El revuelo levantado en torno a las balanzas fiscales publicadas recientemente por el Ministerio de Economía tiene más de fuegos artificiales que de evidencias sobre beneficiados y perjudicados por el sistema fiscal español. Las comunidades deficitarias, es decir, las que aportan más al Estado de lo que reciben, coinciden con las más ricas, como no podía ser de otra manera, mientras que son las más pobres las que presentan un saldo positivo de intercambios.
No está claro, sin embargo, que de este resultado pueda deducirse que las primeras soportan el coste de la solidaridad entre los territorios y que las segundas son las que se benefician, puesto que el sistema impositivo es el mismo para cada uno de nosotros y todos contribuimos de la misma manera a los ingresos del Estado, en función de nuestra capacidad individual.
No hay, por tanto, solidaridad entre los territorios a la hora de pagar impuestos, dado que ni las leyes ni los gobernantes discriminan a favor de unos y en contra de otros, pero sí que puede manifestarse a la hora de aplicar el gasto. Puede admitirse que cuanto mayor sea el contraste entre la distribución del gasto y el nivel de renta o de PIB por habitante, mayor será el compromiso de solidaridad del gobierno de turno.
Otra cosa es la potencia redistributiva del sistema, que resulta de la acción conjunta de un sistema fiscal progresivo, que hace pagar más al que más tiene, y de una política de gasto público que da prioridad a los que menos tienen.
Lo que no se ha explicado de los datos publicados por el Ministerio es que en los balances fiscales de las comunidades aparecen bastantes reflejos de regresividad, que bien podrían interpretarse como insolidaridad. Una primera señal se aprecia al comparar la desigualdad en PIB por habitante con la desigualdad de los saldos fiscales. La cuestión es que si el sistema fiscal fuese proporcional, es decir, si todo el mundo contribuye en idéntica proporción de sus rentas y de su riqueza, y el gasto público es neutral desde un punto de vista social, es decir, tratase a todo el mundo por igual, el resultado también sería balanzas fiscales con superávit en las zonas pobres y deficitarias en las ricas.
Una forma de comprobar si esto pudiera estar ocurriendo es comparando el nivel de desigualdad entre el PIB por habitante que publica el INE en su Contabilidad Regional, con el del saldo de la balanzas fiscales regionales en términos de porcentaje del PIB. El ejercicio es complejo porque el Ministerio ha publicado un total de seis balanzas elaboradas con diferente metodología, pero pretendiendo todas ellas mostrar lo mismo, aunque con resultados diferentes.
Para resolver el dilema hemos optado por tomar el valor promedio de las seis y el resultado nos indica que la desigualdad en PIB por habitante es 2,3 veces mayor que la desigualdad en el trato fiscal a los territorios, lo que significa que ni de lejos cabe esperar que como consecuencia del sistema de relaciones fiscales entre comunidades autónomas y el Estado vaya a producirse una corrección significativa de las desigualdades regionales existentes.
Un detalle adicional se consigue al estudiar por separado los dos componentes del saldo fiscal, es decir, la contribución de cada comunidad a los ingresos del Estado y su participación en el total del gasto. Ambas magnitudes se han puesto en relación, en primer lugar, con el PIB de la comunidad y, en segundo lugar, con el volumen de población.
Lo primero que se aprecia es que los resultados quedan decisivamente condicionados por las comunidades forales, absolutamente ajenas a cualquier esquema de solidaridad y con niveles muy reducidos, en comparación con el resto, tanto de beneficios como de contribución.
Pero quizás lo más llamativo es que los principales beneficiarios por realizar una aportación relativa reducida no son las comunidades más pobres (Extremadura y Andalucía), sino Asturias y Galicia, seguramente por las subvenciones al carbón, y a continuación Madrid, cuya presencia se explica por su elevado nivel de renta y los criterios de reparto territorial aplicados a los impuestos recaudados en la capital.
Mucho mayor contenido social se aprecia en la distribución de los gastos del Estado, puesto que las principales beneficiarias son Extremadura, Asturias, Ceuta, Melilla y Galicia, mientras que las que menos reciben son las más ricas, Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia. Andalucía queda en una posición intermedia, aunque con un saldo claramente favorable debido, sobre todo, a la participación en el gasto publico, que contrasta con un esfuerzo fiscal relativamente elevado.
La valoración se modifica sensiblemente cuando las magnitudes se expresan en términos per cápita. Como cabía esperar, la carga por habitante está intensa y positivamente correlacionada con el PIB por habitante, pero no ocurre lo mismo con los beneficios.
Los que menos se benefician del gasto del Estado son los baleares, valencianos y murcianos y a continuación catalanes y andaluces.
El resultado es sorprendente, sobre todo, porque entre los que consiguen unos beneficios por habitante superiores a la media figuran los madrileños, riojanos o aragoneses, todos ellos con niveles de renta superiores a la media.
No está claro, sin embargo, que de este resultado pueda deducirse que las primeras soportan el coste de la solidaridad entre los territorios y que las segundas son las que se benefician, puesto que el sistema impositivo es el mismo para cada uno de nosotros y todos contribuimos de la misma manera a los ingresos del Estado, en función de nuestra capacidad individual.
No hay, por tanto, solidaridad entre los territorios a la hora de pagar impuestos, dado que ni las leyes ni los gobernantes discriminan a favor de unos y en contra de otros, pero sí que puede manifestarse a la hora de aplicar el gasto. Puede admitirse que cuanto mayor sea el contraste entre la distribución del gasto y el nivel de renta o de PIB por habitante, mayor será el compromiso de solidaridad del gobierno de turno.
Otra cosa es la potencia redistributiva del sistema, que resulta de la acción conjunta de un sistema fiscal progresivo, que hace pagar más al que más tiene, y de una política de gasto público que da prioridad a los que menos tienen.
Lo que no se ha explicado de los datos publicados por el Ministerio es que en los balances fiscales de las comunidades aparecen bastantes reflejos de regresividad, que bien podrían interpretarse como insolidaridad. Una primera señal se aprecia al comparar la desigualdad en PIB por habitante con la desigualdad de los saldos fiscales. La cuestión es que si el sistema fiscal fuese proporcional, es decir, si todo el mundo contribuye en idéntica proporción de sus rentas y de su riqueza, y el gasto público es neutral desde un punto de vista social, es decir, tratase a todo el mundo por igual, el resultado también sería balanzas fiscales con superávit en las zonas pobres y deficitarias en las ricas.
Una forma de comprobar si esto pudiera estar ocurriendo es comparando el nivel de desigualdad entre el PIB por habitante que publica el INE en su Contabilidad Regional, con el del saldo de la balanzas fiscales regionales en términos de porcentaje del PIB. El ejercicio es complejo porque el Ministerio ha publicado un total de seis balanzas elaboradas con diferente metodología, pero pretendiendo todas ellas mostrar lo mismo, aunque con resultados diferentes.
Para resolver el dilema hemos optado por tomar el valor promedio de las seis y el resultado nos indica que la desigualdad en PIB por habitante es 2,3 veces mayor que la desigualdad en el trato fiscal a los territorios, lo que significa que ni de lejos cabe esperar que como consecuencia del sistema de relaciones fiscales entre comunidades autónomas y el Estado vaya a producirse una corrección significativa de las desigualdades regionales existentes.
Un detalle adicional se consigue al estudiar por separado los dos componentes del saldo fiscal, es decir, la contribución de cada comunidad a los ingresos del Estado y su participación en el total del gasto. Ambas magnitudes se han puesto en relación, en primer lugar, con el PIB de la comunidad y, en segundo lugar, con el volumen de población.
Lo primero que se aprecia es que los resultados quedan decisivamente condicionados por las comunidades forales, absolutamente ajenas a cualquier esquema de solidaridad y con niveles muy reducidos, en comparación con el resto, tanto de beneficios como de contribución.
Pero quizás lo más llamativo es que los principales beneficiarios por realizar una aportación relativa reducida no son las comunidades más pobres (Extremadura y Andalucía), sino Asturias y Galicia, seguramente por las subvenciones al carbón, y a continuación Madrid, cuya presencia se explica por su elevado nivel de renta y los criterios de reparto territorial aplicados a los impuestos recaudados en la capital.
Mucho mayor contenido social se aprecia en la distribución de los gastos del Estado, puesto que las principales beneficiarias son Extremadura, Asturias, Ceuta, Melilla y Galicia, mientras que las que menos reciben son las más ricas, Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia. Andalucía queda en una posición intermedia, aunque con un saldo claramente favorable debido, sobre todo, a la participación en el gasto publico, que contrasta con un esfuerzo fiscal relativamente elevado.
La valoración se modifica sensiblemente cuando las magnitudes se expresan en términos per cápita. Como cabía esperar, la carga por habitante está intensa y positivamente correlacionada con el PIB por habitante, pero no ocurre lo mismo con los beneficios.
Los que menos se benefician del gasto del Estado son los baleares, valencianos y murcianos y a continuación catalanes y andaluces.
El resultado es sorprendente, sobre todo, porque entre los que consiguen unos beneficios por habitante superiores a la media figuran los madrileños, riojanos o aragoneses, todos ellos con niveles de renta superiores a la media.
*Profesor de la Universidad de Málaga
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