MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a la
celebración de un convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma, a
través de la Consejería de Presidencia y Fomento, y la Federación de
Municipios de la Región de Murcia para prestar ayuda, información y
colaboración a personas que se encuentran en una situación de especial
vulnerabilidad y estén en riesgo de sufrir un desahucio.
Con
este convenio se renueva la colaboración que mantienen ambas
instituciones para la puesta en funcionamiento del Servicio de
Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, con la intención
de seguir prestando el mejor servicio en esta materia a las personas que
estén en una situación de grave carencia por el impago de créditos
hipotecarios y evitar, en la medida de lo posible, procedimientos de
desahucio.
Asimismo, a través de este servicio
gratuito, dependiente del Ejecutivo regional, se ahondará en la
prevención, diagnóstico y capacidad de encontrar alternativas en la
resolución del conflicto hipotecaria y de la vivienda.
La
Comunidad atenderá a todas las personas afectadas por un procedimiento
de ejecución hipotecaria que soliciten asesoramiento e información y las
remitirá a este servicio, que realizará las actuaciones oportunas
encaminadas a la interlocución para evitar la pérdida de la vivienda.
Los
Servicios Sociales de los municipios informarán a todas las personas
sobre el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la
Vivienda y, una vez comprobado que los solicitantes pueden acceder a la
mediación con las entidades de crédito, remitirán toda la documentación
al Servicio de Orientación. También informarán sobre las ayudas sociales
que se prestan desde el IMAS para poder acceder a las prestaciones y
las bolsas de viviendas de alquiler, tanto las que dispongan las
entidades bancarias y las viviendas de promoción pública.
Desde
su puesta en marcha en 2013, el Servicio ha atendido a un total de
1.155 personas para informar y realizar labores de mediación con
entidades de crédito al objeto de evitar, en la medida de lo posible,
procedimientos de desahucio del domicilio de las personas afectadas y
sus familias. El 70 por ciento de las personas atendidas resolvió
positivamente su situación.
En 2017, se asistió a
271 personas que se encontraban en riesgo de pérdida de su vivienda
habitual y en casos de impago de alquiler de la vivienda habitual.
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