El colegio concertado 'San Antonio de Padua' cerrará sus puertas por una deuda millonaria

MURCIA.- El centro concertado San Antonio de Padua, de La Flota cerrará sus puertas al concluir el presente curso académico si no encuentra comprador de aquí a junio, según informaron padres afectados y confirmaron, posteriormente, fuentes de la Consejería de Educación. Al parecer, la Consejería no ha dado el concierto del centro a nadie y la anterior gerente ha sido despedida.

El centro, que pertenece a una familia de la Región, tiene una deuda de varios millones de euros, aunque cuenta con la oferta de compra de un colegio de Los Alcázares, que aún no se ha concretado. No obstante, para evitar males mayores, la Consejería que dirige Constantino Sotoca ha decidido abrir en unos quince días, "y como medida cautelar", un plazo extraordinario para que los padres elijan otro centro para sus hijos.

En el caso de que el centro no consiguiera comprador y, como consecuencia, no pudiera abrir el próximo mes de septiembre, los alumnos sin opción seleccionada serán reubicados en centros de alrededor como el Floridablanca. Y es que la Consejería de Educación, por el momento, "no baraja la posibilidad de quedarse con el centro", explicaron las fuentes.

Mientras, los padres y profesores afectados aseguran que se sienten engañados, al tiempo que anunciaron que si no se solventa esta situación, están pensando en futuras manifestaciones o, en el caso de los docentes, una huelga. De hecho, está previsto que los padres se reúnan el próximo jueves con profesores y el AMPA para determinar si toman medidas.

Por su parte, el sindicato Sterm achaca esta situación a la Consejería y al Ayuntamiento de Murcia "por aceptar presiones políticas". Ambos han cometido negligencias graves en el cuidado de los intereses públicos", apuntaron.

A su juicio, la Consejería "se dobló" ante la presión y permitió la apertura del centro un 1 de diciembre con el curso empezado y los alumnos escolarizados en otros centros, mientras que el ayuntamiento "desoyó" un informe del interventor que decía que la empresa "no era viable", explicó el responsable de política educativa del Sterm, José Luis López.

De hecho, continuó, el ex consejero de Educación, Juan Ramón Medina Precioso, autorizó finalmente el centro para el curso 2006-2007 -cuando se había negado públicamente-, tras una comida en noviembre de 2006 a la que asistieron los antiguos concejales de Educación y el director general de Centros de la Consejería, el presidente de la Fundación 'Desarrollo de Escuelas Cristianas', José Saura, y el senador del PP por Castellón, Gabriel Elorriaga.