MURCIA.- La Consejería de Obras Públicas y Urbanismo tendrá que aclararse sobre el alcance del decreto que declaró urbanizable la finca de La Zerrichera de Águilas en marzo del año 2006, cuando Joaquín Bascuñana estaba al frente de este departamento. La razón estriba en la colisión que se puede producir con el Plan de Gestión de la Sierra de La Almenara, donde está enclavada la polémica finca y que todavía sigue en trámite para su aprobación definitiva, publica hoy "La Verdad".
Más que choque, otros consideran que no se puede obviar el hecho real de que los terrenos de La Zerrichera están recalificados y que por su actual naturaleza deben encajarse en el nuevo Plan de Gestión, en un sentido o en otro.
Como se sabe, el proyecto impulsado por el Grupo Inversor Hispania preveía construir unas 4.000 viviendas sobre una superficie de 250 hectáreas enclavadas dentro de una zona protegida como ZEPA, la cual se procedió a desclasificar parcialmente.
El propietario de los terrenos es La Kutxa, la Caja de Ahorros de Gipuzkoa y San Sebastián, que requirió al responsable del Grupo Hispania, Trinitario Casanova, para que cumpliera lo pactado -la finca ya recalificada y el plan parcial aprobado- o procediera a devolverle el dinero.
Como se sabe, el Plan de Gestión determina qué tipo de aprovechamientos y qué nivel de conservación tiene cada metro cuadrado de dicha sierra, uno de los enclaves protegidos más extensos de la Región y que recibe ayudas europeas para su preservación.
El pronunciamiento que se espera del departamento de Obras Públicas no presupone que la finca se vaya a urbanizar, aunque sea en baja intensidad -eso ya se verá-, sino que precisamente porque ese decreto existe la Consejería debe emitir un informe «sobre las implicaciones» que tendrían en el nuevo Plan de Gestión de la Sierra de la Almenara los instrumentos urbanísticos aprobados o en trámite. Léase La Zerrichera.
¿Con qué fin? Unos proyectos quedarán derogados y otros modificados en una disposición legal que debe ir colgada del decreto que se está preparando. Así se desprende del informe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma al cual ha tenido acceso La Verdad.
Los Servicios Jurídicos, por otra parte, detectan numerosos defectos en el decreto sobre el Plan de Gestión de La Almenara, entre ellos que no se especifica si todos los propietarios de terrenos han participado en el proceso de información pública y se han cumplidos los trámites de audiencia.
También debe aclarar la Consejería de Desarrollo Sostenible, hasta hace unos días en manos de Benito Mercader, otro ajuste de límites de la ZEPA, que afecta a unos 150 hectáreas. Llamativamente, la propia Consejería advierte de que el Plan de Gestión no debe ser aprobado hasta que la Unión Europea autorice esa modificación.
La Consejería que ahora dirige José Ballesta debe aclarar de una vez por todas qué se hace con la patata caliente de La Zerrichera en el ámbito político y administrativo. En el terreno judicial, la cuestión parece más o menos clara, de momento, ya que sobre los terrenos existe una orden de suspensión cautelar dictada el año pasado por el Tribunal Superior de Justicia.
Esta suspensión obra sobre el decreto que aprobó Bascuñana y está basada a su vez en la decisión del Ayuntamiento de Águilas de paralizar el Plan parcial de La Zerrichera después de que la Consejería de Medio Ambiente dictaminara que aquello que se pretendía construir en la zona no se ajustaba a las exigencias del estudio de impacto medio ambiental. Para los detractores del proyecto, la Consejería volvía sobre sus pasos debido al escándalo que se produjo.
La diputada regional del PSOE Teresa Rosique ha presentado una moción en la Asamblea Regional, que se debatirá hoy, para que el Gobierno regional anule el decreto que aprobó Joaquín Bascuñana, que recalificó los terrenos y los hizo urbanizables. Entiende Rosique que el Ejecutivo autonómico «mantiene viva esta reclasificación urbanística», pese a la suspensión decretada por el TSJ.
Sobre esta suspensión judicial, cabe señalar que, el año pasado, el alto tribunal dio la razón a los abogados de Trinitario Casanova y levantó la suspensión porque la Consejería de Obras Públicas no dio traslado del fallo al empresario, como parte interesada, dentro del plazo legal previsto.
Ello al margen de la causa que instruye el juez Antonio Alcázar contra el alcalde de Águilas, un concejal y un ex concejal, además de ex altos cargos del Gobierno regional, sobre supuestos delitos en la recalificación de los terrenos.
Más que choque, otros consideran que no se puede obviar el hecho real de que los terrenos de La Zerrichera están recalificados y que por su actual naturaleza deben encajarse en el nuevo Plan de Gestión, en un sentido o en otro.
Como se sabe, el proyecto impulsado por el Grupo Inversor Hispania preveía construir unas 4.000 viviendas sobre una superficie de 250 hectáreas enclavadas dentro de una zona protegida como ZEPA, la cual se procedió a desclasificar parcialmente.
El propietario de los terrenos es La Kutxa, la Caja de Ahorros de Gipuzkoa y San Sebastián, que requirió al responsable del Grupo Hispania, Trinitario Casanova, para que cumpliera lo pactado -la finca ya recalificada y el plan parcial aprobado- o procediera a devolverle el dinero.
Como se sabe, el Plan de Gestión determina qué tipo de aprovechamientos y qué nivel de conservación tiene cada metro cuadrado de dicha sierra, uno de los enclaves protegidos más extensos de la Región y que recibe ayudas europeas para su preservación.
El pronunciamiento que se espera del departamento de Obras Públicas no presupone que la finca se vaya a urbanizar, aunque sea en baja intensidad -eso ya se verá-, sino que precisamente porque ese decreto existe la Consejería debe emitir un informe «sobre las implicaciones» que tendrían en el nuevo Plan de Gestión de la Sierra de la Almenara los instrumentos urbanísticos aprobados o en trámite. Léase La Zerrichera.
¿Con qué fin? Unos proyectos quedarán derogados y otros modificados en una disposición legal que debe ir colgada del decreto que se está preparando. Así se desprende del informe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma al cual ha tenido acceso La Verdad.
Los Servicios Jurídicos, por otra parte, detectan numerosos defectos en el decreto sobre el Plan de Gestión de La Almenara, entre ellos que no se especifica si todos los propietarios de terrenos han participado en el proceso de información pública y se han cumplidos los trámites de audiencia.
También debe aclarar la Consejería de Desarrollo Sostenible, hasta hace unos días en manos de Benito Mercader, otro ajuste de límites de la ZEPA, que afecta a unos 150 hectáreas. Llamativamente, la propia Consejería advierte de que el Plan de Gestión no debe ser aprobado hasta que la Unión Europea autorice esa modificación.
La Consejería que ahora dirige José Ballesta debe aclarar de una vez por todas qué se hace con la patata caliente de La Zerrichera en el ámbito político y administrativo. En el terreno judicial, la cuestión parece más o menos clara, de momento, ya que sobre los terrenos existe una orden de suspensión cautelar dictada el año pasado por el Tribunal Superior de Justicia.
Esta suspensión obra sobre el decreto que aprobó Bascuñana y está basada a su vez en la decisión del Ayuntamiento de Águilas de paralizar el Plan parcial de La Zerrichera después de que la Consejería de Medio Ambiente dictaminara que aquello que se pretendía construir en la zona no se ajustaba a las exigencias del estudio de impacto medio ambiental. Para los detractores del proyecto, la Consejería volvía sobre sus pasos debido al escándalo que se produjo.
La diputada regional del PSOE Teresa Rosique ha presentado una moción en la Asamblea Regional, que se debatirá hoy, para que el Gobierno regional anule el decreto que aprobó Joaquín Bascuñana, que recalificó los terrenos y los hizo urbanizables. Entiende Rosique que el Ejecutivo autonómico «mantiene viva esta reclasificación urbanística», pese a la suspensión decretada por el TSJ.
Sobre esta suspensión judicial, cabe señalar que, el año pasado, el alto tribunal dio la razón a los abogados de Trinitario Casanova y levantó la suspensión porque la Consejería de Obras Públicas no dio traslado del fallo al empresario, como parte interesada, dentro del plazo legal previsto.
Ello al margen de la causa que instruye el juez Antonio Alcázar contra el alcalde de Águilas, un concejal y un ex concejal, además de ex altos cargos del Gobierno regional, sobre supuestos delitos en la recalificación de los terrenos.
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