LIBRILLA.- El alcalde de Librilla, José Martínez García, uno de los diecisiete imputados en una presunta trama de corrupción urbanística, señaló durante su declaración en el Juzgado tras ser detenido que hizo siempre lo que le aconsejó el asesor jurídico, Cesáreo Gil de Pareja, además de negar haber recibido comisiones, según recoge 'El Faro'.
El acta de su comparecencia recoge que el alcalde, en varios momentos, descargó la responsabilidad de lo que se hacía en el Ayuntamiento en temas urbanísticos en Gil de Pareja, que también se encuentra implicado en esta causa.
El alcalde que fue detenido y permaneció en prisión dos semanas, afirmó que si todos los contratos convocados por Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL) fueron adjudicados a la empresa de otros dos imputados, ACADI, fue porque “el asesor jurídico nos lo aconsejaba”.
El alcalde volvió a involucrar al letrado cuando, al preguntarle si todo el que quería hacer un convenio urbanístico tenía que pasar por las manos de IDL necesariamente, manifestó que “según Cesáreo Gil de Pareja, sí, que era el que organizó toda esa historia”, según se refleja en el acta de su declaración.
De nuevo volvió a descargar la responsabilidad en el asesor jurídico municipal cuando reconoció que todo el que quería firmar un convenio urbanístico con el Ayuntamiento “acababa entendiéndose con ACADI, porque eso era lo que nos asesoraba Cesáreo”.
El responsable municipal comentó en otro momento que si contrataron los servicios de este abogado fue porque era profesor de Universidad y querían a una persona que “les asesorara bien sobre urbanismo”, pero que la relación acabó mal.
El acta con su declaración recoge también que Martínez García manifestó ante el juez, el fiscal y los letrados defensores que Gil de Pareja llegó a decirles que los iba a hundir a él y al concejal de Urbanismo si no le pagaban las retribuciones que les reclamaba incluso una vez rotas las relaciones.
El alcalde que fue detenido y permaneció en prisión dos semanas, afirmó que si todos los contratos convocados por Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL) fueron adjudicados a la empresa de otros dos imputados, ACADI, fue porque “el asesor jurídico nos lo aconsejaba”.
El alcalde volvió a involucrar al letrado cuando, al preguntarle si todo el que quería hacer un convenio urbanístico tenía que pasar por las manos de IDL necesariamente, manifestó que “según Cesáreo Gil de Pareja, sí, que era el que organizó toda esa historia”, según se refleja en el acta de su declaración.
De nuevo volvió a descargar la responsabilidad en el asesor jurídico municipal cuando reconoció que todo el que quería firmar un convenio urbanístico con el Ayuntamiento “acababa entendiéndose con ACADI, porque eso era lo que nos asesoraba Cesáreo”.
El responsable municipal comentó en otro momento que si contrataron los servicios de este abogado fue porque era profesor de Universidad y querían a una persona que “les asesorara bien sobre urbanismo”, pero que la relación acabó mal.
El acta con su declaración recoge también que Martínez García manifestó ante el juez, el fiscal y los letrados defensores que Gil de Pareja llegó a decirles que los iba a hundir a él y al concejal de Urbanismo si no le pagaban las retribuciones que les reclamaba incluso una vez rotas las relaciones.
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