infidelidad en la custodia de documentos, por el que se solicitan dos años y seis meses de cárcel, con una multa de 18 meses de cuota diaria de 12 euros, e inhabilitación especial durante cuatro años para cada uno de ellos.
   La abogada de Martínez Andreo lamenta que la llamada entrante que aparece en las transcripciones "es prueba de cargo del Fiscal" contra su defendido, mientras que la llamada saliente, que es su prueba de descargo, "no está a disposición de los letrados de la defensa" lo que, a su parecer, "vulnera el derecho de defensa".
   Después de más de 30 minutos de receso para escuchar los CD's de audio en los que figuran las conversaciones telefónicas, Del Olmo ha citado a las partes a este martes, momento en el que se les notificará por escrito la resolución "que corresponda". Si las partes no están conformes, Del Olmo les ha explicado que podrán presentar el oportuno recurso.

El Sterm denuncia que el Gobierno regional "no haya convocado oficialmente las oposiciones al cuerpo de maestros"

MURCIA.- Sterm-Intersindical ha denunciado públicamente que "a fecha de hoy, el Gobierno regional no ha convocado oficialmente las oposiciones al cuerpo de maestros, lo que mantiene en una situación de incertidumbre a las miles de personas que están esperando ese anuncio oficial".

   Tras pasar las preceptivas convocatorias de las Mesas de Negociación, donde la totalidad de las organizaciones sindicales "se opusieron a esta convocatoria", el Ejecutivo murciano "debería tener la sensibilidad suficiente para no jugar con la necesidad de miles de opositores que tienen que concurrir a ellas y publicar con rapidez la Oferta de Empleo Público Docente".
   Desde Sterm-Intersindical instan a la Administración regional a "actuar con rapidez y llevar al Consejo de Gobierno del próximo 8 de febrero dicha oferta, a la vez que intentar negociar con igual prontitud la Orden que regule dicha convocatoria".

De Ramón pide el embargo de las pensiones de los exdirectivos de la CAM imputados

ALICANTE.- Empeñado en asegurar que, en caso de condena, habrá dinero suficiente para hacer frente a las indemnizaciones que se fijen para los perjudicados, el abogado Diego de Ramón, representante legal de más de medio millar de damnificados por la compra de preferentes y cuotas participativas en el proceso abierto en la Audiencia Nacional, acaba de solicitar al magistrado Javier Gómez Bermúdez, instructor de la causa, el embargo de las pensiones de los exdirectivos imputados por falsear las cuentas de la entidad de ahorro para adjudicarse unas retribuciones a las que no tenían derecho. 

En este procedimiento, que se está instruyendo en una pieza separada a la de las preferentes y la participativas, están encausados hasta el momento los dos últimos directores generales de la CAM, Roberto López Abad y María Dolores Amorós y los exdirectores Vicente Soriano y Teófilo Sogorb. Al margen del cuadro directivo también está imputado el expresidente Modesto Crespo.
En un escrito presentado esta semana en el juzgado Central de Instrucción nº 3, De Ramón reclama el embargo de las pensiones que los imputados puedan cobrar de la Seguridad Social "para cubrir dichas responsabilidades civiles de los daños producidos". Además, el letrado también solicita el bloqueo de las rentas vitalicias que los exdirectivos tenían contratadas con una aseguradora. 
Estas pensiones, que alcanzaban cifras astronómicas como los más de 30.000 euros al mes de Amorós o los casi 29.000 de Roberto López, se encuentran bloqueadas cautelarmente por orden del juez, ratificada posteriormente por la Audiencia Nacional, hasta que concluya el proceso judicial. La propia aseguradora comunicó al magistrado no sólo que bloqueaba cualquier pago de estas rentas sino que pondría en conocimiento del juzgado cualquier intento de cobro por parte de los exdirectivos. La medida no sólo afecta a los cuatro directivos imputados sino a los trece que se beneficiaban de estos acuerdos ahora suspendidos.

Nuevo intento de que se amplíe la querella al FROB y a José Pina 
 
El abogado Diego de Ramón ha vuelvo ha insistir en su pretensión de ampliar la querella por la mala gestión de la CAM al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y al exnúmero tres de la caja de ahorros y actual miembro de la plantilla del Sabadell, José Pina. Después de que el magistrado Gómez Bermúdez rechazara este planteamiento, De Ramón ha apelado ahora a la Audiencia Nacional. Al igual que en el caso de la solicitud de embargo de las rentas vitalicias, el letrado busca asegurar que habrá quien indemnice a los damnificados en caso de sentencia condenatoria, siempre según 'Información'.

La corrupción de las élites extractivas / Juan Laborda *

El olor a nauseabundo que emana y fluye por las alcantarillas del poder de nuestra querida España es un proceso que viene de lejos. Sin embargo, con el gobierno actual ha alcanzado la categoría de irrespirable e insoportable. Los datos que vamos conociendo ponen de manifiesto algo que era un secreto a voces, las conexiones estrechas e intensas de los poderes corporativos, que son quienes corrompen, con el poder político. Y de este acuerdo tácito se derivan un conjunto de políticas económicas injustas donde siempre acaban siendo los ciudadanos quienes pagan los platos rotos. Se trata de las élites extractivas.

El concepto de élite extractiva fue formulado por los economistas Daron Acemoglu y Jim Robinson, y lo definieron de la siguiente manera: “un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio”. Eso es lo que ha pasado en España durante el boom y el posterior estallido de la burbuja inmobiliaria.

La actuación de las élites extractivas en nuestro país

Sin ningún control público, más bien bajo un absoluto descontrol, una élite constructora y financiera, apoyada por una política monetaria irresponsable, decidió inundar nuestro país de deuda para la compra de terrenos donde construir y de pisos donde vivir. Mientras el precio de la vivienda subía, muy por encima de la renta disponible de los españoles, los tenedores de suelo, los constructores, y el sistema financiero apalancado, especialmente su gerencia, se forraban. Por contra la ciudadanía fue acumulando una deuda insostenible.

Ayuntamientos, comunidades autónomas, y estado central, en el mejor de los casos, miraban a otro parte, y en numerosas ocasiones, más de las deseadas, tentados por el dinero fácil y rápido, eran pasto de la corrupción y corresponsables de la mayor burbuja de nuestra historia. En el momento en que estallara, y tal como veníamos avisando algunos desde 2005, se produciría una recesión de balances privados y un empobrecimiento sin parangón en nuestra historia reciente. Sin embargo, las cosas han ido incluso peor de lo que algunos preveíamos, porque no nos imaginábamos que el poder político fuera a implementar políticas tan despreciables.

Las medidas económicas adoptadas tanto por el ejecutivo Rajoy como por el anterior, además de ser ineficientes desde un punto de vista económico, reavivan una brutal lucha de clases. De un lado, los protegidos, que no son otros que los acreedores que tomaron riesgos excesivos, la élite bancaria insolvente, y la clase empresarial que siempre ha jugado con las cartas marcadas. De otro, los perdedores, la ciudadanía en su conjunto, representada por los trabajadores, las clases medias, y, sobretodo, los más desfavorecidos.

Y ello es especialmente grave, cuando en nuestra querida España han sido fundamentalmente las élites económicas y financieras, representadas por las sociedades no financieras y las instituciones bancarias, quienes se apalancaron sin ningún control del riesgo, o bien alrededor de un colateral cuyo precio acabó colapsando, o sobre un negocio cuyos retornos son y serán muy inferiores a los que se suponían por el precio pagado. Fueron las élites quienes vivieron por encima de sus posibilidades y ahora, sin ningún rubor, quieren que les paguemos la fiesta.

España ejemplo de totalitarismo invertido

En un blog anterior introdujimos a Sheldon Wolin, profesor emérito de filosofía política de la Universidad de Princeton, que en 2003 publicó una de sus obras más relevantes, “Inverted Totalitarianism. El totalitarismo invertido es el momento político en el que el poder corporativo se despoja finalmente de su identificación como fenómeno puramente económico y se transforma en una coparticipación globalizadora con el Estado. Mientras que las corporaciones se vuelven más políticas, el Estado se orienta cada vez más hacia el mercado.

La antidemocracia, y el dominio de la élite son elementos básicos del totalitarismo invertido. Políticamente, significa alentar la "desmovilización cívica", condicionando al electorado a entusiasmarse por períodos breves, controlando su lapso de atención y promoviendo luego la distracción o la apatía. El ritmo intenso de trabajo y los horarios de trabajo prolongados combinados con la inseguridad laboral son la fórmula para la desmovilización política.

Según Wolin en el totalitarismo invertido, "los elementos clave son un cuerpo legislativo débil, un sistema legal que sea obediente y represivo, un sistema de partidos en el que un partido, esté en el gobierno o en la oposición, se empeña en reconstituir el sistema existente con el objetivo de favorecer de manera permanente a la clase dominante, los más ricos, los intereses corporativos, mientras que dejan a los ciudadanos más pobres con una sensación de impotencia y desesperación política y, al mismo tiempo, mantienen a las clases medias colgando entre el temor al desempleo y las expectativas de una fantástica recompensa una vez que la nueva economía se recupere”.

Pero hay mucho más, “ese esquema es fomentado por unos medios de comunicación cada vez más concentrados y aduladores, por la integración de las universidades con sus benefactores corporativos; por una máquina de propaganda institucionalizada a través de grupos de reflexión y fundaciones conservadoras generosamente financiadas, por la cooperación cada vez más estrecha entre la policía y los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley, dirigido a la identificación disidentes internos, extranjeros sospechosos…”

Desde un punto de vista económico, el totalitarismo invertido explota a los pobres, reduciendo o debilitando los programas de salud y los servicios sociales, reglamentando la educación masiva para una fuerza de trabajo insegura, amenazada por la importación de trabajadores de bajos salarios. Hobbes acaba venciendo a Rousseau: cuando los ciudadanos se sienten inseguros y al mismo tiempo impulsados por aspiraciones competitivas, anhelan estabilidad política más que compromiso cívico; protección más que participación política.

España es pasto de todas y cada una de las afirmaciones de Sheldon Wolin. Si queremos realmente salir de la situación en la que estamos inmersos, se necesitan políticas y acciones encaminadas a cambiar la actual inercia. El ingrediente más importante para una recuperación económica sostenida es la reforma de los abusos que permitieron una burbuja espectacular, una mala asignación del capital productivo y los efectos negativos de los monopolios y los fraudes financieros en la economía real. Por lo tanto, una auténtica política reformista exige hacer frente a los monopolios empresariales y financieros. Y de eso nada de nada. Porque para ello hay que cambiar tantas cosas sobre los partidos políticos, la forma en que se relacionan con los ciudadanos, sus vinculaciones con los grupos de poder, en definitiva se necesita toda una regeneración democrática. Y obviamente las élites políticas y económicas, de momento, se niegan.

(*) Economista, profesor del IESE y estratega jefe de varias entidades financieras

domingo, 3 de febrero de 2013

Tovar pide a Valcárcel "menos sumisión a Rajoy y que diga qué piensa hacer con los casos de corrupción del PP murciano"

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, manifestó queValcárcel ha vuelto del Comité Ejecutivo Nacional del PP "con una sumisión absoluta a un presidente acabado y hundido como es Rajoy que carece de legitimidad moral para seguir de presidente", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.
   En su opinión, Valcárcel debería dar explicaciones por todas las informaciones aparecidas y sus posibles incidencias en la Región de Murcia, "pero se enroca y hace piña alrededor de la nefasta representación teatral de Rajoy, pensando que con la publicación de una declaración de la renta se pueden salvar todas las presuntas irregularidades que supuestamente han cometido".
   Asimismo, se preguntó "cómo puede Valcárcel decir que más no se puede hacer, cuando tiene imputados en causas judiciales en la mayoría de los municipios de la Región donde gobierna el PP, algunos tan importantes como Murcia o Puerto Lumbreras. Ya lo creo que se puede hacer más", comentó.
   González Tovar señaló que "Valcárcel debe dejar de intentar dar lecciones de ética y actuar con más transparencia, dando a conocer su patrimonio y explicando los numerosos casos de corrupción que tiene en su partido, como el del alcalde Murcia y secretario general del PPRM, imputado en la operación Umbra, o el vicesecretario general, alcalde de Puerto Lumbreras, imputado también por su gestión como alcalde de su municipio".
   Así, el líder del PSRM indicó que "Valcárcel tendría que dar ejemplo como presidente del Partido Popular en Murcia y, lo que es aún más importante, de la Región, ya que su declaración de bienes está blindada en la Asamblea Regional, mientras que la de los diputados socialistas fue hecha pública antes de las últimas elecciones autonómicas y municipales".
   "Estamos a la espera de que desde el Partido Popular hagan lo mismo. Por ello, le pedimos que no se esconda detrás de una declaración jurada y dé explicaciones a la ciudadanía, en lugar de tanta sumisión", añadió.
   Por ello, explicó que "no queremos declaraciones vacías de lo que van a hacer ahora; después de 17 años de gobierno sorprende que anuncien que más adelante publicarán su declaración de la renta. Consideramos esencial que el presidente del Gobierno regional dé la cara y diga qué medidas va a tomar para erradicar la corrupción en las filas de su partido".
   Finalmente recordó, que la Comunidad Autónoma ocupa el último lugar en transparencia, según el informe de Transparencia Internacional España de 2012, "somos los últimos en información sobre la Comunidad, penúltimos en relación con los ciudadanos, antepenúltimos en transparencia económica-financiera, últimos en información sobre contrataciones de obras, suministros y servicios y últimos en transparencia en ordenación del territorio y urbanismo".

El TC desestima el recurso de inconstitucionalidad de C-LM contra modificación tarifas trasvase Tajo-Segura

MADRID.- El Tribunal Constitucional (TC) desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en 2002 por Castilla-La Mancha contra los artículos 89 y 90 de laLey 24/2001, que modificaba la regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura y sustituía en la forma de cálculo de la tarifa de conducción de las aguas excedentarias trasvasadas desde la cuenca del Tajo a la del Segura, la aportación consistente en el 'coste de las obras' por el de 'amortización de coste de las obras'.

   Igualmente sustituía el valor del 'coste total de las obras' para el cálculo de la tarifa, el 'coste de las obras' por la de amortización del coste de las obras' en la actualización bianual de la tarifa y añadía una precisión a la utilización del acueducto para el aprovechamiento, dentro de la provincia de Albacete, de los recursos subterráneos existentes.
   Además incorporaba un nuevo apartado referente a la forma de cálculo de la tarifa a abonar por los beneficiarios de las aguas derivadas a la cuenta alta del Guadiana, a través del acueducto, por el uso del tramo que utilicen de esa infraestructura, según se desprende de una sentencia.
   Al respecto, el representante de la Junta de C-LM señalaba que estos artículos afectaban a la regulación jurídica del trasvase Tajo-Segura, contenida en la Ley de 1980 y de 1995 y que se vulneraba el principio de seguridad jurídica, al introducirse esas modificaciones en una ley llamada vulgarmente "de acompañamiento" a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
   Además, denunciaba la vulneración de la prohibición de arbitrariedad, con lo que la compensación económica a la cuenca cedente es "decreciente" en el tiempo y "llamada a desaparecer" en el mismo momento en que se haya amortizado la inversión inicial, "en la medida que la disminución de la tarifa de conducción del agua y la supresión del mecanismo de compensación propicia una utilización no racional de los recursos naturales".
   De esta manera, indicaba el letrado del Consejo de Gobierno castellano-manchego se produce una disminución tarifaria para los destinatarios del trasvase, "con correlativa disminución de los recursos de las comunidades autónomas de la cuenca cedente y un aumento de tarifas para los regantes afectados por las filtraciones del túnel del Talave". Un trato, añadía, "desigual" entre todos los beneficiarios por las compensaciones provenientes de los distintos trasvases.
   Concluía su escrito de alegaciones denunciando la vulneración del principio de solidaridad y equilibrio interterritorial por la nueva regulación, "al suprimir los preceptos impugnados las compensaciones que debería recibir C-LM por la imposibilidad del uso de los recursos naturales presentes en la propia Comunidad, e imponer el pago por la restitución de caudales de agua perdidos, no trasvasables".
   Por su parte, el abogado del Estado sostenía que la finalidad de estas leyes de modificar otras para contribuir a alcanzar determinados objetivos de política económica, "es totalmente lícita".
   Con relación a la supuesta infracción del principio de solidaridad, el abogado del Estado indicaba que el hecho de que una medida cause una disminución, "exigua", de ingresos a una comunidad "no puede calificarse de infractora", pues, desde el punto de vista contrario, "las comunidades receptoras del agua pueden justificar el sacrificio que hace la de C-LM en nombre de solidaridad y de la justicia y adecuación del equilibrio interterritorial", ya que "la solidaridad entre CC.AA. puede entrañar sacrificios de unas a favor de otras, tanto más cuando se trata del agua, un bien de dominio público nacional".
   Sin embargo, agregaba el letrado, C-LM no concreta la disminución económica de los ingresos que le causa la medida, ni detalla porqué el sacrificio que hace resulta insolidario o generador de un desequilibrio económico interterritorial", tampoco porqué la compensación a los beneficiaros por las aguas infiltradas en el túnel de Talave puede considerarse injusta.
   Para el representante del Senado la cuestión de la técnica legislativa no tenía conexión con la posible invalidez constitucional de la norma.
   Por lo que el alto tribunal comunica que no le corresponde a la jurisdicción constitucional pronunciarse sobre la perfección técnica de las leyes, al tiempo que apunta que no se aprecia que los preceptos cuestionados establezcan discriminación de ningún tipo.
   En consecuencia, el Tribunal Constitucional señala que no puede tacharse de arbitraria una norma "que persigue una finalidad razonable y que no se muestra desprovista de todo fundamento, aunque pueda legítimamente discreparse de la concreta solución adoptada".
   Por último recuerda a Castilla-La Mancha que el agua es un "recurso esencial" de carácter "unitario e integrante de un mismo ciclo hidrológico", de manera que "corresponde al legislador estatal en exclusiva la potestad para excluir genéricamente del tráfico jurídico privado las aguas continentales y para integrarlas en el dominio público del Estado".
   Y añade que "la redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias es una materia cuya regulación corresponde en exclusiva a la legislación estatal".
   Del mismo modo recuerda que la Constitución atribuye al Estado la competencia en materia de legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos en las cuencas intercomunitarias y que "no puede considerarse el uso del agua como un privilegio económico o social ni como una discriminación para las cuencas cedentes".
   "Al Estado corresponde ponderar los intereses de las cuencas cedentes y cesionarias para, atendiendo el principio de solidaridad interterritorial y de equilibrio económico entre las diversas partes del territorio español, fijar el contenido y alcance de las tarifas" por la explotación del acueducto Tajo-Segura.
   Concluye que la reducción de la tarifa no puede calificarse "en modo alguno" de insolidaria y que "no puede considerarse como un privilegio económico, ni como una actuación dañina de la solidaridad o del equilibrio económico territorial".