CARTAGENA.- La huelga de funcionarios de la Administración de Justicia ha sumido en la crisis a más de la mitad de despachos de procuradores y abogados del partido judicial de Cartagena desde que comenzara el pasado 4 de febrero, según revela hoy "El Faro".Y es que, la petición de equiparación de sueldo entre los funcionarios de las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia no transferidas, con aquellos que trabajan en zonas transferidas, ha supuesto la suspensión de más de 1.500 juicios en Cartagena, con la consecuencia de que los expedientes judiciales se mantienen en los despachos a la espera de un nuevo señalamiento.
Así, la situación ya ha sido calificada como “caótica” por el decano del Colegio de Procuradores de Cartagena, Antonio Cárceles (en la imagen), quien señaló que “son ya demasiados días los que llevan ambas partes sin llegar a un acuerdo, lo que ha provocado que más de la mitad de los despachos estén en una situación comprometida y al borde de una grave crisis”.
Del mismo modo, el decano indicó que el colectivo de abogados se encuentra prácticamente en la misma situación, afirmación ésta que no pudo ser ratificada por el decano del colectivo en Cartagena, Luis Ruipérez, por encontrarse fuera de la ciudad portuaria.
No obstante, en declaraciones pasadas, Ruipérez confirmó que la situación también es extrema para el colectivo de los abogados cartageneros, alrededor del millar, y expresó su deseo de que el conflicto llegue a una solución cuanto antes.
En este sentido, el decano de los procuradores señaló que, de continuar la huelga, los consejos generales de su colectivo y del de los abogados pedirán al Ministerio de Justicia que les informe de las propuestas que hay sobre la mesa de negociación. Y es que, Cárceles apuntó que, aunque están de acuerdo con las reivindicaciones salariales de los funcionarios de Justicia, el colectivo de empleados públicos debería hacer un esfuerzo por llegar a un acuerdo con el Ministerio.
En este sentido, el decano de los procuradores indicó que el control horario, el absentismo o la problemática de los cursos de formación, son flecos que deberían dejarse a un lado para intentar llegar al fin de la huelga de Justicia.
Los más afectados por la huelga de funcionarios de Justicia son los pequeños despachos tanto de abogados como de procuradores, ya que, al trabajar tan sólo con el expediente judicial, desde el pasado 4 de febrero, día en que comenzó la huelga, ven como sus despachos no reciben nuevos casos.
Sin embargo, aquellos despachos que se dedican además a labores de consulta y asesoramiento están salvando la crisis con más opciones que sus colegas, aunque si no se llega a un acuerdo en breve podría afectarles también.
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