MURCIA.- Ecologistas en Acción se ha dirigido a la Dirección
General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Consejería de
Empresa e Industria y al Ayuntamiento de Cartagena, reclamando el
traslado fuera del entorno residencial de una Línea de Alta Tensión
(LAT) de 132.000 voltios (132 kilovoltios) que atraviesa la urbanización
del Polígono Residencial de Santa Ana y cuyo trazado discurre por la
calle principal de la urbanización, Avenida Venecia, y la Plaza
Baden-Powell, cercana a una zona especialmente sensible como es el
colegio Miralmonte.
El trazado de la línea se
encuentra en las inmediaciones de un centenar viviendas y veinte
comercios que se distribuyen a 25 metros del cableado en ambos lados de
la avenida. Esta situación supone la exposición ciudadana y residencial a
campos electromagnéticos de baja frecuencia producido por la línea y un
riesgo de incidente eléctrico en zona urbana.
A ello se añade el
impacto visual de una línea de alta tensión en las cercanías de una zona
residencial.
Ecologistas en Acción señala que esta línea eléctrica es
un ejemplo de la proliferación desordenada y sin planificación de las
líneas e infraestructuras eléctricas en zonas residenciales como fueron
los casos de las LAT en la pedanía de El Palmar y la urbanización de Los
Rectores que tuvieron que reubicarse en 2015.
Esta
proliferación descontrolada en zonas urbanas de líneas de alta tensión
supone un aumento de la contaminación electromagnética a los
ciudadanos/as del entorno especialmente a personas sensibles en
crecimiento.
Los valores límite de exposición a
campos electromagnéticos planteados en el Real Decreto 1006/2001 (valor
límite 100 µT, microteslas), han quedado obsoletos y no garantizan unos
criterios de seguridad y el desarrollo de los principios de precaución y
ALARA/ ALATA (la mínima emisión técnicamente posible).
El
Informe BioInitiative elaborado por 29 investigadores de diez países
[Suecia (6), EEUU (10), , el Presidente del Comité Nacional Ruso para la
Radiación No Ionizante y un Asesor Principal de la Agencia Europea de
Medio Ambiente.), señala que el valor máximo de exposición a campos
electromagnéticos de baja frecuencia en el interior de los edificios
debe ser de 0’1 microteslas.
La IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre
el Cáncer) ha incluido, desde el año 2000 los Campos Electromagnéticos
de Baja Frecuencia (ELF) como posible cancerígeno, (categoría 2B), en
sus listados.
La Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa en su Resolución 1815, sobre los peligros de los
campos electromagnéticos[1], señala que:
Hay que adoptar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos.
Reconsiderar
la base científica de las actuales normas de exposición a los campos
electromagnéticos y aplicar el principio ALARA “tan bajo como sea
razonablemente posible”
Establecer normas
urbanísticas que requieran una distancia de seguridad entre las líneas
de alta tensión y demás instalaciones eléctricas y las viviendas.
Desde el 2001, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha
planteado la necesidad de reformar también dicho artículo en el sentido
de “redefinir unas distancias mínimas de seguridad desde las líneas de
alta tensión a edificios, viviendas o instalaciones de uso público y
privado” y de “actualizar la fórmula de referencia para la distancia de
seguridad a líneas de alta tensión”.
En este
sentido algunos ayuntamientos como el de Jumilla, establecieron
un criterio mayor de seguridad de 1 metro a edificios por cada
kilovoltio (1.000 voltios) , como desde diversas instancias
investigadoras se habían señalado
Ecologistas en
Acción siempre ha propuesto la planificación y el establecimiento de una
reserva de suelo para corredores energéticos donde se instalen las
líneas de transporte y distribución eléctricas en el marco de la
normativa del suelo regional que no se ha hecho y que permite el
crecimiento significativo de este tipo de infraestructuras eléctricas
con los consiguientes impactos territoriales, ambientales y sociales
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