El interventor Fernando Urruticoechea, propuesta de Podemos para la Sindicatura del Principado de Asturias

OVIEDO.- Los economistas Fernando Urruticoechea, interventor en el Ayuntamiento de Torre Pacheco (Murcia), y David Rivas, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, son las propuestas de Podemos para formar parte de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

A un día de que se cerrase el plazo para la presentación de candidatos al órgano fiscalizador del Principado, Podemos ha lanzado este jueves estos dos nombres por considerar que pueden contribuir a abrir una nueva etapa en la Sindicatura.

Según el diputado regional de Podemos Enrique López, Urruticoechea es un "adalid anticorrupción" que ha destapado varios casos, mientras que Rivas es un asturiano afincado en Madrid que ha llevado a cabo diversos trabajos de investigación y propuestas para la salida de la crisis.

"Debe haber una nueva concepción de la Sindicatura de Cuentas porque no ha detectado hasta ahora ni un sólo caso de corrupción, como el Marea o el Niemeyer", ha señalado el parlamentario del partido morado, para quien este órgano fiscalizador debe dejar de ser de una vez objeto de cambalaches entre partidos.

Tras asegurar que sólo han mantenido conversaciones informales con otras formaciones, López ha criticado que desde el PP se trate de "imponer un político" para formar parte de la Sindicatura.

"No lo vamos a consentir", ha afirmado López, que ha pedido también al PSOE y a IU que se pronuncien de una vez sobre si quieren una renovación de la Sindicatura o si prefieren "seguir conchabando con el PP".

La renovación de los tres cargos del órgano fiscalizador, cuyos titulares se encuentran en funciones desde pasado el 28 de diciembre, podría retrasarse hasta la próxima legislatura ante la falta de consenso entre los grupos parlamentarios.

Aunque formaciones como el PP y Podemos consideran que aún hay tiempo de renovar a los síndicos, PSOE, Foro y Ciudadanos creen que no lo hay y que es mejor esperar a que se constituya el nuevo parlamento regional tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo.

MC denuncia el traslado a Murcia de la sección de sociedades de la Delegación de Hacienda de Cartagena

CARTAGENA.- MC Cartagena presentará una iniciativa, durante el próximo Pleno municipal, para solicitar el apoyo de todos los partidos al objeto de instar a la alcaldesa a exigir, de forma inmediata y fehaciente, a que el Ministerio de Economía y Hacienda dé marcha atrás en el traslado a Murcia de las funciones y organización de la sección de sociedades de la Delegación de Hacienda de Cartagena.

El portavoz municipal de MC Cartagena, José López, ha afirmado, esta mañana, que "llevamos esta iniciativa al debate plenario tras tener conocimiento del traslado de todos los servicios de Gestión Tributaria relacionados con sociedades a la Delegación de Murcia, un nuevo servicio que el Gobierno de España birla a los cartageneros".

"Este cambio ocasionará un perjuicio notorio al usuario de nuestra Comarca ya que, para hacer una gestión de cinco minutos, tendremos que desplazarnos obligatoriamente a Murcia", ha reseñado López.

El dirigente cartagenerista ha explicado que "la necesidad de la permanencia de este servicio se hace más evidente cuando, con las últimas reformas del Impuesto de Sociedades, muchas asociaciones, comunidades de vecinos y entidades sin ánimo de lucro, pero con personalidad jurídica propia, pasan a estar sujetas al régimen societario, además de que obligará a los asesores de la Comarca a tener que desplazarse a Murcia para realizar su actividad diaria". "Todo esto provoca que la necesidad de este departamento crezca y no disminuya", ha añadido.

José López ha concluido afirmando que "se trata, en definitiva, de otro episodio más del perjuicio que ocasiona a nuestra tierra el centralismo y la uniprovincialidad que sufrimos desde hace décadas, con el silencio cómplice de PP y PSOE".

La CSIF urge a la Función Pública para que convoque la Mesa Sectorial de Administración y Servicios

MURCIA.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha solicitado por registro a la Función Pública que convoque a la mayor celeridad reunión de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios con el fin de tratar asuntos tan "urgentes e importantes" como la "negociación de un nuevo acuerdo de Promoción Interna sobre el mismo puesto 2019-2021", dado que el suscrito en 2015 para los años 2016-2018 ha finalizado, y se trata de un "derecho que tiene el personal de carrera". 

Asimismo, ha reclamado la calendarización de todos los procesos selectivos pendientes y la implantación de la "jornada de las 35 horas".

CSIF también ha instado a la Dirección General de la Función Pública, ante su manifiesta actitud de "pasividad e inactividad", que reactive los grupos de trabajo que deberían haber "finalizado" el 30 de octubre del pasado año 2018.

El sector autonómico de CSIF culpa a la Administración regional de haber "aparcado" el grupo de trabajo de 'mejora de los procesos selectivo', por lo que solicita su reapertura urgente al ser fundamental, dada la proximidad de las convocatorias de las pruebas electivas por parte de la Administración, y ser precisamente este grupo el encargado de temas tan importantes como la revisión, acotamiento y desarrollo de los temarios, bibliografía aplicable, en su caso, etc.

De igual modo, CSIF advierte que continúan "sin funcionar" los grupos de trabajo relativos a las"ratios de Educación y a las Escuelas Infantiles", y el de "elaboración del Manual de Permisos y Licencias" actualizado, en el que se establecerán las mismas condiciones y procedimientos que los aplicados al personal docente de la CARM.

Los empleados públicos de Murcia pueden hacer aportaciones a su código ético

MURCIA.- Los empleados públicos de la administración regional murciana podrán aportar hasta el próximo 4 de febrero sus sugerencias, opiniones y propuestas sobre el código de conducta del sector para poder mejorar y completar esta iniciativa para fomentar la confianza popular en las instituciones.

La Consejería de Transparencia y Participación señala que el objetivo es exigir a los funcionarios unos valores de satisfacción de los intereses generales y de prestación de servicios públicos de calidad y detallar las normas de conducta aplicables a los altos cargos de la administración.

Por otra parte, hoy se han entrego los Premios de Participación Ciudadana, Transparencia y Buen Gobierno a trabajos de investigación y posgrado en esas materias.

La mejor tesis doctoral es la de Marta Pérez Escolar, de la UCAM, sobre ciberactivismo; el mejor trabajo de fin de máster, el de José Luis Marín Sánchez (UMU), sobre reutilización de datos en el sistema de salud público, y el mejor de fin de grado, el de Agustín Manuel Muñoz Carmona (UMU), sobre insuficiencias y disfunciones de la Ley de Transparencia.

Es imposible echar a un funcionario en España: tan sólo 500 inhabilitaciones desde 1996

MADRID.- Conseguir una plaza de funcionario en España implica tener trabajo garantizado de por vida, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de países, donde los empleados públicos pueden ser despedidos por multitud de razones, de forma similar a lo que sucede en el sector privado. En Suecia, por ejemplo, tan sólo el 1% de los trabajadores de la Administración ostentan la condición de funcionario, recuerda https://www.libremercado.com.

En España, sin embargo, no sucede lo mismo. Una vez obtenida la plaza, es casi imposible despedir a un funcionario. Y la prueba esta en el escasísimo número de ceses registrado en los últimos años. La Fundación Civio acaba de publica un detallado informe al respecto, y las cifras hablan por sí solas.

Tan sólo 524 funcionarios perdieron su plaza desde 1996. En concreto, 19 lo hicieron tras una sanción administrativa -la mayoría por dejar de ir a trabajar- y los otros 505, el grupo más numeroso, perdieron la condición de funcionario tras haber sido condenados por sentencia firme. Esto supone una media de apenas 20 funcionarios inhabilitados al año, equivalente al 0,0007% de la plantilla pública, que en la actualidad ronda los 3 millones de trabajadores. 

Entre los condenados solo hay 45 mujeres (frente a 460 hombres), pese a que estas representan más de la mitad del funcionariado.

Hay cinco formas de perder una plaza en España, tal y como señala el estudio: por renuncia, por pérdida de la nacionalidad, por jubilación, por sanciones administrativas o por condena. En este último caso, la sentencia debe marcar la inhabilitación, ya sea absoluta (para cualquier puesto) o especial (para un sector o profesión concreta). 

Esta última es habitual, por ejemplo, cuando se veta que alguien vuelva a trabajar con menores tras ser condenado por abusos.

El delito de inhabilitación más frecuente es la malversación, cometido por 109 de los funcionarios cesados. "Un ejemplo: el concejal de Palma de Mallorca que gastó 50.000 euros de dinero público en prostíbulos, o la pareja formada por el decano de la facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco y la directora de Estomatología, que falsificaron decenas de facturas para llevarse fondos de la facultad". 

Le siguen los delitos de falsedad documental (94) y cohecho (61).

El cuerpo donde más funcionarios han perdido su plaza por condenas es la Policía Nacional, con 201 casos. Sus delitos más comunes son aquellos contra la salud pública, vinculados al trapicheo de drogas, y los de detenciones ilegales y secuestro, con 28 casos para cada uno de ellos. 

Otros de los cuerpos con más presencia en la lista son los administrativos, con 97 pérdidas de plaza, o las 87 de los cuerpos de servicios postales. En este último caso, además de malversación y falsedad, se suman a los delitos más comunes dos relacionados con su empleo: infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.

Le siguen los 41 funcionarios de Justicia, solo uno de ellos juez. 

Igualmente, 31 profesores de todos los niveles perdieron su plaza por condena desde 1996, 23 de ellos maestros. Su delito más común fue el de abusos sexuales (9). Le siguen los 16 de la administración local, en su mayoría interventores, y, a la cola, un meteorólogo condenado por el delito más común, la malversación.

El secretario del Colegio de Interventores pide financiación suficiente para los ayuntamientos

CARTAGENA.- El secretario del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de ayuntamientos de la Región, David Re, pidió este martes que la futura Ley de Financiación Local incluya financiación suficiente y una demarcación clara de competencias para que los consistorios dejen de seguir prestando los servicios municipales «con palos y cañicas», además de evitar que el 15% de su presupuesto se destine a inversiones que debe hacer la Comunidad.

En su comparecencia ante la Asamblea Regional, Re apostó por que la reforma del Estatuto de Autonomía incluya las materias que deben asumir cada administración, con el fin de acabar con las «competencias impropias», detallando que el consistorio se está haciendo cargo del 70% del presupuesto de actuaciones que corresponden a la Comunidad Autónoma.

Esta situación, advirtió Re, provoca que los ayuntamientos tengan «abandonadas» obras e infraestructuras para poder acometer inversiones de competencia autonómica, y puso como ejemplo que el consistorio del que es interventor, Alhama de Murcia, va a pagar 1,7 millones de euros en construir un comedor escolar y un pabellón de un instituto cuando son actuaciones que debería llevar a cabo el Gobierno regional.

Además, abogó por que la financiación a los consistorios sea incondicionada, de forma que los ayuntamientos puedan destinar el dinero a las necesidades que prioricen, y que se introduzca como variable en el cálculo de las cantidades que se transfieran, además de la población, al tasa de paro o el índice de industrialización, que afectan a la capacidad del consistorio de recaudar dinero a través de impuestos locales.

El interventor municipal de Alhama de Murcia también alertó sobre la situación que se genera a la conclusión del convenio de colaboración entre los ayuntamientos y el Gobierno regional para prestar servicios como el de teleasistencia o fisioterapia, que el consistorio sigue financiando con presupuesto propio porque es «muy demandado» ya que la Comunidad Autónoma no sigue apoyándolo.

Finalmente, Re reclamó que en la futura Ley de Financiación Local no se cometan los «errores» de la legislación nacional sobre cesión de tributos a los consistorios, donde hay una «disparidad» y unos «desequilibrios» entre los grandes municipios y el resto de consistorios que llega hasta el 200 % de ingresos en beneficio de las poblaciones de más de 75.000 habitantes y capitales de provincia.

Desde los grupos parlamentarios, tanto el PSOE como Podemos volvió a pedir que se elabore a la mayor brevedad la Ley de Financiación Local, mientras que Ciudadanos y PP pusieron el foco en la importancia de redactar un texto que deje bien reflejados los criterios de financiación y que vaya vinculado a la reforma de la Ley de Reforma de las Haciendas Locales y del Estatuto de Autonomía, respectivamente.

Así, el diputado socialista Alfonso Martínez Baños volvió a denunciar que los consistorios están financiando inversiones que no les corresponde, mientras que el portavoz parlamentario de Podemos, Óscar Urralburu, exigió una «solución inmediata» para que la Comunidad Autónoma deje de hacer una «traslación ilegal» de la infrafinanciación autonómica a los municipios.

Mientras, el diputado de Ciudadanos Luis Fernández incidió en que se debe establecer una tabla de «ponderación» de los criterios de financiación, mientras que el parlamentario del PP Domingo Coronado aseguró que, para evitar una «chapuza» mediante «parches», hay que modificar primero la Ley de Reforma de las Haciendas Locales y el Estatuto de Autonomía.

«No se trata de saltarnos todos los pasos ni de embrollar más cada vez que legislamos», apostilló.

Totana exige al Gobierno regional asegurar su cuota de responsabilidad en la suficiencia financiera de las entidades locales

TOTANA.- El Ayuntamiento de Totana ha solicitado al Gobierno regional que asegure, a través de un acuerdo del Consejo de Gobierno, su cuota de responsabilidad en la suficiencia financiera de las entidades locales del territorio autonómico.

Así se acordó, de hecho, en un acuerdo plenario el pasado mes de octubre, con los votos a favor del PSOE y Ganar Totana-IU y la abstención del PP y el edil no adscrito, ante una moción presentada por la concejala de Hacienda, Ana María Cánovas.

Además, se ha instado al Consejo de Gobierno a que regule, por ley, la participación de los municipios de la Región de Murcia en los ingresos de la Administración regional, garantizando la distribución de los recursos, de acuerdo con los servicios y competencias que ejercen.

Así pues, el Consistorio totanero propone la participación de los municipios en los ingresos de la Comunidad Autónoma a través de la creación de los siguientes fondos: Fondos de Inversiones, Fondos de Cooperación Local y Fondos para el sostenimiento de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

También se insta al Ejecutivo regional a que regule las líneas de un sistema estable y duradero para la financiación y que, desde la lealtad institucional y la autonomía local, contribuya a garantizar la suficiencia financiera de las entidades locales.

Las entidades locales se enfrentan hoy día a múltiples retos: establecer una articulación óptima con las restantes Administraciones Públicas, una precisa definición de sus competencias, el fomento de iniciativas de empleo, la planificación de programas y acciones a corto y medio plazo.

Según recoge esta solicitud del Ayuntamiento, "múltiples desafíos dentro de un contexto de descentralización cada vez mayor que debe ir acompañado de una financiación justa de las Entidades Locales, puesto que asumen un papel fundamental y decisivo en el día a día de la gestión municipal asumiendo competencias impropias".

Además, se indica que es imprescindible establecer con claridad los principios y medidas que, desde la Administración Autonómica, refuercen la autonomía local y contribuya a garantizar la suficiencia financiera que consagran los artículos 137 y 142 de la Constitución Española. En el mismo sentido se pronuncia la Carta Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985, ratificada por España el 20 de enero de 1988.

El texto constitucional define los tres pilares para la suficiencia financiera de las Entidades Locales que debe asentarse en los tributos propios, cada vez más limitados, y las participaciones en los tributos del Estado y las Comunidades Autónomas que han de nutrir las haciendas locales.

Sin embargo, esta última fuente de ingresos, la participación en los tributos de la Administración Autonómica, no ha sido asumida con la importancia que la Constitución Española le dio al calificarla como un pilar de la financiación.

El Gobierno baraja convocar 19.000 empleos en la Administración Central

MADRID.- La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha tratado hoy con los sindicatos la oferta de empleo público de la Administración General del Estado (AGE) para 2018, que el Gobierno no ha querido cuantificar pero que según los representantes de los trabajadores rondarían las 19.000 plazas.

La ministra ha explicado hoy en rueda de prensa que los detalles de la oferta de empleo público los dará a conocer el viernes, después de que sea aprobada por el Consejo de Ministros, por lo que la cifra avanzada por los sindicatos podría sufrir cambios.

Tras la reunión mantenida hoy con los representantes sindicales en la AGE de CCOO, UGT, CSIF y CIG, Batet ha explicado en rueda de prensa que han logrado un acuerdo para consolidar 2.863 plazas interinas, así como otro para ejecutar una oferta de empleo extraordinaria destinada a reforzar el servicio de atención al inmigrante.

La convocatoria de estabilización del personal interino es relativa a la oferta pública de empleo de 2017 que no se había realizado y se llevará a cabo de manera conjunta con la de 2018, que se aprobará en un plazo de seis meses, ha explicado la ministra.

Asimismo, y con el objetivo de hacer frente al desbordamiento de los servicios de atención a la inmigración Batet ha anunciado que presentará una oferta de empleo público extraordinario de 323 plazas para mejorar del sistema de acogida, como los centros de estancia temporal o los centros de acogida de refugiados.

En total, la oferta de empleo público para 2018 contemplará 19.341 las plazas, según los representantes sindicales, de las que 10.501 serían de nuevo ingreso (1.800 de ellas relativas a este año pero ya convocadas el pasado), en tanto que 5.997 formarían parte de la promoción interna, 2.863 de consolidación interinos.

Dentro de las 10.501 plazas de nueva creación estaría incluida también la oferta de empleo extraordinaria destinada a inmigración (323 plazas) y las derivadas del incremento del 5 % destinadas a servicios específicos (unas 485 plazas), según los sindicatos.

Batet también elevará al Consejo de Ministros el acuerdo alcanzado para recuperar el 100 % de la retribución en casos de incapacidad temporal, reducido durante la crisis hasta el 50 % durante los 4 primeros días y el 75 % los 15 siguientes.

Con estos acuerdos, ha explicado la ministra, el Gobierno quiere llevar a cabo una oferta de empleo neta, apostando por el empleo público, el rejuvenecimiento de las plantillas, y al mismo tiempo hacer frente a las reclamaciones de organismos internacionales en materia de asilo.

Estos pactos «recuperan derechos perdidos en tiempos de crisis y mejoran la calidad del empleo en términos generales», ha dicho Batet.

El secretario general de CCOO en la AGE, José Manuel Vera, se ha mostrado «plenamente satisfecho» con los acuerdos logrados porque «avanzan en la línea de recuperación de los derechos sustraídos a los empleados públicos con la excusa de la crisis».

El secretario general de AGE de UGT, Carlos Álvarez, ha dicho: «Hoy ha cesado una injusticia que ha durado más de seis años» al recuperar todo el salario en casos de enfermedad, así como con otros acuerdos que redimensionarán y rejuvenecerán la plantilla y estimularán la carrera profesional de los empleados públicos.

El vicepresidente de CSIF, Francisco Iglesias, ha considerado que «por primera vez en 8 años no vamos a perder empleo, sino que lo vamos a recuperar», algo esencial en la AGE, donde «un número importante de trabajadores tiene más de 60 años, está muy envejecida».

La crisis de los interinos dinamita los primeros presupuestos de Sánchez

MADRID.- Los primeros presupuestos con los que trabajará Pedro Sánchez están amenazados por la nueva crisis de los interinos, que podría afectar a más de 300.000 trabajadores en toda España. Las oposiciones masivas que se harán públicas la próxima semana dejarán en la calle a un enorme número de trabajadores interinos que no podrán aprobarlas, según concluye www.economiadigital.es

Muchos de los interinos cuentan con más de tres años en sus puestos de trabajo, lo que excede el máximo fijado por ley. Ahora, un tribunal de Madrid ha dado la razón a un trabajador interino que reclamaba a la Comunidad de Madrid una indemnización por despido.

El juzgado de lo social de Madrid número 33 elevó el caso al Tribunal de Justicia Europeo, que ha determinado que no todos los interinos tienen derecho a ser equiparados a un puesto fijo, pero dejó en manos de los jueces españoles determinar si los interinos deben ser indemnizados si se quedan sin trabajo porque otro aspirante ganó una plaza por una oferta de empleo público.

Y el tribunal madrileño ha dado la razón al trabajador en cuanto a su indemnización. Considera que, después de haber desempeñado un puesto de trabajo durante más de tres años (el máximo legal para este tipo de plazas) tiene derecho a una indemnización, que, en este caso, ha sido fijada en algo más de 10.000 euros.

Indemnizaciones sin presupuestos

La sentencia sienta un precedente de máxima importancia (o gravedad) para el Gobierno de Pedro Sánchez. Los tribunales comienzan a cuestionar el acuerdo al que llegó el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los sindicatos, que pactaron que los trabajadores interinos que pierdan sus puestos porque no pueden aprobar las oposiciones, no tienen derecho a ningún tipo de indemnización. 

Por tanto, el ejecutivo anterior no tiene previsto en los presupuestos la indemnización para unos 350.000 trabajadores afectados que podrían quedar en el paro en breve.

El nuevo ministerio de Hacienda, en manos de María Jesús Montero, ha explicado a Economía Digital que su intención es pagar a todos los trabajadores que ganen en los tribunales la indemnización que Montoro y los sindicatos no le habían reconocido. El ministerio asegura que el Estado cumplirá con todas las obligaciones exigidas por sentencias adversas, aunque en este caso pueden resultar mil millonarias.

“Nos parece una irresponsabilidad que el gobierno anterior no haya incluido partidas presupuestarias para estos casos, pero también nos parece que han tenido muy poca sensibilidad con trabajadores con más de 50 años que si no logran aprobar las oposiciones, quedarán en el paro con muy pocas posibilidades de reinserción”, explica Miguel Ángel Lorenzo, portavoz de Somos Sindicalistas, agrupación que criticó el pacto entre Montoro y los sindicatos.

El gobierno de Mariano Rajoy evitó la convocatoria de ofertas públicas de empleo durante los años de crisis por las restricciones presupuestarias. Este año, se esperan las mayores oposiciones de los últimos años tanto en los ayuntamientos y comunidades autónomas como en el gobierno central.

Adelantan a agosto el cobro de la subida salarial del 1,75% de los funcionarios del Estado en la Región

MURCIA/MADRID.- Los 16.554 funcionarios del Estado que trabajan en la Región de Murcia cobrarán en agosto la subida salarial del 1,75%, prevista para este año. Aunque el sindicato CSIF había anunciado que el incremento aparecería en la nómina de septiembre, finalmente los empleados públicos de la Administración central verán reflejado en agosto el aumento de sueldo, ya que el Gobierno nacional tramitó este lunes la orden.

Así lo hizo público este lunes la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, quien se reunió con los sindicatos CC OO, UGT y CSIF. La ministra indicó que la actualización salarial dependerá de cada administración, que lo repercutirá previsiblemente en las nóminas de agosto.
En la Región de Murcia trabajan 81.711 funcionarios, según los últimos datos del boletín estadístico del Ministerio de Hacienda. De todos los trabajadores públicos murcianos, 16.554 pertenecen a la Administración pública estatal.

Los funcionarios de la Administración regional, en julio

En la Comunidad murciana, la Administración regional pagará este mes la subida salarial a sus 60.000 funcionarios, tal y como adelantaba la pasada semana el presidente regional, Fernando López Miras. Otras autonomías también prevén efectuar este pago en julio, como la Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía, Aragón, Galicia y La Rioja, según apuntó CC OO.
Respecto a los atrasos del citado incremento (un 1,5% desde el 1 de enero de este año y un 0,25% desde el 1 de julio), la ministra señaló que desconoce cuándo se abonará, ya que dependerá de cada gestor. 

De esta forma, indicó Batet, el Ministerio «asume los incrementos salariales incluidos en el acuerdo» que firmó el anterior Gobierno con los sindicatos del sector público y adoptó las decisiones para que «se haga efectivo el pago lo antes posible y de manera automática».
El acuerdo prevé un incremento adicional del 0,20% de la masa salarial, que, según la ministra, no se trata de una subida lineal, sino de un fondo que se distribuirá de acuerdo con los sindicatos entre distintos programas o colectivos, una vez sea aceptado por el Ministerio de Hacienda, previsiblemente «en otoño».
El anterior Gobierno que presidía Mariano Rajoy había sellado en marzo un acuerdo salarial, que recogía una subida fija del 1,75% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se añadiría otra variable ligada a la evolución del PIB. Este pacto salarial fue incluido en los Presupuestos de este año y el Gobierno que ahora preside Pedro Sánchez ha dado luz verde a su puesta en marcha.

Los 60.000 funcionarios de la Comunidad Autónoma cobrarán desde este mes un 1,75% más

MURCIA.- Los 60.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Murcia cobrarán este mes de julio la subida salarial del 1,75 por ciento que fijan los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la mayor subida desde el inicio de la legislatura y que supondrá un desembolso de 42 millones de euros.

El presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, ha hecho ese anuncio esta mañana tras la reunión del Consejo de Gobierno, en el que se han dispuesto todos los pasos necesarios, ha dicho, para que los empleados de la Administración regional, sanidad, educación e interinos puedan cobrar esa subida de manera inmediata.

López Miras ha recordado que el Gobierno central aplicará esa subida salarial a los funcionarios del estado el próximo mes de septiembre, mientras que el resto de comunidades decidirá en qué tramos aplicar la medida.

En el caso de la Región, en este mes de julio, los funcionarios cobrarán la subida correspondiente a este mes y también los retrasos desde el pasado mes de enero, pues la medida tiene carácter retroactivo.

En lo que va de legislatura, ha apuntado, los empleados públicos de la comunidad autónoma han visto incrementados sus salarios en un 3,75 por ciento.

El nuevo experto del Gobierno, Jordi Sevilla, propone que los funcionarios "cobren por objetivos"

MADRID.- El nuevo presidente del comité de expertos del Gobierno para reformar la Administración, Jordi Sevilla, propone ya un cambio en las retribuciones de los funcionarios para que cobren en función de objetivos. 

"Hay que evaluar el desempeño de los funcionarios y que cobre más el que cumpla objetivos. No todos trabajan igual y, por tanto, no todos merecen lo mismo", declara a El Mundo el ex ministro. Sevilla asegura que el Estatuto de la Función Pública que impulsó en su etapa de ministro de Administraciones Públicas hace 11 años ya deja abierta esa posibilidad que no ha llegado a desarrollarse después.

El ex ministro admite que es una medida que habrá que adoptar de forma paulatina y que puede haber áreas de la Administración en las que sea complejo establecer objetivos fáciles de medir a los funcionarios, pero considera que es una medida necesaria para mejorar el funcionamiento del sector público. Ya lo defendió como ministro de Zapatero, pero fue relevado antes de ponerlo en práctica.

La ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, anunció ayer el nombramiento de Sevilla, que compatibilizará su labor en el comité de expertos con su actual cargo en el sector privado de vicepresidente de la consultora Llorente y Cuenca.

Sevilla, que fue cerebro económico de Pedro Sánchez en la oposición, quiere presentar su informe "con ésta y otras propuestas muy concretas" antes de final de año; también cree necesario recuperar medidas no concluidas del programa CORA del anterior Gobierno de Rajoy.

Nuevas medidas

Sevilla incorporará al comité de expertos a personas del mundo económico y de la propia Administración con el objetivo de lanzar medidas que puedan adoptarse sin necesidad de nuevas leyes, que son difíciles de sacar adelante por el Gobierno por su fragilidad parlamentaria. 

Además, propondrá una nueva regulación de la función pública, para que la profesionalización esté asegurada a nivel de hasta, al menos, la dirección general, para limitar el vaivén de altos cargos cada vez que hay cambio de Gobierno.

La reducción de las cargas administrativas para ciudadanos y empresas y una mayor digilitalización en el funcionamiento de la Administración son otras propuestas que Sevilla da por seguro que tratará en su informe.

Mientras tanto, los funcionarios recibieron ayer una buena noticia retributiva. En su comparecencia en el Congreso de los Dipuados, Batet anunció la eliminación del descuento en la nómina de empleados públicas por bajas médicas, que era una reducción salarial introducida en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Entonces se estableció que en los primeros días de baja médica, los funcionarios no podrían cobrar la totalidad del sueldo. El absentismo en la Administración pública es mayor que en el sector privado.

Batet aseguró que el Gobierno restablecerá "de inmediato" el "derecho pleno al 100% desde el primer día de la incapacidad temporal".

Ya el anterior ministro, Cristóbal Montoro, se mostró dispuesto a acabar con ese recorte dentro del nuevo clima de mejoras a los funcionarios, pero no llegó a llevarlo a cabo.

Batet calificó también de "prioritaria" la convocatoria de la Oferta de Empleo Público para este año, una vez aprobados los Presupuestos: "Venimos de una época de crisis y de tasas muy limitadas que si no queremos que se descapitalice nuestra Administración, pues tendremos que ir normalizando".

La catalana Meritxell Batet, ministra para la Administración Territorial

MADRID.- Con un discurso sereno y un carácter dialogante, la catalana Meritxell Batet es la ministra para las Administraciones Territoriales del Gobierno de Pedro Sánchez, con el principal reto de ayudar a rebajar el conflicto independentista y normalizar la relación institucional con la Generalitat de Cataluña.

Nacida en Barcelona en 1973, Batet ha sido una de las personas más cercanas en los últimos años al líder socialista, de quien fue su número dos por Madrid en las elecciones generales de 2015. Tras aquellos comicios, Sánchez le encomendó formar parte del equipo negociador para intentar formar Gobierno, sin éxito finalmente.
Ambos cuajaron una estrecha amistad cuando eran jóvenes diputados en la bancada socialista. Fruto de esa confianza, Batet formó parte del llamado consejo de 'sabios' de Sánchez y fue secretaria de Estudios y Programas de su anterior ejecutiva, en su primera etapa como secretario general del PSOE. Su nombre sonó multitud de veces como vicepresidenta si Sánchez acababa gobernando por entonces.
Pero fue una carambola final la que la llevó a ser candidata del PSC en la repetición electoral de 2016, cuando la exministra Carme Chacón renunció a última hora a repetir al frente de la lista de los socialistas catalanes. Todas las miradas se clavaron entonces en Batet, que acabó aceptando un reto nada fácil.
No fue capaz de remontar los malos resultados de Chacón, que ya habían sido los peores de la historia del PSC en unas generales. Tanto fue así que Batet logró siete escaños, uno menos que Chacón.
Tras la abrupta dimisión de Pedro Sánchez como secretario general en octubre de 2016, fue una de las diputadas del PSC que se mantuvo fiel al "no es no" en la investidura de Mariano Rajoy, lo que derivó en una crisis de relaciones entre socialistas catalanes y el PSOE.
Y aunque en las primarias socialistas apoyó a Patxi López y después no entró a formar parte de la nueva cúpula del PSOE en el segundo mandato de Sánchez como secretario general, lo que sugirió un cierto distanciamiento, Sánchez siguió confiando en ella como una de las piezas clave en el Congreso.
En ese sentido, es secretaria general adjunta del grupo socialista en la Cámara Baja y enlace entre PSC y PSOE, en su rol de coordinadora de los diputados del PSC. Además, es miembro de la comisión parlamentaria para la revisión del modelo territorial.
Meritxell Batet en pocas ocasiones aparta la mirada de su interlocutor en una conversación. Una mirada intensa de ojos verdes claros que acompasa con un discurso sereno y dialogante, alérgico al grito y al aspaviento. Rara vez eleva la voz más de la cuenta.
Amante de los quesos y el vino, lectora de poesía catalana y de novela, cursó estudios de piano y danza rítmica, contemporánea y clásica en su juventud, y llegó a plantearse dedicarse a ello. En el arranque de campaña en 2016 se le pudo ver bailar junto a Miquel Iceta, ya un momento clásico en el PSC. Del líder catalán es una persona de máxima confianza personal.
Una rotura de tobillo le obligó a cambiar la danza clásica por la contemporánea, pero finalmente abandonó la disciplina para concentrarse en llegar a la universidad y cursar Derecho, estudios que ella, hija de padres divorciados, pagó sirviendo copas por las noches en las conocidas salas barcelonesas de Nick Havanna y Bikini.
No eran tiempos fáciles, en los que el sueldo de Batet fue durante algún tiempo el único que entraba en la cuenta corriente de su casa. Incluso, cuando aún vivía con su madre, ambas fueron desahuciadas. De un día para otro se encontraron con un candado en la puerta de casa, como relata la propia Batet.
En 1995 se licenció en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en la que fue profesora tras realizar los cursos de doctorado en Derecho Público.
Su salto a la política lo dio como independiente en el undécimo lugar de la lista del PSC de Barcelona en las generales de 2004. Consiguió un escaño que ha mantenido en otras cuatro legislaturas, las de 2008 -año en el que se afilió al PSC-, 2011, 2015 y 2016.
Afincada en Madrid, es madre de dos hijas gemelas -Adriana y Valeria-, que alumbró en 2013 en esa ciudad. Curiosamente, nacieron el 24 de septiembre, Festividad de la Mercè, patrona de Barcelona.
Dos hijas fruto del matrimonio que contrajo en 2005 con el entonces diputado popular José María Lassalle -quien fue secretario de Estado de Cultura y, hasta ahora, ha sido secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital de España, en el Gobierno de Mariano Rajoy-, y del que se separó en mayo de 2016.
Ahora, como ministra, Batet tendrá un papel protagonista en la búsqueda de una solución para la crisis catalana. Y, con su estilo diplomático y sosegado, y sin olvidar al resto de comunidades, dar los primeros pasos de baile hacia una necesaria distensión.

Bernabé anuncia entre 2017 y 2018 "más de 50.000 plazas de funcionarios" en España

MURCIA.- Más de 50.000 plazas de funcionarios del sector público estatal saldrán a oposición entre 2017-2018, según anunció este martes el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, en el discurso que ofreció con motivo de la inauguración de la IV Edición de la Feria de Empleo, 'Job Day 2018", organizada por el Instituto Tecnológico de Murcia (ITM) de la Universidad Católica San Antonio (UCAM).

Bernabé valoró positivamente la iniciativa llevada a cabo por la UCAM en la que ha participado con la intención de animar a los alumnos de la Universidad Católica a dar el paso "y que se incorporen a los puestos que oferta la Administración Pública, por algo muy sencillo, porque después de tantos años de crisis, el Gobierno de España está abordando una oferta de empleo público verdaderamente extraordinaria en estos últimos ejercicios", dijo.

En este sentido, explicó que en 2017 "se aprobaron 28.000 plazas de funcionarios estatales" y que para este año hay ya aprobadas "8.000 para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Fuerzas Armadas, y se prevé que con los nuevos Presupuestos Generales del Estado puedan entrar otras 20.000 plazas, adicionales en todos los campos de la Administración, más de 50.000 oportunidades de trabajo en el sector público estatal", que se ponen, ha dicho "encima de la mesa para darle salida, en particular, a los jóvenes universitarios".

Les explicó que eso significa que son "más de 50.000 posibilidades de que enfoquéis vuestro futuro a través de la Administración del Estado" y les ha explicado que con esta elección pueden conseguir llevar a sus vidas "objetividad e igualdad, porque el que trabaja y se prepara el temario" tiene, ha dicho, todas las posibilidades del mundo para acceder a la función pública.

"Un trabajo fijo, estable, con retribuciones garantizadas y adecuado al nivel de estudio de cada uno" son algunas de las garantías que se obtiene al acceder a los puestos de la Administración Pública, junto a la posibilidad de desarrollar una carrera profesional y de participar en procesos selectivos de promoción interna.

Otra de las ventajas que ha señalado es la "flexibilidad para poder conciliar la vida personal, familiar y laboral, así como el acceso a los programas de formación continua; la posibilidad de movilidad geográfica en el ámbito funcional; el trabajar con los mejores profesionales dedicados a mejorar los servicios públicos y participar en los productos de mejora, que nos afectan a todos, contribuyendo a crear un futuro mejor".

A este respecto, ha señalado que "es una buena opción que los alumnos se empiecen a plantear que el ser funcionario vuelva a ser una opción de trabajo".

Bernabé ha acudido al acto acompañado por responsables de diferentes áreas de la Delegación del Gobierno: director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), José Antonio Morales; el director del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), Rafael Ortega; la directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Alicia de la Villa, y el delegado especial de la Agencia Tributaria en Murcia, Alfonso del Moral.

Tras ser presentados por el delegado, y haber matizado las funciones que cada uno de ellos desempeña en su puesto de trabajo dentro de la Administración General del Estado, han participado en una mesa redonda en la que han explicado cómo vivieron ellos sus procesos de acceso a la función pública.

La fotografía de la alcaldesa socialista de Águilas con Bernabé... a propósito de la seguridad en verano

MURCIA.- El municipio costero de Águilas verá incrementados sus recursos en materia de seguridad tras la entrega que le ha realizado hoy el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé (PP), a la alcaldesa socialista, Maria del Carmen Moreno, del documento oficial del Protocolo de la Dirección General de la Guardia Civil, en materia de información automatizada, adicional al Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio del Interior y este Ayuntamiento, por el que tendrán acceso a la base de datos del Ministerio, en materia de seguridad.

El encuentro ha permito la rúbrica del Protocolo de Asistencia en materia de información automatizada entre la Dirección General de la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Águilas.

Este protocolo permitirá que la Guardia Civil a través de su sistema informático facilite al Cuerpo de la Policía Local de Águilas la consulta automática y directa de los ficheros nacionales de personas requisitoriadas y vehículos sustraidos.
Por otra parte, la alcaldesa de Águilas le ha reiterado a Bernabé la necesidad de dar una solución a la caótica situación que siguen sufriendo los aguileños cada vez que tienen que realizar un trámite tan sencillo como debería ser la renovación del DNI.
Sobre este asunto, Moreno ha recordado a Bernabé que a principios del año 2016 ya trasladó al Ministerio la petición para la creación en Águilas de una oficina permanente de expedición del DNI, pasaporte y oficina de extranjería pero que, lamentablemente, la situación no ha mejorado y los aguileños tienen que seguir soportando listas de espera que, en el mejor de los casos, alcanzan los tres meses.
"Un municipio como el nuestro, con 35.000 habitantes, cuenta con entidad suficiente para no depender de localidades vecinas para trámites tan sencillos y a la vez necesarios como pueden ser la renovación de un DNI o un pasaporte", ha aseverado la alcaldesa.
El encuentro ha servido también para solicitar al titular de la Delegación de Gobierno un incremento del número de efectivos en el puesto de la Guardia Civil de Águilas.
"Estamos muy próximos al verano, un periodo en el que la población de nuestro municipio se triplica y, por tanto, se hace necesario un aumento de la seguridad".

Denuncian a la alcaldesa de Águilas ante altas instancias del Estado por una supuesta simulación de legalidad

MURCIA.-  La alcaldesa de Águilas y ex diputada regional socialista, Mari Carmen Moreno, ha sido denunciada documentalmente por un funcionario del Ayuntamiento ante altas instancias del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Defensor del Pueblo, Congreso de los Diputados y tribunales, al menos) por una supuesta simulación de legalidad en la que presuntamente estaría involucrado su marido, hasta ahora funcionario interino, al que oportunamente se ha dotado de facultades sobre el urbanismo del municipio. El dossier también estaría ya en Ferraz, sede federal del PSOE, en manos de Pedro Sánchez y del secretario de Organización, José Luis Ábalos.

El experimentado funcionario del Ayuntamiento de Águilas, S.M.M., sin interés directo en el tema, es el denunciante ante esas diversas instancias competentes de la conducta de la alcaldesa, acreditada documentalmente, en un concurso-oposición al que concurre su propio marido, D.M.M.L., a juicio del citado funcionario con ventaja desde la redacción de las bases del mismo.

Así, expone en su denuncia que el pasado 31 de agosto se publicaron en el BORM las bases que rigen el proceso selectivo para provisión en propiedad de una plaza de Técnico Medio de Gestión Económico-Financiera y Desarrollo Urbanístico, por consolidación de empleo, del Ayuntamiento de Águilas. Y que presenta recurso de reposición, impugnando las citadas bases por resolución de 18 de agosto ya que es la alcaldesa quien firma el anuncio que se publica.

Y S.M.M. impugna en plazo, el 29 de septiembre de 2017, para empezar, la base quinta de la convocatoria que establece que, salvo el Secretario, el resto de componentes del Tribunal será designado por la Alcaldía; así como la décimo segunda, relativa a los posibles recursos, por establecer que "las bases de esta convocatoria podrán ser impugnadas por los interesados/as, mediante recurso potestativo  de reposición ante la Sra. Alcaldesa".

Dice S.M.M. en su recurso que, teniendo en cuenta que la titular de la Alcaldía de Águilas, doña Mari Carmen Moreno Pérez, está casada con el funcionario que viene ocupando interinamente la plaza objeto de la convocatoria, concurre causa de abstención y recusación regulada en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; por lo que la Sra. Alcaldesa debe de abstenerse de intervenir en el procedimiento de selección.

Tras repasar detalladamente las bases del citado concurso-oposición, S.M.M. detecta irregularidades en el punto 1.1 y matiza que exige como requisito que el aspirante tenga la condición de personal interino o temporal, excluyendo de modo injustificado al personal indefinido no fijo. Y en el punto segundo, además, que lo sea en la categoría objeto de la convocatoria con anterioridad al 1 de enero de 2005 y hasta la fecha del plazo de presentación de solicitudes.

A juicio de S.M.M., con ello se contraviene lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta del real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), que no exige como requisito que las plazas estén ocupadas interinamente hasta la fecha de presentación de solicitudes.

Como ejemplo significtivo, S.M.M., señala que "la diferencia de valoración por cada mes de servicios prestados en tareas propias de la plaza objeto de la convocatoria, según sea en el Ayuntamiento de Águilas o en el resto de Administraciones Públicas, es el doble (0,06 puntos/mes en el Ayuntamiento de Águilas y 0,03 puntos/mes en el resto de Administraciones Públicas), lo cual constituye una aplicación desproporcionada del criterio de discriminación positiva a favor de los servicios dispensados en el Ayuntamiento de Águilas, que contraviene lo dispuesto en el artículo 61 del TREBEP".

Finalmente expone S.M.M., que "la valoración establecida en los puntos 1 y 2 de la base sexta de la convocatoria tampoco guarda la debida proporcionalidad, al valorar con un máximo de 8 puntos el tiempo de servicios prestados en la plaza objeto de la convocatoria, en detrimento de la formación que se valora con un máximo ridículo de 0,50 puntos; máxime cuando cuando el punto tres de la disposición transitoria cuarta del TREBEP considera opcionales la valoración del tiempo de servicios prestados y la experiencia (ésta última ni siquiera se valora en las bases, con lo que, en la práctica, se termina valorando casi exclusivamente el tiempo de servicios sin tener en cuenta el rendimiento del funcionario que ocupa interinamente la plaza)".

A entender del recurrente, "tal como están redactadas, las citadas bases contravienen la legislación vigente ya que, básicamente, concurren causas de abstención/recusación  y no respetan el criterio de proporcionalidad en las valoraciones y en las discriminaciones que se establecen en la fase de concurso, vulnerando el principio de igualdad y de mérito".

Solicitud ante esas otras altas instancias

En consecuencia, S.M.M., a la vista de los antecedentes y argumentos expuestos, entiende que, al no corregirse en vía administrativa, tras su recurso de reposición a la alcaldesa, las irregularidades  que se hacen constar en el mismo, solicita ante esas otras altas instancias, "la revisión de las citadas bases y la corrección de los artículos irregulares para adecuarlos a la normativa de aplicación. De lo contrario, se estarían favoreciendo los intereses del funcionario que ocupaba interinamente la plaza objeto de la convocatoria, de manera desproporcionada, en detrimento de los intereses de los demás aspirantes, vulnerando con ello el principio de igualdad de oportunidades y de mérito".

Denuncian a la alcaldesa de Águilas ante altas instancias del Estado por una supuesta simulación de legalidad

MURCIA.-  La alcaldesa de Águilas y ex diputada regional socialista, Mari Carmen Moreno, ha sido denunciada documentalmente por un funcionario del Ayuntamiento ante altas instancias del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Defensor del Pueblo, Congreso de los Diputados y tribunales, al menos) por una supuesta simulación de legalidad en la que presuntamente estaría involucrado su marido, hasta ahora funcionario interino, al que oportunamente se ha dotado de facultades sobre el urbanismo del municipio. El dossier también está ya en Ferraz, sede federal del PSOE, en manos de Pedro Sánchez y del secretario de Organización, José Luis Ábalos.

La secretaria general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, Yolanda Muñoz, mantuvo esta semana una reunión con la alcaldesa de Águilas, en la que puso de manifiesto la necesidad de avanzar en el nuevo plan general del municipio, por lo que solicitó al consistorio que resuelva las cuestiones técnicas que se precisan para concluir su tramitación administrativa.

Yolanda Muñoz destacó el compromiso del Ejecutivo regional para impulsar el nuevo documento urbanístico, que es “fundamental para el desarrollo económico de un municipio costero de tanta importancia como es Águilas”.

Montoro publicará listas de absentismo de toda la Administración

MADRID.- Hacienda ultima un plan nacional contra el absentismo en la Función Pública en el que se prevén sanciones para casos reincidentes, según publica Expansión en su edición impresa.

 

Hacienda ultima un plan nacional contra el absentismo en la Función Pública en el que se prevén sanciones para casos reincidentes. Va a obligar a cada administración a diseñar un plan de control del absentismo, que deberá difundirse públicamente, a través de sus respectivos portales de transparencia, donde tendrán que publicar datos de absentismo, clasificados por su causa, con una periodicidad al menos semestral, según trasladan fuentes del Ministerio.

Así lo acordó Hacienda con los sindicatos de la Función Pública en el pacto de incremento salarial que cerraron el pasado 9 de marzo y así está desarrollando la metodología de medición del absentismo en las administraciones públicas, en un plan "muy serio" de persecución del absentismo de los empleados públicos.

Hacienda quiere avanzar no a un sistema de catálogo, ya que siempre puede tener una distinta "interpretación", sino a un sistema de porcentajes. 

"No podemos tener más acuerdo las Administraciones Públicas, centrales sindicales y la Administración" en este campo, señalan la mismas fuentes, que muestran la intención de publicar los datos de absentismo para ver "los unos a los otros" qué pasa en las administraciones y por qué hay más absentismo en algunas de ellas.

Todo ello, con el fin de que el próximo 17 de mayo se pongan en común las medidas que están tomando Estado y comunidades autónomas al respecto, en un primer momento, aunque el proyecto también afecta a los ayuntamientos. En julio, se prevé que se empiecen a publicar estos datos.

Hacienda se prepara para una batalla legal con miles de interinos que temen por su plaza

MADRID.- El Ministerio de Hacienda se prepara para una batalla legal a cuenta del proceso de estabilización de 350.000 plazas interinas y temporales en el conjunto de la Administración. Estos trabajadores se enfrentarán en los próximos cinco años a un proceso de oposiciones para poder consolidar su plaza y puede que en ese tránsito la acaben perdiendo tras años en el puesto, según www.elindependiente.com.

El sentir generalizado es que esa experiencia acumulada debe tenerse en cuenta en el proceso de selección en lugar de tener que pelear por el puesto como uno más, junto a candidatos que optan por primera vez al puesto.

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT trataron de negociar unas condiciones de acceso a las plazas favorables para aquellos que ya estuvieran ocupandolas como interinos y temporales. Incluso, en el caso de la Educación, se llegó a hablar de hacer excepciones para aquellos trabajadores interinos de más de 55 años. Sin embargo, aseguran que se toparon con varias sentencias judiciales que les cerraron las puertas y dieron por perdida esta posibilidad.

Ahora, miles de interinos se están organizando y están acudiendo a despachos de abogados para recurrir los términos en los que se va a realizar esta transición. Algunos de ellos argumentan que el Estatuto Básico del Empleado público recoge que “sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”. Insisten, por tanto, en que poder se puede.

La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se mostraba resignada el pasado martes, tras comparecer en la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, ante la oleada de recursos que se avecina, más aún que el acuerdo alcanzado en marzo de 2017 con los sindicatos empieza a moverse y ya se han convocado oposiciones para 129.000 plazas de las alrededor de 350.000 previstas, sumando las alrededor de 250.000 acordada en marzo de 2017 y la ampliación del ámbito de estabilización recogido en el acuerdo de empleo trianual para los funcionarios.

También lo insinuaba poco antes en respuesta a la oposición. Admitía que “la plataforma de interinos que se ha constituido tanto en Valencia, en toda la franja de Levante, como en Andalucía, está cobrando fuerza”. 

“Hay ya miles de personas que se están poniendo en manos de despachos de abogados y que entienden que por los años que llevan trabajando en la Administración pública tienen que tener un proceso diferente, un proceso que no respete los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, añadía.

Collado se refería a la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), una organización igualmente denostada por CCOO y UGT, que lleva alrededor de un año sumando apoyos para revocar el acuerdo entre los sindicatos y la Administración por considerarlo, de facto, un ERE en el sector público en tanto que no garantiza el puesto a sus actuales ‘dueños’.

El último paso que ha dado esta organización es la presentación el pasado 9 de abril de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para revocar los acuerdos entre sindicatos y Gobierno, aunque esta iniciativa está pendiente de aprobación parlamentaria para abrir en ese momento el plazo de 9 meses para recabar las 500.00 firmas preceptivas. ANIL ha llevado estas reivindicaciones también hasta el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, aún sin contar con una repercusión firme.

“Nuestra posición ahí, con franqueza, es que los interinos tienen una gran oportunidad”, señaló el pasado martes Collado, para añadir a renglón seguido que “en la Función Pública se ingresa como se ingresa”.

“A nosotros nos duelen las situaciones personales que podamos provocar, pero ¿qué hacíamos? No había otra solución, no se puede trabajar en un país con 350 000 interinos y temporales de otras vinculaciones. No debemos parar este proceso y no deberíamos judicializarlo. Yo creo que la gran mayoría de estos interinos que ven peligrar su puesto de trabajo, con un poco de esfuerzo y tirando de su experiencia, conseguirán sacar una plaza fija y adquirir la condición de funcionarios de carrera”, añadió.

Una cuarta parte de los jóvenes quiere ser funcionario

MADRID.- Uno de cada cuatro jóvenes quiere estudiar una oposición para ser funcionario, el mismo porcentaje que aquellos que quieren montar su propio negocio. Así lo ha constatado un estudio llevado a cabo por Círculo de Formación entre los 17.872 asistentes a la última edición de Unitour en España.

El documento revela también que el 52% de los estudiantes encuestados elegirá su carrera por vocación, mientras que un 38% del total de los jóvenes de bachillerato se ve desarrollando su carrera profesional en una empresa privada.

Por provincias, los más interesados en ser funcionarios son los alumnos cordobeses, ya que un 34% estudiaría una oposición después de su grado, seguidos de los leoneses (33%), los coruñeses, los murcianos y logroñeses (31%), los alicantinos (29%) y los zaragozanos, vallisoletanos y ovetenses (28%).

En el otro extremo, los jóvenes malagueños destacan como los más emprendedores de España, ya que un 32% quiere montar su propia empresa, seguidos por los estudiantes de Las Palmas y Valencia, ambos con un 28% de jóvenes que desean ser emprendedores.

En cuanto a los más vocacionales, el 56% de los estudiantes de La Coruña afirma que escogerá carrera porque es lo que le gusta desde siempre, seguidos por los de León y Córdoba (ambos con 55%), y San Sebastián, Vigo, Cádiz y Valladolid (54%).

Por el contrario, un 35% de los estudiantes españoles consultados se fijaría antes en las salidas profesionales que le ofrece su futuro grado. En esta línea, los que otorgan más peso a las salidas profesionales son los madrileños, ya que 38% se fijará en que su grado tenga alta empleabilidad, seguidos por los ovetenses, grancanarios, logroñeses y zaragozanos (37%).

Sobre el lugar de sus estudios, el estudio asegura que los españoles son «caseros» pues el 50% asegura que le gustaría estudiar en su propia provincia o comunidad, mientras que un 35% estudiará fuera de su región, y un 13% tiene pensado irse fuera de España.

El 33% se irá donde haya trabajo

En cuanto al destino por trabajo, el 33% ha señalado que le es indiferente dónde trabajar, pues se trasladará donde encuentre empleo, mientras que un 19% lo buscará directamente fuera de España. Este porcentaje ha descendido respecto al pasado año, cuando un 21% señalaba que desarrollaría su carrera profesional fuera de España. Por otro lado, un 25% prefiere quedarse en su provincia o comunidad, y un 23% trabajará en cualquier parte de España.

Por provincias, los estudiantes más propensos a buscar trabajo fuera de España son los malagueños, ya que un 28% quiere ejercer su profesión fuera de España. En el otro extremo se encuentran los estudiantes donostiarras, pues un 37% quiere trabajar en su comunidad o provincia. Les siguen los bilbaínos, con un 34% y valencianos con un 33%.

Por último, según datos del estudio, el 49% de los jóvenes se informa de los temas que le interesan navegando por internet, ya sea en medios de información online o a través de distintas redes sociales. Por otro lado, un 31% revela que se mantiene al día charlando con su familia y amigos, mientras que un 13% ve la televisión, un 5% lee el periódico impreso y un 2% tiene por costumbre escuchar la radio para conocer las noticias.