En este sentido, reconoció que "lo estamos notando tanto en un descenso de la actividad de documentación que se realiza en los despachos", al tiempo que alertó de "una modificación del contenido normal de nuestra actividad diaria".
Fernández de Simón, quien hizo estas declaraciones con motivo del acto de constitución del Colegio Notarial de Murcia y de toma de posesión de su primera junta directiva por cuatro años de mandato, afirmó que "ahora, hay más dificultades para pagar préstamos y vender una casa, así como situaciones concursales y gente que no puede atender los compromisos asumidos", tras lo que añadió que eso "repercute en el tipo de trabajo que desempeñamos en los despachos notariales".
Así, insistió en que esta coyuntura económica se percibe "no sólo en el volumen de trabajo, sino también en la calidad del trabajo", ya que, explicó, "gran parte de la contratación bancaria o inmobiliaria ha descendido en una rebaja de la contratación y documentación que autorizamos".
Y es que, apuntó, "el tipo de documento que ahora se hace también es diferente y la gente tiene más preocupación en si va a poder pagar su préstamos; algo que afecta al trabajo de cada día".
El decano del Colegio Notarial de Murcia también habló de las transferencias de Justicia al ser preguntado sobre esta cuestión, de la que dijo que "forma parte de un dibujo que ya está esquematizado".
De hecho, recordó que hay otras comunidades que ya tienen transferidas estas competencias, por lo que consideró que Murcia "tampoco se tiene por qué quedar rezagada en esa cuestión".
No obstante, señaló que "hay muchas cuestiones que especificar y puntualizar tanto de financiación, como de traspasos y funcionarios"; algo que, a su juicio, "no se puede improvisar de la noche a la mañana", aunque puso de manifiesto que "todo lo que sea acercar esos servicios al ciudadano, que es el destinatario final, redundará en provecho de su eficiencia".
Sobre la creación de este Colegio, resaltó que se trata de "una vieja aspiración que tenían los notarios de Murcia" y que, indicó, "va a producir una serie de consecuencias provechosas para el ciudadano, ya que tendrá más cerca una interlocución de cara a sus inquietudes, dudas, sobre el ejercicio de nuestra actividad, además de que se podrá estar más pendiente en la calidad de su atención y disponer de una estructura corporativa mucho más próxima".
El nuevo Colegio Notarial de Murcia nace tras la entrada en vigor del Real Decreto de 2007, que modifica el Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado de 1944 y que adapta el ámbito competencial de cada Colegio al de las Comunidades Autónomas.
La primera junta directiva del nuevo Colegio está integrada por Carlos Fernández de Simón Bermejo, quien asumirá la función de decano; así como por María Dolores Heredia Canovas, como vicedecana; Miguel González Cuadrado como censor; Salvador Montesinos García como tesorero; y Francisco Coronado Fernández en función de secretario.
Sus principales proyectos para el mandato serán integrar al Colegio Notarial en la vida jurídica y económica de la Región de Murcia, así como facilitar la interlocución del colectivo notarial con la Administración autonómica, y reforzar y defender la posición del notario en la seguridad jurídica preventiva.
Con la puesta en marcha de esta institución, los notarios murcianos dejan de depender, como ocurría hasta ahora, del Colegio Notarial de Albacete, lo que respondía a la organización del Notariado según las antiguas Audiencias Territoriales, y pasan a hacerlo del Colegio de su Comunidad.
En la actualidad hay 87 notarios en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 23 de ellos en Murcia; diez en Cartagena; cuatro en San Javier; cuatro en Molina de Segura; tres en Yecla y otros tres en Lorca.
Además, los municipios de Caravaca de la Cruz, La Unión, Cieza, Abarán, Alcantarilla, Alhama de Murcia, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torre Pacheco, Totana, Águilas, y Mazarrón, cuentan con dos notarios cada uno.
2 comentarios:
Ya se lo han llevado, que no se quejen. Otros están peor. Ellos, con despedir empleados y mandarlos al paro...
El Parlamento Europeo pondrá hoy, de nuevo, el foco en el urbanismo salvaje perpetrado en España en los últimos años. Este martes, la eurodiputada danesa Margrete Auken, del Grupo de Los Verdes, presentará ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo un demoledor informe en el que no sólo critica duramente la gestión urbanística española, sino que además pide paralizar planes insostenibles y advierte de que se pueden interrumpir los fondos de cohesión a nuestro país si incumple la normativa de la Unión Europea.
El informe, que versa sobre “el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del derecho comunitario”, critica con dureza la gestión urbanística española, especialmente en las islas y la costa mediterránea.
Auken acusa a gobiernos regionales y estatales españoles de participar en una práctica sistemáticamente vinculada con abusos de ciudadanos, destrucción del medioambiente y corrupción generalizada.
Especialmente beligerante se muestra con la Justicia española, sobre la que expresa su “preocupación y desaliento por el hecho de que las autoridades jurídicas y judiciales españolas hayan puesto de manifiesto que no están debidamente preparadas para hacer frente a las repercusiones de la urbanización masiva en las vidas de las personas, como prueban las miles de reclamaciones recibidas por el Parlamento”.
“Lentitud desmedida” de la Justicia española
Para la diputada, los jueces "han empezado a reaccionar ante el reto que supone la urbanización excesiva en muchas zonas costeras, pero considera que los procedimientos siguen siendo de "una lentitud desmedida" y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".
La europarlamentaria recuerda además que tanto la Comisión Europea como el Parlamento tienen capacidad para suspender la concesión de fondos estructurales para hacer que los países pongan fin a vulneraciones graves de las normas comunitarias.
El informe, que se lleva gestando desde hace meses, será votado por la Comisión de Peticiones en febrero, para pasar al Pleno de la Eurocámara el próximo mes de marzo. Éste será el tercer informe sobre el urbanismo en España que vote el pleno a partir de quejas de los ciudadanos. Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunidad Valenciana y la "costa mediterránea", y alertaron de la indefensión que sufren residentes españoles y europeos.
Junto a la ponente del texto y el resto de eurodiputados, en la reunión de hoy participarán representantes del Gobierno valenciano, la defensora del Pueblo de esa comunidad, Emilia Caballero, así como varios invitados representantes de asociaciones tales como Abusos Urbanísticos No, afectados por la Ley de Costas y Salvemos Mojácar, responsable de la paralización y suspensión del Hotel Algarrobico en Almería.
Publicar un comentario