LORCA.- Tras la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las actuaciones ordenadas por el juez Garzón en relación con los desaparecidos, las fosas comunes y la investigación de los crímenes franquistas, la asociación lorquina "Caídos por la Libertad" hace público lo siguiente: 1. El Fiscal General del Estado debe promover, no parar.- Si finalmente la Audiencia Nacional resuelve no tener competencia para tratar sobre esta materia, el Fiscal General del Estado debe ordenar la actuación de los fiscales en todos aquellos juzgados territoriales, en donde las asociaciones de víctimas del franquismo o los familiares de aquellas, presenten denuncias por desaparición, hallazgo de fosas o por ejecuciones con sentencia de tribunales militares o por actuaciones sumarias.
2. Que el Gobierno no desoriente a los afectados.- El Gobierno ha declarado ante los medios de comunicación la posibilidad de presentar denuncias ante los jueces territoriales que por jurisdicción territorial corresponda, a sabiendas de que los jueces proceden sistemáticamente a su archivo considerando los actos criminales del franquismo como delitos comunes y por tanto prescritos.
3. Que se cumpla la ley.- En su caso, el Gobierno deberá asumir sus responsabilidades políticas por la actuación de la Fiscalía General del Estado que ignora en sus escritos ante la Audiencia Nacional, tratados y convenios internacionales ratificados por el Reino de España. De esta forma deja de cumplir la fiscalía su misión como garante de la legalidad, y se convierte en obstáculo para alcanzar la Justicia.
4. No privatizar las exhumaciones.- Las exhumaciones y búsqueda de personas desaparecidas, así como la investigación de estos crímenes masivos, es una obligación legal que compete a la acción penal de la Justicia, por tratarse de crímenes contra la humanidad que no prescriben, según el Código Penal español vigente, al no tratarse de delitos comunes. En modo alguno el Gobierno puede inhibirse ni exonerar a las instituciones del Estado de este deber, desviando hacia las asociaciones de víctimas o sobre los familiares dicha responsabilidad.
2. Que el Gobierno no desoriente a los afectados.- El Gobierno ha declarado ante los medios de comunicación la posibilidad de presentar denuncias ante los jueces territoriales que por jurisdicción territorial corresponda, a sabiendas de que los jueces proceden sistemáticamente a su archivo considerando los actos criminales del franquismo como delitos comunes y por tanto prescritos.
3. Que se cumpla la ley.- En su caso, el Gobierno deberá asumir sus responsabilidades políticas por la actuación de la Fiscalía General del Estado que ignora en sus escritos ante la Audiencia Nacional, tratados y convenios internacionales ratificados por el Reino de España. De esta forma deja de cumplir la fiscalía su misión como garante de la legalidad, y se convierte en obstáculo para alcanzar la Justicia.
4. No privatizar las exhumaciones.- Las exhumaciones y búsqueda de personas desaparecidas, así como la investigación de estos crímenes masivos, es una obligación legal que compete a la acción penal de la Justicia, por tratarse de crímenes contra la humanidad que no prescriben, según el Código Penal español vigente, al no tratarse de delitos comunes. En modo alguno el Gobierno puede inhibirse ni exonerar a las instituciones del Estado de este deber, desviando hacia las asociaciones de víctimas o sobre los familiares dicha responsabilidad.
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