MURCIA.- Las diligencias informativas abiertas hace un año por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia sobre supuestas actuaciones irregulares del arquitecto-jefe de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, han pasado al Juzgado de Instrucción nº4, cuya titular, María Poza, será la encargada de abrir la investigación correspondiente si, finalmente, halla indicios de delito.
Las diligencias fueron abiertas por el fiscal-jefe, Manuel López Bernal, tras las manifestaciones hechas a los medios informativos por un constructor, según las cuales, el arquitecto, que fue jefe de Planeamiento municipal, supuestamente habría favorecido a algunas empresas en la valoración del suelo.
Según un informe hecho público por el PSOE en marzo y elaborado por el Colegio de Arquitectos, tras hacer una valoración de la edificabilidad de uno de los convenios de la zona norte suscrito por el equipo de gobierno con las empresas Urbamur, Visionaria y Obralia, el Ayuntamiento de Murcia dejaba de ingresar en las arcas municipales más de 126 millones de euros.
El estudio elaborado en su día por el entonces jefe de Planeamiento de Urbanismo y corroborado por la Gerencia, valoró la compensación total que debería percibir el Ayuntamiento por el incremento de la edificabilidad del citado convenio en unos 29 millones de euros, mientras el informe realizado por Arquitasa, y presentado por el PSOE, cifra esta cantidad en más de 155 millones.
El informe elaborado por Joaquín Peñalver, hace ahora poco más de un año, estimaba el valor de ese metro cuadrado en la zona norte en menos de 120 euros que, multiplicados por los 239.000 metros cuadrados resultantes de la diferencia de edificabilidad, da como resultado los 29 millones.
La Fiscalía abrió entonces una investigación para comprobar el contenido de la denuncia, que señalaba también que esa valoración afectaba igualmente al número de viviendas que se iban a construir en la zona norte.
Dentro de las diligencias informativas, el fiscal se dirigió al alcalde en solicitud de diversa documentación sobre los hechos denunciados, que, una vez en poder de López Bernal, ha sido trasladada al juzgado al que la causa ha correspondido por reparto.
Paralelamente, el Colegio de Arquitectos de Murcia presentó a la Fiscalía del TSJ de Murcia una serie de informes en los que confirmó las presuntas irregularidades cometidas por Peñalver. Según esta institución, el despacho del padre y el hermano de Joaquín Peñalver habría acaparado más del 80% de los proyectos urbanísticos de Murcia.
Por su parte, Joaquín Peñalver, que se encuentra en excedencia de su cargo como jefe de Planeamiento, insiste en que no ha cometido «ninguna irregularidad», y está seguro de que los magistrados «no encontrarán ningún indicio de delito porque no lo he cometido».
Peñalver asegura también, en declaraciones a "La Verdad", que no ha recibido ninguna notificación sobre este caso ni ha sido llamado a declarar.
Sin embargo, Marcos Ros, concejal del PSRM en el ayuntamiento de la capital califica a Peñalver como "pieza del urbanismo más turbio" y lo sitúa en el centro de una supuesta trama de corrupción.
Esta denuncia, según indicó Ros, «confirma que el fiscal del TSJ ha encontrado indicios de delito en los hechos que en su día motivaron la apertura de diligencias». Ros añadió que Peñalver «ha sido el alto cargo bajo cuya supervisión e informes se ha tramitado todo el urbanismo turbio de Murcia».
Entre los trabajos que Peñalver realizó, según las denuncias del PSOE, está “el PGOU de Murcia y su adaptación a la Ley del Suelo, Operación Nueva Condomina, cuatro convenios de la zona norte y más de 20 reclasificaciones de suelo forestal en el Campo de Murcia.
El alcalde se limitó a decir que «no tengo constancia de nada, de ninguna acusación sobre ningún funcionario municipal». En una nota, el PP indica que «salvo que el señor Marcos Ros tenga información privilegiada, cosa que sería muy grave, ninguno conocemos a día de hoy el contenido de lo remitido por la Fiscalía al Juzgado».
A juicio de Ros, "el alcalde Cámara debe dar explicaciones" puesto que "avaló con su firma unos convenios urbanísticos que han resultado lesivos para las arcas municipales".
Ros plantea que si Cámara conocía esos convenios "¿por qué los permitió?" y si no lo sabía, "igual".
Por su parte, el alcalde de Murcia preguntado hoy por los periodistas sobre estas cuestiones, ha respondido con sorna: "No entiendo de temas legales, como el señor Ros, que no es abogado, porque yo soy químico".- (Agencias)
3 comentarios:
¿Fue este señor el inspirador del primer proyecto de López Rejas, presentado con todo lujo en el cine Rex y abandonado de repente sin explicación alguna a raíz de estallar su caso?
La ministra Trujillo ha decidido intervenir en la pretendida privatización de un polígono de vivienda protegida en Murcia, ‘donado’ graciosamente por el ayuntamiento de la ciudad a un promotor privado para convertir 1.642 viviendas de protección oficial sobre suelo de propiedad pública en el doble de viviendas de renta libre, asunto que lleva rodando desde hace dos años, sobre una superficie de 140.000 metros cuadrados cercanos al centro de la capital murciana.
El Ministerio de Vivienda, a través de una carta del director general Rafael Pacheco, ha pedido al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara (PP), que no se actúe sobre el Polígono de La Paz sin la participación del departamento que dirige María Antonia Trujillo, pues el suelo es de propiedad pública y “no es enajenable para vivienda libre”.
La carta ha sido dirigida también a la Delegación del Gobierno en Murcia y al Registro de la Propiedad número uno de la capital murciana, donde figura el Instituto Nacional dela Vivienda como propietario de los terrenos del polígono.
El pasado 21 de marzo, tras participar en una manifestación de apoyo al proyecto privatizador, Cámara declaró que se sentía “presionado” desde el Ministerio de la Vivienda. En esa fecha, ya tenía en su poder la carta de Rafael Pacheco, según fuentes solventes consultadas por El Confidencial.
Según fuentes del sector de la construcción, la solicitud del ministerio tiene la intención de detener el proceso de privatización de ese polígono, sobre el que hay una Modificación del Plan General de Murcia, la número 93, para facilitar la construcción de un total de casi 3.000 viviendas de renta libre y unos 90 metros cuadrados, la mitad de las cuales serían regaladas por el promotor, José López Rejas, presidente de la Asociación de Promotores regional, a los actuales propietarios de las 1.642 viviendas protegidas de unos 40 metros cuadrados y muy deterioradas.
Eso supondrá aumentar la actual edificabilidad del 0,8 al 2,28 –injustificadamente, según el Colegio de Arquitectos de Murcia (COAMU)– en una actuación sobre terrenos públicos cuya propiedad es del antiguo Instituto Nacional de la Vivienda. Portavoces de López Rejas aseguraron tras la publicación del asunto en El Confidencial (ver edición del 21 de febrero) que el suelo fue cedido al ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma, pasando por encima de que, si fuera así, el terreno sigue teniendo carácter de público y, por tanto, cualquier actuación sobre él debe ser objeto de concurso igualmente público, según ha advertido reiteradamente el COAMU.
López Rejas: “El suelo es propiedad de los vecinos y del Ayuntamiento”
Por otro lado, fuentes próximas a López Rejas han contestado a este diario que el Ayuntamiento no les ha transmitido el requerimiento del Ministerio de Vivienda. Y añaden que “cualquier pretensión del ministerio sobre la propiedad del suelo denota un desconocimiento absoluto por parte del señor Pacheco”. Según las fuentes, “el suelo es propiedad de los vecinos y del Ayuntamiento”. Aunque también reconoce que “puede haber alguna inscripción registral del suelo público a nombre del antiguo Ministerio de Vivienda”.
El plazo para alegar a la Modificación 93 que daría luz verde al proyecto terminó el pasado 19 de febrero y, aunque están sin resolver el medio centenar de escritos presentados, tanto el promotor López Rejas, como los actuales propietarios de pisos (que, obviamente, aprueban el proyecto) y el Ayuntamiento de Murcia (con su alcalde a la cabeza) continúan haciendo públicos avances de cómo quedará la nueva urbanización.
El arquitecto encargado del proyecto, que según el COAMU no ha sido presentado para su visado, es Ricardo Bofill, que visitó Murcia de la mano del promotor López Rejas el año pasado, sin que se hayan vuelto a tener noticias de su trabajo.
El procedimiento de privatización del Polígono de la Paz llegó a principios de marzo al Congreso de los Diputados, donde Isaura Navarro, de Izquierda Unida, presentó una pregunta al Gobierno en la que decía si “¿Piensa el Ministerio de Fomento intervenir en este proceso como titular de la mayor parte del terreno sobre la que se va a realizar esta operación especulativa?”.
Y añadía si, “en caso contrario, ¿no entiende el Ministerio de Fomento que de esta manera se está abriendo la vía para que sean privatizados cientos de polígonos de vivienda protegida, cuyos suelos son propiedad del Ministerio, repartidos por toda España?”.
La doble pregunta de Navarro, depositada en el Congreso el 27 de febrero, se dirigía al Ministerio de Fomento pues su antecesor, el MOPU, fue el que se hizo cargo del Instituto Nacional de la Vivienda franquista, propietario de ese suelo, según consta en el Registro de la Propiedad número 1 de Murcia. La carta de Rafael Pacheco parece aclarar también que la propiedad ha sido transferida al Ministerio de Vivienda.
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Mi amigo Pepe, mi testigo mudo, compañero de despacho y tareas, sufridor de mi ira cuando me dieron de alta, (le aparecieron los primeros sintomas de su enfermedad al tiempo de mi depresion, o sea en 2001) padre de L. L, ha hecho frente al Sr Navarro, que lo llamó para ver que le pasaba a su hija y luego no dió la cara
Le ha vuelto a llevar la baja, y le ha explicado que regresa llorando del trabajo, luego los problemas vienen del trabajo y le ha pedido explicaciones
(Su medico de cabecera le ha recomendado a L.L por escrito que consulte a un sindicato)
El Sr N. (forma parte del entramado, junto a la inclita sobrina del "famoso arquitecto") le ha dicho que su hija va a trabajar muy nerviosa, y que en el trabajo no hay ningun problema y se ha puesto a su disposición (el muy cinico) para lo que necesiten
Pues bien amigos, en el despacho del señor de la noticia de arriba, además de otras "presuntas" irregularidades, ilegalidades e inmoralidades, "presuntamente", se acosa a los trabajadores (El caso de L no es único)
Eso es lo que hacen esta tropa, presuntamente usan las leyes en fraude de ley (Las leyes son suyas, como las tierras)
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