MURCIA.- Hace apenas un año las 184 inmobiliarias homologadas en la Región conseguían aproximadamente el 95% de sus ingresos gracias a la compraventa de inmuebles. En la actualidad, el único sustento real de las inmobiliarias que perviven es el alquiler de viviendas. El arrendamiento se ha convertido en la principal alternativa para paliar la crisis por la que actualmente atraviesa el sector inmobiliario, según "La Opinión".
La dificultad de los bancos para facilitar créditos, junto a la subida del euribor y el elevado precio de la vivienda, pese a que en estos últimos años haya descendido, ha provocado un cambio de tendencia social que tiende al alquiler de los inmuebles frente a la compra. Los expertos vaticinan que esta tendencia permanecerá hasta el año 2010.
Otro de los factores que ha propiciado el auge del arrendamiento en la Región ha sido el impreso de la Garantía de alquiler. Este formulario se adjunta al contrato de alquiler de la vivienda. El documento aporta tanto al dueño de la vivienda como a quien la alquila la seguridad de que tendrán un respaldo jurídico en el caso de que surjan desavenencias entre ambos.
Si se produce algún desacuerdo, las llamadas Cortes de Arbitraje llegarán a una resolución rápida y cómoda sin necesidad de recurrir a la justicia ordinaria. Una de cada dos inmobiliarias adjunta ya la Garantía de alquiler cuando realiza contratos de arrendamiento.
Murcia duplica en alquiler
En la Región de Murcia se contabilizan ya un total de 4.374 contratos de alquiler en los que se ha adjuntado la Garantía. La cantidad se ha visto duplicada en tan sólo un año, ya que en 2006 fueron 1.087 los contratos que contaron con la Garantía y, en 2007, fueron un total de 2.210.
En el año 2004, sólo 310 de los inmuebles arrendados presentaron este informe, lo que supone que, prácticamente todos los años, se dobla el número de propietarios que recurren a los beneficios legales que ofrece el documento de la Garantía de alquiler.
Respecto a la media nacional, absolutamente todas las Comunidades Autónomas han visto incrementado el número de alquileres con Garantía. Los aumentos más significativos se han producido en Extremadura, La Rioja o Cataluña. Por el contrario, en Canarias, Aragón y Madrid, el incremento respecto a años anteriores ha sido bastante discreto.
La Garantía de alquiler cuesta 52 euros y su adquisición no se limita sólo a los profesionales del sector inmobiliario. Los particulares también pueden hacerse con este documento que ya está comenzando a distribuirse en papelerías, librerías o estancos. Esta medida de distribución acerca las Garantías a los ciudadanos que representan el 85% del total del volumen de los alquileres, mientras que el otro 15% corresponde a los sectores profesionales de venta y cesión de inmuebles.
Pero, como prevenir es curar, la Corte de Arbitraje tiene dos líneas de asesoramiento telefónico gratuito en las que todos los ciudadanos que tengan dudas sobre los aspectos de su contrato de alquiler, podrán asesorarse.
El número para los particulares es el 902 21 21 92. Asimismo, los profesionales que estén interesados en plantear alguna duda en relación a los contratos de alquiler, deberán llamara al 902 21 71 21. Este servicio responde mensualmente alrededor de 1.600 llamadas. Además, los interesados podrán acceder a las página web www.pnag.es para obtener información.
La Corte de Arbitraje va camino de cumplir diez años de vida, aunque su presencia destaca desde que el alquiler ha comenzado a ser la principal prioridad para las personas que buscan un inmueble. En España son más de medio millón de ciudadanos los que han recurrido ya a la firma de la Garantía para contratar la cesión de una vivienda.
Precisamente, la Región de Murcia registró 18.830 viviendas alquiladas no declararas anualmente a Hacienda, cifra que sitúa a la Comunidad entre las cinco autonomías con menos casas en esta situación, sólo por encima de las 15.812 de Castilla-La Mancha, las 10.643 de Aragón, las 6.427 de Cantabria y las 1.701 de La Rioja.
Asimismo, el porcentaje de viviendas alquiladas y no declaradas en relación al total alcanzó el 64,9 por ciento en la Región de Murcia, por debajo de otras como el 73,5 por ciento en Andalucía, seguida de Extremadura con el 71,8 por ciento, y Canarias con el 66,5 por ciento.
Por debajo de la Región quedaron Cataluña (64,7 por ciento), Madrid (60 por ciento), Baleares (58,5 por ciento), Comunidad Valenciana (54,8 por ciento), Asturias (52,7 por ciento), Galicia (44,7 por ciento), Cantabria (44,5 por ciento) y Castilla-La Mancha (42,6 por ciento). A la cola se situaron Castilla y León (42,5 por ciento), La Rioja (23,1 por ciento) y Aragón (22,7 por ciento).
Por otro lado, el fraude estimado de alquileres de viviendas cayó entre 2004 y 2006 un 16,5 por ciento en la Región de Murcia, por encima de Extremadura (-6,7 por ciento), Asturias (-4,6 por ciento), Comunidad Valenciana (-4,2 por ciento) y Baleares (-0,4 por ciento).
Se aboga por que la Ley de Arrendamientos Urbanos recoja una delimitación legal de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para el arrendador y el arrendatario.
Y se plantean modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manera que se reduzcan a quince días los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar una demanda de desahucio por impago de rentas, y un incremento del número de juzgados para agilizar estos procesos.
La dificultad de los bancos para facilitar créditos, junto a la subida del euribor y el elevado precio de la vivienda, pese a que en estos últimos años haya descendido, ha provocado un cambio de tendencia social que tiende al alquiler de los inmuebles frente a la compra. Los expertos vaticinan que esta tendencia permanecerá hasta el año 2010.
Otro de los factores que ha propiciado el auge del arrendamiento en la Región ha sido el impreso de la Garantía de alquiler. Este formulario se adjunta al contrato de alquiler de la vivienda. El documento aporta tanto al dueño de la vivienda como a quien la alquila la seguridad de que tendrán un respaldo jurídico en el caso de que surjan desavenencias entre ambos.
Si se produce algún desacuerdo, las llamadas Cortes de Arbitraje llegarán a una resolución rápida y cómoda sin necesidad de recurrir a la justicia ordinaria. Una de cada dos inmobiliarias adjunta ya la Garantía de alquiler cuando realiza contratos de arrendamiento.
Murcia duplica en alquiler
En la Región de Murcia se contabilizan ya un total de 4.374 contratos de alquiler en los que se ha adjuntado la Garantía. La cantidad se ha visto duplicada en tan sólo un año, ya que en 2006 fueron 1.087 los contratos que contaron con la Garantía y, en 2007, fueron un total de 2.210.
En el año 2004, sólo 310 de los inmuebles arrendados presentaron este informe, lo que supone que, prácticamente todos los años, se dobla el número de propietarios que recurren a los beneficios legales que ofrece el documento de la Garantía de alquiler.
Respecto a la media nacional, absolutamente todas las Comunidades Autónomas han visto incrementado el número de alquileres con Garantía. Los aumentos más significativos se han producido en Extremadura, La Rioja o Cataluña. Por el contrario, en Canarias, Aragón y Madrid, el incremento respecto a años anteriores ha sido bastante discreto.
La Garantía de alquiler cuesta 52 euros y su adquisición no se limita sólo a los profesionales del sector inmobiliario. Los particulares también pueden hacerse con este documento que ya está comenzando a distribuirse en papelerías, librerías o estancos. Esta medida de distribución acerca las Garantías a los ciudadanos que representan el 85% del total del volumen de los alquileres, mientras que el otro 15% corresponde a los sectores profesionales de venta y cesión de inmuebles.
Pero, como prevenir es curar, la Corte de Arbitraje tiene dos líneas de asesoramiento telefónico gratuito en las que todos los ciudadanos que tengan dudas sobre los aspectos de su contrato de alquiler, podrán asesorarse.
El número para los particulares es el 902 21 21 92. Asimismo, los profesionales que estén interesados en plantear alguna duda en relación a los contratos de alquiler, deberán llamara al 902 21 71 21. Este servicio responde mensualmente alrededor de 1.600 llamadas. Además, los interesados podrán acceder a las página web www.pnag.es para obtener información.
La Corte de Arbitraje va camino de cumplir diez años de vida, aunque su presencia destaca desde que el alquiler ha comenzado a ser la principal prioridad para las personas que buscan un inmueble. En España son más de medio millón de ciudadanos los que han recurrido ya a la firma de la Garantía para contratar la cesión de una vivienda.
Precisamente, la Región de Murcia registró 18.830 viviendas alquiladas no declararas anualmente a Hacienda, cifra que sitúa a la Comunidad entre las cinco autonomías con menos casas en esta situación, sólo por encima de las 15.812 de Castilla-La Mancha, las 10.643 de Aragón, las 6.427 de Cantabria y las 1.701 de La Rioja.
Asimismo, el porcentaje de viviendas alquiladas y no declaradas en relación al total alcanzó el 64,9 por ciento en la Región de Murcia, por debajo de otras como el 73,5 por ciento en Andalucía, seguida de Extremadura con el 71,8 por ciento, y Canarias con el 66,5 por ciento.
Por debajo de la Región quedaron Cataluña (64,7 por ciento), Madrid (60 por ciento), Baleares (58,5 por ciento), Comunidad Valenciana (54,8 por ciento), Asturias (52,7 por ciento), Galicia (44,7 por ciento), Cantabria (44,5 por ciento) y Castilla-La Mancha (42,6 por ciento). A la cola se situaron Castilla y León (42,5 por ciento), La Rioja (23,1 por ciento) y Aragón (22,7 por ciento).
Por otro lado, el fraude estimado de alquileres de viviendas cayó entre 2004 y 2006 un 16,5 por ciento en la Región de Murcia, por encima de Extremadura (-6,7 por ciento), Asturias (-4,6 por ciento), Comunidad Valenciana (-4,2 por ciento) y Baleares (-0,4 por ciento).
Se aboga por que la Ley de Arrendamientos Urbanos recoja una delimitación legal de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para el arrendador y el arrendatario.
Y se plantean modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manera que se reduzcan a quince días los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar una demanda de desahucio por impago de rentas, y un incremento del número de juzgados para agilizar estos procesos.
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