viernes, 11 de febrero de 2011

El Gobierno regional espera que sindicatos no firmantes recapaciten porque no se negociará otro preacuerdo

MURCIA.- El Gobierno regional ha invitado a los sindicatos que no han rubricado el acuerdo en la Ley de recortes --CCOO, UGT y Sterm-- a "seguir manteniendo ese diálogo" y se adhieran al documento que el resto de organizaciones sindicales han apoyado, porque, ha advertido, "no se negociará otro preacuerdo". De ahí, su insistencia en que espera que "recapaciten" y asuman un pacto que "beneficia" a todos los empleados.

   Es el mensaje que la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, ha trasladado a estos sindicatos, en una rueda de prensa que ha ofrecido acompañada de los titulares de Educación, Formación y Empleo y Sanidad, Constantino Sotoca y María Ángeles Palacios, respectivamente.
   Y es que, ha expuesto, el Gobierno regional "ha mejorado notablemente los aspectos de la Ley de Medidas Extraordinarias, sobre todo aquello que refería al Título I de empleados públicos"; razón por la que la mayoría de las organizaciones sindicales, que ascienden a cinco a la espera de que SIDI se pronuncie, "lo han entendido".
   De forma que estas medidas que se han negociado entrarán en vigor "cuando se aprueben en el BORM". Será la próxima semana cuando se proceda a la ratificación formal del acuerdo por parte de los sindicatos firmantes, ha adelantado.
   Por contra, Reverte ha lamentado que CCOO, UGT y Sterm no se hayan sumado a este acuerdo, poniendo la "excusa" de que "no se ha rebajado 90 minutos la jornada semanal de los empleados públicos, cuando se ha rebajado de 37,5 a 36,5 horas".
   De ahí que haya puesto de manifiesto que "es inadmisible el discurso de que esos 90 minutos más de jornada laboral a los empleados públicos repercutirá sobre la calidad de los servicios públicos, y en concreto en sanidad y educación".
   A dicho sindicatos les ha reclamado que "dejen de hacer demagogia y eslóganes manipuladores, puesto que es falso que el Gobierno regional haya recortado en sanidad, educación y el resto de servicios que presta al ciudadano".
   De esta forma, el mensaje conjunto que los tres consejeros que han estado presentes en todo el proceso de negociación han trasladado ha sido que la calidad de los servicios públicos al ciudadano "no se verá mermada".
   Como consecuencia de las medidas que el Gobierno regional ha acordado con los sindicatos firmantes, "se dejará de ahorrar alrededor de 60 millones de euros", por lo que desde el Ejecutivo ya se está trabajando para ver cómo se compensa esa cantidad de dinero.
   Así, estos 60 millones se obtendrán "garantizando que las inversiones que se van a realizar será llevándonos anualidades futuras, es decir, el pago de las mismas". "Las inversiones se realizarán, pero no con el presupuesto de 2011, sino que se aplazará el deslizamiento de anualidades a años sucesivos", ha explicado Reverte.
   Los presupuestos de la Comunidad para este año contemplaban una partida de inversiones de 680 millones de euros, por lo que, ha puntualizado Reverte, "desplazando el abono entre un 8 y un 10 por ciento se cubrirá el importe de las medidas que se han suavizado" con la Ley de recortes.
   Preguntado por la posibilidad de que los sindicatos que han rechazado este acuerdo convoquen a la sociedad murciana a una huelga general, Reverte ha matizado, en tono irónico, que "pueden hacerlo, pero ya veremos el seguimiento que tiene".
   Otra de las críticas realizadas por estas centrales sindicales sobre las que Reverte se ha pronunciado es la consistente en que no se alcanzan la mayoría en la representación sindical para que el acuerdo tenga validez.
   Sobre esta cuestión, ha recordado que "las reglas del juego de esta negociación no las puso el Gobierno regional, sino las centrales sindicales una vez que se aprobó esta ley, cuando constituyeron un Comité de Crisis" y en el que se criticaba que una de las centrales sindicales, la de los médicos, no estaba integrada.
   De forma que "fueron ellos los que quisieron negociar de forma conjunta y ahora como no hemos sido capaces de ceder en esa hora y media, pues ya no vale lo que se ha hecho", ha criticado.
   Respecto a los cambios en la ley, Reverte ha dado cuenta de la rebaja de 37,5 horas a 36,5 horas la jornada semanal, que equivale a 18 minutos diarios, dejando claro, al respecto, que "es absolutamente falso que se vayan a producir ceses de interinos por la aplicación de la Ley"; un aspecto sobre el que Sotoca ha insistido, advirtiendo que quien lo contrario "está faltando a la realidad".
   "El aumento de la hora y media respecto a la jornada que tenían anteriormente establecida es en horas complementarias y no lectivas, lo que supone que ningún interino en educación se verá afectado por la ley y será despedido", ha expresado.
   Asimismo, se limita el plazo de vigencia de la Ley sólo al ejercicio 2011, de forma que los acuerdos aprobados con anterioridad a la Ley quedan suspendidos, y no derogados.
   Las principales mejoras que se han acordado con las seis organizaciones profesionales de la Función Pública son que se cobrará el cien por cien de todas las retribuciones en caso de baja por enfermedad, sustituyéndolo por la elaboración de un plan de control de absentismo en los tres sectores de la Administración Pública regional.
   De igual modo, todas las suspensiones de abono de complementos que había en la Ley de Medidas se quedan en la mitad, de forma que de los 75 euros brutos mensuales que se reducían al personal docente, sólo se van a descontar 37,5 euros; y al personal sanitario, en lugar de reducirse el 10 por ciento del importe de guardias y turnicidad, sólo se reducirá el 5 por ciento.
   Mientras que al Personal de Administración y Servicios se le abonará el importe del proceso de homologación retributiva que venían percibiendo desde la nómina de diciembre de 2010.
   Se mantiene un fondo para las ayudas del Plan de Acción Social con un importe superior al 50 por ciento establecido para el pasado año; y los días de permisos y licencias vuelven a contarse como días hábiles y no como naturales, y las horas de formación computarán como parte de la jornada laboral si es formación obligatoria o requerida por la Administración.
   La redistribución de efectivos se negociará con las organizaciones sindicales, así como la posibilidad de convocar oferta de empleo en los tres sectores: Sanidad, Educación y Administración y Servicios, dentro de los estrechos márgenes que deja la legislación aprobada por el Gobierno central, y que la limita a una tasa de reposición del 10 por ciento en Sanidad y Personal de Administración y Servicios, y al 30 por ciento en el caso de Educación.
   De este modo, Reverte ha puesto de manifiesto que Murcia es, sólo detrás de Valencia, "la Comunidad que mayor esfuerzo presupuestario realiza este año en Educación, con un 28,1 por ciento del total del Presupuesto, frente a un 23 por ciento de media".
   Además, ha recordado, "el pasado fue la comunidad que más incrementó su presupuesto en Educación, con un incremento del 5,7 por ciento, frente a una bajada media del 4,8 por ciento en el resto de comunidades".
   Tanto Sotoca como Palacios han coincidido en señalar que se seguirán realizando infraestructuras en materia de educación y sanidad.
   En este último departamento, su titular ha indicado que tras casi mes y medio que lleva de aplicación esta Ley, "no se ha mermado la calidad en la asistencia sanitaria".
   Por último, ha remarcado que con la apertura de los dos nuevos hospitales "casi se podrá garantizar que ni siquiera los eventuales van a dejar de trabajar".

Medio centenar de personas arremete en San Esteban contra Gobierno y varios sindicatos por el preacuerdo

MURCIA.- Medio centenar personas se han manifestado este viernes frente al Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, para protestar nuevamente contra los recortes efectuados por la Comunidad Autónoma en la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, aprobada el 23 de diciembre de 2010, especialmente tras el preacuerdo alcanzado entre varios sindicatos con la Administración regional.

   Así, los manifestantes, convocados por las organizaciones sindicales que no han aceptado las modificaciones que el Ejecutivo murciano ha hecho de la Ley 5/2010, UGT, CCOO y Sterm-Intersindical, han cantando las habituales versiones sindicales de 'La Parranda', 'Nada de esto fue un error' de Coti o 'Resistiré' del Dúo Dinámico, además de corear otros eslóganes habituales como 'Aquí estamos, nosotros no firmamos', 'La Solución es la derogación' o 'Este decreto chulo va a servir para limpiarnos el culo'.
   Sin embargo, como novedad, los afiliados sindicales han gritado otras consignas que aludían directamente a los líderes de los sindicatos que sí han decidido aceptar la propuesta del Ejecutivo regional, como 'Ventura, Clemente, en la acera de frente', 'Danos la factura que te va a pasar Ventura' o 'Ventura camaleón trabaja de peón', en relación a los presidentes autonómicos de Anpe y C.SIF, Clemente Hernández y Ventura Martínez, respectivamente.
   Y es que, en opinión del portavoz de Sterm-Intersindical, Toni Carrasco, "si hoy el Gobierno regional diera por bueno el preacuerdo alcanzado por el resto de sindicatos, sería de nuevo saltar por encima de la negociación colectiva, porque las organizaciones que representamos a la mayoría de los trabajadores públicos hemos dicho no a la propuesta".
   Además, ha comentado que "las 40.000 personas que este jueves salieron a la calle para apoyar la decisión de UGT, CCOO y La Intersindical de no aceptar unas simples modificaciones secundarias en la Ley de Medidas Extraordinarias".
   Por ello, ha asegurado que "seguirán insistiendo en que el Gobierno regional rectifique y realice una modificación profunda para corregir los errores e injusticias cometidos con su publicación", al tiempo que ha añadido que los sindicatos que han aceptado "no sólo no representan a la mayoría, sino que se ha producido además una negociación paralela con ciertos sindicatos, por lo que no puede tener validez jurídica".
   Asimismo, el secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT, Antonio Francisco Ferrández, ha afirmado "desconocer el texto del preacuerdo, porque no se ha hecho público y no se ha sometido a la Mesa General de la Función Pública", algo que en su opinión "es muestra del talante democrático de este Gobierno regional".
   Ferrández ha adelantado que la semana que viene los sindicatos irán a los centros de trabajo "para explicar la situación actual y para establecer un nuevo calendario de movilizaciones por sectores". Así, han confirmado que el próximo martes se concentrarán en Cartagena frente al Edificio Foro, en la plaza San Francisco.
   Sobre la posibilidad de una nueva huelga general, el portavoz de UGT ha apuntado que "cada vez nos acercamos al hecho de que no se descarta esa convocatoria de huelga en el sector de la función pública".
   Al hilo, desde CCOO, Pedro Manuel Vicente ha asegurado que las manifestaciones y concentraciones "van a continuar con mayor intensidad si cabe. De este modo, el Comité de Crisis, ahora llamado de 'Resistencia', contempla la posibilidad de una Huelga General a medio y corto plazo, sin descartar ninguna acción".
   Del mismo modo, ha señalado que el acompañamiento a los miembros del Gobierno regional va a seguir "para que se den cuenta, de una vez, de la fuerza que trasmiten los 55.000 trabajadores públicos de la Región, que no se conforman con unos ajustes de maquillaje que, pesar de todo, traerán un aumento del paro y la incorporación al sistema público de las mutuas de trabajo para hacer un seguimiento de las bajas de los empleados públicos".
   Respecto a la vigencia de la ley de los recortes, ha indicado que "es cuestionable, porque solamente se refiere al título uno y quedarían totalmente derogados los 16 acuerdos que se eliminaron de las Ley 5/2010".
   "El Gobierno regional quiere que estemos a su lado y nosotros también, así que vamos a intensificar el seguimiento a sus miembros, con el fin de que conozcan muy de cerca el malestar de todos los empleados públicos de la Región, porque esto no se ha solucionado, aunque lo intenten trasladar así a la opinión pública", ha concluido Vicente.

UGT y CCOO se dirigen por carta a Reverte por la falta de convocatoria ordinaria de las Mesas Generales y Sectoriales

MURCIA.- Los Secretarios generales de UGT y CCOO de la Región de Murcia, Antonio Jiménez y Daniel Bueno, respectivamente, se han dirigido por carta a la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, con motivo de la falta de convocatoria ordinaria de las Mesas Generales y sectoriales correspondientes y el sometimiento de los asuntos sin los informes presupuestarios previos necesarios.  

  Así, por medio de esta carta, los líderes sindicales solicitan la celebración urgente de sesión de la Mesa General de Negociación de las condiciones de trabajo comunes al personal estatutario, funcionario y laboral al servicio de la Administración Regional.

Saura aconseja a Valcárcel atajar "de una vez" el despilfarro

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, aseguró este viernes que si el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, no elimina "de una vez por todas" el despilfarro y el descontrol, no solamente arruinará a centenares de pequeñas empresas en la Región, que son proveedoras de la Comunidad, así como la inversión pública, sino que, además, los acuerdos en materia de empleados públicos serán "papel mojado", pues, a su juicio, "no los podrá cumplir".

   Y es que, subrayó en rueda de prensa, entre los muchos datos que evidencian este "despilfarro y descontrol", se encuentra el hecho de que la Región de Murcia está a la cabeza en cuanto a número de empresas públicas regionales por número de habitantes, con 7,5 empresas públicas por cada 100.000 habitantes, frente a las 5,7 en el conjunto del país, lo que significa "un 32 por ciento más que la media española", explicó el socialista en base a los datos publicados esta semana por el Ministerio de Economía y Hacienda.
   De hecho, en enero de 2010 había 98 empresas públicas en la Región contabilizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda; en julio del mismo año, seis meses después, el Ministerio contabiliza 110 empresas públicas o "chiringuitos financieros montados por la Comunidad Autónoma", apuntó Pedro Saura, quien añadió que este 12 por ciento en aumento del número de entes de la Región contrasta con el 9 por ciento de aumento de media en España.  
   Así la Región de Murcia está a la cabeza de España en el número de empresas públicas o chiringuitos por habitantes, apostilló el socialista, "y el aumento es mayor que la media".
   El líder socialista también se refirió al último informe del BBVA, "que viene a decir que la Región de Murcia va a tener muy poco crecimiento en 2011, muy por debajo de la media española, entre otras cosas por el déficit público que tiene la Comunidad".
   Sobre el preacuerdo entre Gobierno regional y varios sindicatos sobre la Ley de Medidas Extraordinaria, así como por el seguimiento de convocatorias por parte de CCOO, UGT y Sterm-Intersindical, Saura subrayó que la manifestación de ayer, que tachó de "exitosa", es una demostración más del "descontento" de la sociedad ante el despilfarro de la Administración regional, que sigue "sin atacar lo importante, que es el descontrol de la Comunidad".

CCOO, UGT y Sterm ponen en marcha una agenda de movilizaciones en su afán de paralizar los recortes

MURCIA.- Las organizaciones sindicales CCOO, UGT y Sterm Intersindical, las únicas que no han rubricado el acuerdo con el Gobierno regional, han manifestado su compromiso de "paralizar" la Ley de recortes, de forma que han establecido una agenda de movilizaciones para los próximos días.

   De este modo, se pondrán en marcha una serie de asambleas en centros de trabajo y comarcales este lunes y martes con el fin de informar, de manera extensa, de todo lo acontecido estos días y continuar recogiendo propuestas de nuevas acciones de protesta, "con especial interés en la posibilidad de convocatoria de huelga general en el sector docente".
   Asimismo, para este miércoles, día 16, estarán presentes en la Asamblea Regional "como demostración de protesta por el escaso avance en las medidas correctoras de la Ley por parte del Gobierno regional".
   Mientras que al día siguiente se convocan de nuevo encierros en los centros educativos, de 18.00 a 00.00 horas. También se celebrarán encierros virtuales en la Red.
   En un comunicado conjunto de CCOO, UGT y Sterm, se advierte que se mantienen en vigor las concentraciones de 10 minutos en los centros educativos los martes.
   Por último, han expresado su felicitación a todos los empleados públicos por el seguimiento de la jornada de manifestación de ayer, con la nueva participación masiva en la movilización.

El Gobierno murciano recurre ante el TC la aplicación en la Región de la nueva Ley de Financiación Autonómica

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes la interposición ante el Tribunal Constitucional de un recurso de inconstitucionalidad y de un conflicto positivo de competencias contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2011, ya que considera que la nueva Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas lesiona la autonomía política y financiera de la Región.

   Así lo ha anunciado este viernes, en rueda de prensa, la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, quien ha recordado que otras CCAA ya han iniciado este procedimiento.
   El objeto del mismo, ha subrayado, es que no haya discriminación, por lo que ha exigido un "trato igualitario" para todas las Comunidades.
   Entre otras cuestiones, el importe de la financiación para 2011 en la Región no recoge el pago de los Fondos de Convergencia, entre los que se encuentra el Fondo de Competitividad, que ascienden a 211 millones de euros, ha precisado Reverte.
   Así, la Comunidad inició los trámites legales tras tener conocimiento de forma oficial, en octubre de 2010, del importe de la financiación autonómica de la Región de Murcia para el año 2011, por aplicación de la citada Ley. A partir de este momento, el Gobierno regional puso en marcha todos los mecanismos jurídicos a su alcance, en defensa de los intereses de la Región.
   En diciembre de 2010 ya se interpuso un requerimiento previo a la interposición de conflicto positivo de competencia, que no tuvo respuesta, por lo que se procede ahora a la interposición de los recursos citados.

Denuncian que con la reforma de la Ley de Costas se pretende consolidar el urbanismo descontrolado en el litoral

MURCIA.- Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF denuncian un nuevo intento de recortar la Ley de Costas. Durante el día de hoy se está discutiendo en el Senado dos Proposiciones de Ley, promovidas por Convergència i Unió (CiU) y Partido Popular (PP), que limitarán la protección del litoral. Las organizaciones ecologistas consideran que esta maniobra política es un nuevo ataque al derecho del uso público de la costa.

"Los distintos grupos políticos están constantemente promoviendo rebajas a la carta en la Ley de Costas, el principal marco jurídico de protección del litoral y la única garantía de uso público de los espacios costeros. Si estas Proposiciones de Ley salen adelante, cada Comunidad Autónoma podrá decidir los espacios costeros que serán privatizados y se abrirá una nueva vía legal de especulación en la costa", ha declarado Jorge Sáez, coordinador de Medio Marino de Ecologistas en Acción.

En concreto, la Proposición de Ley del PP tiene como objetivo perpetuar indefinidamente las concesiones, lo que permitiría el uso privado del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).

"Estas modificaciones a la Ley de Costas supondrían un inadmisible retroceso de 20 años en las políticas de protección ambiental. Sería un paso atrás sin igual en todo el continente europeo, que está reforzando las políticas de protección marina", ha añadido Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace.

Por otro lado, la Proposición de CiU promueve redefinir los espacios litorales que pertenecen al DPMT. Pretenden, bajo el concepto de "ciudad navegable", que urbanizaciones como la Marina d?Empuriabrava (Castelló d?Empuries), los Canales y Urbanización de Santa Margarida (Roses) y la Playa de S?Abanel escapen a la Ley de Costas (1).

"No se puede permitir la revisión a la carta de la Ley de Costas con el fin de garantizar los diferentes intereses privados. La definición de "ciudad navegable" se podría extender a multitud de espacios en toda la costa española, lo que provocaría un claro proceso de privatización de la costa" Por su parte,, concluye José Luis García Varas, director del Programa Marino de WWF/España denuncia .

Las organizaciones ecologistas recuerdan que el objetivo de la Ley de Costas es garantizar la protección de la costa y el interés público y libre acceso a nuestras playas y acantilados.

Por ello, exigen a los grupos parlamentarios que rechacen estos nuevos intentos de degradar la Ley de Costa y dejar indefenso el litoral.

NOTA (1)
El grupo parlamentario CiU define por "ciudad navegable" como "el conjunto integrado por una urbanización residencial y por una red de canales artificiales permitiendo la navegación de embarcaciones hasta el pie de las parcelas. El citado conjunto deberá contar un plan urbanístico legalmente aprobado. Pueden formar parte del conjunto: un puerto deportivo, muelles de servicios portuarios y dársenas con diferentes tipos de amarres".

Satse califica el acuerdo de "antisocial" y "lesivo" para los derechos de los trabajadores

MURCIA.- La Comisión Permanente del Comité Ejecutivo del Sindicato de Enfermería de Murcia (Satse), reunida para valorar el denominado Acuerdo Social suscrito entre Gobierno, sindicatos de clase y patronal, lo ha calificado de "antisocial" y lesivo para los derechos de los trabajadores, según han informado fuentes sindicales en un comunicado. 


   De este modo, de su análisis se desprende que "es un acuerdo hecho a la medida de los partícipes, que necesitaban cualquier pacto para lavar su deteriorada imagen social".
   Satse ha criticado lo acordado sobre jubilaciones por entender que "han tomado la solución más fácil y arbitraria sin tener en cuenta los perjuicios que van a ocasionar a los derechos adquiridos por los ciudadanos al elevar la edad de jubilación a los 67 años, con 38,5 años trabajadas, e incrementar el cálculo de años para percibir la pensión".
   Asimismo, han indicado que tras este acuerdo "la enfermería tiene más difícil conseguir la jubilación anticipada en base a nuestras especiales condiciones de trabajo y se dificulta notablemente el acceso a la jubilación parcial".
   En su opinión, los sindicatos de clase, "después de aparentar diversas movilizaciones y realizar la huelga general menos seguida de la democracia, han firmado el acuerdo para evitar la convocatoria de unas movilizaciones que ni ellos creían y han otorgado un balón de oxigeno a un Gobierno necesitado de un gesto hacia los sindicatos".
   Por otro lado, creen que han cedido ante el Gobierno "para seguir manteniendo su situación privilegiada, lo que les puede reportar beneficios en ámbitos diversos", y han recordado que el denominado Acuerdo Social "les permite seguir negociando casi con exclusividad, gestionar directa o indirectamente planes de pensiones de las Administraciones Públicas y obtener fondos públicos a través de la formación de trabajadores".
   Y es que, para los responsables del Sindicato de Enfermería, el acuerdo "está en la línea de continuar con la preeminencia de los sindicatos de clase en las negociaciones, en detrimento de los sindicatos profesionales".
   Al hilo, han comentado que, en el ámbito de las empresas privadas, "han promovido que los convenios colectivos se negocien a nivel sectorial, para hacer más difícil que los sindicatos profesionales puedan participar en los mismos".
   Finalmente, en su opinión, "el acuerdo avala que las empresas puedan descolgarse de dichos convenios y que éstos se negocien, a la baja, empeorando las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores".

jueves, 10 de febrero de 2011

Unas 15.000 personas piden a voz en grito la dimisión de Valcárcel por la Gran Vía

MURCIA.- Cerca de 40.000 personas, según los sindicatos, y más de 15.000 según otras fuentes, se han manifestado este jueves en Murcia en la que ha resultado ser la octava marcha celebrada contra la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, en la que se han desmarcado varios sindicatos tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno regional.

   Al grito de 'Aquí estamos, nosotros no firmamos' y bajo cánticos de 'Resistiré' del Dúo Dinámico, 'La Parranda', 'Mensajes del agua' de Macaco que dice 'somos una marea de gente' o versiones de 'Nada de esto fue un error' de Coty han exigido la dimisión del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, "por mal gestor" y porque "se creía Superman cuando había mucho dinero y ahora nos está buscando la ruina".
   Tras lo que los representantes de las centrales convocantes, UGT, CCOO y Sterm-Intersindical, han advertido a la Administración regional que "continuaremos hasta reducir toda a la normalidad" porque esta Ley, subrayaron, "tiene vocación de permanencia".
   "El maquillaje del Gobierno regional es insuficiente y la sociedad demuestra que está de acuerdo", indicó el secretario general de Comisiones Obreras, Daniel Bueno, quien espera que el Ejecutivo murciano "escuche la voz de la calle" y "cambie finalmente, derogando esa Ley".  
   Según señaló Antonio Jiménez, secretario general de UGT, que evitó hacer declaraciones sobre el resto de sindicatos desmarcados, es momento de "frenar esta agresión injustificada y desmesurada a los trabajadores por lo que aquí continuaremos".
"Estamos haciendo lo que tenemos que hacer y vamos a continuar hasta que lo consigamos porque si se asientan estas medidas regresivas en Murcia, lógicamente serán copiadas fuera de la Región".
   Y es que, expresaban los sindicalistas, "aunque se han conseguido avances, estos no suficientes porque se han usurpado y violado derechos fundamentales". Por lo que insistieron en que seguirán con el calendario de movilizaciones y estudiarán intensificar las mismas o llevar a cabo, incluso, una huelga general.
   A pesar de que desde el sindicato Sterm-Intersindical, su portavoz Toni Carrasco, alertó que personas vinculadas a las organizaciones sindicales que aprobaron el acuerdo con Ejecutivo regional estaban "desmovilizando" a los funcionarios, miles de personas guiados por la tradicional pancarta 'Frente a la agresión social de Valcárcel dignidad y resistencia', desvinculando a los sindicatos CSI-F, SATSE, ANPE, SAE, SIDI y Sindicato Médico de la misma, se movilizaron hasta la Plaza Circular al grito de 'Resistiremos, no nos resignaremos'.
    A los que se unieron los ya habituales gritos de 'Valcárcel, guapetón trabaja de peón', 'Valcárcel y sus consejeros nos quitan los dineros', 'Valcárcel, precioso esto es vergonzoso', 'Dónde están los libros de mis niños', 'La solución es la derogación', 'Menos corrupción y más educación', 'Consejera preciosa trabaja en otra cosa' o 'Menos asesores y más profesores'. 

En esta ocasión también se unieron cientos de alumnos, convocados por el Sindicato de Estudiantes Independientes y la Coordinadora de Estudiantes de Murcia, que coreaban 'Esto pasa por un gobierno facha'.

   En su ya tradicional paseo por la Gran Vía los funcionarios, convocados por los sindicatos UGT, CCOO y Sterm, volvieron a gritar 'Manos arriba esto es un atraco' a las puertas del Banco de España y a las puertas del edificio donde reside el presidente murciano, donde les esperaban agentes de la Policía Nacional y un cordón sindical como medida preventiva.
   Allí, Valcárcel se llevó una gran pitada, algún que otro petardo, saludos personalizados de los congregados, que de forma espontánea terminó haciendo una sentada al grito de 'Fuera', 'Dimisión', 'Nosotros no firmamos' y 'La Gran Vía también es nuestra'.
   Entre las cientos de pancartas alusivas a una Ley "injusta" se encontraban 'Abolición de la clase política y sus privilegios', 'Racionalización de plantillas=interinos al paro', 'El futuro es nuestro', 'El preacuerdo está en este pirulo, arranca una hoja y límpiate el culo', 'Me rebelo contra los recortes sociales'; además de los ya habituales como 'Soy trabajadora, funcionaria y ciudadana' o 'Por unos servicios públicos de calidad'.
   La manifestación se ha dado por concluida en la Plaza Cruz Roja, donde se ha leído un manifiesto en el que se indicaba que "después de 50 días de lucha contra la Ley de los recortes, el Gobierno regional sólo ha alcanzado a reducir una parte de las inaceptables medidas que incorporaba la Ley 5/2010. Hoy más que nunca, alzamos nuestra voz contra el ataque sin precedentes que se ha producido contra nuestros derechos. los derechos laborales de los empleados públicos y los derechos sociales del conjunto de la ciudadanía de nuestra Región".
   Y es que, reza el manifiesto, se insiste en ahorrar a base de rebajar el número de personas que trabajan para mantener el funcionamiento de este mínimo Estado de Bienestar que aún nos queda. Lo hacen cargando contra el derecho a la negociación colectiva, incumpliendo su propia palabra, lo hacen sin cuestionar su propia responsabilidad sobre el despilfarro y la mala gestión de las cuentas públicas.
   La propuesta de modificación que el Gobierno regional ha presentado sigue aumentando el paro, mandando a la calle a más de 2.000 contratados temporales, rebaja los salarios, prevé la gestión privada de las prestaciones por Incapacidad Temporal, disminuye las Ayudas de Acción Social, acaba con derechos sindicales, pretendiendo eliminar la capacidad de respuesta de los trabajadores ante sus acciones.
   Y quieren que firmemos estos recortes, este retroceso histórico en nuestras condiciones laborales, "quieren que firmemos la rendición", pues, no, aquí nos siguen teniendo, con nuestra voz y nuestra protesta, con nuestra unidad, que la de la dignidad y resistencia. Seguiremos haciendo asambleas y movilizaciones hasta que el Gobierno rectifique y modifique las injusticias que se incluyeron en esta Ley.
   Nuestro compromiso es con los trabajadores, lo único que mostramos es el respeto y la lealtad que nos merecemos, un respeto que el Gobierno regional "no ha mostrado", nuestro compromiso es con la sociedad de esta "castigada" región, así como con la calidad de los servicios públicos que una sociedad solidaria y desarrollada debe garantizar. "No estamos solos, nos acompaña buena parte de la sociedad, seguimos en la lucha" tras lo que llaman a la unidad.

(Periodismo gráfico de Concha Cano)

La Unión Europea estudia poner más topes a la bonificación a los banqueros

BRUSELAS.- La Comisión Europea examinará la imposición de nuevos topes a las bonificaciones de los banqueros, dijo el jueves el responsable de las reformas financieras de la UE.  En una reunión del sector, el comisario de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, dijo a los banqueros que sean cuidadosos a la hora de dar grandes primas, diciendo que podía aumentar la dureza de las leyes comunitarias, que ya obligan a prorratear los pagos durante años y establecer límites estrictos a los beneficios inesperados.
 
"Vamos a examinar las medidas actuales sobre remuneración y vamos a examinar si son o no suficientes", dijo el comisario.
"Remuneración, bonuses - son cosas escandalosas para gente a la que le cuesta llegar a fin de mes", dijo.
"Los bancos son parte de la sociedad europea. Deberían tener esto en cuenta", agregó. Las nuevas reglas impuestas desde comienzos de enero ya establecen los topes más rígidos del mundo para las primas de los banqueros en los 27 países que forman la Unión Europea.
Los comentarios de Barnier llegan tras un difícil acuerdo el miércoles entre Reino Unido y los banqueros, llamado "Proyecto Merlín", para frenar las primas y estimular los créditos a las empresas, algo que los críticos dicen será difícil de obligar a cumplir.

El PSOE Totana solicita al alcalde que se persone como acusación particular en el caso Tótem

TOTANA.- El Grupo Municipal Socialista ha solicitado un pleno extraordinario para que el Ayuntamiento se persone como acusación particular en las dos causas que hay abiertas en relación con la operación Tótem.

   Y es que, según ha explicado Andrés García, concejal del Grupo Municipal Socialista, han tenido conocimiento a través del auto que ha dictado el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Julián Pérez Templado, de serios indicios de acciones que perjudican los intereses públicos de todos los totaneros, lo que supone, señala, "un perjuicio grave para el Ayuntamiento de Totana".
   García Cánovas asegura que "en el último pleno ordinario, se presentó una moción sobre este tema, que el PP se negó a debatir" y recuerda que "como representantes públicos tenemos la obligación de preservar los intereses del Consistorio".
   Este, esclareció en comunicado de prensa, "es el único interés que nos mueve".

IU critica la política "privatizadora" de los presupuestos municipales de Murcia en 2011

MURCIA.- La concejala de Izquierda Unida en Murcia, Esther Herguedas, ha argumentado hoy su voto en contra de los presupuestos municipales para 2011 en que están basados en una política "privatizadora" que deja en "manos de otros" servicios con los que el consistorio podría obtener importantes ingresos.

   Herguedas tampoco ha presentado enmiendas parciales a los citados presupuestos porque entiende que hacerlo "sería admitir la filosofía neoliberal que rezuman y los resultados de una política municipal que en lugar de dotar al municipio de una red de servicios básicos, los ha privatizado y a la larga resultan más caros". 

   A su juicio, la política del equipo de Gobierno "no es una política de eficacia, ni siquiera de gestión municipal", y ha asegurado que "de seguir a este paso fijado por el equipo de Gobierno, dentro de unos años bastará con nombrar a un técnico que coordine el funcionamiento de las distintas empresas contratadas".

Los desmadres del consejero de Cultura en el festival Sos / Cartas de los Lectores

La noticia ha corrido como la pólvora llenando de estupor a las personas interesadas por la vida cultural en la región murciana. Un periódico valenciano publicaba estos días que la banda inglesa de rock Suede, cabeza de cartel del festival SOS 4.8. de este año cobraba por su hora y media de actuación en Murcia 400.000 €. Pero en una situación como ésta, con los graves recortes de todo tipo de actuaciones públicas, tanto en cultura como en bienestar social o en los salarios y derechos de los legítimamente cabreados trabajadores públicos, ¿es aceptable este tipo de acciones? .

Porque el SOS 4.8. es, contra la situación más general del resto de grandes festivales musicales españoles, un festival sostenido en lo esencial con recursos públicos: este año las cifras oficiales
aportadas por el consejero Cruz en el debate presupuestario cifran en al menos 1.200.000 € la cantidad de dinero público regional dedicado a este festival. Para hacerlo posible se ocuparon en la Consejería de formalizar -a inusitada velocidad- los correspondientes contratos con la empresa que lo desarrolla justo los días previos a la entrada en vigor de la famosa Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.

Era imprescindible esa celeridad ya que la citada ley establece claramente la imposibilidad de financiar este tipo de actuaciones para 2011, tanto en su Exposición de Motivos como en su artículo 45 donde específicamente se dice que “ninguna de las entidades integrantes del sector público regional podrá organizar ni contratar la organización de grandes eventos que pretendan la proyección de la imagen de la región”, entendiendo por tales aquellos que superen, de forma aislada o acumulada un cuantía superior a 300.000€.

¿Qué reacción podemos esperar ante esta revelación de un gasto tan desproporcionado por parte de quienes, sólo en el ámbito de la gestión cultural,  van a ver como desaparece la mayor parte de la oferta pública: festivales que dejarán de hacerse o verán reducido drásticamente su presupuesto, desaparición de las ayudas a bandas, coros, escuelas de música; a los cine clubs, a los títeres y al teatro, a las empresas audiovisuales, a los galeristas, etc.; sin Feria del Libro ni premios literarios; con los museos bajo mínimos y sin dinero para programar actividades;  el Cineforum cerrado, como la Filmoteca Regional;  sin dinero apenas para bibliotecas o patrimonio histórico, ,etc., etc.?
Es una situación de precariedad para la cultura sostenida con fondos públicos que no habíamos conocido nunca desde que existe la Comunidad Autónoma. 
Francisco Jiménez

El Foro Ciudadano llama a la manifestación de esta tarde 'por lo mucho que está en juego'

"Esta tarde hay una manifestación de empleados públicos y de ciudadanos convocada por UGT, CCOO y STERM. Nuestro lugar está allí. con los trabajadores y los convocantes.

La Comunidad ha logrado su propósito, tras semanas de zozobra y angustia para nuestros gobernantes regionales. Han conseguido un pacto con los sindicatos sectoriales y corporativos más afines politicamente al PP, y han roto la unidad sindical separando a los sindicatos de clase y de izquierda. A continuación han dado por cerrada la negociación y se han puesto -con sus nuevos aliados- a intentar hacer fracasar la manifestación de esta tarde.


Sobran razones para mantener la protesta. Lo saben bien los miles de empleados públicos que están sosteniendo el más importante conflicto laboral y social en muchos años en Murcia. Pero ahora se trata además de saber si el gobierno de Valcárcel y quienes le dan apoyo en este momento han logrado doblegar la voluntad de estos empleados públicos, y derrotar a los sindicatos resistentes, y a la izquierda murciana con ellos, cerrando la hemorragia de credibilidad y desgaste que -hasta ahora fe forma incontenible- se les ha abierto peligrosamente con un horizonte elctoral tan cercano.


Por eso tengo que insistiros una vez más: lo que hoy ocurra por las calles de Murcia es mucho más que una cuestión de 35 o 36,5 horas de trabajo semanales. No puede faltar nadie que entienda lo mucho que está en juego. Hay que correr la voz, llegar a mucha gente, vencer las dudas que se estén sembrando interesadamente en estas horas decisivas".


Patricio Hernández

CCOO, UGT y Sterm dicen que el acuerdo "carece de validez jurídica" y no descartan la huelga

MURCIA.- Los sindicatos CCOO, UGT y Sterm-Intersindical han señalado que el preacuerdo alcanzado por la Administración regional y los otros seis sindicatos que integran la mesa de negociación sobre la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, carecería de "validez jurídica" de llevarse a efecto porque los firmantes "no alcanzan el 44 por ciento de la representatividad de todos los empleados públicos".

   Así lo han hecho saber en rueda de prensa los secretarios generales de CCOO de la Región de Murcia, Daniel Bueno, de UGT de la Región, Antonio Jiménez, y el secretario regional de Sterm-Intersindical, Toni Carrasco, quienes este miércoles decidieron rechazar la última propuesta del Gobierno regional por considerar que "daña las condiciones de los empleados y los servicios públicos, al tiempo que supone el despido de trabajadores".
   Jiménez ha añadido que los acuerdos "se adoptan en las mesas instituidas de negociación, que se constituyen con la representación que tiene cada sindicato, fruto de las elecciones sindicales, y el Gobierno regional no puede ratificar ningún acuerdo que se haya adoptado con la minoría de la representación", por lo que ha insistido en que "sin el apoyo de la mayoría sindical el acuerdo no puede tener validez jurídica".
   Y es que estos seis sindicatos que han pactado el preacuerdo, CSI-F, SATSE, ANPE, SAE, SIDI y Sindicato Médico, "poseen 124 delegados en el Área Pública, frente a los 159 que suman CCOO, UGT y Sterm-Intersindical, el 56 por ciento del total".
   Tanto CCOO como UGT y Sterm han coincidido en resaltar el aumento de la jornada laboral como el "principal escollo" para alcanzar un pactyo, aunque "no el único". Carrasco manifiesta que el aumento de la jornada laboral supondrá el despido de los trabajadores temporales que consideren "desechables", y Bueno estima que "significará la desaparición de 2.200 empleos de forma inmediata y a medio plazo".
   Según sus cálculos, esta situación va a suponer una repercusión "desfavorable sobre la tasa de desempleo regional, que va a aumentar algo más de dos puntos, pasando de una tasa actual del 25 por ciento a una tasa incrementada del 27 por ciento, muy previsiblemente".
   Bueno ha señalado que no se están haciendo previsiones de destrucción de empleo, y ha recordado que en sanidad "ya se han destruido, desde el 1 de enero hasta la actualidad, en torno a 760 contratos de trabajo que venían los dos últimos años prestando ininterrumpidamente servicio".
   Por su parte, Jiménez ha tachado el acuerdo de "regresión laboral histórica contra el empleo público y una violación de derechos fundamentales a la negociación colectiva, a la libertad sindical, al régimen estatutario básico de los empleados públicos que va a perjudicar directamente al resto de Administraciones públicas de la Región y de España, con un calado muy negativo en las empresas privadas". De hecho, ha indicado que ayuntamientos como Murcia, Totana o Torre Pacheco.
   Aparte de la jornada laboral, Carrasco ha criticado la previsión de que una mutua privada "pueda gestionar las prestaciones por incapacidad temporal, al tiempo que se prevén movilidades forzosas que no se entenderían de otra forma si no estuvieran vinculadas a la reducción de la jornada y la redistribución de la gente que trabaja en la Administración".
   Asimismo, ha aseverado que las ayudas sociales en la Ley "disminuyen en los aspectos más sociales, como la discapacidad, la natalidad o la ayuda por hijo", al tiempo que ha arremetido contra la rebaja salarial y "el incumplimiento de los acuerdos salariales, que implica acabar en la práctica con la negociación colectiva y resquebrajar la confianza que tiene el personal empleado público en la Administración".
   Bueno ha señalado que el Gobierno regional "no ha cedido al clamor que exigía una modificación profunda de la Ley", y ha considerado que el avance que se ha producido en esas negociaciones "estriba básicamente en reducir al 50 por ciento las pérdidas salariales que estaban previstas", y "no garantiza ni el empleo ni la calidad de los servicios públicos".
   Entre los principales inconvenientes, Jiménez ha considerado básico "el aumento de la jornada laboral a 36 horas y media, que es el principal obstáculo a un acuerdo". No obstante, también ha enumerado "la suspensión de los 16 acuerdos firmados en los 12 últimos años, así como rebajar al 50 por ciento la retribución y las ayudas sociales".
   Jiménez ha aclarado que el acuerdo "no se plantea con vocación de ser coyuntural como han estado diciendo un mes el Gobierno regional, sino que la propia exposición de motivos de la Ley decía claramente que se trata de una Ley estructural". Así, matizó que "tiene vocación de permanencia y, al menos, va a estar vigente dos, tres o cuatro años, que es lo que se prevé que va a durar la época de recesión".
   Por lo tanto, ha insistido en que, aunque el Gobierno regional "diga que las medidas caducan el 31 de diciembre de 2011", la Ley se adopta en un escenario de déficit que "seguramente estará mucho más desbocado en 2011, cuando se quiera cumplir la limitación del porcentaje del déficit público, y el Gobierno regional vuelva a justificar el mantener estos recortes".
   Incluso, ha señalado que "si las medidas se implantan será difícil retomar nuevamente las condiciones de trabajo que habían antes del 23 de diciembre en la Región de Murcia".
   Por todo ello, Jiménez ha dicho que CCOO, UGT y Sterm-Intersindical "van a mantener su capacidad propositiva, aunque se ve que no sirve para nada a tenor del desprecio del Gobierno regional a nuestras medidas alternativas". Además, ha dicho que "vamos a emplear todas las movilizaciones planteadas e, incluso, las incrementaremos, al tiempo que utilizaremos todos los medios legales a nuestro alcance para combatir esta Ley injusta, inconstitucional e ilegal".
   En este sentido, CCOO, UGT y Sterm-Intersindical se han reunido esta mañana en Comité de Crisis para decidir las medidas a realizar que, de momento, pasan por la continuación del calendario de movilizaciones y la celebración esta tarde de una nueva manifestación en Murcia, aunque no excluyen ninguna posibilidad, como la realización de una huelga general de la función pública.
   El Comité de Crisis "tiene planteado un elenco grande de movilizaciones, y se van a retomar todas si la Administración regional no modifica su postura", según Carrasco, quien ha añadido que los tres sindicatos harán estas movilizaciones para que la Administración "rectifique y se siente a negociar otra vez para modificar la Ley", y Bueno ha reclamado "un cambio profundo y no un maquillaje".
   Al respecto, Bueno ha instado a los trabajadores de la Administración autonómica para que "independientemente de cómo haya quedado cada uno independientemente en la modificación del Gobierno, contribuyan y apoyen las movilizaciones para defender la calidad del empleo y los servicios públicos". "Vamos a seguir movilizando a los trabajadores porque entendemos que los cambios no son los que planteábamos los sindicatos".
   A juicio de Bueno, los seis sindicatos que han alcanzado el preacuerdo "deberían reflexionar este viernes para no tergiversar la voluntad mayoritaria de los trabajadores de una modificación profunda de la Ley que no se ha dado hasta la fecha".

El Gobierno regional alcanza un preacuerdo inviable con los sindicatos minoritarios

MURCIA.- El Gobierno regional ha alcanzado un preacuerdo, jurídicamente inviable, con seis de los sindicatos presentes en la mesa de negociación  - precisamente los minoritarios- sobre la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, concretamente, con CSI-F, SATSE, ANPE, SAE, SIDID y Sindicato Médico, quienes han de refrendar esta decisión en sus órganos. Los otros tres sindicatos, CCOO, UGT y Sterm-Intersindical, han mostrado su rechazo al acuerdo por discrepancias en aspectos "fundamentales".

   El "principal escollo" que han encontrado estos tres sindicatos ha sido el aumento de la jornada laboral, que queda fijada en 36 horas y media frente a las 37 horas y media del texto original. Así, las tres organizaciones han decidido desmarcarse del acuerdo inicial y mantener el calendario de movilizaciones, que continúan este jueves por la tarde con una manifestación que partirá a las 18.00 horas desde la plaza Circular, de Murcia.
   La última propuesta planteada por la Administración contemplaba la rebaja a la mitad de los recortes salariales, la vigencia de la Ley hasta el 31 de diciembre de 2011, la jornada laboral de 36 horas y media, la eliminación de la rebaja salarial en caso de incapacidad laboral transitoria, aunque con supervisión externa por parte de mutuas, y la disminución al 50 por ciento de algunas de las ayudas contempladas en el Plan de Acción Social.
   El secretario regional de Sterm-Intersindical, Toni Carrasco, ha explicado que su sindicato ha rechazado este acuerdo junto con CCOO y UGT "fundamentalmente, por el escollo de la jornada laboral", aunque todos ellos poseen "otros inconvenientes igualmente rechazables en común, ya que el texto final presentado por el Gobierno regional traspasa líneas rojas fundamentales que no se pueden admitir de ninguna manera".
   Entre estos asuntos, ha señalado "la rebaja de las ayudas del Plan de Acción Social, la intervención de las mutuas en el control de las bajas por incapacidad transitoria y la derogación de los acuerdos sindicales". De hecho, ha manifestado que "lo que provoca falta de confianza en que se pueda cumplir el plazo al 31 de diciembre de 2011 es la derogación de estos acuerdos".
   Sin embargo, el Gobierno regional señaló que su propuesta era "su última palabra y que daba por terminada la negociación". Así, el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, pidió a los sindicatos que se posicionasen y tomasen una decisión definitiva.
   Carrasco señaló que "es más importante que nunca" que la gente acuda a manifestarse esta tarde, cuando los trabajadores de la enseñanza, la sanidad y la administraciones públicas están convocados, a las 18.00 horas, a una nueva manifestación contra la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, la octava desde que comenzaron las protestas.
   Como novedad, la manifestación comenzará en la Plaza Circular y no en la plaza de la Fuensanta, como en las ocasiones anteriores. Así, continuará su recorrido hasta llegar a la Gran Vía que es "el manifestódromo histórico de Murcia", según el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio Francisco Ferrández.
   Con el lema 'manifestación a la carta, elige tu pancarta' los trabajadores públicos de enseñanza, sanidad y administración y servicios, pedirán la derogación de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.

Zapatero dice que las CCAA que cumplan con el déficit pueden endeudarse


MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha explicado que todas las comunidades autónomas que cumplan con el objetivo de déficit podrán refinanciar deuda y ha recalcado que no ha habido "trato de favor" a Cataluña ni tampoco una "rectificación" posterior del Ejecutivo.

   "Hay cierta confusión con alguna intención, porque es evidente que hay un régimen ya fijado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no hay nada nuevo ni antes de la entrevista con (el presidente de la Generalitat, Artur) Mas, ni ayer en la decisión del gobierno", ha declarado Zapatero anoche en los pasillos del Congreso.
   El jefe del Ejecutivo ha tachado de "ficticio" el debate generado en torno a un supuesto trato de favor a Cataluña, después de que Mas, tras reunirse el lunes con el propio Zapatero en Moncloa, anunciase que la Generalitat podría emitir deuda. Mas confió en que podría incluso emitir un primer tramo --de entre 2.000 y 2.5000 millones de euros, destinados a refinanciar deuda que vencerá próximamente-- antes de que su plan de ajuste recibiera el visto bueno.
   Así, el presidente ha reclamado "un poco de rigor" porque, según ha dicho, "no ha habido ni trato de favor" con Cataluña "ni rectificación" para permitir endeudarse al resto de comunidades autónomas.
   Zapatero ha subrayado que las normas son las mismas para todas: "Todas tienen que cumplir el déficit. Si no cumplen, para poder endeudarse y refinanciar deuda tienen que presentar un plan de consolidación fiscal, y eso estaba antes de la entrevista con Artur Mas, durante la entrevista y después", ha remachado.
   En ese sentido, ha recordado que Cataluña presentó el pasado 30 de enero al Ministerio de Economía y Hacienda un plan de austeridad para reducir su déficit público al 1,3 por ciento en 2011, que es lo autorizado, y ahora "tiene que desagregarlo y concretarlo".
   En función de ese plan, ha concluido, Cataluña "tendrá autorizaciones de deuda, igual que todas las comunidades autónomas que cumplan con el déficit, es así de sencillo".

Economía reitera a las CC.AA. que no se ha producido cambio en los mecanismos de autorización de endeudamiento

MADRID.- El Ministerio de Economía y Hacienda ha reiterado a las comunidades autónomas que "no se ha producido cambio alguno" en el procedimiento de autorización de endeudamiento y refinanciación establecido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   En una carta remitida por la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, a los presidentes de las comunidades autónomas, se subraya que "no se ha producido cambio alguno, ni es nuestra intención proponerlo, en el mecanismo de autorización del endeudamiento a largo plazo".
   Así, destaca que el compromiso del Gobierno "es garantizar que las AAPP españolas cumplen con los objetivos de reducción del déficit a los que estamos solidariamente comprometidos". "Para ello, los mecanismos vigentes de control del endeudamiento se seguirán aplicando, sin excepciones", añade.
   La titular de Economía y Hacienda recuerda que, en la actualidad, han recibido planes de reequilibrio de las 15 comunidades autónomas que debían presentarlo, que todavía se están examinando, y que no será hasta que cada uno de estos se apruebe individualmente cuando se puedan autorizar nuevas emisiones de deuda por la comunidad correspondiente.
   Sin embargo, señala que "cuestión distinta" es el tratamiento de la deuda existente suscrita de conformidad con los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera y sus vencimientos.
   En este caso, la renovación de la deuda a su vencimiento no supone aumento del saldo de la deuda viva de una comunidad autónoma ni afecta a su déficit.
   Por esta razón, recuerda, los acuerdos del CPFF permiten refinanciar los vencimientos de deuda y así se ha venido haciendo, siempre y cuando la deuda de la comunidad se sitúe dentro de su techo de endeudamiento derivado de los acuerdos del CPFF, posibilidad que en 2010 ejercieron las 17 comunidades.

Eduardo Punset considera que hace falta "otro tipo de estado" más flexible

PALMA DE MALLORCA.- El jurista y divulgador Eduardo Punset considera en España "hace falta otro tipo de estado" más flexible que el actual y, comparándolo con la evolución del nomadismo al sedentarismo, ha dicho que el país está saliendo "de una situación que era la necesaria hace 10.000 años pero que no es la de ahora". 

"Tengo una concepción evolutiva y me doy cuenta de que estamos viviendo todavía en un estado de cosas que creamos cuando dejamos de ser nómadas y nos afincamos sedentariamente hace 10.000 años", ha contestado Punset sobre las recientes críticas al Estado de las Autonomías.
En una rueda de prensa ofrecida en Palma, previa a su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de las Islas Baleares (UIB), Punset ha definido España como "un estado centralista único" y ha declarado que lo considera "un estado muy bruto, que no sabe de distinciones y finuras".
"Al ser una sociedad globalizada con mayor componente nómada, estamos reclamando un estado más flexible", ha defendido Punset, que considera que "muchas de las reivindicaciones de la gente son de cosas que le pertenecen".
"Hace falta otro tipo de Estado y creo que estamos saliendo de una situación que era la típica y la necesaria hace 10.000 años, pero que no es la de ahora", ha zanjado.

miércoles, 9 de febrero de 2011

Valcárcel lamenta haber aprobado un recorte que ha llevado a situaciones "indeseables" y ahora "seamos todos iguales

MURCIA.- El presidente del Gobierno regional de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha lamentado que Murcia haya tenido que tomar medidas de recorte hace mes y medio, aprobadas en el Parlamento Regional y presentadas al Ministerio de Economía y Hacienda, "teniendo que soportar manifestaciones, importantes en número y también comprensibles, y algunas otras cosas que no tiene porqué vincularse a esto".

   No obstante, en declaraciones en el programa Protagonistas, de Punto Radio,Valcárcel explicó que en general, "han sido una escalada de situaciones indeseables" para que ahora se diga que "todos iguales" cuando otros no han presentado medidas aprobadas en un Parlamento "sino simplemente un compromiso de cumplirlas, que es cosa distinta".
   Algo, que desde su punta de vista, "podría haberse hecho el 24 de diciembre y no ahora, porque para este viaje no eran precisas esas alforjas", subrayó.
   Así el presidente de la Comunidad ha solicitado la reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para "debatir y aclarar" la autorización de endeudamiento a las comunidades autónomas, tras las explicaciones dadas por el Gobierno central al resultado de la reunión entre el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y el de Cataluña, Artur Mas.
   Valcárcel, en declaraciones a Punto Radio, afirmó que en la Comunidad de Murcia "estamos dispuestos a cumplir con los objetivos marcados para que se nos autorice el endeudamiento", aunque advirtió que "es necesario que se cumpla el sistema de financiación autonómica".
   Añadió que el Gobierno de España "lo incumple y no hace frente al gasto autonómico que tenemos las comunidades para atender la Sanidad, la Educación o la Dependencia", en referencia a los 450.000 nuevos murcianos que no son reconocidos y cuyas necesidades hay que cubrir.
   Valcárcel advirtió que "es verdad que ante esta situación económica todos tenemos que apretarnos mucho el cinturón", y añadió que "esto nos exige un esfuerzo de patriotismo, de españoles que sienten España, como nosotros hacemos en la Región de Murcia aunque con muchas incomprensiones". Por ello, dijo Valcárcel, ahora "esperamos que todos seamos tratados por igual".

4.500 millones


La comunidad autónoma de Cataluña afronta vencimientos de deuda este año por valor de unos 4.500 millones de euros, dijo el miércoles una portavoz del Gobierno catalán, después de que Cataluña lograra el lunes del Ejecutivo central autorización para refinanciar vencimientos.
Esta portavoz, que confirmó cifras difundidas hoy en medios de comunicación tras unas declaraciones del presidente autonómico Artur Mas y de su consejero de economía, indicó que en conjunto Cataluña tiene necesidades de financiación de algo menos de 11.000 millones de euros en 2011.
Esta última cifra incluiría, además de los vencimientos de emisiones, el déficit regional no previsto de 2010, más el déficit esperado en 2011 (2.600 millones si se sitúa en el 1,3 por ciento de límite impuesto por el Ejecutivo central a las Comunidades Autónomas).
La deuda de las comunidades autónomas es una de las principales incertidumbres sobre la economía española para los analistas y los mercados, que temen que las cuentas regionales hagan peligrar los objetivos de déficit público nacional.
Las 17 comunidades autónomas suponen alrededor de la mitad del gasto público español, con una deuda total próxima a los 105.000 millones de euros.
La difícil situación de las cuentas públicas catalanas ha llevado al nuevo presidente de la Generalitat a solicitar al Gobierno español autorización para emitir deuda a largo plazo y poder salvar así la prohibición que impuso el Ejecutivo central para reducir el déficit público español.
Mas dijo el lunes tras reunirse con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que esperaba recibir autorización para emitir deuda a largo plazo en los próximos días con el fin de refinanciar vencimientos.
Tras el malestar creado por esta autorización en otras comunidades, el Ministerio de Hacienda aclaró que las comunidades autónomas que hayan cumplido sus objetivos de déficit podrán refinanciar sus deudas de próximo vencimiento este año.
Un portavoz de Hacienda explicó que ninguna de ellas podrá emitir deuda nueva este año.
Las autonomías tenían un objetivo de déficit del 2,4 por ciento para 2010, pero se estima que al menos tres de ellas - Cataluña entre ellas - no lo habrían cumplido.
A mitad de 2010 Cataluña era la comunidad más endeudada con un saldo récord de unos 28.769 millones de euros de deuda.

El Gobierno fija en el 10% el nivel mínimo de solvencia para las cajas

MADRID.- El Ministerio de Economía elevará hasta el 10% los requisitos mínimos de capital básico para las entidades financieras que no coticen o no tengan al menos el 20% de presencia de inversores privados en su capital, mientras que situará en el 8% el de los bancos, aunque permitirá que las ayudas públicas del Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria (FROB) computen como capital.

El Gobierno exigirá un nivel mínimo de capital básico, de máxima calidad, del 10% a las entidades financieras que no coticen, o que no tengan una presencia de inversores privados de, al menos, el 20%, y cuya liquidez dependa en más de un 20% de los mercados mayoristas.
Este requisito, que afecta sobre todo a las cajas de ahorros, ya que el nivel exigido a los bancos cotizados será del 8%, está recogido en una carta que la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, ha remitido al presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, y al de la patronal de cajas (CECA), Isidro Fainé.
En las misivas, Salgado destaca que "los elementos que vamos a incluir en el concepto de capital principal son: capital, reservas, primas de emisión, intereses minoritarios, más los instrumentos suscritos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y transitoriamente instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones, y minorados por resultados negativos y pérdidas, activos inmateriales y ajustes de valoración".
En las cartas se señala además que, si las futuras pruebas de resistencia que se realicen a los bancos y cajas ponen de manifiesto potenciales carencias de capital en los escenarios más desfavorables, el Banco de España podrá exigir a las entidades un nivel de recursos propios superior.
El pasado 26 de enero la ministra de Economía ya alertó de que las cajas podrían necesitar un nivel de capital básico de entre el 9 y el 10% de sus activos ponderados por riesgo, al tiempo que su departamento explicó que era pronto para poder determinar con exactitud cuánto capital necesita el sistema español.
El Ejecutivo esgrime estas medidas con el argumento de restaurar la confianza del sistema financiero, aunque ello suponga unas mayores necesidades de capital básico, que es la proporción de los fondos de los que una entidad puede disponer libremente respecto a los activos ponderados por riesgo y, según las normas internacionales de Basilea III, tendría que ser de al menos el 7%, pero el Gobierno lo ha elevado al 8% "con carácter general".
En las cartas enviadas a las dos patronales, Salgado recuerda a sus presidentes que el Plan del Gobierno para el Reforzamiento del Sector Financiero persigue recuperar la confianza de los mercados en la "solidez" de la economía española y la "credibilidad" de sus entidades financieras, facilitando su financiación e impulsando la canalización del crédito y el empleo.
Además, Economía pedirá al Banco de España que determine, una vez que estos requisitos sean aprobados, la situación de capitalización de acuerdo con la nueva norma a partir de las cuentas de estas entidades al cierre de 2010 y, en su caso, las cantidades máximas de recapitalización previstas para cada una de ellas.
Después, las entidades deben presentar al organismo un plan detallado de cómo esperan cumplir esta nueva normativa, que tiene que ser aprobado por el Banco de España y que finalmente evaluará en septiembre el cumplimiento de estos planes.

Compromisos

Las entidades financieras que reciban recursos públicos con el fin de fortalecer su capital, deberán asumir compromisos en cuanto a la concesión de créditos a familias y empresas, según un escrito del Ministerio de Economía sobre el plan para reforzar la solvencia del sistema financiero.
   El texto, que ha sido remitido a las entidades financieras y a los grupos parlamentarios para su negociación, no tiene carácter de borrador de decreto ley y no se puede considerar documento formal, indicaron en fuentes conocedoras del proceso.
   Las entidades financieras que no cumplan los requisitos de capital básico del 8% para bancos y de entre el 9% y el 10% para cajas de ahorros en un plazo de quince días tras la publicación del decreto deberán comunicar un plan de cumplimiento al Banco de España.
   Dicho plan podrá contemplar la captación de recursos necesarios de terceros privados, y en caso de involucrar la solicitud de apoyo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), deberá ir aparejado de un plan de reestructuración en el plazo de un mes.
   El Banco de España analizará en septiembre el estado de ejecución de las medidas que integran el plan de cumplimiento y determinará si las entidades pueden cumplir con los requisitos de capital. No alcanzarlos se considerará infracción muy grave.
   Se consideran elementos del capital principal los contenidos en Basilea III: capital, reservas, primas de emisión, intereses minoritarios e instrumentos suscritos por el FROB, minorados por pérdidas, activos inmateriales y ajustes por valoración.
   El texto también incluye un mayor peso del Ministerio de Economía y Hacienda en el FROB, ya que la comisión rectora del mismo incluirá a representantes del Gobierno. Asimismo, el FROB no se verá obligado a lanzar una OPA sobre una entidad y deberá deshacerse de la propiedad en un plazo máximo de cinco años.
   Algunas formaciones políticas apuntan a la posibilidad de que el Gobierno no apruebe el decreto este viernes para dar tiempo al desarrollo de las negociaciones con el fin de lograr el apoyo del PP. Hasta ahora, PNV y CC son las formaciones más proclives a respaldar al Gobierno, mientras que éste aún sigue en negociaciones con CiU.

Oñate dice que "si Valcárcel no controla el despilfarro no podrá hacer frente a la deuda ni los acuerdos sociales"

MURCIA.- El secretario de Coordinación del PSRM-PSOE, Francisco J. Oñate, ha señalado este miércoles que "si Valcárcel no controla el despilfarro, no podrá hacer frente a la deuda ni podrá garantizar el cumplimiento de acuerdos sociales", según han informado fuentes socialistas en un comunicado. 

   Oñate destacó que el presidente ha demostrado que "no sabe muy bien lo que lleva entre manos ni cómo gestionar. Tampoco ha entendido que el problema lo tiene en su forma de gobernar y además ahora se permite el lujo de criticar todos los acuerdos que el mismo apoyó y firmó en su momento".
   Asimismo, ha recordado que el pasado lunes, el PSRM "ya se preocupó de obtener información de primera mano sobre este tema. Ese mismo día ya tuvimos garantías del Gobierno de España de que no habría ningún trato de favor a Cataluña. Y eso es lo que en realidad ha pasado, por mucha demagogia que quiera hacer el PP con este tema".
   La actitud del PSRM ha sido "seria y responsable y hemos dicho a los murcianos lo que sabíamos, tal y como se ha confirmado tanto por los acontecimientos como a través de los comunicados del Gobierno de España", ha añadido.
   Y es que, el dirigente socialista acusó al PP de intentar confundir a la población. "Parece que Juan Carlos Ruiz, no  ha entendido que tiene un jefe despilfarrador, cuyo problema ha estado en los excesos y en manejar estos últimos años, alegremente, una chequera con subvenciones para todos los amigos. Ese clientelismo es lo que ha llevado a la bancarrota a la Comunidad autónoma", subrayó.
   En este sentido, recordó que todas las CCAA que cumplan con el objetivo de déficit "podrán refinanciar deuda y ha recalcado que no ha habido trato de favor a Cataluña, ni lo habrá para ninguna comunidad".
   Seguramente, añadió Oñate, "el portavoz del Grupo Parlamentario Popular piensa más en intentar la rentabilidad electoral que les da el victimismo, que en decir la verdad y por eso han optado por prolongar un debate ficticio".

Personas de la izquierda demandan a Valcárcel y al PP por la acusación de la agresión a Cruz

MURCIA.- Un grupo de personas de distintas organizaciones de la izquierda de Murcia han presentado una demanda en el Juzgado Decano (Decanato) de Murcia contra Ramón Luis Valcárcel, como presidente del PP murciano, así como al propio partido, en relación a las acusaciones públicas en las que se responsabilizaba a la izquierda de la agresión al Consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, según han informado fuentes del Foro Social en un comunicado.

   Los demandantes, tras recoger las múltiples referencias que se hicieron los días posteriores a la agresión al Consejero por Valcárcel y otros portavoces del PP, responsabilizando a la "izquierda poliédrica como inductora de este acto violento", consideran estas acusaciones "injuriosas y lesivas para su dignidad, fama y propia estima, que amparan las leyes, y por tanto una intromisión ilegítima en su derecho al honor, que piden se restablezca".
   Asimismo, solicitan que se proceda a excusarse ante los demandantes por tal comportamiento, y piden la cantidad de 6.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados, incluidos daños morales, que adelantan que de ser obtenidos entregarán a familias necesitadas afectadas por las hipotecas.
   Por ello, piden que se obligue a la publicación o divulgación de la retractación y la excusa a los que suscriben, a costa del demandado, en los medios de comunicación en los que fueron expresadas. Para ello solicitan al juzgado la comparecencia de los demandados en un acto de conciliación.
   Y es que, entienden que "uno de los límites de la libertad plena que defienden para el debate político democrático es la acusación directa de la comisión de actos delictivos del todo rechazables como es la agresión física de que fue objeto el Consejero de Cultura y Turismo. Ese límite fue excedido con las graves acusaciones por las que se criminalizaba a la izquierda, al menos de la autoría intelectual cuando no de la propia agresión".
   Finalmente, han señalado que "no hay que ver en esta acción legal un intento de judicializar el debate político, sino un claro rechazo a que todo esté permitido, incluyendo la injuriosa atribución de la comisión de actos delictivos a una importante parte de la sociedad murciana que se identifica y se considera de izquierda, y que está amparada por el estado de derecho".