MADRID.- Desde que en enero de 2017 parte de la antigua cúpula de las entidades
gallegas fuese enviada a prisión, no dejan de salir a la luz casos en
los tribunales que ratifican las operaciones irregulares y ruinosas que
llevaron a cabo Caixa Galicia y Caixanova, según publica www.eldiario.es
El mes de enero de 2017, poco después de las fiestas navideñas, la
Audiencia Nacional enviaba a la cárcel a buena parte de la antigua
cúpula de las cajas gallegas. Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego,
Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Ricardo
Pradas eran los primeros directivos bancarios del Estado condenados a
prisión después de innumerables escándalos financieros, que ahora brotan
en forma de autos judiciales para acorralar a los ex-directivos de unas
entidades desaparecidas a la vez que caía
también su prestigio en Galicia.
En aquella causa culminada con la prisión estaban todos, con mayor o
menor implicación, detrás de las indemnizaciones (18,9 millones en
total) que varios ejecutivos se habían autoadjudicado en 2010 desde los
despachos más altos de aquella entidad, Novacaixagalicia,
sociedad efímera que nació de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova
antes de ser vendida por el FROB. A salvo habían quedado, con todo,
privilegios como los planes de pensiones también millonarios
establecidos en las antiguas cajas.
Como ejemplo, a Javier García de Paredes, director adjunto de
Novacaixagalicia y absuelto en este caso, le habían correspondido 5,1
millones. José Luis Méndez, ex-director general de Caixa Galicia y el
otro gran jerifalte del capitalismo feudal que reinó en
Galicia durante décadas, se libró también del pleito tras pactar su
salida a tiempo, en 2010.
El Banco de España, tras ver los números de la
entidad y su exposición al ladrillo, consideró al banquero incompatible
con cualquier plan de futuro. Cobró por irse
18 millones de euros, exactamente la cantidad que exigió para alejarse
del proceso de fusión, cuyas fotos de brindis, con los dos banqueros
intocables junto a Feijóo, quedarán para siempre en la galería de
imágenes incómodas del presidente.
Méndez ya no estaba cuando el 29 de noviembre de 2010, las dos cajas
firmaron su unión con una estilográfica Mont Blanc grabada para la
ocasión por la Xunta. Más de siete años después, el ex-directivo acudió a
una comisión de investigación en el Congreso sobre
el rescate bancario y dijo no recordar que Caixa Galicia había
perdonado 1,8 millones en créditos al PP en 1996. Había sido cuestionado
sobre la posible "relación" entre el perdón de 300 millones de pesetas y
el hecho de que el luego secretario de organización
del PPdeG, Pablo Crespo, condenado en el caso Gürtel, hubiese sido
antes director de una sucursal de Caixa Galicia. No recordaba nada.
En plena crisis, la indignación social y los escándalos financieros
acabaron por desgastar aquella pátina de prestigio que durante tiempo
cubrió a los señores de las cajas. Méndez y Gayoso, Gayoso y Méndez,
protagonistas de miles de fotos y relaciones con políticos,
empresarios y figuras varias que se peleaban por aquel contacto. Surgió
Novacaixagalicia, tras una fusión que buscaba poner a salvo el poder
financiero gallego, destruido casi en su totalidad hoy en día. El final
es conocido: un rescate con dinero público
de 9.000 millones de euros que acabó en la venta de la entidad
resultante a un grupo venezolano por 1.003 millones, con miles de
despidos por el camino. Ni solvente, ni gallega, ni caja. Todo lo
contrario de lo que había presumido Feijóo.
Nada había cambiado aún por aquel entonces. Para muestra, el origen de
las indemnizaciones pactadas por los ex-directivos y que suponían más
del 10% de los activos de la entidad fusionada. Todo lo que tramaron
aquellos prohombres pudo llevarse a cabo por la
aquiescencia de los representantes políticos y de importantes
colectivos que, también en el consejo de Novacaixagalicia, siguieron la
costumbre instaurada durante años en Caixa Galicia y Caixanova: mirar
hacia otro lado y dejar hacer. El mismo día en el que
la caja única echó a andar, el 1 de diciembre de 2010, el consejo de
administración aprobó validar los contratos de alta dirección, origen de
las fraudulentas indemnizaciones posteriores.
Sin dato alguno, todos los presentes votan a favor, excepto un miembro
de CC.OO., que fue observado como si acabara de bajar un extraterrestre.
Acababan de aprobar nuevos contratos pactados por los directivos con
importantes mejoras antes de la fusión: las
pagas variables por resultados pasaban a ser fijas y se incluían en la
renta vitalicia total, además de añadir las cláusulas que blindaban las
pensiones por jubilación. Al voto negativo se unieron después dos
consejeros más; el resto --representantes de cámaras
de comercio, cargos del PSOE y del PP y concejales varios-- volvieron a
mirar hacia otro lado. Nada nuevo. Así era.
Brotan los escándalos
Pasarían muchos años hasta que muchas de las controvertidas operaciones
relacionadas con el ladrillo comenzasen a salir a la luz. Al amparo de
la comisión de investigación en el Parlamento gallego, Abanca revela que
las antiguas cajas habían vendido propiedades
a directivos y a sus familias por 1,5 millones de euros. No hubo más
detalle, no obstante, sobre aquellos papeles que acusaban a la mujer de
Méndez de obtener pisos de Caixa Galicia a bajo precio. Peccata minuta.
Los tribunales comenzaron a actuar ante las investigaciones del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Un año después de la entrada
en prisión de la cúpula de las entidades, se desvela que la Audiencia
Nacional estaba investigando la José Luis
Méndez y a varios ex-directivos de la extinta Caixa Galicia. La causa
abierta había surgido a instancias precisamente del FROB y tenía que ver
con una ruinosa operación inmobiliaria para la entidad en Roquetas de
Mar (Almería) por la que la entidad financiera
habría concedido un crédito de 15 millones de euros avalado con unos
terrenos que habían sido valorados en 30 millones cuando en realidad no
sumaban ni 30.000 euros, al ser uno de ellos no urbanizable y el otro
estar tasado en unos 25.000 euros. Un modus
operandi habitual en las aventuradas expansiones inmobiliarias de las entidades financieras gallegas.
Las operaciones inmobiliarias ruinosas de las antiguas dos grandes cajas
gallegas fueron clave en la quiebra de Novacaixagalicia y en su
posterior rescate. En ese procedimiento, la entidad fusionada llegó a
transferir al banco malo unos 5.000 millones de euros
de activos inmobiliarios tóxicos sobre los que esta entidad, impulsada
por el Estado y los principales bancos españoles, se negó a informar al
Parlamento. Muchas de estas inversiones fracasadas se desarrollaron
fuera de Galicia, como el caso del emblemático
edificio InTempo, en una operación de Caixa Galicia, un rascacielos de
Benidorm del que el banco malo logró deshacerse en otoño de 2017.
También la antigua cúpula de Caixanova se encamina a varios juicios por
operaciones semejantes. Uno de ellos por una "sospechosa" operación en
Madrid. La Audiencia Nacional atribuye, en una diligencia hecha pública
sólo hace unas semanas, a Fernández Gayoso,
José Luis Pego y cuatro ex-directivos un "delito societario continuado"
por sus operaciones inmobiliarias en Rivas-Vaciamadrid con un perjuicio
para la entidad superior a los 40 millones de euros. Sólo unos días
después, el mismo tribunal volvió a señalar
el camino del banquillo de los acusados a la antigua cúpula de la caja
viguesa, que se enfrenta a otro juicio por un agujero de 80 millones
para reflotar la conservera Alfageme.
En el primero de estos casos, la jueza duda de la limpieza del crédito
inmobiliario otorgado por Caixanova a un grupo de constructoras para
construir más de 700 viviendas en varias parcelas de la localidad
madrileña. La beneficiaria era Rivas ACI, una empresa
participada por, entre otras, el grupo Copasa, al que la jueza señala
como beneficiaria de los hechos.
La entidad viguesa habría financiado la
obra sin ponderar sus riesgos, "provocando perjuicios patrimoniales" a
la financiera Proinova, filial de la propia
caja. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria dio lugar la una serie de
impagos ante los que la caja fue especialmente flexible y Proinova
acabó comprando las parcelas el 22 noviembre de 2010, una semana antes
de la firma de la escritura de la fusión.
En el último de los casos conocidos, la Audiencia Nacional apunta a la
posible comisión de delitos de blanqueo de capitales y delitos
societarios por parte de Gayoso, Pego, Gorriarán y otros siete
ex-directivos en relación a la concesión de préstamos a la empresa
Promalar para la compra de Alfageme, buscando reflotar la conservera y
provocando un agujero de 80 millones en la entidad.
Entre otras irregularidades, el juez detectó que se tasaron terrenos por
190 veces su valor real; en una de estas operaciones, para cubrir el
riesgo de 60 millones concedido por préstamo hipotecario se entregaron
en garantía terrenos valorados en 133 millones,
aunque su valor real era de 2,5 millones. Una fórmula semejante a la de
otras operaciones y que amenaza con no ser la última que lleve a la
antigua élite financiera gallega al banco de los acusados. Otra vez.
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