miércoles, 28 de marzo de 2007

El decano de Procuradores en Cartagena habla de prepararse en lo judicial para ser nueva provincia



CARTAGENA.- Antonio Cárceles, recientemente reelegido como decano del Colegio de Procuradores de Cartagena, considera “una necesidad que tanto el Ministerio de Justicia, como las administraciones regional y municipal, trabajen y cooperen en un futuro nuevo Palacio de Justicia para Cartagena, debido a que el actual, construido en el año 2000, ha quedado colapsado y obsoleto”.

Cárceles cree que “los sectores competentes en la materia deben de cooperar para que el actual Palacio de Justicia sea adjudicado al sector privado con el fin de edificar una nueva sede en otra zona céntrica de Cartagena, como el sector Rambla, con la intención de que se dote a este nuevo edificio de espacio físico para poder ampliar sus instalaciones, debido al crecimiento que en materia judicial está experimentando la Comarca”.

Además, dice que “a corto plazo se deberá dotar a Cartagena de una nueva sala del Juzgado de lo Penal, una de Contencioso-administrativo y, muy posiblemente, una nueva sección de la Audiencia Provincial, lo que requerirá un nuevo espacio que actualmente no existe en la sede”.

El decano del Colegio de Procuradores afirmó que la expansión judicial de Cartagena requiere el estudio de las mejoras que acarrearía el nombramiento de Cartagena como provincia, ya que “llevaría a cabo la instalación de una sede de Audiencia Provincial Plena, así como las infraestructuras uniprovinciales especializadas como el Juzgado de Menores y el Mercantil, lo que sería un reconocimiento a la labor que tanto jueces, fiscales, abogados y procuradores realizan por el bien de la Justicia en la localidad”.

Cárceles también recordó que la población que está enmarcada en el ámbito de actuaciones del Palacio de Justicia de Cartagena abarca un total de cerca de 300.000 habitantes.

Zaplana aumentó un 100% los fondos protocolarios del ministro al llegar a Trabajo


MADRID.- El hoy portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, dobló en 2003 el presupuesto anual de gastos protocolarios de gestión directa como ministro de Trabajo (36.000 euros) respecto de su antecesor, Juan Carlos Aparicio (18.000).

Zaplana marcó otra diferencia de gestión del dinero público respecto de sus antecesores del PP: ni Aparicio, ni Javier Arenas utilizaron nunca como ministros de Trabajo aviones privados para sus vuelos, ni compraron alimentos con cargo a su presupuesto para su residencia oficial, ni recurrieron a artículos de lujo para atenciones protocolarias.

Zaplana ha anunciado que quiere conocer los gastos protocolarios y de desplazamientos de los componentes del actual Ejecutivo socialista para medirlos con los suyos durante su mandato en Trabajo (2002-2004). A la espera de que el Gobierno remita esos datos, empiezan a surgir elementos que permiten comparar su gestión con la de sus dos antecesores inmediatos, ambos del PP: Javier Arenas y Juan Carlos Aparicio. El retrato que pintan ex colaboradores de estos tres ministros y funcionarios de Trabajo que coexistieron con todos ellos marca un antes y un después de Zaplana.

Para empezar, el 2 de enero de 2003, el primer año de gestión completa de Zaplana -tomó posesión en julio de 2002- varió radicalmente los gastos dedicados a "atender ineludiblemente obligaciones de protocolo" de los diversos cargos del departamento. Curiosamente, de los 17 cargos a los que se reconocían tales fondos, sólo el monto de uno crecía inusitadamente respecto del esquema hasta entonces vigente y era precisamente el presupuesto del ministro.

Si Aparicio se daba por servido con 18.060 euros anuales (1.500 al mes) para sus atenciones protocolarias directas -una comida, unas flores, etcétera-, Zaplana se adjudicó el doble: 36.000 euros (3.000 al mes). Por contra, la práctica totalidad de los altos cargos de Zaplana mantenían las mismas partidas consignadas en 2002 por su antecesor, Aparicio.

Gastos de gestión directa

Este presupuesto estaba destinado como su nombre indica a aquellos gastos de gestión directa del ministro. Era, por tanto, una partida más de los gastos globales del ministerio de atenciones protocolarias, con cargo a los cuales, como ha reconocido Zaplana, se sufragaron los objetos de lujo durante su mandato -que totalizaron más de 183.000 euros en compras durante su mandato- para atenciones a personalidades diversas y que, como también ha reconocido, en muchas ocasiones no identificó por premuras y contingencias varias.

Por tanto, nada de este dinero, que se entregaba en metálico, según ex colaboradores de Zaplana, sirvió para sufragar tales regalos. Tampoco este dinero de bolsillo de Zaplana emanado del presupuesto ministerial sufragó los gastos de cesta de compra -más de 5.000 euros durante su mandato- con destino al pabellón ministerial que constituía su residencia en el ministerio, y que se sufragaron con los ingresos de la cafetería de Trabajo, según documentos oficiales.

De tal partida personal protocolaria, tampoco se abonaron los catering -más de 22.000 euros durante su gestión- con que se cubrían las comidas oficiales del ministerio. Algunas facturas de restaurante como la de Horcher o la del club Siglo XXI, sumando 2.000 euros, fueron desviadas al presupuesto global, al que también se pasaron sus pagos de donativos benéficos. Finalmente, los vuelos en avión privado (más de 150.000 euros) fueron presentados como meros contratos o como indemnizaciones por gastos de viaje.

Por tanto, Zaplana dispuso, mes a mes, de un fondo de 3.000 euros para sus gastos. Ex colaboradores de Arenas y Aparicio y funcionarios que coexistieron con ellos aseguran que ninguno de ellos contrató un solo vuelo privado para sus viajes oficiales. Las mismas fuentes sostienen que ambos solían comer el menú del ministerio en su despacho y contrataban catering sólo para comidas oficiales.

Ni uno ni otro, a diferencia de Zaplana, recurrieron a la compra de objetos protocolarios de lujo. Sus ex colaboradores destacan "la austeridad castellana" de Aparicio y la viveza de Arenas, que tras recibir dos sablazos del catering de un restaurante cercano, prescindió radicalmente de dicho establecimiento.
De "El País"

El gobierno murciano del PP agita de nuevo el espantajo del trasvase del Ebro en plena crecida por el deshielo en las montañas del norte peninsular




MURCIA.- El Gobierno murciano presentó hoy un vídeo con la "última riada" que está teniendo el Ebro estos días, "cuatro hasta el momento", precisó el secretario general de la Presidencia de la Comunidad Autónoma, José Antonio Ruiz Vivo, quien expuso que "esos 1.200 m3 de agua que está arrojando al mar cada día es el equivalente a 40 canales del trasvase previsto en el PHN".

En concreto, este vídeo, que lo realizó la pasada semana una productora murciana en el Delta del Ebro, en el embalse de Mequinenza y en la conexión con el Segre, viene a poner de manifiesto "ese desbordamiento, mientras Murcia se seca"; una realidad que Ruiz Vivo calificó de "realmente sangrante". "Una imagen vale más que 1.000 palabras", añadió.

De este modo, Ruiz Vivo aseguró que "a lo largo de los próximos días, el Ejecutivo murciano seguirá informando a la ciudadanía de este acontecimiento que se está produciendo en estos momentos, tanto en Aragón como en Cataluña".

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) inció ayer el desembalse de algunos pantanos de la cuenca del Ebro en su parte media para poder acoger las posibles avenidas del río originadas por las lluvias fuertes que se esperan para estos días.

Este aumento del caudal se notó de forma especial en el tramo final de río Ebro a su paso por las comarcas de la Ribera y del Bajo Ebro, como ilustra la fotografía tomada ayer en Tortosa.

En la imagen superior se aprecia el considerable volumen de agua que llevaba el río en comparación con el escaso nivel de días pasados. Las lluvias y la fusión de las nieves en la cabecera del Ebro mantendrán alto el nivel de las aguas en todo el recorrido del río.

Por su parte, el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, aportó datos actualizados de la cantidad de agua que pasaba, a las 8.00 horas de hoy, por distintos puntos del Ebro. Así, especificó que en Tortosa el caudal era de 1.195 m3/ segundo; 1.259 m3/segundo en Zaragoza, y 1.461 m3/segundo en Tudela.

Cerdá advirtió que esa cantidad de agua que se tira desde Tortosa "supone 112 Hm3 de agua al día y con tres días como éste, tendríamos resuelto el problema de todo el campo murciano en todo el año".

Y es que, a su juicio, "las cuatro riadas que hay hasta el momento no es una cosa anormal, sino normal, ya que todos los años de sequía está habiendo desbordamientos e inundaciones en el Ebro, al igual que es normal que es la solución más viable, desde el punto de vista técnico y de recursos".

En este sentido, recordó Ruiz Vivo al PSOE que tanto Valcárcel como el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, "han propuesto al jefe del Ejecutivo de la nación, José Luis Rodríguez Zapatero, que si no es favorable al trasvase del Ebro, al menos admita que estas dos comunidades construyan las infraestructuras pertinentes para que de ese banco de agua se pueda traer agua a Murcia".

"Los bancos de agua sin trasvase no sirven para nada", lamentó Ruiz Vivo, quien matizó que "donde está la bolsa de agua es en el Ebro".

De igual modo, Cerdá consideró que "hay que hacer una reflexión, por cuanto se nos acusa desde la oposición de que estamos manteniendo el tema del Ebro", una cuestión sobre la que insistió porque, a su juicio, "es la alternativa más viable y segura".

Y es que, según Cerdá, "en el Pacto del Agua se está de acuerdo en todo (desalación, mantener el Tajo-Segura y la reutilización) y lo único que tenemos que ser, es coherentes". "Cómo vamos a renunciar a lo que defendemos todos los días", se preguntó Cerdá, quien opinó que "eso no es no querer el pacto, sino ser coherente".

A pesar de la ruptura de ese Pacto del Agua, Cerdá dejó claro que "el PP no va a renunciar nunca al Ebro, ni cuando estábamos gobernando, ni ahora cuando estamos en la oposición en España, ni en el futuro cuando estemos otra vez en el Gobierno".

Además, dijo estar "seguro" de que, independientemente de que los socialistas "se opongan ahora al Ebro", cuando se produzca "un cambio de Gobierno en Madrid van a estar pidiendo el Ebro enseguida, porque lo pedían antes cuando gobernaba el PP", por lo que resaltó la necesidad de "ser coherente en función de los datos objetivos".

A su vez, el consejero de Agricultura y Agua afirmó que "no hay derecho a que un Gobierno condene a esta Región a seis 'trasvases cero' el pasado año y este año sólo se hayan trasvasado 11 Hm3 para regadío cuando toda este agua se está perdiendo en el mar".

Las imágenes, distribuidas a los medios de comunicación, recorren el Delta del Ebro (Tortosa y Amposta), la situación del embalse de Mequinenza, Ribarroja y Flix (únicos que se destinaban al trasvase previsto en el PHN), la conexión con el río Segre y el Ebro a su paso por la ciudad de Zaragoza, antes de que llegase la avenida que sufre el río en estos días.

Igualmente, se puede ver el río Ebro a su paso por Zaragoza, antes de la avenida que está pasando en estos momentos y que ha alcanzado los 1.400 m3/segundo, y la situación del embalse de Mequinenza y del sistema Mequinenza-Ribarroja, con 1.500 Hm3 y al 90% de su capacidad, antes de que tengan que abrir las compuertas y soltar el agua al mar por motivos de seguridad.

Las cámaras de esta productora murciana también tomaron recursos de la confluencia entre los ríos Segre y Ebro, e imágenes de la desembocadura del río en Tortosa y Amposta (lugar donde estaba prevista la toma del acueducto, una vez aprovechada el agua por el resto de la cuenca) con los canales que distribuyen el agua concedida para los regadíos del Delta.

Por último, se mostró un gráfico con los datos de la avenida del Ebro "en tiempo real" y otro con las cuatro grandes avenidas que ha tenido el Ebro en lo que llevamos de año.- (Europa Press)

Cartagena contará en la Casa del Mar con una oficina de la Demarcación de Costas, según Segado



CARTAGENA.- El candidato socialista a la alcaldía de Cartagena, Ignacio Segado, se ha reunido en Madrid con el director general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, José Fernández Pérez, y la jefa de la Demarcación de Costas en Murcia, Francisca Baraza, para tratar sobre diversos asuntos de competencia de este departamento que afectan a Cartagena.

Cartagena contará con una oficina de la Demarcación de Costas en la que se podrán realizar todos los trámites que ahora se hacen en Murcia, según Segado, quien ha indicado que, en cuatro meses, estará acabado un Plan de Gestión de usos de las baterías de costa que Defensa cedió a Medio Ambiente, como primer paso para iniciar su puesta en valor.

En cuanto a la oficina de la Demarcación de Costas, se situará en la Casa del Mar y "es un ejemplo de la descentralización que el Gobierno del Estado está realizando para acercar la administración al ciudadano".

De esta forma, los cartageneros ya no tendrán que desplazarse a Murcia para hacer las gestiones oportunas en este departamento. Además se pretende que sea la sede de los vigilantes de Costas.

El plazo para que Cartagena pueda disponer de este servicio será breve, ya que sólo está pendiente de la contratación de personal, ya bastante avanzada. Ha salido publicada en el BOE la primera plaza de personal y está punto de publicarse la segunda.

En cuanto a las baterías de costa, el Ministerio de Medio Ambiente ya ha dado el primer paso para cumplir el compromiso de gestionar su puesta en valor, que adquirió al hacerse con su propiedad, tras la cesión por el Ministerio de Defensa.

Se está elaborando un Plan de Gestión para determinar los usos que se darán a estas fortificaciones, en el que se va a consultar a las organizaciones interesadas, como pueden ser las relacionadas con el medio ambiente y con el patrimonio.

El documento estará terminado en el plazo aproximado de cuatro meses, y después se realizará un convenio con el Ayuntamiento para llevar a cabo la gestión de las baterías.

Las instalaciones que Defensa cedió a Medio Ambiente en Cartagena son las Baterías de Costa de Cabo Tiñoso, Monte Roldán, Cala Cortina, Posición X, Aguilones, La Chapa, La Parajola, y San Isidoro y Santa Florentina.

Realizar atentados no es tan caro para las organizaciones terroristas, según Schönander



MADRID.- “Los medios económicos que necesitan los terroristas para cometer actos son, en realidad, muy pocos”, revela Carl Schönander, Primer Secretario para Asuntos Económicos de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid (a la izquierda, en la fotografía inferior, junto a Bernice Donald), quien estima que el atentado de Madrid del 11 de Marzo no costó más de 40.000 euros, y el de las Torres Gemelas, de Nueva York, no más de 400 ó 500.000 dólares.

"Esto es muy poco dinero, teniendo en cuenta que Osama Bin Laden y el grupo Al Quaeda necesitan unos 30 millones de dólares al año para financiar sus operaciones", dijo Schönander en el transcurso de un debate entre expertos celebrado en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid.

Según el representante norteamericano, una fuente de financiación importante de los terroristas son las entidades sin ánimo de lucro que canalizan fondos a organizaciones terroristas. "Pero hay diferentes opiniones entre la Unión Europea y EE.UU. en la designación de los grupos que apoyan al terrorismo. Un ejemplo de conflicto es Hezbolá".

La medida más importante que han adoptado, la comunidad internacional y en particular el gobierno de EE.UU., para combatir la financiación del terrorismo, es la congelación de bienes a los individuos designados.

Manuel Rey Jimena, coronel del Ejercito del Aire y oficial español de Inteligencia coincide con Carl Schönander en que el terrorismo es una estrategia barata, fácil de llevar a cabo, que permite el enfrentamiento entre varios estados, matizando que se trata de un conflicto asimétrico.

“Estamos “combatiendo” dos grupos en el que uno utiliza una serie de reglas que al otro le están vedadas”.

Rey Jimena habla del terrorismo como un caso claro, un concepto confuso y una lucha desigual. Explica que la comunidad internacional aún no ha llegado a un consenso para definir qué es el terrorismo.

“Lo que para algunos es un terrorista, para otros es un luchador por la libertad. Si queremos llegar a un consenso, el terrorismo se definiría como la violencia mediante el terror para conseguir objetivos políticas.”

“El tema de la financiación no es precisamente el "talón de Aquiles" del terrorismo, ya que cuesta muy poco perpetrar atentados y, además, cada organización terrorista se financia de una forma diferente”, manifiesta Fernando Muniesa, experto en defensa nacional y seguridad del Estado.

El autor de los libros “Los espías de madera” o “La España Otorgada”, cita a la italiana Napoleoni, autora de “La aproximación a la financiación del terrorismo”, en el que explica que hay tres fases de financiación del terrorismo: financiación por el Estado, la privatización y la globalización.

La primera es la raíz de las demás. Un ejemplo de esta financiación fue la que practicaron los EE.UU. y la Unión Soviética en sus áreas de influencia en Nicaragua y entre los grupos marxistas en Latinoamérica, respectivamente.

La privatización surge en los años 70 motivada por el interés de los grupos terroristas de independizarse de sus patrocinadores y desarrollan estrategias de autofinanciación (OLP, IRA, ETA, etc.).

La tercera fase es la versión globalizada. Hay que considerar la desrregulación de los mercados financieros internacionales y el establecimiento de los “paraísos fiscales” (Gibraltar, Islas Caimán, etc.), que abren el oportunismo económico también al terrorismo.- (NEM)

Detenido como presunto proxeneta un alto cargo de la UGT, ya suspendido, en la Región de Murcia



CARTAGENA.- El secretario de la Federación Comarcal de Servicios Públicos de la UGT y cabo de la Policía Local en Cartagena, Rafael Paredes, fue detenido el martes y conducido al Parque de Seguridad por la Policía Nacional de Murcia como presunto autor de tres supuestos delitos: cohecho, fomento de la prostitución y contra los derechos y la salud de los trabajadores.

La detención de Paredes, quien se encontraba en la Comandancia de la Policía Nacional, en Murcia, y anteayer prestó declaración ante el juez de guardia en Cartagena, es el resultado de una investigación llevada a cabo por el Grupo de Extranjería del 091.

Agentes de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Murcia detuvieron a Rafael Paredes, al que se acusa de estar relacionado con una red de prostitución y trata de blancas paraguayas hasta un punto y en unas circunstancias que no fueron aclaradas.

Trascendió que en la operación policial también se detuvo a un agente de la Policía Nacional, que presta servicio en Cartagena y ya puesto en libertad con cargos por el juez, y a un proxeneta, al que se conoce por el apodo de Paco ‘El Guay’. La detención de Paredes, cabo del Cuerpo Municipal de Policía, la llevaron a cabo tres agentes de la Policía Nacional, que se presentaron en el Edificio de Seguridad, donde no fue necesario reducirle, dado que se entregó sin resistencia y fue conducido a dependencias policiales de Murcia.

Al parecer, el 091 ya le seguía la pista desde hacía tiempo, pero fue la declaración de una de las 18 mujeres detenidas por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) del Cuerpo Nacional de Policía, durante la redada en el club de alterne 'Hotel Glamour', de Pozo Estrecho, lo que desencadenó esta investigación.

"En su testimonio, la citada mujer, que se encontraba en situación ilegal, dijo que trabajaba para Rafael Paredes cuando no estaba dada de alta en la Seguridad Social", señalaron fuentes de la investigación.

La Policía Nacional hizo la citada redada quince días después de que un joven de 26 años, que se dedicaba supuestamente al tráfico de drogas, fuese asesinado en este local, de seis disparos. La detención de Paredes causó gran revuelo entre sus compañeros del Cuerpo de Policía Local de Cartagena y de la Federación de Servicios Públicos de UGT.

Se acusa a Paredes de aprovecharse de su condición de agente para ejercer presuntamente como proxeneta con mujeres inmigrantes ilegales, y de un delito de cohecho por beneficiarse de este negocio.

Paredes, aún responsable en el momento de su detención, de la Federación de Servicios Públicos de UGT en la comarca cartagenera y agente muy conocido en Cartagena, fue detenido por cuatro policías judiciales vestidos de paisano que se desplazaron al Parque de Seguridad de la ciudad desde Murcia.

Fuentes municipales indicaron que el cabo (de unos 55 años de edad), quien estaba de permiso, fue citado por teléfono por sus superiores en la Policía Local para que acudiera a estas instalaciones municipales.

Los policías judiciales le leyeron en voz alta sus derechos, le retiraron su arma reglamentaria y otra propia que llevaba encima y le trasladaron a dependencias policiales en Molina de Segura. Por la vieja deferencia policial de no esposar a un agente en presencia de otros compañeros, Paredes (que debía ser puesto a disposición judicial en un máximo de 72 horas y el miércoles ya declaró ante el juez) no salió con manillas en las muñecas.

El cabo estaba bajo la supervisión de un subinspector de la Policía Local. Varios agentes municipales vieron, después, cómo Paredes salía acompañado de dos de los policías.

Los investigadores policiales han recopilado testimonios y pruebas de que Paredes no hizo supuestamente nada para intentar detener al asesino del Hotel "Glamour". Al parecer, tampoco se puso en contacto con la Policía para ofrecer una descripción de los presuntos asesinos, que descerrajaron más de una decena de tiros a su víctima, muy probablemente para zanjar un pleito familiar.

Días después del crimen, tres hombres confesaron su participación en los hechos, se entregaron a la Guardia Civil de Cartagena y han sido enviados por el juez a prisión provisional (dos de ellos) y a la Fiscalía de Menores (el tercero, un menor de edad)].

En sus pesquisas, los agentes han recopilado datos acerca de otras actividades ilegales en las que supuestamente estaría implicado Paredes, como la explotación sexual de mujeres inmigrantes en situación irregular en España. Paredes se dejaba ver últimamente mucho en compañía de mujeres con aspecto de prostitutas.

«La Constitución Española establece la presunción de inocencia, pero estamos satisfechos por la actuación policial. Éste es un caso aislado y no afecta a la labor de la Policía Local», señaló el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Martínez Stutz.

Éste abrirá ahora expediente a Paredes, quien quedará suspendido de empleo y sueldo.

"Los compañeros del sindicato estaban preocupados, al principio, porque ignoraban el paradero de Paredes y querían contactar con él por si podían prestarle su apoyo", indicaron.

También en el recinto del Parque de Seguridad de la Media Legua cartagenera se podía observar más de una mala cara entre los compañeros de Paredes. "La gente está preocupada y no saben cómo ayudarlo", señalaron.

El citado concejal de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento de Cartagena, que de inmediato se trasladó al citado Parque de Seguridad, señaló: "Es un hecho desagradable, pero el que se detenga a un agente como presunto autor de unos delitos demuestra que existe trasparencia y que estamos haciendo las cosas bien. La justicia es igual para todos".

Stutz hizo hincapié en que el ayuntamiento de Cartagena "está orgulloso de la Policía Local y que, en ningún caso, si se demostrase la veracidad de los delitos imputados, se podría extrapolar el caso al resto del Cuerpo".

Compañeros de la Policía Local y de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT de Cartagena acudieron pronto al juzgado nº2 para manifestarle su apoyo desde que el funcionario se encontraba a la espera de comparecer ante el juez de guardia Jacinto Areste.

El abogado del detenido, Luis Ruipérez, se quejó de la falta de información sobre los delitos que se le imputaban a su defendido, así como de la actuación policial, ya que fue arrestado en la localidad portuaria y posteriormente fue trasladado a Molina de Segura.

Miembros de la Federación de Servicios Públicos de Cartagena aseguraron creer "en su inocencia, y si se demuestra que es culpable sería un descalabro porque no creemos en los delitos que se le imputan".

Así mismo, consideraron que el concejal de Interior, Pedro Martínez, "se precipitó en la adopción de medidas disciplinarias y laborales, ya que el policía local todavía no había pasado a disposición judicial".

Desde la ejecutiva regional de UGT manifestaron que este sindicato es el "primer interesado en que se aclare la situación" y dicen que se pondrán "todos los mecanismos a disposición de la justicia".

También se ha confirmado la suspensión cautelar de Paredes en todas sus funciones sindicales, en tanto no se sustancie judicialmente el caso, como consecuencia de la apertura de un expediente disciplinario al sindicalista cartagenero.

El titular del juzgado nº2 de Cartagena, Jacinto Areste, decretó a última hora de la noche del miércoles el ingreso en prisión de Paredes por su presunta implicación en una red de prostitución ilegal de extranjeras.

El auto del juez le imputa dos delitos: favorecimiento de la inmigración ilegal con fines de explotación sexual y omisión del deber de perseguir delitos.

El letrado del agente, Luis Ruipérez, confirmó la decisión judicial después de que su cliente declarara durante más de dos horas, por la tarde, en el juzgado de guardia de Cartagena.

El policía fue trasladado por la mañana hasta el Palacio de Justicia de Cartagena, donde un grupo de compañeros del Cuerpo y del sindicato aguardó todo el día hasta conocer la resolución del magistrado.

Todos ellos mostraban su incredulidad ante las acusaciones de la policía judicial de Murcia que lo vinculan con una red de prostitución ilegal de extranjeras.

El magistrado de guardia decretó también prisión para un segundo detenido, un hombre, vecino de Cartagena, y al que también se vincula con la red de prostitución ilegal.

A partir de ahora, será el titular del juzgado nº3 de Cartagena el encargado de ratificar el auto de prisión e instruir el caso.

En los próximos días está previsto que presten declaración varios testigos protegidos.- (Agencias)

UDeRM también se persona en la causa por la venta de los terrenos de la factoría de "Zincsa"


CARTAGENA.- El abogado murciano Diego de Ramón, presidente del nuevo partido político Unión Democrática de la Región de Murcia (UDeRM), ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por la venta de los terrenos de la factoría cartagenera de "Española de Zinc S.A." (Zincsa). Esta operación fuertemente especulativa, que ha sido objeto de controversia política en los últimos meses, ascendió a 142 millones de euros.

Apoyándose en abundante jurisprudencia, al efecto, y justificar así su legitimidad para efectuar la citada denuncia, De Ramón pide, si se considera oportuno, abrir diligencias de investigación sobre varios posibles delitos: verificar si se puede haber cometido delito contra los derechos de los trabajadores, existido tráfico de influencias en esta operación concreta, alteración, o no, del precio de las cosas y posible dejación de funciones.

De Ramón se pregunta qué se ha hecho con esos 142 millones y quién o quiénes han cobrado las comisiones por su venta, al 4% habitual, unos 6 millones. Califica esta compra-venta de "operación oscura" y nada normal por la intervención en ella del Ayuntamiento de Cartagena para recalificar los 580.000 m2 de terrenos contaminados de "Zincsa". Y quiere saber si la empresa vendedora ha retenido, de la cantidad percibida, el suficiente dinero como para poder comprar otros terrenos y así garantizar la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo.

Al parecer del letrado murciano, en su escrito a la Fiscalía, contrasta ahora el interés del gobierno autónomo para encontrar suelo barato para reubicar a "Zincsa" y recuerda, ninguno, en su día, para establecer cláusulas de garantía en la compara-venta para que el fruto de la transacción fuese íntegramente a financiar la compra de unos nuevos terrenos a su precio de mercado.

Para rematar su petición, Diego de Ramón, le pide al fiscal que se averigüe por la policía quién ha asesorado, técnica y jurídicamente, operación de tamaña envergadura y qué entidad financiera ha efectuado los pagos. El abogado murciano cita a la tristemente célebre "Terra Mítica" como otra mercantil involucrada en esta operación claramente especulativa y con ribetes de ser un gran "pelotazo" para todos los intervinientes, de entre la parte compradora.

La mercantil intermediaria en esta polémica compra-venta, no hay muchas dudas, parece haber sido "Atalia", de la que es importante socio el ex alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso y algunos actuales altos cargos del PP relacionados con la ciudad, y que, según algunas fuentes muy bien informadas, también pudiera haber tenido, en algún momento, relaciones de tipo comercial con el conocido abogado murciano Carlos Valcárcel Siso, hermano del actual presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, hoy sumamente interesado en comprar terrenos industriales que le sean asequibles a "Zincsa" pese a haber percibido 142 millones de euros.

Diego de Ramón ya anunció, hace algún tiempo, que el partido UDeRM se personará en todas las actuaciones penales que se abran como consecuencia de la persecución de presuntos delitos urbanísticos, contra personas físicas, instituciones o entidades financieras colaboradoras de dichas actuaciones. Además aseguró que colaborará, en la medida de lo posible, con las investigaciones abiertas para estos casos por la Unidad Especial de la Guardia Civil.

De Ramón, perteneciente a una larga familia vinculada a la Benemérita en algunas provincias desde hace varias generaciones, también viene apuntando que «el tema de la corrupción urbanística en la Región de Murcia está propiciado por la concentración de grandes cantidades de dinero», que son aportadas desde múltiples sociedades mercantiles y financieras, a su juicio.

Fuentes Zorita considera una estafa promocionar urbanizaciones sin tener asegurada el agua



MURCIA.- Las organizaciones Anse y Ecologistas en Acción piensan recurrir a los tribunales para intentar paralizar aquellos proyectos urbanísticos «más emblemáticos» que no tienen asegurado el suministro de agua. Para ello se basarán en lo que dicta la Ley de Aguas, según la cual las confederaciones hidrográficas deben emitir un informe sobre la existencia o no de recursos hídricos para atender las nuevas demandas. Dicho informe, no obstante, no resulta vinculante.

Ambas organizaciones han estudiado con anterioridad esta estrategia, y se han visto animadas tras la decisión del Gobierno central de recurrir una docena de planes urbanísticos en Valencia por no tener el agua garantizada, según publicó El País.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, considera, a título personal, que la actuación del Gobierno central en Valencia le parece «magnífica; porque es una estafa promocionar urbanizaciones sin tener garantizado el abastecimiento de agua; o que se haga a costa del suministro de otras poblaciones asentadas».

Fuentes Zorita no entró a valorar qué proyectos en suelo murciano entran en esta categoría, pero sí añadió que «en esta cuenca el carro ha ido por delante de los bueyes, hasta provocar un déficit de 60 hectómetros cúbicos en Canales del Taibilla. Eso nos ha obligado a sacar más de 100 hectómetros del sinclinal de Calasparra en los últimos años. Está claro pues que todo el desarrollo urbanístico en esta Región no estaba amparado por el agua que necesitaba. Se ha producido una espiral suicida que hemos intentado atajar desde la nueva Administración, ya que el modelo de crecimiento era demencial».

Recordó que si se recurre algún proyecto, tendría que hacerlo la Delegación del Gobierno, ya que la Comisaría de Aguas se limita a emitir un informe preceptivo. Tales informes han sido hasta ahora y en su mayoría negativos, a expensas de que se disponga en el futuro de agua suficiente.

La Zerrichera, Lo Poyo y Puerto Mayor, entre otros, son los proyectos que están en el punto de mira de los ecologistas. El presidente de Anse, Pedro García, indicó ayer que han estudiado presentar recursos. Estima que el caso más claro es el de La Zerrichera, pero piensan analizar todos los convenios que hay sobre la mesa; a la vez que solicitarán a la Confederación Hidrográfica todos los informes negativos emitidos hasta ahora. «La ley de Aguas es la misma para todo el Estado. Si en Valencia se han podido paralizar urbanizaciones, aquí también puede hacerse. García apuntó que tampoco quieren «judicializar todo lo relacionado con el medio ambiente»

Rubén Vives, de Ecologistas en Acción, apuntó que con toda seguridad van a presentar recursos contra los proyectos urbanísticos «más relevantes», como La Zerrichera y Puerto Mayor. «Creemos que después de las elecciones tratarán de reactivarlos», indicó. Vives advierte de que el proceso puede ser largo, y que además de la falta de agua hay que considerar los daños que ocasionan al medio ambiente.

La Delegación del Gobierno, por su parte, informó ayer de que no tiene previsto presentar recursos contra ningún proyecto urbanístico en Murcia, como ha hecho su organismo homólogo en Valencia. El Estado tiene un representante en una comisión consultiva de urbanismo de la Comunidad Autónoma, en la cual hace constar su oposición a determinados proyectos cuando llegan avalados por informes negativos de los organismos ministeriales. Ocurrió en el caso de Puerto Mayor, en el que Costas recurrió al TSJ. Sobre la falta de agua para las urbanizaciones, se ha hecho constar el rechazo cuando se ha planteado algún caso, pero hasta ahora no se ha dado un paso
más allá.

En el caso de la Región de Murcia operan dos elementos que dificultarían la vía judicial para paralizar un proyecto urbanístico. Por un lado la ley regional del Suelo no es tan exigente como la valenciana, que es más explícita a la hora de vincular los desarrollos urbanísticos con la disponibilidad de agua. Por otro lado, existe el Ente Público del Agua, creado por el Gobierno regional, y cuyo objetivo es precisamente garantizar el suministro de agua para las nuevas urbanizaciones, para lo cual ya ha firmado una veintena de convenios con otros tantos ayuntamientos. Sobre esta base, los sectores turísticos y de la construcción tendrían garantizado legalmente el abastecimiento a través de este organismo. Asimismo, el Ministerio espera solucionar el déficit total en un año.
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martes, 27 de marzo de 2007

Zapatero pone en TVE a Irlanda del Norte como ejemplo para lograr la paz en el País Vasco


MADRID.- A dos meses justos de la fecha de las elecciones municipales y autonómicas, finalmente sólo hubo tiempo para que 42 ciudadanos preguntaran en directo al presidente del Gobierno en el programa "Tengo una pregunta para Usted", emitido durante dos horas en la Primera de TVE, y presentado por Lorenzo Milá, entre las 21,30 y las 23,30 de este martes.

Rodríguez Zapatero se ha enfrentado a preguntas muy diversas, desde el precio de un café, la marcha del sector de la remolacha, o el funcionamiento de la Justicia, pero la mayor parte de las cuestiones se han centrado en el terrorismo y la inmigración.

El presidente ha invitado a los ciudadanos, seleccionados por TNS-Demoscopia, a que le hagan en La Moncloa las preguntas que por falta de tiempo se han quedado fuera.

Las primeras preguntas han sido sobre ETA y el caso De Juana. Zapatero ha dicho que España sólo tiene pendiente "un problema grave" por resolver, el terrorismo de ETA, y ha puesto el reciente acuerdo del Ulster como ejemplo de que es posible un final dialogado de la violencia, pero siempre basado en el abandono de las armas por parte de los terroristas.

Zapatero ha insistido en que "el único diálogo posible para acabar con ETA es que deje las armas, que termine con la violencia y que aquellos que dicen defender unas ideas lo hagan democraticamente, con la palabra y nunca con la violencia".

Respecto a la decisión adoptada por el Ejecutivo con respecto al etarra De Juana Chaos, el presidente ha justificado la medida porque defiende "los intereses generales". Para Rodríguez Zapatero se trata de la mejor solución posible porque el etarra "ni está en libertad, ni ha muerto".

Otegi y Batasuna también son motivo de preguntas para los ciudadanos. Una mujer joven ha preguntado a Zapatero si "le ha contado ya a Otegi" sus dudas sobre la posibilidad de que la formación que la izquierda abertzale ha registrado para concurrir a las elecciones municipales: "Yo no hablo con Otegi", ha sido claro Zapatero.

Un joven le ha preguntado entonces si el fiscal no habló con Otegi la pasada semana, cuando fue absuelto en el juicio por enaltecimiento del terrorismo. Zapatero ha pedido respeto para la Justicia, y aunque el joven le ha contestado afirmando que cuando se "respeta a los fiscales se nos está dejando de respetar a nosotros, el presidente ha sido muy claro, señalando que pese a compartir o no una decisión de un fiscal, "tenemos que tener la garantía de que actúan dentro de la ley".

El presidente del Gobierno aseguró que el Ministerio del Interior ha considerado que hay "indicios de ilegalidad" en Abertzalen Sozialisten Batasuna (ASB). "Nadie va a presentarse a las elecciones municipales si no cumple al pie de la letra la Ley de Partidos", enfatizó.

Zapatero, que fue preguntado sobre esta cuestión, en el nuevo programa 'Tengo una pregunta para usted' por el periodista Lorenzo Milá, recordó que este partido se ha registrado hoy y que el Ministerio que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba ha hecho una "primera lectura de los promotores, la denominación y sus estatutos".

"Ha considerado que hay indicios de ilegalidad y conforme a Ley de Partidos se ha remitido al fiscal general del Estado y a la Abogacía del Estado para que informen y se articule lo que establece la Ley de Partidos, porque si es un partido ilegal, no puede ser ni partido ni presentarse a las elecciones", resaltó.

Rodríguez Zapatero ha sido bastante tajante a la pregunta de si apoyaría una hipotética imputación a Aznar por llevar a España a la guerra de Irak, después de que el Tribunal Penal Internacional, de La Haya, no cierre la puerta a investigar a Bush y Blair. El presidente ha afirmado que, pese a su rechazo total a la intervención en el país árabe, no comparte que se impute al ex presidente español.

Derechos de la mujer, la ley de igualdad, pensiones, seguridad social, y la vivienda han sido los temas de las siguientes preguntas hechas al presidente del Gobierno. Pero también ha tenido mucho peso la inmigración. A este respecto han presentado sus preguntas al presidente varios ciudadanos, entre ellos inmigrantes preocupados por la situación de muchos de sus compatriotas que entran de forma ilegal en España:

"El trabajo ilegal es algo inadmisible en una sociedad avanzada", ha dicho el presidente, defendiendo el actual criterio de posesión de contrato de trabajo para la regularización, aunque reconociendo que los trámites burocráticos deberían de agilizarse.

Pero también ha habido ciudadanos que han protestado a Zapatero porque creen que la presencia de inmigrantes merma sus derechos: "Nos atienden peor que a ellos", señalaba una mujer respecto a la asistencia sanitaria.

En el citado programa intervinieron dos ciudadanos provenientes de la Región de Murcia: una señora de 56 años y un joven de 22, asistente social una y administrativo el otro. Ella preguntó con insistencia sobre la falta de especialistas infantiles en los juzgados, y él acerca de la situación de los inmigrantes ilegales en España.

Las respuesta clave de Zapatero

Terrorismo y diálogo con ETA. En el diálogo con ETA, el Gobierno "ha mantenido firmeza, la ley y el Estado de derecho" y "el único diálogo posible para acabar con ETA es que deje las armas, que termine con la violencia y que aquellos que dicen defender unas ideas lo hagan democráticamente, con la palabra y nunca con la violencia".

Según ha apuntado, el terrorismo de ETA es el único "problema grave" que tiene el país y su obligación como presidente, la misma que tuvieron sus antecesores en el cargo, es ponerle fin. Ha afirmado que el final del terrorismo del IRA en Irlanda del Norte, tras un proceso que ha durado diez años, demuestra que "hay una posibilidad de que ese fin llegue a través de un diálogo".

Batasuna y la Ley de Partidos. Al pedirle su opinión por el hecho de que la 'izquierda abertzale' presentase hoy la documentación de un nuevo partido con esa denominación, Zapatero, ha recordado el inicio de los trámites pertinentes por parte del Ejecutivo ante los "indicios de ilegalidad" de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) y ha garantizado que nadie se presentará a las elecciones si no cumple la ley de partidos. "Si es un partido ilegal no puede ni ser partido, ni menos presentarse a las elecciones".

Caso "De Juana". Ha reiterado que fue la mejor medida para "los intereses generales", ya que la obligación del Ejecutivo es "valorar todos los elementos, con responsabilidad, y pensando también en la seguridad del Estado". Ha reconocido que con la huelga de hambre De Juana lanzó "un desafío", pero que el etarra "ni está en libertad, ni ha muerto".

Oposición antiterrorista del PP. Lamenta que el PP haya centrado su estrategia de oposición en la política antiterrorista y ha recordado su apoyo al Gobierno de José María Aznar en la anterior legislatura. En este contexto, ha vuelto a mostrar su deseo de recuperar la unidad, ya que, según ha dicho, "es lo que quieren los españoles y es lo mejor para la lucha antiterrorista".

Situación de crispación. Ha admitido que existe "tensión política exagerada" en España y que le gustaría que "bajara", subrayando que los políticos tienen la "obligación" de defender sus ideas "con respeto, sosiego y serenidad".

Causa penal contra Aznar por Irak. En cuanto a la posibilidad de que el ex presidente José María Aznar sea encausado por un tribunal internacional dado el papel que desempeñó en la guerra de Irak, Zapatero ha afirmado: "Creo que he mantenido mi posición y he sido muy coherente. Pero no soy partidario en absoluto de que haya una imputación del ex presidente Aznar en relación con Irak. No lo soy en absoluto".
11-M. "Con el tiempo que ha discurrido y el juicio en marcha, que hay que respetar, parece bastante evidente cuál es el origen y quiénes son los responsables del mayor atentado terrorista de nuestro país", enfatizó.

Arnaldo Otegi. "Yo no hablo con Otegi y la gente que habla con él sólo es para un objetivo: para que rechacen la violencia". Sobre la absolución del portavoz batasuno en la Audiencia Nacional, el presidente ha respondido que hay que respetar las decisiones de jueces y fiscales porque se adoptan siempre en el marco de la Constitución.

Navarra. Ha insistido en que "no está en el planteamiento del PSOE", y que los navarros "han sido y serán" lo que quieran. "Cualquier fabulación o fantasma que se haya podido producir en torno a Navarra es absoluta y radicalmente falso".

Cuestiones sociales. A preguntas sobre el coste de la vida, la situación de la sanidad o el precio de la vivienda el presidente del Gobierno ha presentado esperanzadoras cifras macroeconómicas y ha recordado las mejoras introducidas por las leyes de Dependencia e Igualdad.

También ha anunciado un plan para construir 20.000 viviendas para jóvenes con alquileres entre 200 y 240 euros y ha recordado la evolución positiva del mercado laboral.

Zaplana justifica el uso de un 'jet' privado para acudir a una entrevista de TVE


MADRID.- El ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana justificó ayer los numerosos traslados en avión privado a ciudades españolas conectadas por decenas de vuelos regulares diarios por "su apretada agenda de trabajo".

Un portavoz oficial del actual Gobierno aseguró que, en los tres años de mandato, sólo en una ocasión un ministro ha contratado aviones de ese tipo. Se trata del titular de Industria, Joan Clos. Zaplana asegura que los motivos de los desplazamientos en aviones privados "son suficientemente relevantes". Entre ellos figura un traslado para llegar a tiempo a una entrevista en TVE.

Zaplana elaboró ayer una nota de siete folios para contestar a la información publicada por EL PAÍS respecto a sus gastos de protocolo y de viajes en avión privado, dos de los cuales no han sido pagados por el ministerio ante las anomalías detectadas por el Interventor Delegado de Hacienda. En la nota, donde Zaplana anuncia acciones judiciales contra EL PAÍS, el ex ministro desglosa los gastos durante sus dos años de gestión al frente del departamento de Trabajo.

- Traslados. Zaplana asegura que todas las contrataciones de vuelos con compañías privadas "estuvieron motivadas por compromisos oficiales y se debieron a la imposibilidad de llevar a cabo el desplazamiento en vuelo regular por razones de horario, debido a la abundancia de compromisos en su agenda oficial y a la ausencia de disponibilidad de aviones del Ministerio de Defensa, de los que existía una dotación muy escasa".

Entre los destinos a los que voló Zaplana se encuentran algunos como Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Palma de Mallorca, aeropuertos que tiene decenas de vuelos diarios programados desde Madrid por las distintas compañías regulares. Estos vuelos, por un convenio especial existente entre Iberia y la Administración central, permitía viajar gratuitamente a ministros y secretarios de Estado en sus desplazamientos oficiales. Cada vuelo en avión privado de Zaplana costaba más de 3.000 euros.

El ex ministro de Trabajo justificó ayer 16 vuelos que hizo durante su mandato en avión privado. La intervención cuestionó cinco de dichos vuelos, en cuyas facturas no veía claro ni el precio ni su contratación. Entre los desplazamientos "suficientemente relevantes" que motivaron la contratación de un avión privada señala el de un vuelo de regreso de Valencia el 6 de mayo de 2003 (3.700 euros) para acudir a una entrevista en TVE con Carlos Dávila que se emitió 24 horas después.

- Gastos de protocolo. Zaplana justificó las atenciones protocolarias de su ministerio como algo habitual que ya se venía haciendo antes de que llegara y que se siguió haciendo después. El ex ministro aclara que si no están identificados los destinatarios de los regalos, que compró en muchas ocasiones en tiendas de lujo, "es porque no se conocían en el momento de su compra o ésta se producía de manera muy inmediata". Zaplana asegura que la Intervención General nunca le exigió identificar a los destinatarios de sus regalos.

- Regalos a la familia. Dentro de los envíos postales a seis familiares de Zaplana, este periódico incluyó por error a la madre del ex ministro, fallecida en 1966. Zaplana asegura que "jamás se realizó un envío a familiares que contuviera un obsequio adquirido con cargo al erario público. Y si, como señala el diario, en una relación de envíos del ministerio, aparece un envío a familiares, jamás puede corresponder a cosa alguna pagada con dinero público".

El listado al que se refiere, que obra en poder de este periódico, está confeccionado por la Subsecretaría de Trabajo durante su mandato y se titula "Relación de destinatarios de envíos efectuados por Postal Express, regalos de Navidad diciembre 2002". En ese listado aparecen tres hermanas suyas, una sobrina, una cuñada y un sexto pariente con el apellido materno.

El ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana intentó explicar ayer a través de una nota las decenas de facturas de comercios próximos al ministerio y a su domicilio donde se compraron diversos artículos de alimentación, entre ellos numerosos paquetes de chicles, yogures, pan de seis cereales, helados y bolsas de patatas fritas. "Jamás fueron para mi consumo personal ni para mi vivienda particular. Los gastos se deben a compras realizadas por el personal del ministerio, para consumo del propio ministerio, como es habitual en todos los ministerios. O a la celebración en el ministerio de cenas y comidas oficiales de Trabajo".

Entre las compras que figuran en el expediente de los gastos de protocolo del ministro se encuentran artículos que difícilmente pueden componer el consumo habitual para cenas y comidas oficiales de Trabajo. Pese a que Zaplana indica que tal vía de adquisición de alimentos estaba destinada al consumo del ministerio en general o las comidas oficiales, hay dos hechos poco frecuentes en este tipo de gastos.

Las comidas oficiales o de trabajo del ministro y de su equipo suelen cubrirse mediante la contratación de servicios de catering, cuyo monto superó los 22.000 euros durante su mandato. Y, el ministerio, como tal, realizaba sus compras de alimentos para el comedor general a través de una central para planificar y obtener reducción en los costes, y por importes y periodicidad muy superiores a los exhibidos en las facturas objeto de polémica.

Decenas de tiques

Por tanto, tales compras de alimentos soportadas por decenas de tiques -con importes que a veces no llegan a 10 euros- que suman más de 5.000 euros durante el mandato, se inscriben "en la adquisición de productos para la confección de comidas que se realizaron para el señor Zaplana en el pabellón del ministro", según consta en documentos oficiales del Ministerio de Trabajo. Estos tiques fueron abonados con cargo a los ingresos de la cafetería-comedor del departamento, según documentos oficiales.

Este diario ha comprobado que algunas de tales compras para el pabellón del ministro fueron adquiridas por personal sin vinculación directa con el ministerio, como M. A. V., empleada de la limpieza en una empresa contratada por Trabajo.

Igualmente, parte de dichas compras fueron realizadas con unas tarjetas de cliente cuya relación oficial con el Ministerio de Trabajo se desconoce.

La contratación de numerosos vuelos en avión privado por parte del ex ministro Eduardo Zaplana por valor de 180.000 euros y los 150.000 euros invertidos en atenciones protocolarias y envío de paquetes a seis familiares durante su gestión al frente del Ministerio de Trabajo, entre 2002 y 2004, desencadenó ayer el reproche de PSOE e Izquierda Unida y la réplica del PP, que exigió conocer todos los gastos protocolarios de los ministros socialistas. IU pidió al Ministerio de Administraciones Públicas que abra un expediente para que Zaplana devuelva lo gastado de manera irregular.

Zaplana gastó durante su etapa de ministro 150.000 euros en contratar aviones privados para 20 desplazamientos. El ex ministro aseguró en una nota que difundió ayer que hizo esos contratos porque su apretada agenda le impedía viajar en vuelos regulares debido a que los horarios de los mismos no cuadraban con sus necesidades. Durante su etapa, los ministros y secretarios de Estado podían volar gratis en Iberia. El Interventor del Estado ha bloqueado el pago de dos de esos vuelos por considerar que el gasto no está suficientemente justificado.

Un portavoz oficial del Gobierno aseguró ayer a este periódico que durante los tres años de mandato del PSOE, tan sólo se ha registrado un vuelo en jet privado del ministro de Industria, Joan Clos, al no hallar vuelos regulares para su desplazamiento. El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, aseguró ayer que las irregularidades detectadas por la Intervención del Estado en la gestión del dirigente popular Eduardo Zaplana cuando era ministro de Trabajo son "un hecho grave".

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, emplazó ayer al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, a que investigue los "regalos y viajes que presuntamente" pagó el ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana con dinero público durante su etapa al frente del ministerio. La intención de Llamazares es que el ex ministro "devuelva hasta el último euro" gastado irregularmente.

Ley de Incompatibilidades

El coordinador general de IU recordó que se trata de la "enésima" información que demuestra que en la época de Eduardo Zaplana todo era "bastante oscuro" en el Ministerio de Trabajo.

Llamazares recordó que durante la gestión de Zaplana se produjeron "adjudicaciones oscuras" con respecto a campañas publicitarias. "Ahora se sabe que ha habido regalos más allá de lo recomendable, entrando en la mala utilización de los fondos públicos".

"Emplazamos al ministro Sevilla para que investigue estos regalos y estos viajes que niegan la Ley de Incompatibilidades y están al margen de la legislación vigente. Deben ser investigados por el ministerio con el objetivo de que el señor Zaplana devuelva hasta el último euro de lo gastado al margen de la ley. Ningún ciudadano puede entender el escándalo de un ministro que pasa facturas por el kétchup, la compra del día o un donativo. Este gasto no tienen ninguna apoyatura legal".

Zaplana aseguró que la compra de productos de alimentación tenía como objetivo comidas y cenas oficiales del ministerio.

Llamazares considera que en este caso se incumple la Ley de Incompatibilidades, "la cual incorpora una limitación a los regalos".

Fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas señalaron que la investigación de ese gasto debe corresponder al Tribunal de Cuentas o a la Intervención General del Estado.

El PP replicó que los gastos del ex ministro Zaplana son los habituales de los ministerios y exigió, a través de una iniciativa que presentará en el Congreso de los Diputados, información sobre todos los gastos protocolarios de los ministros socialistas.
(De "El País")

UDeRM insiste en que se investiguen las operaciones especulativas de "La Kutxa" en Murcia



MURCIA.- El Partido Unión Democrática de la Región de Murcia, UDeRM, se presenta como acusación particular en los casos de La Zerrichera y Lo Poyo para exigir “que se investigue la trama financiera”, en la que estarían implicados funcionarios y altos cargos de la Administración regional, junto a entidades financieras.

En concreto, UDeRM pide que se investiguen las actividades de la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián, "La Kutxa", que ha intervenido en la adquisición de cinco millones de metros cuadrados en Lo Poyo, y “supuestamente en operaciones de crédito sindicado en Novo Cartago.”

Diego de Ramón, presidente de UDeRM, insiste en que se remitan al juzgado nº3 de Murcia los acuerdos del Consejo de Administración de "La Kutxa" “por los que se aprobó la inversión en La Zerrichera y Lo Poyo por valor de más de 220 millones de euros”.

UDeRM pide que se informe al Banco de España y que se dirija una comisión rogatoria al Reino Unido para que informe si "La Kutxa", en 2005 y 2006, ha obtenido créditos y avales en las Islas Caimán para financiar las inversiones en los terrenos citados.

UDeRM cree oportuno que el juzgado pida información a la Agencia Tributaria, en Madrid, y a la Fiscalía Anticorrupción sobre cuántas cajas de ahorros y bancos de los que operan en la Región están siendo investigados por estos organismos públicos, “sobre un posible presunto delito de enormes proporciones contra la Hacienda pública española, donde la elusión de impuestos rondaría los 240 millones de euros.

Por otra parte, según informa hoy el diario "La Verdad", "La Kutxa" (Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián) buscará «fórmulas diferentes» para sacarle algún rendimiento a su inversión en la finca de La Zerrichera, de Águilas, si finalmente no puede desarrollar el proyecto urbanístico inicial para de 4.000 viviendas, hotel y campo de golf, el cual está paralizado desde mayo del año pasado por el Gobierno regional.

El jefe de Comunicación de "La Kutxa", Javier Zabaleta, ha explicado al periódico vasco en Murcia, que este proyecto urbanístico «tiene puntas y valles; y lo mismo cambia la situación más adelante». Indicó que esta caja de ahorros, a través de su sociedad inmobiliaria "Inverlur", es propietaria de los polémicos terrenos, los cuales adquirió al Grupo "Hispania" de Trinitario Casanova, y por los cuales ya ha pagado a cuenta 55 millones de euros.

"La Kutxa" no tiene decidido en este momento si exigirá al Grupo "Hispania" que le devuelva ese dinero que le abonó como anticipo, y cuyo desembolso estaba en función de que se fueran cumpliendo una serie de trámites administrativos y urbanísticos.

De hecho, se han cumplido la mayoría de los trámites, como la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Águilas y la recalificación de los terrenos que pasaron de ser urbanizables. Faltó la aprobación del Plan Parcial de La Zerrichera, paso previo a la fase de construcción, que era el trámite que frenó la Consejería de Medio Ambiente. Javier Zabaleta puntualizó que «si al final no se construye la urbanización, «entonces tendríamos que empezar a discutir. Pero no nos hemos fijado ningún plazo».

Añadió que «se han ido cumpliendo algunos compromisos», pero que la entidad no tiene previsto exigir ahora la devolución del dinero pagado, y que, de hecho, ya es propietaria de los terrenos que ocupan 2,4 millones de metros cuadrados.

"La Kutxa" ha optado por tranquilizar la situación, y su postura sobre sus inversiones en la Región de Murcia, y en particular en La Zerrichera, «no ha variado» después de la actuación de la Fiscalía del TSJ, que presentó una querella contra el alcalde de Águilas, un ex concejal y varios altos cargos de las consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas.

Los responsables de la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián tendrán que volver a dar explicaciones sobre sus proyectos inmobiliarios en Murcia en su asamblea general del próximo jueves, como ya hizo en la anterior de octubre. En esta ocasión, el Partido Socialista de Euskadi (PSE) le pedirá que dé cuenta de las inversiones en Águilas y en Lo Poyo, junto al Mar Menor.

De acuerdo con el relato de hechos de la Fiscalía del TSJ, el propietario del Grupo "Hispania" recibió de la mercantil "Inverlur", 23,2 millones de euros como primer pago y anticipo de la finca de La Zerrichera. Este pago se hizo el 17 de octubre del 2005, díez días antes de que el Pleno municipal de Águilas aprobara la recalificación de los terrenos.

Posteriormente, y tras el visto bueno a la recalificación dado por el consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, Trinitario Casanova vendió a "Inverlur" la finca por 105 millones de euros, más otros 16,8 millones en concepto de IVA, según consta en escritura pública. Hasta ahora "La Kutxa" señala haber abonado 55 millones del total.
(En la fotografía, sede en Londres de la CECA, la CAM, Caja Murcia, Unicaja y La Caixa)

Ya existe jurisprudencia suficiente para no autorizar nuevas urbanizaciones sin garantía acreditada de suministro hídrico


VALENCIA.- Un nuevo auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, y van tres en pocos meses, establece que no es posible aprobar ninguna urbanización ni Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin que se haya acreditado que tiene el agua garantizada con un informe al respecto de la Confederación Hidrográfica correspondiente.

Esta nueva jurisprudencia de un TSJ abre la puerta a que cualquier institución, organismo o persona jurídica pueda recurrir una planificación urbanística, que podría ser paralizada por los jueces de forma cautelar.

Con este auto de la Sala de Lo Contencioso, que suspende un plan urbanístico en el pueblo valenciano de Ador, aprobado por la "Consellería de Territorio", y recurrido por la Confederación Hidrográfica del Júcar, se constata que "el informe previo del organismo de cuenca [en este caso los de las confederaciones hidrográficas] es requisito necesario imprescindible para que pueda aprobarse por el Ayuntamiento o la Generalidad" un nuevo proyecto urbanizador residencial.

Habida cuenta de que todas las urbanizaciones y planes generales que han sido aprobados por los ayuntamientos de la cuenca del Segura no tienen agua, ya que la Confederación Hidrográfica asegura en sus informes que, por el momento no hay nuevos recursos, al menos hasta que con el Programa AGUA se vayan poniendo en funcionamiento las plantas desalinizadoras, todas las nuevas construcciones podrían ser paralizadas, en espera de cumplir el requisito, por cualquier administración o particular, según razona hoy el diario murciano "La Opinión".

Hasta el momento, los jueces ya han decretado varias suspensiones cautelares de actuaciones urbanísticas aprobadas por la Generalidad Valenciana, entre las que se encuentran la ciudad deportiva del Valencia C.F., y las urbanizaciones de los municipios valencianos de Parcent o Gilet.- (NEM)
(En la imagen, paraje del Campo de Sucina, todavía sin urbanizar)

El PSOE de Águilas quiere un debate anual sobre el estado de la ciudad para que los políticos den la cara


ÁGUILAS.- El grupo municipal socialista de Águilas propondrá al próximo pleno municipal una moción para pedir la celebración anual de un debate sobre el estado de la ciudad, similar al que se realiza sobre el estado de la nación o al que tiene lugar en el Parlamento regional sobre la situación autonómica.

La propuesta, indicaron fuentes del PSOE, será defendida por el concejal Francisco Jorquera, y se justifica en la conveniencia de "realizar un análisis exhaustivo en todos los ámbitos" al llegar al final de una legislatura.

Según el PSOE, "ha llegado el momento de sopesar lo ocurrido en estos últimos años" en la villa costera, ya que "todos los ciudadanos están haciendo su propio balance sobre la gestión del equipo de Gobierno municipal, más aún teniendo en cuenta que dentro de poco se enfrentan a la gran decisión de elegir otro".

El partido, en la oposición, consideró así mismo que el debate que propone servirá "para que los representantes de todos los partidos políticos en el consistorio den la cara frente a sus ciudadanos y expongan claramente cuáles han sido los pros y los contras de estos cuatro últimos años de gestión".

"Al igual que el Gobierno central todos los años realiza un debate sobre el estado de la nación, nosotros creemos que ésta debería ser la forma de hacer política en Águilas", añadió.

La propuesta del debate sobre el estado de la ciudad será incluida también en el programa electoral socialista aguileño para los comicios municipales del 27 de mayo.

Por otra parte, el actual portavoz del grupo municipal de IU en Águilas, Miguel Antonio Carrasco, encabeza la candidatura con la que esta formación política concurrirá a las elecciones municipales del 27 de mayo, que ha sido aprobada por unanimidad en una asamblea del partido el pasado día 22.

El candidato, licenciado en Filología Hispánica, compatibiliza su cargo de concejal de IU con el de profesor del IES Europa, ubicado en la localidad costera, y fue elegido cabeza de lista también por unanimidad. Carrasco, nacido en 1951, es concejal de IU en la corporación desde 1995.

A él le siguen en la lista electoral Pedro Hernández, Francisca Soledad Ruiz, Francisco López de Haro, Isabel María Torrente, José María Hernández, María del Mar Serrano, José García, Antonio Bonaque, Francisca Gallego, Antonio Quiñonero, Juan Antonio Lorenzo, Josefa García y Ramón Vera.

Completan la lista Ramón Vera, María Orozco, José Gris, Consolación Chicano, María del Rocío Pastor, Gerardo Caíña, María Trinidad Zapata, Antonio Martínez, Juan Carlos Navarro, Lucía González, José Pérez Almagro y Cristina Hernández.- (EFE)

La Fiscalía traslada al juzgado la denuncia sobre el arquitecto responsable de Urbanismo en el ayuntamiento de Murcia



MURCIA.- Las diligencias informativas abiertas hace un año por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia sobre supuestas actuaciones irregulares del arquitecto-jefe de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, han pasado al Juzgado de Instrucción nº4, cuya titular, María Poza, será la encargada de abrir la investigación correspondiente si, finalmente, halla indicios de delito.

Las diligencias fueron abiertas por el fiscal-jefe, Manuel López Bernal, tras las manifestaciones hechas a los medios informativos por un constructor, según las cuales, el arquitecto, que fue jefe de Planeamiento municipal, supuestamente habría favorecido a algunas empresas en la valoración del suelo.

Según un informe hecho público por el PSOE en marzo y elaborado por el Colegio de Arquitectos, tras hacer una valoración de la edificabilidad de uno de los convenios de la zona norte suscrito por el equipo de gobierno con las empresas Urbamur, Visionaria y Obralia, el Ayuntamiento de Murcia dejaba de ingresar en las arcas municipales más de 126 millones de euros.

El estudio elaborado en su día por el entonces jefe de Planeamiento de Urbanismo y corroborado por la Gerencia, valoró la compensación total que debería percibir el Ayuntamiento por el incremento de la edificabilidad del citado convenio en unos 29 millones de euros, mientras el informe realizado por Arquitasa, y presentado por el PSOE, cifra esta cantidad en más de 155 millones.

El informe elaborado por Joaquín Peñalver, hace ahora poco más de un año, estimaba el valor de ese metro cuadrado en la zona norte en menos de 120 euros que, multiplicados por los 239.000 metros cuadrados resultantes de la diferencia de edificabilidad, da como resultado los 29 millones.

La Fiscalía abrió entonces una investigación para comprobar el contenido de la denuncia, que señalaba también que esa valoración afectaba igualmente al número de viviendas que se iban a construir en la zona norte.

Dentro de las diligencias informativas, el fiscal se dirigió al alcalde en solicitud de diversa documentación sobre los hechos denunciados, que, una vez en poder de López Bernal, ha sido trasladada al juzgado al que la causa ha correspondido por reparto.

Paralelamente, el Colegio de Arquitectos de Murcia presentó a la Fiscalía del TSJ de Murcia una serie de informes en los que confirmó las presuntas irregularidades cometidas por Peñalver. Según esta institución, el despacho del padre y el hermano de Joaquín Peñalver habría acaparado más del 80% de los proyectos urbanísticos de Murcia.

Por su parte, Joaquín Peñalver, que se encuentra en excedencia de su cargo como jefe de Planeamiento, insiste en que no ha cometido «ninguna irregularidad», y está seguro de que los magistrados «no encontrarán ningún indicio de delito porque no lo he cometido».

Peñalver asegura también, en declaraciones a "La Verdad", que no ha recibido ninguna notificación sobre este caso ni ha sido llamado a declarar.

Sin embargo, Marcos Ros, concejal del PSRM en el ayuntamiento de la capital califica a Peñalver como "pieza del urbanismo más turbio" y lo sitúa en el centro de una supuesta trama de corrupción.

Esta denuncia, según indicó Ros, «confirma que el fiscal del TSJ ha encontrado indicios de delito en los hechos que en su día motivaron la apertura de diligencias». Ros añadió que Peñalver «ha sido el alto cargo bajo cuya supervisión e informes se ha tramitado todo el urbanismo turbio de Murcia».

Entre los trabajos que Peñalver realizó, según las denuncias del PSOE, está “el PGOU de Murcia y su adaptación a la Ley del Suelo, Operación Nueva Condomina, cuatro convenios de la zona norte y más de 20 reclasificaciones de suelo forestal en el Campo de Murcia.

El alcalde se limitó a decir que «no tengo constancia de nada, de ninguna acusación sobre ningún funcionario municipal». En una nota, el PP indica que «salvo que el señor Marcos Ros tenga información privilegiada, cosa que sería muy grave, ninguno conocemos a día de hoy el contenido de lo remitido por la Fiscalía al Juzgado».

A juicio de Ros, "el alcalde Cámara debe dar explicaciones" puesto que "avaló con su firma unos convenios urbanísticos que han resultado lesivos para las arcas municipales".

Ros plantea que si Cámara conocía esos convenios "¿por qué los permitió?" y si no lo sabía, "igual".

Por su parte, el alcalde de Murcia preguntado hoy por los periodistas sobre estas cuestiones, ha respondido con sorna: "No entiendo de temas legales, como el señor Ros, que no es abogado, porque yo soy químico".- (Agencias)

Dos murcianos inventan y patentan un elemental sistema de carga autónoma para todas las baterías


MURCIA.- Dos acreditados inventores murcianos, José Fausto y Andrés Orive, han patentado ya un sistema autónomo de carga para todo tipo de baterías y que puede revolucionar la vida diaria por cuanto los aparatos electrónicos y los vehículos automóviles dotados de autogeneradores-acumuladores, aparecen hoy como herramientas imprescindibles de nuestra renovada civilización.

Según revelan ambos a la prensa local, el sistema patentado es sencillo y de una gran novedad. En la telefonía móvil, por ejemplo, es la respuesta al molesto problema técnico que ha existido desde el principio y que han sufrido todos los usuarios: la continua descarga-carga de la batería. Pero igualmente va a dejar de preocupar a usuarios de ordenadores portátiles, juguetes, linternas mineras, automovilistas, buceadores...

Este sistema de carga autónoma va a poner fin a ese problema de necesidad regular de carga, ya que con un leve movimiento del móvil éste se irá cargando paulatinamente, gracias a un rotor junto con un imán y una bobina que proporciona energía magnética.

Esta energía magnética pasa a un condensador cuyo cometido es transformar esta energía magnética en energía eléctrica, conduciéndola, a su vez, a la batería del teléfono o de cualquier aparato electrónico o mecánico que se pueda alimentar de este tipo de energía tan solo con cualquier movimiento del aparato.(NEM)

lunes, 26 de marzo de 2007

Saura revela que promoverá una ley regional de campos de golf para regular número y ubicación


LORCA.- El secretario general de los socialistas murcianos y candidato a la presidencia de la Comunidad autónoma por el PSRM-PSOE, Pedro Saura, ha asegurado hoy que su partido promoverá una ley de campos de golf a través de la cual se ordenará su número y ubicación.

Saura, que ha realizado el anuncio en el marco de un encuentro con empresarios del sector turístico y hostelero de Lorca, organizado por la fundación ‘Redes de Futuro’, ha asegurado que la legislación recogerá aspectos como las necesidades de recursos para su implantación al tiempo que se limitará el número de edificaciones en torno a los mismos.

El líder de los socialistas murcianos ha afirmado que se trata de una medida ya implantada en otras comunidades autónomas y que posibilita regular una actividad en la que debe primar el respeto medioambiental, la adecuada ordenación del territorio y los proyectos de calidad que reporten beneficios a todos los agentes sociales.

Por otra parte, Saura ha afirmado que debe cambiarse el modelo turístico de la Región de Murcia a tenor de los problemas que padece el sector y ha aportado datos que lo sitúan en los mismos parámetros de 1999, cuando el conjunto de pernoctaciones era del 1% y la estancia media del 70%. Saura apuntó que el turismo representa el 7% del PIB regional, mientras que en España supone el 12%.

Aseguró que “en el turismo nos jugamos el futuro de la Región”, que tiene recorrido “si hacemos bien las cosas”, y aportó como soluciones el desarrollo de un Plan Territorial de Turismo, la puesta en valor de un entorno medioambiental y patrimonial de la Región “de calidad”, la formación continuada del capital humano implicado en el sector, la apuesta por las nuevas tecnologías como vehículo transmisor de los atractivos turísticos, y la potenciación de nuevos productos como el turismo cultural o de salud.

Saura aseguró que es fundamental la racionalidad en la política urbanística y apostó por la nueva Ley regional del Suelo, al tiempo que aseguró que “Valcárcel se avergüenza de su propio modelo que va en contra del medio natural y sólo persigue la especulación”.

El interventor bloquea el pago de viajes en aviones privados de Zaplana como ministro


MADRID.- El interventor delegado de Hacienda en el Ministerio de Trabajo ha vetado el pago de dos facturas y censurado otras tres de una compañía privada de aviación por juzgar los gastos injustificados. Todas ellas corresponden a servicios prestados por esa compañía a Eduardo Zaplana cuando era ministro de Trabajo entre 2002 y 2004. En los informes, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, el interventor reprocha que, tras prescindir del uso de líneas regulares -gratuitas entonces para los ministros-, no tramitó correctamente la contratación de los aviones privados ni detalló su precio ni su pasaje.

Fuentes próximas a Zaplana aseguraron que estos vuelos estuvieron justificados por la agenda del entonces ministro. El actual portavoz del PP, según las mismas fuentes, es ajeno a su impago o a los defectos de las facturas.

Zaplana gastó en viajes en aviones privados durante sus dos años escasos de mandato en Trabajo 150.000 euros. De ellos, el interventor ha bloqueado dos por importe de 9.000 euros y cuestionado otros tres más por 43.000 euros. Merced a un convenio, en vigor hasta hace meses, los principales cargos ministeriales podían volar gratis en Iberia o recurrir a los aviones del Ministerio de Defensa. Pero Zaplana recurrió con asiduidad a otra vía distinta: el alquiler de jets privados de las compañías Gestair y Transportes Aéreos del Sur. En total, una veintena de viajes, en su mayoría en noviembre de 2003. El pasaje de tales aviones privados, a tenor de las facturas visadas por sus ex colaboradores, incluyó un amplio abanico de personas, no siempre identificadas, o sin cargo ministerial (escoltas que viajan en solitario). El interventor delegado de Hacienda en Trabajo no sólo puso reparos a esos gastos: llegó a impedir el pago de facturas que dejó pendientes Zaplana.

- 30 de mayo de 2003. Zaplana presentó el 30 de mayo de 2003 dos facturas por sendos vuelos con Gestair (de Valencia a Madrid y de Madrid a Málaga) por más de 9.000 euros. Los reparos por los que el interventor vetó su pago son los siguientes:

"Se ha realizado un gasto sin fiscalización previa, por lo que se estaría en el supuesto previsto en el artículo 156 de la ley presupuestaria, que dice que no se podrá reconocer obligaciones ni tramitar el pago hasta que se subsane la omisión de dicha fiscalización.

No se incluye ninguna documentación acreditativa de la aprobación del gasto, o de la comisión o comisiones de servicio en las que el mismo se encuadra. Tampoco se identifica a la persona o personas que hicieron uso de dichos servicios de transporte. Por otra parte, se observa que se tramita el gasto como una indemnización por razón de servicio, aun cuando las facturas se emiten a nombre del Ministerio.

Las facturas se emiten el 30 de mayo de 2003, por servicios realizados el 6 de mayo de 2003, pero en ellas se detalla únicamente el itinerario realizado, sin que conste si se factura el precio de uno o más pasajes o el importe global del alquiler de un avión. En cuanto a la conformidad de las facturas, se observa que se producen dos años después de la prestación del servicio, y sin que se detallen las circunstancias por las que existe constancia de que se hubieran realizado dichas prestaciones. (...) Existe contradicción sobre el carácter -original o duplicado- de las facturas, pues ambas expresiones figuran conjuntamente en las dos facturas incorporadas al expediente".

Gestair ni cobró ni reclamó. La intervención, sin llegar a exigir su impago, cuestionó otros vuelos de Zaplana en jet privado por parecidas razones.

- 21 y 23 de noviembre de 2003. Zaplana presentó cuatro justificantes por cuatro desplazamientos con Gestair los días 21 y 23 de noviembre de 2003, trayectos Madrid-Valencia-Madrid y Madrid-La Coruña-Madrid por importe total de 11.982 euros. El interventor presentó su reproche: "En ninguna de las cuatro facturas presentadas consta el recibí de la empresa ni se acompaña documento alguno que acredite que la obligación ha sido satisfecha".

- 27 de noviembre de 2003. Zaplana viaja acompañado de seis colaboradores en un avión de Gestair de Madrid a Tenerife y regresa en el día. Presentan siete facturas (2.300 euros el ministro, 4.770 cada acompañante). El interventor puso serios reparos: "De esta justificación se deduce que se ha utilizado un medio especial de transporte, alquiler de un avión; sin embargo, no se ha tramitado un expediente de gasto conjunto por el importe total del alquiler, que sería lo procedente de acuerdo con lo establecido en el real decreto 725/89, sobre anticipos de caja fija, que dice que no podrá fraccionarse un único gasto en varios pagos. En las facturas no consta el recibí de la empresa ni se acompaña documento alguno que acredite que la obligación ha sido satisfecha (...). El desplazamiento no se ha efectuado por líneas regulares, sino que se ha utilizado un medio especial de transporte -alquiler de un avión-; sin embargo, en la factura expedida por Gestair no consta si el importe que figura corresponde al precio de un pasaje o a la tarifa global de un servicio de transporte".

Zaplana alquiló aviones (6.000 euros) para volar de Madrid a Barcelona, unidas por puente aéreo. Hay viajes suyos al extranjero (Edimburgo, 15.000 euros) soportados por meras notas de ordenador. También inquietó a sus funcionarios fiscalizadores que no identificase a los usuarios de jets alquilados: Madrid-Valencia de 12 de noviembre de 2003 por 3.873 euros; Madrid-Valencia-Madrid el 21 de noviembre de 2003 por 6.400 euros; Madrid-Vitoria-Madrid el 26 de junio de 2003 por 3.500 euros; y Madrid-La Coruña-Madrid el 23 de noviembre de 2003 por 5.500 euros.

En ocasiones, los pasajeros identificados son meros escoltas que vuelan en solitario en jet: Asturias-Mallorca-Madrid por 2.000 euros o Palma-Asturias-Palma por otros 2.000.

Gemelos de oro, pañuelos de seda y carteras de piel entre los gastos de protocolo

Los gastos protocolarios de Zaplana al frente de Trabajo también llamaron la atención de sus funcionarios fiscalizadores. De julio a diciembre de 2002, el ex ministro consumió 36.979 euros en este capítulo, que elevó a 67.000 euros en 2003, y a 78.577 en 2004, aunque desde el 14-M estaba en funciones y cesó en abril. Por encima de su cuantía -más de 183.000 euros-, destacan sus aspectos cualitativos.

Zaplana recurrió a lujosas tiendas de joyas, algunas de ellas valencianas, para comprar costosos objetos de regalo protocolarios. Salvo en el caso del Papa -al que regaló un cáliz de plata de 2.000 euros- o el rey de Marruecos -al que compró unos gemelos de oro por 1.349 euros-, hay una larga lista de lujosos objetos de regalo de los que sólo hay constancia de que los compró y pagó Trabajo, pero no para quién. Su destinatario real fue y es un secreto para la intervención.
Echarpes y corbatas

En este saco se hallaban, en apretado resumen, los siguientes objetos: un maletín de coco comprado en Veramonti por 292 euros; unos gemelos de plata a balle de tennis; unos echarpes de seda la rosee y de seda patchwork y una corbata de seda twill comprados en Hermes por 1.000 euros; estuches de gemelos piel y carpetas portadocumentos en piel por valor de 5.000; tres artículos de regalo en Hermes por valor de 600 euros; un objeto por 397 euros comprado en la joyería valenciana Gracia; otro por 405 euros comprado en Diseño Antonio Romero; 20 bolsos de piel de becerro tamaño mediano comprados en Hermes por casi 5.000 euros; una jarra de plata comprada por 500 euros en la joyería Suárez; una bandeja octogonal lisa y el reloj Fossil todo acero de señora comprados en la joyería Gracia por 1.168 euros; unos gemelos en plata por 771 euros en José María Milán; una pulsera de 130 euros de Loewe; 23 tarjeteros de plata de la consabida joyería valenciana Gracia por 3.500 euros; dos jarras y una bandeja de plata por 1.550 euros de joyería Suárez; un reloj de la misma joyería por 240 euros; un lalique florero lirio de Gracia por 442 euros; tres gemelos Logo de Loewe por 207 euros; un tarjetero por 300 euros de Gracia; un centro azucarero de Gracia por 413 euros; una cartera y un maletín de Loewe de 1.000 euros; un chal pespuntes y un chal anagrama de Loewe por por 354 euros; un pañuelo seda twill y un echarpe unie brodee cachemir de Loewe por 992 euros; una bandeja de plata de Gracia por 399 euros; 11 estilográficas de González Aragoneses por 3.223 euros; y un objeto no identificado de la joyería Suárez por 365 euros, entre otros.

Regalos para la familia

El uso del presupuesto para atenciones protocolarias del Ministerio de Trabajo con Zaplana presenta singularidades: el listado de personalidades a las que con dinero público se envió regalos navideños incluye a su familia (sus hermanas Luisa y Carmen, su madre Rosario y su cuñada Rosa Barceló). Fuentes próximas a Zaplana aseguran que puede tratarse de un error, ya que "Zaplana jamás cargó un gasto personal al presupuesto".

Sus gastos ministeriales, sin embargo, presentan contradicciones. Igual pasaba facturas, sin mayor detalle, de una comida tras su toma de posesión por 1.440 euros en el restaurante madrileño Horcher, o en el club Siglo XXI por 600 euros, que presentaba una exhaustiva relación de justificantes para que le devolvieran el dinero que había donado en mesas petitorias por causas benéficas (Cruz Roja, lucha contra el cáncer, etcétera). Pormenorizaba el fin de la cuestación, la ubicación de la mesa, quién la presidía (su esposa, la del ex ministro de Agricultura, la del ex alcalde, una infanta real, etcétera), y el monto que había entregado de su bolsillo y pedía recuperar (de 60 a 120 euros, máximo correspondiente a la mesa de su esposa).

Igualmente, durante 2003 y 2004 pasó decenas de facturas de gastos de la cesta de la compra -al margen de los catering que contrató por 22.000 euros para sus comidas oficiales- con destino al pabellón ministerial por más 5.000 euros.

Cada ticket de compra -siempre de importe casero y abonado en tiendas cercanas al ministerio y a su domicilio- registraba hasta el menor detalle: chicles Trident, 0,55 euros; Danissimo, 1,89; galletas Kely, 1,43; apio, 1,30; cuajada oveja, 4,50; helados Haagen-Daaz, 5,35; bocata seis cereales, 1,32; champiñón, 1,86; ketchup, 1,15; lentejas, 1,29; membrillo, 1,24; pasta Buitoni, 1,77...

Las fuentes próximas a Zaplana aseguran que dichos gastos estaban destinados a cenas de trabajo. Desde diciembre de 2002, Zaplana poseía un piso en Castellana, la misma calle del Ministerio de Trabajo. (Francisco Mercado)
De "El País"