Francisco Jiménez, nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia

MURCIA.- El Consejo de Ministros ha comunicado hoy el Real Decreto por el que se nombra Francisco Jiménez como nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia desde el martes que viene para sustituir a Diego Conesa, candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad Autónoma el próximo 26 de mayo.

Conesa permanecerá en el cargo hasta el próximo lunes, fecha en la que se publicará el relevo en el Boletín Oficial del Estado.
Jiménez fue jefe provincial de Tráfico de la Región de Murcia entre 2006 y 2012. Y actualmente era el secretario general de la Delegación desde el pasado mes de julio. Con anterioridad ejerció como jefe de servicio de Formación y Seguridad Vial para la Región.
Francisco Jiménez tiene 56 años y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos de Tráfico del Estado desde julio de 2000. Anteriormente se integraba en el cuerpo de Gestión del Estado, Seguridad Social e Inem, puesto al que se incorporó en junio de 1987. 
Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y realizó el máster en Dirección y Gestión de Administración Pública de la UMU. Además, ejerció como profesor colaborador en la Facultad de Derecho de la UMU desde 2006 hasta 2013. 
Esta misma mañana, el propio Diego Conesa ha avanzado su cese, a petición propia, para encabezar la candidatura del PSOE a las próximas elecciones autonómicas. Así se lo comunicó este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a la Región de Murcia.
Conesa sin desvelar quién le sustituirá en el cargo, apuntó que quien asuma esta responsabilidad "tiene que ser persona con experiencia de gestión para los tiempos que hay que afrontar".
La próxima semana se publicará su cese en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con lo que el próximo lunes será su último día de ejercicio como delegado del Gobierno.
"Ha sido un trabajo intenso, pero un enorme honor al que he dedicado mi mejor voluntad y el mayor de mis esfuerzos por trabajar junto a todo mi equipo y colaboradores, para conseguir lo mejor para la Región de Murcia", ha declarado en rueda de prensa, tras agradecer el trabajo de los funcionarios de la Administración del Estado y de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Tal como se comprometió, Conesa deja la Delegación en la última quincena de marzo para "afrontar el proceso electoral del 26 de mayo con la misma ilusión y pasión", centrándose en las labores de candidato socialista a la presidencia de la Comunidad Autónoma.

El Gobierno modifica la normativa sobre reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto por el que se modifican algunos aspectos técnicos de la normativa vigente sobre reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias (EAP), con objeto de mejorar la eficacia del sistema.

Esta norma sobre reconocimiento de Entidades Asociativas Prioritarias es el principal instrumento de desarrollo de la Ley de fomento de la integración de cooperativas agroalimentarias, que surge con el propósito de favorecer la competitividad, modernización e internacionalización del sector agroalimentario español.

El Real Decreto aprobado tiene como principales objetivos mejorar la eficacia de la figura de las EAP como mecanismo para cumplir los fines de la política agroalimentaria que tienen encomendados, adecuando, por una parte, los requisitos de acceso a las necesidades detectadas en el sector agroalimentario para asegurar su expansión y proyección plena en el sector, y mejorando, por otra, la gestión de las EAP y su eficiencia en términos de mercado y competitividad.

Para ello en la nueva norma se precisan las condiciones aplicables para el reconocimiento en relación a la actividad integrada, tanto para las cooperativas agroalimentarias como para las entidades civiles o mercantiles.

También se contemplan nuevas condiciones para acreditar el requisito de supraautonomía, estableciéndose dos alternativas para justificar la existencia de socios y operaciones en términos económicos en distintas comunidades autónomas de forma simultánea.

Por otra parte se concretan las circunstancias que podrían eximir, en casos excepcionales, de la obligación de comercialización conjunta de la totalidad del producto objeto de reconocimiento.

También se refuerza el sistema de seguimiento del cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento como Entidad Asociativa Prioritaria, estableciendo un procedimiento de control interno por parte de la propia entidad en lo relativo a la entrega total para su comercialización conjunta, y se definen requisitos y aspectos técnicos aplicables en el caso de las entidades de suministros y servicios.

También se dota de seguridad jurídica, tanto al administrado como a la propia administración, garantizando la correcta interpretación de la norma y se facilita su aplicación.

En la actualidad, son once las Entidades Asociativas Prioritarias reconocidas en distintos sectores, que alcanzan una cifra de facturación total de más de 3.000 millones de euros, lo que supone más del 10% de la facturación total de las cooperativas españolas.

Estas entidades están presentes en 15 comunidades autónomas, y agrupan a más del 10% de las cooperativas agroalimentarias de España y a más del 11% de sus socios de base.

El profesor alicantino Julián López Milla, nuevo secretario general de infraestructuras

MADRID.- El Consejo de Ministros ha nombrado a Julián López Milla como secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento en sustitución de Javier Izquierdo, quien deja el cargo para concurrir a las próximas elecciones generales.

El nuevo alto cargo de Fomento ocupaba desde agosto del pasado año el puesto de director general de Seittsa, la sociedad que asumió y gestiona las nueve autopistas de peaje quebradas.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alicante, es profesor titular de Economía Aplicada en el Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante desde septiembre de 2001.

El nuevo secretario general de Infraestructuras ha combinado su labor académica con su trayectoria política.

Diputado por Alicante en el Congreso en las dos últimas legislaturas, Julián López también ostentó durante unos meses entre 2017 y 2018 el cargo de director de Análisis, Políticas Públicas y Coordinación en la Presidencia de la Generalitat Valenciana.

Con anterioridad, ejerció también durante unos meses de 2015, como secretario autonómico de Modelo Económico y Financiación en la Conselleria de Hacienda valenciana.

El Consejo de Ministros modifica el convenio para la financiación del soterramiento del ferrocarril en Murcia

MURCIA.- El Consejo de Ministros, en su reunión de este viernes, autorizó la suscripción de una adenda modificativa al convenio de 2006 para la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria (RAF) de Murcia, y que hará posible completar el soterramiento del ferrocarril en la capital regional.

Esta adenda permitirá establecer los mecanismos de colaboración adecuados para la ejecución de las actuaciones necesarias que culminen con la remodelación de la RAF de la ciudad de Murcia, además de proceder a la actualización de los compromisos adquiridos en el convenio de 2006. Por lo tanto, incluirá también los pactos y acuerdos alcanzados por las partes desde la suscripción de dicho documento hasta la actualidad.

El documento modificado plasmará el compromiso de los socios de la Sociedad Murcia Alta Velocidad para garantizar la ejecución de la integración global de ferrocarril en la ciudad de Murcia, actualizará los costes estimados y la definición de las actuaciones contempladas en el documento suscrito en junio de 2006.

Además, la adenda dará continuidad a la actividad social hasta que esta haya cumplido con la totalidad de las obligaciones financieras derivadas de la ejecución de las actuaciones de integración ferroviaria y urbanística y permitirá proceder a la venta de terrenos titularidad de la Sociedad resultantes de la desafectación del uso ferroviario y transmitidos por sus accionistas, aplicando las plusvalías a la financiación de las actuaciones.

Las actuaciones a ejecutar como consecuencia de este convenio, y su correspondiente plan de etapas, contemplan la remodelación de los accesos ferroviarios a la ciudad de Murcia mediante la construcción de un trazado, adaptado a la nueva funcionalidad ferroviaria y a la llegada de la alta velocidad, que sea compatible con la red existente.

Se incluye la integración del corredor ferroviario en su entorno urbano con el fin de posibilitar la permeabilización del actual trazado y liberar el suelo necesario para la realización de la operación urbanística. Para ello se procederá a la integración del trazado ferroviario desde el núcleo urbano de Nonduermas hasta el paso a nivel de Senda de los Garres, en un ámbito total de unos 7,04 kilómetros, incluyendo rampas.

En segundo lugar, contempla la sustitución de la actual estación de Murcia El Carmen por una estación intermodal capaz de atender en condiciones adecuadas el previsible crecimiento de los servicios ferroviarios, teniendo en cuenta la integración de la traza ferroviaria en la zona de la propia estación.

Asimismo, incluye la potenciación de la intermodalidad de la futura estación de Murcia El Carmen mediante la ejecución de una estación de autobuses ubicada en las inmediaciones de la estación de ferrocarril que podrá ubicar su programa sobre rasante, compartiendo parcela con el aparcamiento subterráneo de la estación de ferrocarril.

Los elementos específicos de la terminal de autobuses serán adecuadamente diferenciados en la redacción del proyecto de la estación de autobuses, quedando fuera del ámbito de la adenda la financiación de la construcción de los mismos. La titularidad de la estación de autobuses será municipal.

Finalmente, prevé la realización de las actuaciones de planeamiento, diseño y ejecución de la actuación urbanística, así como su evaluación económica-financiera, de forma que se conjuguen los objetivos de mejora del espacio urbano con el aprovechamiento de las plusvalías generadas por la futura venta de los suelos.

Sanidad defiende vetar la subida "injustificada" de los precios de los fármacos

MADRID.- La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha defendido este viernes el veto de su departamento al incremento "injustificado" que en algunos casos sufren medicamentos que han dejado de ser financiados por el sistema público de salud.

Carcedo se ha pronunciado de esta manera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por la oposición del Ministerio a la subida de precios de algunos fármacos desfinanciados.
En concreto, "El País" publica hoy que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos se ha opuesto, por primera vez, a la subida de un fármaco: se trata de Fortasec, un antidiarreico, que anteriormente contaba con financiación por la sanidad pública.
"Los medicamentos que se sacan de la financiación pública, en muchas ocasiones, sufren un incremento, en nuestra opinión, en algunos casos, injustificado de precios; hablamos de multiplicar por bastantes veces el precio del medicamento que tiene acordado con el Ministerio de Sanidad respecto al que se paga cuando se saca de la financiación", ha sostenido la ministra.
Por tanto, para la ministra la subida de precio de Fortasec está "injustificado" y no se va a autorizar porque le parece "desproporcionado a lo que cuesta el producto".
Fuentes del Ministerio de Sanidad han explicado que se ha aplicado la ley del medicamento y que se analizará caso por caso.

España mantendrá el cambio de hora y su huso horario actual hasta al menos 2021

MADRID.- España mantendrá su actual huso horario y el cambio de hora estacional, que se producirá de nuevo el próximo 31 de marzo, cuando se adelantará el reloj una hora para adaptarse al denominado horario de verano. Así lo ha avanzado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Celaá ha explicado que el Gobierno ha estudiado el informe encargado a la comisión de expertos en el que se ha revisado el huso horario, sobre el que no se plantea "cambio alguno". 

"España lleva empleando el mismo huso horario desde hace más de 30 años, que coincide con el de Alemania y se remonta a la época franquista", ha indicado.

Además, ha señalado es que otra cuestión "menos concluyente" analizada es el cambio de hora estacional, que se produce en España desde hace 45 años. 

"Este día 31 (de marzo) adelantaremos el reloj de facto", ha señalado para recordar que se adelantará una hora el reloj para adecuarlo al horario de verano y un nuevo cambio volverá a producirse a finales de octubre retrasando el reloj para adaptarse al horario de invierno.

Celaá ha comentado que, después de estos meses de análisis, la comisión de expertos no ha llegado a ninguna "resolución concluyente", habida cuenta de la "gran cantidad de repercusiones de impacto" que tiene esta medida en campos como el económico o el cultural.

Además, la ministra ha resaltado que cuando el CIS preguntó a los españoles con qué horario preferían quedarse definitivamente, estos respondieron que el de verano, mientras que los expertos recomiendan que sea el horario de invierno.

Celaá también ha recordado que a nivel europeo tampoco se ha producido ninguna conclusión concluyente ni vinculante. 

"Nos hemos vuelto a emplazar a que esto vaya a estudio hasta 2021 --ha apuntado--. Veremos si la nueva Presidencia de la UE lo acoge o si considera que esto no tiene la misma utilidad para seguir decidiendo".

El Gobierno aprueba ofrecer cuentas bancarias y tarjetas gratuitas o por 3 euros mensuales a los desfavorecidos

MADRID.-El Gobierno ha aprobado un real decreto que establece un precio máximo mensual de 3 euros o la gratuidad de las cuentas bancarias básicas y el acceso a una tarjeta para los colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión.

En palabras de la ministra de Economía, Nadia Calviño, se da así un paso más para garantizar la inclusión de estos colectivos y su acceso a servicios financieros que se consideran esenciales para participar en la actividad económica.
"No hay inclusión social sin inclusión financiera", ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Las cuentas de pago básicas permiten realizar servicios bancarios como tener domiciliada la nómina, disponer de una tarjeta de débito, realizar retiradas de efectivo en cajeros y transferencias dentro de la Unión Europea.
El coste máximo de esta cuenta no podrá superar los 3 euros al mes, en línea con el de otros países europeos, y cubre todos los servicios, con un límite para transferencias y domiciliaciones de 120 operaciones anuales.
Sin embargo, las personas vulnerables tendrán acceso gratuito a este tipo de servicios "para que nadie se quede fuera del sistema financiero", ha añadido Calviño.
Para determinar si una persona se encuentra en situación de vulnerabilidad se evaluará la renta y el número de miembros de la unidad familiar utilizando el Indicador de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).
"El criterio utilizado es, básicamente, el mismo que el que se emplea para establecer el acceso a la justicia gratuita", ha explicado la titular de Economía.
Las entidades financieras tienen la obligación de informar y ofrecer la apertura de esta cuenta en las condiciones establecidas a las personas que lo soliciten y acrediten su situación.
En el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del real decreto aprobado este viernes, el Ministerio de Economía y Empresa realizará un informe para evaluar el acceso a las cuentas de pago básicas y la definición de situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera.
Esta norma se incluye dentro del marco europeo de la directiva de Cuentas de Pago Básicas que, con el fin de alcanzar la plena inclusión financiera, establece el derecho de todo ciudadano a disponer de los servicios de una cuenta de pago básica a un precio razonable.

La Región de Murcia recibe 87,9 millones del Fondo de Liquidez Autonómico

MADRID.- El Gobierno anunció este viernes la asignación de 87,9 millones de euros a la Región de Murcia con cargo al Fondo de Financiación para las comunidades autónomas que asciende a 2.055 millones de euros. Este reparto corresponde al segundo trimestre del año y suma 2.055 millones de euros para todas las comunidades autónomas, de los que 1.254,5 se destinarán al Fondo de Facilidad Financiera (FFF) y 801 al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Del FFF, Cataluña es la que más percibirá (540 millones), seguida de Andalucía (236), en tanto que del FLA, la mayor cantidad es la asignada a la Comunidad Valenciana, 417 millones.

Un comunicado del Ministerio de Hacienda precisa que la decisión se tomó en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), que aprobó también una serie de medidas de apoyo a las entidades locales que están en situación de riesgo financiero. Las medidas consisten en la modificación de las condiciones financieras de los préstamos formalizados con el Fondo de Financiación a Entidades Locales por ayuntamientos en una situación más deteriorada. El objetivo es que los que presentan situaciones de riesgo puedan cumplir con los pagos de las cuotas de los préstamos adquiridos.

Entre otras medidas se prevé modificar el tipo de interés aplicable en las operaciones de cancelación mediante retenciones en la participación en tributos del Estado de la deuda con cargo al Fondo de Financiación de los Pagos a Proveedores de Entidades Locales (FFPP) o permitirles a las que se aplican esas retenciones su sustitución por un préstamo con cargo al Fondo de Ordenación por el importe de la deuda pendiente de cancelar. Ambas medidas podrían afectar a 149 entidades que tenían un importe pendiente de cancelar, a 31 de enero de 2019, de 433,89 millones de euros.

Se permite la agrupación de los préstamos formalizados con cargo al Fondo de Financiación a Entidades Locales, modificando las condiciones financieras en lo que se refiere a los períodos de amortización y de carencia y al tipo de interés. Tienen préstamos vivos con el Fondo 1.413 ayuntamientos, con un importe pendiente de amortizar de 6.351,80 millones de euros.

La agrupación beneficiaría a 283 municipios (el 20 % del total), pero con una deuda pendiente de amortizar por aquellos préstamos de 5.117,21 millones de euros (el 81 % del total).

Habrá condiciones financieras específicas, incrementando el período de amortización, para los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales que presenten una elevada carga financiera para los Ayuntamientos, lo que podrá ayudar a 96 ayuntamientos con una deuda viva de 2.505,49 millones de euros.

Se amplía el período de amortización para los préstamos que no hayan podido ser agrupados y que se hayan formalizado por ayuntamientos con un período medio de pago a proveedores excesivo, lo que beneficiará a 80 corporaciones con una deuda viva total de 544,72 millones de euros.

Respecto a las autonomías, el Gobierno decidió destinar 1.254,51 millones de euros para el FFF y 801,01 al FLA. Las comunidades que reunían los requisitos exigidos para adherirse a Facilidad Financiera son Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia y La Rioja.

Las adheridas al FLA son Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana.

El resto, Castilla y León, Madrid, País Vasco y Navarra, no han solicitado financiación con cargo al Fondo de Financiación 2019.

El Gobierno central distribuirá casi 60 millones a Murcia para políticas activas de empleo

MADRID.- El Consejo de Ministros ha acordado aprobar la distribución de fondos de 2019 a las comunidades autónomas de políticas activas de empleo, incluidos los destinados a la ejecución del plan de choque por el empleo joven, por un importe de 2.019 millones de euros, de los que Murcia recibirá 59,64 millones.

Además, el Ejecutivo tiene previsto distribuir una cantidad adicional de 297 millones de euros en abril. De este modo, la intención es distribuir un total de 2.317 millones de euros este año, lo que supone un aumento del 9%, respecto a los 2.126 millones de euros asignados el año pasado.

Los criterios de distribución ya fueron aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, celebrada en Madrid el 20 de diciembre de 2018 para un periodo de tres años, lo que va a permitir a las comunidades autónomas la celebración de convocatorias plurianuales, que facilita y da utilidad a la ejecución de las políticas activas.

De los 2.019 millones de euros, Andalucía es la comunidad autónoma que recibirá mayor dotación, con 340,33 millones de euros, seguida de Cataluña, con 335,99 millones, y la Comunidad de Madrid, con 265,8 millones.

Tras dichas comunidades se encuentran la Comunidad Valenciana (192,95 millones), Galicia (161,63 millones), Castilla y León (122,49 millones), Extremadura (88,32 millones); Castilla-La Mancha (86,21 millones), Aragón (60,02 millones), Murcia (59,64 millones), Asturias (58,29 millones), Baleares (45,25 millones), Cantabria (29,14 millones), Navarra (23,36 millones) y La Rioja (11,17 millones).

El Consejo de Ministros declara de emergencia las obras del Canal de Cartagena

CARTAGENA.- El Consejo de Ministros aprobó este viernes la declaración de emergencia de las obras del Canal del Campo de Cartagena y en los canales de drenajes D7 y D4, en Torre Pacheco y Los Alcázares, por un importe superior a los 2,2 millones de euros y que resultaron dañados por las lluvias de noviembre de 2018.

En un comunicado, el Ministerio para la Transición Ecológica señaló que los trabajos en el Canal de Campo de Cartagena en varios municipios de las provincias de Murcia y Alicantes están presupuestados en 1,62 millones de euros, mientras que las obras en los canales de drenaje D7 y D4 contemplan una inversión de más de 590.000 euros. Ambas actuaciones ya se han iniciado y fueron declaradas de emergencia el pasado 14 de enero.

Las lluvias de mediados de noviembre afectaron a las zonas costeras de la cuenca del Segura, causando «importantes daños», especialmente en las infraestructuras de los municipios ribereños del Mar Menor y el Canal del Campo de Cartagena, debido al desbordamiento, entre otras, de las ramblas de la Maraña, las Colonias, los Infiernos, la Señora, San Cayetano y la Sala, según el ministerio dirigido por Teresa Ribera.

Un segundo episodio de lluvias, a finales de noviembre, agravó la situación con graves daños en los municipios de Pozo Estrecho, la Puebla, Torre Pacheco y Los Alcázares, donde resultaron muy afectadas las infraestructuras pertenecientes a los canales de drenaje de riego D7 y D4, debido al desbordamiento de la rambla del Albujón.

Las obras ya iniciadas fueron declaradas de emergencia el pasado 14 de enero por la urgencia de recuperar lo antes posible la operatividad de estas infraestructuras, y consisten en la limpieza, despeje y desbroce de los canales D7 y D4, que quedaron llenos de broza y escombros.

También se acometerá la reparación y reconstrucción de los canales en los tramos más afectados por la avenida; la ampliación de la sección hidráulica de varios pasos de vehículos a nivel sobre los canales y la sustitución por otros más elevados que no interrumpan su sección hidráulica.

Asimismo, se rectificará el trazado de las desembocaduras en una longitud aproximada de 100 metros, aumentando el ángulo de incidencia con la rambla del Albujón, para mejorar la capacidad de desagüe, y se protegerán con escollera los taludes de los canales en determinados tramos más expuestos a las avenidas.

Por otra parte, la combinación de los dos episodios de lluvias de noviembre produjo también daños en diversas infraestructuras pertenecientes al canal del acueducto Tajo-Segura, reparándose los daños producidos por los desbordamientos del cauce en muchos tramos, como en el canal principal, deteriorado desde la compuerta T-6 (Torre Pacheco) hasta la compuerta T-8 (El Albujón), aguas arriba de la impulsión de Fuente Álamo.

Asimismo, se actuará sobre las «importantes» afecciones en sus últimos treinta kilómetros, incluyendo la balsa de cola en la pedanía de La Guía (Cartagena); la rambla de San Cayetano (en la zona de la compuerta T-4) y las ramblas de La Sala, Los Infiernos y Las Colonias.

Las obras ya iniciadas consisten en la extracción y traslado a vertedero de arrastres, sedimentos, broza y escombros depositados en el interior de los cauces; reposición de cajeros afectados del canal; reconstrucción de terraplenes inestables y taludes; refuerzo y recuperación de la funcionalidad del drenaje y reparación de caminos de servicio y de los cauces de escorrentías transversales al canal.

El Gobierno aprueba una nueva regulación de la pesquería de atún rojo en el Atlántico oriental y Mediterráneo

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto por el que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico oriental y Mediterráneo.

En concreto, esta norma incorpora al ordenamiento jurídico español las disposiciones del plan de gestión de la pesquería, aprobadas en Dubrovnik en 2018, por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT).

El nuevo marco regulatorio español, derivado del marco internacional, mantiene un elevado nivel de exigencia en materia de gestión y control, lo que garantizará la sostenibilidad del recurso después de que ICCAT diese por concluido el plan de recuperación, iniciado en 2006, para adoptar un plan de gestión cinco años antes de su objetivo previsto, lo que significa un rotundo éxito en la ordenación de esta pesquería.

De esta forma se consolida y mejora el acceso al recurso para las flotas que, durante estos años, se han visto afectadas o excluidas en la pesquería por las estrictas exigencias sobre límites de capacidad, que restringieron especialmente el número de buques artesanales del Mediterráneo y Canarias con autorización para realizar captura dirigida.

En la reunión anual de ICCAT también se refrendó el Total Admisible de Capturas (TAC) fijado para el trienio 2018-2020, correspondiendo 28.200 toneladas para 2018; 32.240 toneladas para 2019 y 36.000 toneladas para 2020, lo que para España supone llegar a más de 6.000 toneladas.

Con el aumento del TAC se puede atender las necesidades de las flotas afectadas por las restricciones, al mismo tiempo que el grueso de la cuota se asigna a las flotas autorizadas a la captura dirigida desde 2008, año en el que comenzaron las mayores exigencias de limitación de capacidad.

En base a los criterios de historicidad, empleo y dependencia de la pesquería recogidos en la Ley de Pesca Marítima del Estado se asignan, en forma de posibilidades de pesca trasmisibles, el 87,15% de las posibilidades de pesca de España a las almadrabas y los buques de cebo vivo del Cantábrico, palangre de superficie del Mediterráneo, línea de mano del Estrecho, y cerco en el Mediterráneo. Otra parte de la cuota se asigna a las flotas artesanales del Mediterráneo, Estrecho y Canarias, además de habilitar un pequeño porcentaje de captura accesoria para el palangre y la costera del bonito.

Mediante el nuevo Real Decreto se simplifica la normativa de gestión, se mantienen los mecanismos de control para consolidar la buena situación de esta pesquería, se establece un reparto equilibrado, y se reconoce los esfuerzos realizados por todas las flotas junto con las administraciones para la plena recuperación de esta especie.

La situación biológica de la población de atún rojo hizo necesario en 2006 adoptar un plan de recuperación que ha sido modificado en varias ocasiones, y entre cuyas medidas destacan la obligación de que cada Estado miembro elabore un plan de pesca anual para las almadrabas y los buques que capturen atún rojo, asignación y adecuación de las posibilidades de pesca a la capacidad existente, restricciones en las épocas autorizadas de pesca, tallas mínimas, puertos autorizados y otras medidas de control.

La recuperación de esta especie ha supuesto además un espaldarazo a la correcta gestión de las organizaciones regionales de pesca, en este caso ICCAT, que ha conseguido recuperar el recurso gracias a un ejercicio conjunto de responsabilidad en la gestión de la pesquería en el que España ha sido líder en cumplimiento y vigilancia.

Entre las mejoras del nuevo plan de gestión, se destaca la flexibilización de las temporadas de captura, y la eliminación de las restricciones a la inclusión de buques artesanales en los planes anuales de pesca.

La ciencia se lleva casi el 60 % de la oferta de empleo público de 2018

MADRID.- Casi el 60 por ciento de las 2.528 plazas incluidas en la oferta de empleo público extraordinaria de 2018 serán para la ciencia, un sector "particularmente afectado" por la temporalidad al que el Gobierno quiere fortalecer y dar estabilidad.

Así lo ha anunciado hoy la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete.

El real decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros prevé una oferta de empleo público de 2.528 plazas, de las que 2.041 serán para estabilizar al personal temporal en la Administración General del Estado (AGE).

El 58 % de esta convocatoria, es decir, 1.454 plazas, serán para estabilizar el empleo en la ciencia, un sector que el Ejecutivo quiere fortalecer para que España pueda tener un progreso "mucho más competitivo".

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) será el más beneficiado, con 960 plazas, lo que equivale al 9,48% de la plantilla, seguido del Centro de Investigaciones, Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), que tendrá 261 plazas (el 21,9 % de la plantilla).

El resto de las plazas se repartirán entre el Instituto de Salud Carlos III (93 plazas, el 10,8% de la plantilla); el Instituto Español de Oceanografía (IEO) (54 plazas, 9,5% de la plantilla); el Instituto Geológico y Minero (50 plazas, el 14,2% de la plantilla), y el Instituto de Investigaciones Agrarias (36 plazas, 4,7% de la plantilla).

Además de acabar con la elevada tasa de temporalidad en los Organismos Públicos de Investigación (OPI), esta oferta pública de empleo -que no se convocaba desde hace más de una década- permitirá rejuvenecer las plantillas de los centros de investigación.

Las 1.454 plazas, que serán para investigadores, técnicos medios y superiores, y personal de gestión, se publicarán en los próximos meses, precisa el Ministerio de Ciencia en una nota.

"España necesita investigadores comprometidos con el tejido social y científico" pero, para ello, hay que asegurarles la estabilidad necesaria para "permanecer afincados en el país", ha concluido Celaá.

El Gobierno aprueba la 'tasa Google' y el impuesto a las transacciones financieras

MADRID.- El Gobierno ha aprobado este viernes dos nuevos impuestos, uno a las transacciones financieras y otro a determinados servicios digitales, con los que pretende reforzar la "equidad" del sistema tributario, según ha indicado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros.

El Consejo ha aprobado los proyectos de ley de creación de los impuestos de transacciones financieras y determinados servicios digitales, con los que espera recaudar más de 2.000 millones de euros.
Celaá ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo que el impuesto a las tecnológicas grava actividades que ahora no están sujetas a tributación porque las plataformas "trabajan de manera privilegiada" con respecto a otras actividades que sí pagan impuestos. "Se estaba funcionando con competencia desleal", ha resumido.
Este impuesto, que va en línea con el debate sobre tributación digital en la Unión europea, tiene el objetivo, de que "las empresas tributen allí donde están generando beneficios".
En cuanto al impuesto a las transacciones financieras, va dirigido a "reforzar la equidad del sistema" y también está en línea con la cooperación reforzada que diez países europeos mantienen desde 2013 para ponerlo en marcha.
El impuesto español, ha indicado Celaá, sigue el modelo francés y su recaudación se dedicará a financiar las pensiones y otros mecanismos de protección de la Seguridad Social.
Estos dos impuestos, cuyos anteproyectos de ley fueron aprobados en octubre del pasado año, iniciarán ahora su tramitación en las Cortes, donde pueden recibir enmiendas.
El impuesto sobre determinados servicios digitales, que prevé recaudar unos 1.200 millones de euros, establece un gravámen del 3 % sobre los ingresos obtenidos por publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos generados a partir de información proporcionada por los clientes.
El tributo solo se aplicará a las multinacionales tecnológicas que facturen más de 3 millones de euros en España y 750 millones en el resto del mundo, por lo que no afectará a las pymes.
El impuesto sobre transacciones financieras, que prevé recaudar 850 millones de euros, consiste en un gravámen del 0,2 % sobre las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.
La también llamada tasa Tobin no afectará a las salidas a Bolsa, reestructuraciones empresariales, operaciones entre sociedades del mismo grupo ni cesiones temporales.

El Gobierno central aumenta en 7.860 millones la financiación territorial

MADRID.- El Gobierno ha aumentado en 7.860 millones de euros la financiación territorial, según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado aprobado hoy en Consejo de Ministros.

Las comunidades autónomas son las más beneficiadas de este aumento, con 6.487 millones de euros adicionales, mientras que los 1.373 millones restantes corresponden a las entidades locales.

En total, en el proyecto de ley de presupuestos, las autonomías contarán con 110.570 millones, es decir, un 6,2 por ciento más, mientras que las entidades locales sumarán 19.329 millones, un incremento del 7,6 por ciento.

En este incremento de la financiación territorial está recogidos los 2.496 millones de euros que se devuelven a las comunidades por la liquidación del IVA de 2017.

El Gobierno autoriza la licitación del mantenimiento de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante por 53,83 millones

MADRID.- El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar, a través de Adif, los servicios de mantenimiento y premantenimiento de infraestructura, vía y aparatos de vía de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante, en el ámbito de las bases de mantenimiento situadas en Requena (Valencia) y Monforte del Cid (Alicante). El contrato cuenta con un importe de licitación de 53.830.991,64 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 48 meses.

Las mencionadas bases atienden el mantenimiento de los tramos Minglanilla-Valencia y Bonete-Alicante, ambos en explotación, así como de los tramos en construcción entre Monforte del Cid y Murcia y Bifurcación Xàtiva-La Encina. En estos últimos tramos, al encontrarse ya construida la plataforma y la vía instalada en algunos subtramos, se hace necesaria su conservación hasta su puesta en servicio.

El objetivo de estas actuaciones es garantizar en todo momento el óptimo estado de las instalaciones ferroviarias y su disponibilidad, eficacia, seguridad, funcionalidad y confort, reduciendo al máximo la probabilidad de incidencias.

Los trabajos incluyen la conservación de la plataforma ferroviaria, vías generales, secundarias y de apartado, aparatos de vía (desvíos o cambios de agujas y travesías), ramales de conexión, bases de mantenimiento y cambiadores de ejes, entre otras instalaciones, así como la evaluación de su estado, la programación de intervenciones de mejora y la disposición y aplicación de recursos para actuar con inmediatez en caso de incidencia.

En los tramos en construcción, los trabajos de premantenimiento comprenden la conservación de la plataforma y la vía ya instalada para mantener sus prestaciones hasta su puesta en servicio.

El Gobierno garantiza la prestación de los servicios de Cercanías, Media Distancia y AVANT hasta 2028

MADRID.- El Consejo de Ministros, en su reunión celebrada hoy, ha dado luz verde al contrato entre la Administración General del Estado (AGE) y Renfe para la prestación de los servicios ferroviarios sujetos a Obligación de Servicio Público (OSP), que en el ámbito de competencia estatal dan servicio a más de 322 millones de viajeros al año en los trenes de Cercanías, Media Distancia, Ancho Métrico y AVANT.

El contrato se ha adjudicado para los próximos 10 años, ampliables cinco años más, de manera que queda garantizada la prestación de estos servicios esenciales para la cohesión territorial y la movilidad de los ciudadanos para la próxima década, asegurando contractualmente la financiación de su déficit de explotación.

El Gobierno ha optado por un plazo temporal amplio que dé estabilidad en la prestación de estos servicios, evitando las incertidumbres que generaba la suscripción de contratos de plazos anuales o bianuales y que tampoco permitían la necesaria planificación a largo plazo o abordar las inversiones necesarias.

El importe total de las compensaciones previstas para el período 2018-2027 asciende a 9.693,8 millones de euros, un esfuerzo presupuestario sin precedentes que refleja el compromiso del gobierno con estos servicios.

En particular, supone una apuesta decidida por la mejora de los servicios de Cercanías, que requieren un impulso decidido para recuperar la fiabilidad del servicio y puntualidad que los convirtió en unos de los servicios de transporte con mejor valoración social y para fomentar la captación de nuevos usuarios como respuesta a los retos que España afronta en el ámbito de la movilidad urbana.

También refleja el compromiso del Ministerio con la calidad del servicio, permitiendo afrontar un ambicioso proyecto de renovación de material rodante y de las estaciones asociadas a estos servicios.

Para ello, el contrato también establece unos estrictos compromisos de puntualidad, fiabilidad y calidad al que se añade un riguroso aseguramiento de la eficiencia en la prestación del servicio y en el uso de los fondos públicos.

La derogación de la Lomce obtiene el primer visto bueno del Gobierno

MADRID.- El Gobierno ha estudiado el anteproyecto del Ministerio de Educación que modifica la LOE y deroga la Lomce y que "supone una modernización y no un cambio del sistema educativo". 

Así lo ha manifestado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, al término del Consejo de Ministros, quien ha dicho que se trata de una reforma "respetuosa con la Constitución".

El Ejecutivo ha realizado el “primer visionado” del anteproyecto de modificación de la LOE de 2006, que conllevará a su vez a la derogación de la Lomce de 2013. 

La también portavoz del Gobierno ha explicado que el texto aún se encuentra en fase de consultas y que, una vez que reciban los dictámenes, incorporarán las enmiendas que consideran para cuando sea llevada para la segunda lectura del anteproyecto al Consejo de Ministros.

“Nuestros propósito es meterlo al Congreso en enero”, ha detallado la ministra.

El Gobierno ha hecho una “primera lectura” de lo que será una ley orgánica por la que se modificarán la Loe y la Lomce y afectará a los 8.179.539 estudiantes matriculados en este curso 2018-2019 en enseñanzas de régimen general no universitarias. Son alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional y otros programas formativos.

También afecta a 701.373 docentes y a 28.531 centros de enseñanzas de régimen general no universitarias, de los que 19.112 son públicos y 9.419, privados, ha recordado el Ministerio de Educación en una nota.

El anteproyecto de la nueva ley de Educación fue presentado por Celaá a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados el pasado 28 de noviembre en la Comisión de Educación y FP.

Y este mismo jueves concluyó el trámite de audiencia e información pública del anteproyecto –denominado de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación–, con el que se han recogido sugerencias de toda la comunidad educativa.

Además, el texto aún debe ser debatido por el Consejo Escolar del Estado y por los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Educación, que se reunirán en las próximas semanas.

La reforma educativa de Celaá persigue, entre otros objetivos, que los alumnos de Primaria y Secundaria estudien valores cívicos y éticos, que la religión no sea computable, que el Bachillerato sea más flexible y que no existan revalidas.

Los policías locales que quieran acogerse a la jubilación anticipada a los 59 años deben comunicarlo antes del 31 de enero

MADRID.- El Gobierno ha aprobado este viernes el real decreto por el que los policías locales podrán acceder a la jubilación anticipada a los 59 años, en el mejor de los casos. Para anticipar su retiro hasta esa edad, los profesionales deben acreditar 37 años de actividad y un mínimo de 15 años cotizados como miembros del Cuerpo policial.

Se concluye así con una demanda de muchos años de este cuerpo policial, como ha reconocido la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras que el real decreto ha sido aprobado a propuesta del Ministerio de Trabajo. 

"A través de este real decreto aquellos policías locales que acrediten 37 años de actividad efectiva podrán jubilarse a los 59 años en el mejor de los casos", ha añadido la ministra.

Ha indicado que para ello deben comunicar su voluntad de acogerse a esta modalidad antes del 31 de enero de cada año y tener un mínimo de 15 años cotizados efectivamente como policías locales.

Según ha explicado el Ministerio de Trabajo en un comunicado, los años de cotización efectiva como policía local para anticipar la edad de jubilación hasta 6 años (los 59 años) se van a exigir de manera progresiva: en 2019, serán necesarios 35 años y medio; en 2020, 2021 y 2022, 36 años; en 2023, 2024, 2025 y 2026, serán 36 años y medio; y en 2027 y posteriores, 37 años. 

El real decreto "cuenta con el aval del Consejo de Estado y con informe favorable de las distintas administraciones y está respaldado por la Ley General de la Seguridad Social", ha concluido Celaá.

Para financiar la medida, se aplicará un incremento en la cotización de estos trabajadores públicos, ya contemplado en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Esta cotización adicional será del 10,6% para todos los policías en activo. 

"De esta cuota, los municipios deberán financiar el 8,86% y los propios funcionarios, el 1,76% restante", explica Trabajo.

Nada más conocerse el acuerdo, los sindicatos CCOO y CSIF han comunicado que celebran la aprobación de esta medida que entrará en vigor el próximo 2 de enero.

CCOO destaca que es una reivindicación histórica del sindicato por la que lleva trabajando intensamente desde hace más de diez años. CSIF reclama ahora más empleo público para reponer plantillas y alerta de que la falta de previsión de los municipios ante la jubilación anticipada a los 59 años puede provocar problemas de plantillas.

Ambos sindicatos recuerdan que en España hay cerca de 70.000 policías locales de los cuales 3.200 tienen más de 60 años y 4.000 entre 55 y 60.

El Gobierno aprueba la licitación de contratos de carreteras por 500 millones, no solo en Murcia

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la licitación de varios contratos de carreteras en Cantabria, Córdoba, Logroño, Murcia, Madrid, Huesca, Sevilla y Teruel que suman un importe conjunto superior a los 500 millones de euros.

La actuación de mayor importe es la que corresponde a la construcción del Arco Noroeste de Murcia con un presupuesto de 178,4 millones de euros y engloba la licitación de tres contratos que suman 21,7 km de longitud, según ha indicado hoy el Ministerio de Fomento.

El Arco Noroeste de Murcia separará los tráficos locales y de acceso a la capital regional de los tráficos de largo recorrido que tienen su origen y destino en las Comunidades limítrofes. De hecho, permitirá descargar de tráfico un tramo de 32 km, formado por la autovía A-30, y la Ronda Oeste de Murcia, donde actualmente se registra un tráfico de 111.000 vehículos al día.

Además, el Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de las obras de la Ronda Sur de Logroño por 149,3 millones de euros que consiste en la utilización de la AP-68 entre Arrúbal y Navarrete como circunvalación de Logroño, libre de peaje. La longitud de este tramo es de 29 km.

Asimismo, se ha aprobado la licitación de las obras de acondicionamiento de la N-260 entre Congosto del Ventamillo y Campo por 46,34 millones. Se trata de una carretera de montaña que discurre por un espacio natural de interés ambiental. La longitud de esta actuación es de 11,98 kilómetros.

En la provincia de Madrid, el Gobierno ha autorizado la licitación de las obras de remodelación del enlace A-6/M-40 y nuevas conexiones de la Avenida de Victoria con la A-6 por 37,78 millones de euros.

Esta actuación permitirá reducir las retenciones que se producen en horas punta tanto en la calzada izquierda de la A-6 (sentido Madrid) como en la exterior de la M-40.

Por lo que respecta a la provincia de Teruel, se ha autorizado la licitación de las obras de la Variante de Alcorisa en la N-211 con una inversión de 39,27 millones de euros. La longitud del tramo objeto del proyecto es de 6,8 km.

Si se suma esta inversión a la de la carretera N-260 en la provincia de Huesca por 46,34 millones, la inversión total aprobada hoy para Aragón asciende a 85,61 millones.

En Cantabria, el Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de un contrato para la conservación y explotación en carreteras del Estado en Cantabria por 18,55 millones. Los trabajos se extienden a la A-8, la N-634 y la N-621.

En Andalucía, se han autorizado varias actuaciones en Córdoba y Sevilla.

En el caso de Córdoba se licitará un contrato para la conservación y explotación de carreteras por 15,29 millones que abarca trabajos en la A-45; N-331; CO-32 y N-437, mientras que en la provincia de Sevilla el Gobierno ha autorizado la licitación del contrato de obras del enlace La Pañoleta y los accesos a Camas por 17,2 millones.

El Arco Noroeste sacará 3.800 camiones de la Ronda Oeste

MURCIA.- El Gobierno central ha autorizado hoy la licitación del Arco Noroeste, que conectará la autovía de Madrid con la de Andalucía y con la costa murciana, liberando a la Ronda Oeste del tráfico que cruza la Región. Esta variante permitirá sacar 3.800 camiones de la A-7 y de la circunvalación de la capital. 

Con una longitud de 21,7 kilómetros, el Arco Noroeste conectará los municipios de Alcantarilla, Torres de Cotillas, Alguazas, Ceutí, Lorquí, Campos del Río y Albudeite, además de Murcia.
Partirá desde el enlace de Alcantarilla con la autovía de Caravaca y desembocará en la A-30 en Archena, evitando así que el tráfico procedente de Madrid en dirección a Andalucía y a la costa tenga que pasar por la A-7 y por la Ronda Oeste.
Desde Alcantarilla, el tráfico en dirección a Cartagena y a los municipios del Mar Menor podrá desviarse por las autovías de El Palmar y de La Paloma en dirección al Puerto de la Cadena.
El Arco Noroeste es un viejo proyecto esperado desde hace varias décadas, junto con el Arco Norte, que debe sacar de la zona de los centros comerciales el tráfico que discurre entre las autovías de Alicante y Madrid.
Tiene un presupuestos de 178 millones y 21,7 kilómetros de longitud. El tramo de la A-30 que quedará liberado con esta nueva conexión soporta una circulación de 111.00 vehículos diarios.
El delegado del Gobierno en Murcia, Diego Conesa, ha anunciado hoy que la obra se financiará con cargo a los presupuestos del Estado de 2018 y se dividirá en tres tramos para agilizar su ejecución.
Su construcción permitirá sacar 3.800 camiones de la circunvalación de Murcia, según ha explicado el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado, Juan Luis García Garay.
Conesa no ha dado plazos para la ejecución de los tres tramos en los que se dividirá el proyecto, aunque prevé que las obras podrían iniciarse el próximo año.