MADRID.- Era el gran proyecto de la Armada española. Con él se
iba a renovar la flota de submarinos y proteger toda la costa del país
de posibles ataques militares. También era la bandera con la que salir
al mercado internacional para el astillero que Navantia tiene en Cartagena. El S-80, el mejor submarino del mundo, aseguraban los directivos de la empresa pública española, recuerda hoy El Español.
Pero ocho años después de que Navantia tuviera que haber hecho entrega
del primer sumergible a la Armada, su construcción sigue en proceso, se
han dilapidado cerca de 4.000 millones de euros y España sigue sin tener
ni un sólo contrato de venta cerrado con terceros países.
Hace
ahora siete años -el ya lejano 27 de junio de 2013-, la por entonces
diputada de UPyD Irene Lozano, hoy en las filas del PSOE y presidenta
del Consejo Superior de Deportes (CSD), presentó una batería de
preguntas en el Congreso de los Diputados cuestionando al Ministerio de
Defensa acerca de un controvertido proyecto de Navantia, la sociedad
pública española dedicada a la construcción naval civil y militar.
En sus preguntas se refería a los trabajos de ejecución del submarino
S-80 que, pese a contar ya con un presupuesto de 2.136 millones de
euros, acumulaba años de retrasos y sobrecostes en su ejecución.
De
haberse cumplido los plazos previstos al inicio del programa de
construcción, la primera de las cuatro entregas del S-80 a la Armada
española debía haberse ejecutado en 2012. Irene Lozano
preguntó al ministro de Defensa en ese momento, Pedro Morenés, del PP,
si iban a depurarse responsabilidades en Navantia y en la Armada por
“los errores cometidos” en la fabricación del submarino, los cuales
habían retrasado el programa y ocasionado un "sobreprecio difícil de
valorar".
La exdiputada de UPyD planteaba sus preguntas debido a
que, en fechas anteriores próximas a aquel junio de 2013, Navantia había
desvelado errores en el diseño del submarino que suponían una
desviación del peso de unas 125 toneladas. Unos gramitos de nada que impedían que el sumergible saliera a flote en el alta mar.
La otra opción, que nadie contemplaba, era dejarlo morir. Así, de las arcas del Estado ya han salido 3.907 millones. Cada uno de los cuatro ejemplares que la Armada encargó a Navantia tendrá un coste final que rozará los 1.000 millones.
Esta
cifra es casi cuatro veces superior a la partida extraordinaria de
1.056 millones que el actual Gobierno va a destinar en ayudas directas a la ciencia y a la investigación
en 2020 y 2021; es más del doble de los 1.900 millones que Educación va
a usar este año para el pago de becas y ayudas al estudio, y son 907 millones
más de los 3.000 que el Ejecutivo calcula destinar anualmente al abono
del Ingreso Mínimo Vital, presentado como un hito social para decenas de
miles de familias no pasen hambre.
Escándalo silenciado
Pese a que este escándalo nunca ha suscitado
polémica o debate social en España, de él surgen una serie de cuestiones
a responder. ¿Han escuchado alguna vez de boca de algún político y con
cierta insistencia que este sea uno de los mayores ejemplos de
dilapidación de dinero público del último cuarto de siglo en España?
Seguramente
no, porque los sucesivos gobiernos de los dos grandes partidos del
país, PP y PSOE, se han visto obligados a inyectar partidas millonarias
para salvar el proyecto. A ninguno le interesaba romper ese pacto de no
agresión en torno al S-80 y a Navantia, una empresa de capital público
con intereses a nivel internacional.
La otra opción, que nadie contemplaba, era dejarlo morir. Así, de las arcas del Estado ya han salido 3.907 millones. Cada uno de los cuatro ejemplares que la Armada encargó a Navantia tendrá un coste final que rozará los 1.000 millones.
Esta
cifra es casi cuatro veces superior a la partida extraordinaria de
1.056 millones que el actual Gobierno va a destinar en ayudas directas a la ciencia y a la investigación
en 2020 y 2021; es más del doble de los 1.900 millones que Educación va
a usar este año para el pago de becas y ayudas al estudio, y son 907 millones
más de los 3.000 que el Ejecutivo calcula destinar anualmente al abono
del Ingreso Mínimo Vital, presentado como un hito social para decenas de
miles de familias no pasen hambre.
¿Se han planteado ustedes en algún momento por qué
ningún sindicato ha levantado la voz en exceso? No lo han hecho porque
el flujo de dinero no ha dejado de entrar desde principios de la década
pasada en el astillero que Navantia tiene en Cartagena, donde se
construyen los S-80
Plus.
Las protestas más duras en los últimos años las han protagonizado los empleados de astilleros de
San Fernando y Puerto Real (Cádiz), o de
El Ferrol (La Coruña), para pedir nueva carga de trabajo.
Cuando los trabajadores de Navantia en distintos
puntos del país salían a la calle, se enfrentaban a la Policía y
cortaban carreteras o quemaban ruedas, los de Cartagena secundaban las
protestas con simples paros de algunas horas en su jornada diaria.
Y
la última cuestión. ¿Tendrá algo que ver en los sobrecostes y los
retrasos que el director del proyecto del citado submarino y, a su vez,
del astillero murciano,
Agustín Álvarez Blanco, falseara su currículo ante Navantia durante 30 años al asegurar que era ingeniero naval? Agustín Álvarez carece de titulación universitaria. Le faltó presentar el trabajo final de carrera para obtenerla.
El Español desveló la noticia en noviembre de 2018. En ese momento,
Navantia dijo que iba a relevar a Álvarez Blanco pero que “en ningún
caso” su falta de titulación universitaria había afectado ni tenido
“consecuencias directas sobre el cometido que ha venido desempeñando dicho directivo".
Idea de Trillo
En febrero de 2020, el capitán de fragata Alfonso
Carrasco Santos, que fue uno de los principales responsables del control
de la Armada sobre el proyecto de los S-80, publicó un artículo en la
Revista General de Marina. Lo tituló ¿Quo vadis FLOSUB?, en referencia a la flotilla de submarinos de que dispone España en la actualidad.
Carrasco
Santos critica de forma sibilina que el Ministerio de Defensa
autorizara en 2004, con el murciano Federico Trillo todavía al frente,
que en el astillero de Navantia en Cartagena se iniciaran los
trabajos para desarrolar el sumergible.
Fue una “decisión muy
valiente y a la vez audaz (...) al apostar por este astillero español
que no había construido submarinos en solitario en la era moderna, ya
que siempre lo había hecho con la ayuda de los franceses como socios
tecnológicos”. Las anteriores series, la S-70 y la Scorpène, habían
contado con el diseño de ingenieros navales galos.
Pero unas
líneas más abajo, este capitán de fragata añade: “Esta decisión en mi
opinión fue arriesgada al apostar por un astillero con experiencia más
que probada en la construcción de buques de superficie, pero con poca en
la complicada tarea de fabricar artilugios [se refiere a submarinos] tan complicados y sin el apoyo de un socio tecnológico.
Creo que tanto la Armada como Navantia se dejaron llevar por el
optimismo del éxito del programa Scorpène (de la empresa francesa DCNS) y
el astillero no fue lo suficientemente crítico con sus verdaderas posibilidades como constructor en solitario al desligarse de los franceses”.
Alfonso
Carrasco Santos ponía el foco en el origen del proyecto. Hasta 2009,
España mantuvo un acuerdo con Francia para desarrollar submarinos y
venderlos después a terceros países. Los ingenieros franceses los
diseñaban y desarollaban, y los astilleros españoles los construían. Así
se llegó a acuerdos comerciales con Chile o Malasia.
Pero en
2003, cinco años años antes, Navantia había decidido ir por libre con el
S-80. Federico Trillo, nacido en Cartagena en 1952, se puso una medalla
en su tierra. Pensó que los ingenieros y operarios del astillero de su
ciudad natal serían capaces de hacer el trabajo completo, desde idear el
proyecto hasta botar el submarino.
“Para que nos los diseñen los franceses, los hacemos
nosotros y nos llevamos todos los beneficios”, cuenta una fuente a este
periódico acerca de lo que solía decir el exministro de José María
Aznar allá por 2003.
En 2004, la Armada española necesitaba relevar sus tres submarinos de la serie S-70: el Galerna (S-71), el Mistral (S-73), y el Tramontana
(S-74). Defensa se puso un objetivo ambicioso: entregar el primer S-80
en 2012. Se vendía como el proyecto que iba a poner al país a la
vanguardia mundial en cuanto a la fabricación de este tipo de
submarinos.
Pero los problemas no tardarían en llegar. Tras
sucesivos retrasos, el gran fiasco llegó en diciembre de 2012. Navantia
reconoció que el S-80 pesaba más de la cuenta. Tres
años antes, la empresa pública había roto relaciones definitivamente con
el astillero francés DCNS, con el que hasta ese momento cofabricaba el
Scorpène.
Aquella ruptura abrupta -Francia acabó denunciando a
España en mayo de 2009 ante el Tribunal de Arbitraje de París por
plagio, aunque ambos países acabaron resolviendo la disputa de manera
amistosa- provocó que Navantia tuviera que recurrir a Electric Boat, el
mayor fabricante mundial de submarinos, que le cobró 14 millones por
reconducir el proyecto. Se tuvo que alargar la eslora en diez metros (de
71 a 80,8) para compensar el sobrepeso, lo que dio pie al nuevo nombre
del submarino, S-80 Plus.
Covid y retraso
Navantia completó en diciembre de 2019 el
ensamblado del primer submarino del programa S-80. La idea era ponerlo a
flote en octubre de 2020, hacer las pruebas necesarias y entregar el
Isaac Peral a la Armada española en septiembre de 2022. El segundo, S-82
Narciso Muntiorol, en mayo de 2024. El S-83 Cosme García, en marzo de 2026. Y, por último, el S-84 Mateo García de los Reyes, en julio de 2027.
No está previsto que ninguno incorpore misiles de
crucero Tomahawk, pero sí Harpoon Block II, lo que les dará una
capacidad de ataque a tierra. El Cosme García será el primero
que incorpore el sistema de propulsión AIP, independiente del aire y
gracias al cual prolongará el tiempo de inmersión y convertirá al
sumergible en uno de los submarinos convencionales más discretos del
mundo.
Y en esto llegó la pandemia. La crisis generada por
el coronavirus ha provocado un retraso acumulado de seis meses más en
la construcción y entrega de los nuevos submarinos. La Armada no podrá
disponer de la primera unidad hasta el primer trimestre del año 2023. El
almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, Teodoro López Calderón, lo
reconoció en una videoconferencia organizada por Executive Forum el
pasado 6 de junio.
Un solo submarino
No es la única mala noticia para la Armada en los
últimos meses. El retraso de más de diez años en la entrega del primer
submarino de la clase S-80 Plus, prevista para 2012, ha
conllevado que España se haya quedado con un solo ejemplar operativo,
cuando en la década pasada contaba con hasta cuatro. La noticia la
desveló El País hace tres semanas.
Dos se han dado ya de baja, el Mistral y el Siroco. Otro, el Galerna, diseñado por ingenieros franceses en los años 70, está en reparación hasta finales de 2021. Sólo el Tramontana se encuentra en activo, aunque también debería estar ya en desuso.
Los retrasos en la construcción del S-80 y la
paralización de las inversiones en Defensa entre 2008 y 2018 han dejado a
la Armada casi al descubierto. No se trata de un asunto baladí: España
cuenta con casi 8.000 kilómetros de costa, está bañada por el mar
Mediterráneo y el Atlántico -dos hipotéticos escenarios bélicos- y tiene
por el sur el Estrecho de Gibraltar, por el que circulan alrededor de
82.000 buques al año y un gran volumen de submarinos, algunos de ellos nucleares.
En
un cable de Wikileaks, EEUU advertía de la importancia estratégica del
paso como uno de los lugares más importantes para la geoestrategia
mundial. En la actualidad, países vecinos cuentan con una notable
dotación de sumergibles en activo. Francia dispone de 10. Argelia, de
seis. Portugal, de dos.
"Ningún contrato"
Pero si lo esencial ahora es la entrega lo antes
posible de los cuatro sumergibles que la Armada espera desde 2012, el
objetivo siguiente de Navantia es vender el S-80 Plus a terceros países. Por el momento, según fuentes de la empresa pública, “no hay cerrado ningún contrato”.
El
cartel con el precio que España va a acabar pagando por cada submarino,
que según Navantia es “el único AIP de 3000 toneladas actualmente en
construcción en todo el mundo”, no es el mejor reclamo para salir a la venta:
el coste en el mercado internacional de sumergibles similares oscila
entre los 400 y los 600 millones de euros, entre un 40 y 60% más
baratos.
En julio de 2019, Navantia presentó su oferta al
concurso abierto por India para adquirir seis submarinos. En la empresa
española cruzan los dedos para llevarse la adjudicación. Se trata de un
proyecto por el que se compraría el diseño del S-80 Plus, pero la construcción se dejaría en manos de los astilleros indios.
A
la espera de mejor suerte, a finales del año pasado Navantia ya se
quedó fuera de la terna de países que competían por hacerse con el
contrato de construcción de cuatro nuevos sumergibles para la Marina
holandesa. La objeción que se le puso al S-80 para rechazarlo era que el modelo todavía no se había probado. De nuevo, los retrasos de tantos años suponían la pérdida de un hipotético ingreso multimillonario.
