Legalidad universitaria / Manuel Hernández Iglesias

Uno de los principios básicos de todo estado democrático de derecho es el imperio de la ley. Es decir, que todas las instituciones, públicas o privadas, deben estar sometidas a la legalidad. Otro de los principios básicos de un estado moderno es la demarcación clara entre lo público y lo privado. Y otro es la separación entre el Estado y las confesiones religiosas. Pues bien, hay razones para sospechar que estos tres pilares de la democracia están siendo conculcados en la Región de Murcia en el terreno de la política universitaria.

El primero porque, en virtud de los acuerdos entre España y el Vaticano (conocidos popularmente como el Concordato), hay un tipo de Universidades, las Universidades de la Iglesia, que no están sujetas ni a las reglas, requisitos y controles legalmente establecidos para las Universidades públicas ni tampoco a las reglas, controles y requisitos legalmente establecidas para las Universidades privadas.

La consecuencia es que dichas Universidades, como es el caso de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) se sitúan en una “zona gris”, en una especie de limbo legal en el que, por un lado, el Estado tiene la obligación de reconocer sus títulos pero, por otro, carece legalmente de competencias para verificar que se cumplen ciertos requisitos que garanticen la idoneidad de dichos títulos. Lo que significa que, a diferencia de las demás universidades, tanto públicas como privadas, las de la Iglesia disfrutan de un cheque en blanco para impartir títulos con la misma validez que las que sí están sometidas a requisitos y controles legalmente fijados.

La necesaria demarcación entre lo público y lo privado también se difumina desde el momento en que una Universidad no sometida a control público, y que, como es el caso de la UCAM, tiene como titular a una sola persona, recibe fondos públicos y un trato de privilegio por parte del gobierno regional en detrimento de las propias universidades públicas. Nos encontramos con que recursos públicos son entregados a manos privadas.

Si además se tiene en cuenta que estos tratos entre instituciones públicas y negocios privados incluyen adquisiciones de suelo público y recalificaciones de terrenos, la cosa resulta especialmente seria. Y más todavía si, como sucede, una de las personas que gestionó una de esas adquisiciones está procesada precisamente por presuntas irregularidades en operaciones de este tipo (concretamente un general que gestionó la adquisición por parte de la UCAM de terrenos del Ministerio de Defensa).

En cuanto a la separación entre las confesiones religiosas y el Estado, ésta queda totalmente desvirtuada desde el momento en que, por el mero hecho de ser de la Iglesia, se exime a un proyecto de universidad de cumplir los requisitos que sí se exigen a cualquier otra universidad (incluidas las universidades católicas privadas que no son de Iglesia, que las hay) y además se le concede un trato de favor con relación a las universidades a las que sí se le exigen esos requisitos.

Resumiendo: debido, por una parte, al Concordato y, por otra, al trato de favor concedido por el Gobierno regional y los Ayuntamientos de Murcia y Cartagena, hay una institución que, por el mero hecho de ser de la Iglesia, sin más requisito, ve homologados sus títulos y, además, se beneficia de generosas subvenciones públicas y un trato de favor por parte de la adminsitración educativa. O sea, recursos públicos puestos a disposición de una entidad privada que, por ser de la Iglesia, no está sometida la legalidad universitaria. Conclusión: ni principio de legalidad, ni demarcación de lo público y lo privado ni separación Iglesia-Estado.

Para intentar cambiar eso se ha constituido la Plataforma por la Democracia Universitaria, en la que se ha integrado la agrupación de la Región de Murcia de Unión Progreso y Democracia.

Sólo le pondría dos pegas a la Plataforma. Una es que no me convence mucho el nombre; pero lo importante es su objetivo fundamental, que es la defensa de la legalidad universitaria (que es como yo hubiera llamado a la plataforma, porque creo que es lo que es: una plataforma en defensa de la legalidad universitaria). La otra pega es que es demasiado tímida en sus planteamientos, porque no incluye entre sus objetivos la crítica a la regulación que hace el Concordato de las Universidades de la Iglesia.

Es verdad que ese es un asunto que desborda el ámbito regional de la plataforma. Pero también lo es que, mientras exista la obligación por parte del Estado de reconocer validez oficial a los títulos de unas instituciones (las universidades eclesiásticas) que están eximidas de cumplir los requisitos legales que se exigen al resto de las universidades (incluidas, repito las privadas, sean católicas o no), estos problemas serán inevitables, y gobierne quien gobierne y gobierne como gobierne en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o en los Ayuntamientos de la Región.