MURCIA/LORCA.- La Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Lorca han
acordado ampliar el plazo de justificación de las obras y actuaciones en
diversos barrios afectados por el seísmo de 2011 con el objetivo de
ajustarlo a la prórroga del préstamo del Banco Europeo de Inversiones
(BEI) obtenida por la Administración regional.
El
acuerdo se plasma en un convenio propuesto por la Consejería de Fomento e
Infraestructuras que hoy ha aprobado el Pleno del consistorio lorquino y
que la semana próxima está previsto que sea ratificado por el Consejo
de Gobierno.
El secretario general de la
Consejería de Fomento e Infraestructuras, Enrique Ujaldón, explicó que
este convenio acordado por ambas administraciones posibilita la
renovación de los plazos de ejecución y justificación de las obras hasta
el 30 de junio de 2022.
"El objetivo que
perseguimos es la conclusión de la reconstrucción de Lorca", destacó
Enrique Ujaldón que indicó que los barrios que se incluyen en este
acuerdo son, principalmente los de Santa Quiteria, San Cristóbal,
Eulogio Periago, avenida Juan Carlos I, San Fernando y conllevan una
inversión total próxima a los 42 millones de euros.
El Viceportavoz del Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Lorca, Isidro Abellán, también ha anunciado la aprobación de la
ampliación del plazo de finalización de las obras de reconstrucción de
los inmuebles derribados a causa de los terremotos de mayo de 2011.
Abellán
ha explicado que "en la Junta de Gobierno Local que ha tenido lugar
esta mañana, desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lorca hemos
aprobado la ampliación del plazo de finalización de las obras de
reconstrucción de las viviendas que tuvieron que ser demolidas a causa
de los graves daños ocasionados por los terremotos de 2011, en concreto,
hemos acordado ampliar la finalización de los
trabajos
de reconstrucción de varios inmuebles pendientes hasta el 31 de
diciembre de 2021, es decir, hemos ampliado en 2 años el plazo de
finalización de los mismos".
El Viceportavoz ha
detallado que "los seísmos acaecidos tuvieron como consecuencias el
derribo de un gran número de edificaciones que presentaban un estado de
peligro inminente para personas o bienes y que exigían una actuación
urgente por parte de la administración pero aquellos inmuebles dañados
damnificados que no contaban con cobertura aseguradora quedaron fuera de
este acuerdo, los propios vecinos afectados tuvieron que correr con los
gastos originados por estos derribos y posterior desescombro y, por
ello, esta administración asumía el compromiso con los ciudadanos
afectados de buscar las vías de financiación que permitieran sufragar
los costes de demolición.
Abellán Chicano ha
indicado que "en Junta de Gobierno Local de octubre de 2014, se acordaba
la publicación de la lista definitiva de expedientes admitidos para
esta ayuda y, ahora, estando próximo a finalizar el plazo de
justificación de la subvención directa por la que se aprobaron 60
expedientes de subvenciones de demoliciones aún quedan 13 expedientes
que por diversas circunstancias, ajenas a la voluntad de los
propietarios tales como por falta de concesión de licencia, retrasos en
las ayudas percibidas o problemáticas vecinales aún no se han podido
llevar a cabo y, por ello, hemos ampliado este plazo de finalización".
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