La Audiencia absuelve al alcalde Mazarrón de un presunto delito de malversación de caudales públicos

MURCIA.- El alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya (PP), ha sido absuelto de los delitos de malversación de fondos públicos por parte de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. También quedan absueltos Domingo Valera, ex concejal del Partido Independiente de Mazarrón, y el ex interventor municipal, Pedro Sánchez García, según recoge "La Verdad".

Los magistrados de la Sala consideran que no hay delito de malversación de caudales públicos y ponen el acento de la «inexistencia de normativa legal en torno a la entrega de anticipos por parte de la Corporación a los concejales liberados y con cargo a sus remuneraciones».

El Ministerio Fiscal, que eliminó en el juicio el cargo de prevaricación, sostuvo que los pagos que recibió Domingo Valera del Ayuntamiento eran «meros regalos con dinero público» a cambio del apoyo del Partido Independiente al PP de Mazarrón.

La Sala señala que todas las cantidades anticipadas a Valera fueron devueltas a través de retenciones en su sueldo de concejal liberado. Los jueces estiman asimismo que no se ha probado que existiera un acuerdo para la compra encubierta de votos. Ni siquiera de forma indiciaria.

Tampoco ven que existiera ánimo de lucro porque todos los anticipos que se dieron a Valera están documentados e incorporados a la contabilidad del Ayuntamiento.

Domingo Valera, que fue alcalde de Mazarrón en dos ocasiones, recibió del entonces tesorero municipal 33.000 euros entre septiembre del 2003 y agosto del 2005.

Según el fiscal, Valera recibía este dinero al margen de su sueldo íntegro de concejal, y lo atribuyó a un acuerdo entre Blaya y Valera al hilo del pacto entre el PP y los independientes en la anterior legislatura, ya que los populares no tenían mayoría absoluta. Fueron el tesorero y el interventor municipal quienes pusieron reparos «a la irregularidad de estos pagos», según el Ministerio Fiscal.

No hay delito

Estas consideraciones del fiscal fueron negadas en el juicio por el alcalde, que ha sido el primer edil murciano del PP que se ha sentado en el banquillo en un juicio por malversación. En la sentencia se señala la ausencia de un procedimiento concreto para abonar los anticipos al ex alcalde, por lo que el interventor se preocupó de que quedara «perfectamente documentado mediante la correspondiente orden de pago firmada por el alcalde, el tesorero, el interventor y el concejal que recibía el dinero».

Al comprobar un año después los dos funcionarios que el montante de los anticipos se consideraba «excesivo» acudieron al concejal de Hacienda para que interviniera ante el alcalde, razón por la cual se empezó a retener dinero del sueldo de concejal a razón de 300 euros mensuales, explica el fallo judicial.

Los hechos no son constitutivos de delito, según el tribunal, que añade que «no existe una norma que prohiba esta forma de actuar, que en absoluto se adivina como ilícita. Son habituales los anticipos a funcionarios y personal laboral».

Tampoco considera probado que hubiera una compra encubierta de votos y rechaza la acusación de la Fiscalía de que hubiera connivencia entre el alcalde y el ex concejal para que los independientes apoyaran al PP a cambio de dinero.