La que iba a ser «la legislatura más reformista de la historia» quedará en los anales como un periodo convulso de la política regional,
recordado más por la dimisión de quien así la bautizó durante el debate
de su investidura presidencial, el 29 de junio de 2015, que por los
avances experimentados por la Región de Murcia.
Pedro Antonio Sánchez
no podía saber entonces que su reloj político ya había iniciado la
cuenta atrás y que su partido, el PP, sería incapaz de completar el
ambicioso guion programado para la Región.
Si acaso, la culminación de la apertura del nuevo aeropuerto de Corvera y la llegada del AVE a Murcia pueden iluminar el ocaso de una legislatura marcada por los claroscuros y la brega parlamentaria.
El
Gobierno regional, ahora bajo la presidencia de Fernando López Miras,
encara la recta final de este mandato con una veintena planes, pactos y
leyes, de todos los que prometió, aún pendientes de desarrollar. Muchos
de ellos ni siquiera verán la luz antes de la próxima cita con las
urnas, en mayo de 2019.
A la legislatura le quedan, en la práctica,
apenas un par de meses de puro y duro trabajo. El actual periodo de
sesiones de la Asamblea Regional debería concluir en junio, pero los
cuatro grupos parlamentarios están dispuestos a ampliarlo hasta julio
con el fin de aligerar lo más posible la enorme lista de espera de todo
tipo de iniciativas que existe en la Cámara.
Tras la vuelta de las
vacaciones estivales, el curso político que arranque en septiembre
estará contaminado por el clima preelectoral y resultará mucho más
complicado alcanzar acuerdos para sacar adelante cualquier proyecto. El
Ejecutivo debería darse por satisfecho si consigue los votos necesarios
para aprobar su últimos presupuestos, ya que Ciudadanos, alentado por
las encuestas, subirá el nivel de sus exigencias y presiones ante la
cercanía de la jornada electoral.
La
tramitación de un proyecto de ley necesita al menos un año de tiempo,
desde que se redacta el borrador hasta que recibe el visto bueno del
Parlamento, lo que significa que todas aquellas normas que no estén muy
avanzadas en su proceso de aprobación están condenadas a esperar mejores
tiempos en un cajón.
Hay incluso pactos trascendentales
comprometidos hace tres años por Pedro Antonio Sánchez en su debate de
investidura, como los de educación, contra la pobreza e incluso el de
agua, a pesar de que éste está prácticamente consensuado con todas las
fuerzas políticas, que siguen inéditos.
Es posible que ni siquiera dé tiempo a implantar la supresión de los aforamientos, una reforma estatutaria también anunciada por Sánchez y aprobada por unanimidad en la Cámara pero que sigue estancada en el Congreso de los Diputados.
Un nutrido paquete de leyes comprometidas durante los dos años de Pedro Antonio Sánchez
en la presidencia siguen en el tintero: la de coordinación de policías
locales, contra la violencia de género (pendiente de un pacto regional
que se está negociando), la de garantía de los derechos de los
discapacitados (que ya en 2016 estaba en fase de consultas), la de
actividades feriales, la del juego, la de universidades, la de mecenazgo
y la de servicios sociales, quizás la que más posibilidades tiene de
ver la luz en los próximos meses.
El PP pecó de optimista al inicio de
la legislatura y no fue capaz de prever, aunque era fácil hacerlo, que
la pérdida de la mayoría absoluta en la Asamblea condicionaría la
ejecución de su programa. Tampoco contaba con que su primer presidente
tuviera que dimitir por su imputación en varias causas judiciales, lo
que afectó a la actividad legislativa y ejecutiva durante varios meses.
Todo ello obligó al sucesor, Fernando López Miras,
a seleccionar y priorizar, y también a refrenar sus promesas tras la
lección aprendida con su predecesor. Si bien varios de los proyectos de
ley anunciados por él lo más probable es que tampoco lleguen a ver la
luz antes de que se disuelva la Asamblea Regional.
En el debate de su
investidura, López Miras llegó a hablar de una ley integral de
protección del Mar Menor, que al final se quedó en una más limitada con
medidas urgentes para atajar la degradación de la laguna salada. La ley
integral de apoyo a la familia está avanzada, al igual que la segunda
ley de simplificación administrativa, y hay esperanzas de que prosperen,
también la que ordenará el sector de las ITV, pero la de espectáculos
públicos, en cambio lo tendrá muy complicado.
A
pesar de las circunstancias adversas con que se topó, y de sus propios
errores por no haber sabido verlas venir o no haber querido combatirlas,
en el haber del Gobierno autónomo hay asuntos importantes, aunque
insuficientes para certificar el apelativo de la «más reformista de la
historia» con que Sánchez tildó la legislatura el día de su nacimiento.
Se ha reactivado el crecimiento económico y la creación de empleo;
ha reducido las listas de espera en dependencia; ha bajado el impuesto
de sucesiones, pero no el IRPF, como prometió en 2015; ha mejorado la
renta básica de inserción, y aprobado leyes como la de simplificación
administrativa, la de participación institucional, la de accesibilidad
universal y la de puertos; también se han experimentado avances en
transparencia y buen gobierno, aunque la ley del Estatuto del Cargo
Público sigue en el cajón; y se ha ampliado la oferta de FP dual y de la
enseñanza bilingüe.
El debate sobre el estado de la Región,
fijado para los días 12 y 13 de junio, será el examen final
parlamentario para el Ejecutivo popular. A partir de ahí, las elecciones
autonómicas de mayo del próximo año empezarán a imponer su ley.
(*) Periodista
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