Afectados por estafas inmobiliarias se encadenan ante la casa de veraneo de Blanco

PONTEVEDRA.- La Confederación de Afectados por Estafas Inmobiliarias (Cafines), un colectivo que cuenta con más de 5.000 asociados en toda España, convocó para hoy una concentración de protesta en la Isla de Arosa ante la vivienda de veraneo del vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ubicada en la Urbanización Cabo Deiro-O Furado, conocida en el lugar como "Villa PSOE", que acomete la empresa Residencial Illa de Arousa.

Los manifestantes se encadenaron a la puerta de entrada del inmueble, porque éste "incumple la normativa urbanística", en señal de protesta por lo que calificaron como "inoperancia de la Fiscalía Anticorrupción en los casos relacionados con ilegalidades urbanísticas".

La concentración se inició a las 8.30 horas y en ella participaron más de 150 personas afectadas por estafas inmobiliarias, según indicaron.

Cafines indicó que corroboró la vinculación de José Blanco a esta urbanización a través de la declaración de herencia que se efectuó a nombre de su mujer para acreditar la solvencia necesaria para acometer la obra. De este modo, denunciaron que este inmueble se encuentra a menos de 100 metros del mar, lo que supone una vulneración de la Ley de Costas, además de registrar supuestas irregularidades en altura y otras deficiencias.

El vicepresidente y portavoz de Cafines, Raimundo Piñeiro González, aseguró que la urbanización "no se ajusta a derecho" y cuando requirieron documentación al respecto no fue facilitada. "Por eso queremos sensibilizar a los políticos y jueces", sentenció.

Por todo ello Cafines denunció ante la Fiscalía la supuesta construcción ilegal que se está llevando a cabo en A Illa de Arousa en la que aportó fotos y pruebas documentales, como los continuos requerimientos al ayuntamiento para que entregue el proyecto, el reformado y el informe urbanístico y técnico.

En la denuncia consta también que en la denominada "villa PSOE" compraron propiedades altos responsables del Partido Socialista.

El alcalde del municipio, el socialista José Vázquez Vázquez, defiende la tesis de que las licencias estaban concedidas antes de que fuera obligatoria la aplicación de la norma. Sin embargo, posteriormente se han emitido varias órdenes de derribo sobre algunos edificios de los alrededores ubicados a más distancia de la orilla.

Este colectivo denunció, asimismo, recientemente otras actuaciones supuestamente ilegales en Galicia, entre las que destaca la demanda interpuesta ante la Fiscalía de Vigo en la que se asegura que personas de etnia gitana fueron excluidas de un proceso de selección de trabajadores con cargo al plan de empleo que el actual alcalde, Abel Caballero, lideró cuando presidía la Autoridad Portuaria.

Además de los casos reseñados, las principales quejas de los socios de Cafines se dirigen contra las entidades privadas que promueven la unificación de créditos y deudas y pactos de retroventa. Al respecto, afirmaron que este tipo de empresas actúan con total impunidad.

"Embargan, subastan y se quedan con los inmuebles a precio de ganga", afirmó Raimundo Piñeiro. "Constituyen verdaderas mafias organizadas en las que hay muchos intereses creados, que en muchos casos se relacionan con el narcotráfico", concluyó.