(Concejalía) de Educación contra la Ciudananía / José Ignacio Tornel Aguilar

Con el reposo vacacional me vuelve a la memoria el traslado y derribo de la Escuela Infantil Pública "La Paz", promovidos por el alcalde de Murcia y escenificados por Doña Pilar Megía, concejala de Educación, aunque cueste creerlo, quien se fotografiaba ufana entre el convenido aluvión de besos y aplausos de la ya clásica orquesta de acólitos presta a entonar el “Honky tonk women”.

Los heraldos del Partido Popular juraban que la eliminación de la Escuela iniciaba el proyecto urbanístico para renovar el barrio prometido desde hace tres años, cuando pocos días después, en la prensa local, un alcalde sin escrúpulos anunciaba otro aplazamiento hasta mediados o finales de 2008, confirmando con sangre fría lo caprichoso del derribo.

Conviene explicar algún detalle de aquel canallesco proceso.

Según denunció entonces la Federación de Enseñanza de CCOO en el Consejo Escolar Municipal, las nuevas instalaciones de la Escuela (provisionales, fuera del barrio, en zona deshabitada) carecían de autorización de apertura. Doña Pilar Megía fue requerida sobre la aplicación de la normativa que rige la Escuela Infantil "La Paz"; a saber, Real Decreto 332/1992 (BOE 9 abril), y en concreto el Titulo IV. Modificaciones de la autorización, art. 13.2: “Se consideran circunstancias que dan lugar a una nueva autorización las siguientes: b) Cambio de domicilio del centro por traslado de instalaciones”.

La señora concejala afirmó haber tramitado la petición de nueva autorización ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, como órgano responsable, sin disponer de respuesta aún. El representante de la Administración Educativa contradijo a la señora Megía, asegurando que su Consejería tuvo que reclamar dicha petición al Ayuntamiento para poder así conceder el permiso. En la siguiente reunión del Consejo, doña Pilar descargó su responsabilidad en el Jefe del servicio de Escuelas Infantiles, alegando que el 23 de Octubre de 2007 “se comunicó” a la Consejería la decisión del traslado.

La posterior demolición del edificio y arbolado se aprobó en Junta de gobierno municipal de 25 de octubre, bajo el cínico argumento de riesgo de ruina y ocupación ilegal, y fue ejecutada esa misma tarde.

En aquellos momentos no existía la aprobación provisional de la Modificación nº 93 del PGOU que afecta al barrio La Paz, elemento básico para iniciar los trámites del futuro proyecto urbanístico, ni había contestado el Ayuntamiento a las alegaciones, ni mostrado informes sectoriales, técnicos ni jurídicos. Esta aprobación provisional no llegó hasta el Pleno Extraordinario de 22 de Noviembre de 2007.

Para mayor escándalo, sucede que la Modificación en ningún momento propone demoler la Escuela, pues el único plano que parece afectarle, junto a otras edificaciones como el Colegio público, es un plano de zonificación y alineaciones “orientativas”; es decir, no vinculantes y, por tanto, insuficientes para justificar la demolición.

Quizá la señora concejala justificara su decisión al tomar en consideración y aceptar el PERI presentado por el promotor interesado en ocupar suelo público (el del “I love Cámara” y “me niego a ser mediocre”), lo que se antojaría improcedente pues en aquellos momentos ese PERI no había seguido ni podía seguir trámite administrativo alguno, ni había (ni ha) sido aprobado por nadie.

No paro de escuchar que si se confirmara la ausencia de documentos oficialmente aprobados para justificar la actuación de la señora Megía, sería necesario dilucidar si asistimos o no a la adopción de una medida injusta a sabiendas de que lo es, o prevaricación.

Aún hoy falta la aprobación definitiva de la Modificación por la Comunidad Autónoma, consejero de Obras Públicas o Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Asesor de Urbanismo y/o de los Servicios Jurídicos de la CARM.

Si ni el señor Cámara ni la señora Megía podían conocer la resolución que adoptará la Consejería de Obras Públicas ¿cómo osaron firmar una decisión tan grave como el desalojo de una Escuela y la demolición de un bien patrimonial y público? ¿Qué prisas urgían la demolición si luego han tardado dos meses en trasladar la Modificación a la Comunidad Autónoma? ¿Qué pasará si la Comunidad no aprueba la Modificación nº 93 o introduce variaciones que invaliden la actuación del alcalde y la concejala? ¿No es ésta una forma de presión añadida contra los funcionarios encargados de los estudios técnicos y las conclusiones?

Ningún responsable municipal del servicio educativo ha explicado el futuro de esta Escuela Infantil Pública: hasta cuándo seguirán las aulas prefabricadas, quién financia (y por qué motivo) esas instalaciones y paga su mantenimiento, dónde está previsto ubicar la futura Escuela y quién se responsabiliza de su construcción, en qué documento oficial vienen plasmadas y firmadas estas condiciones, ...

El cinismo de Cámara queda resumido en esta respuesta a un ciudadano en un debate televisado: “La inversión en Escuelas Infantiles es una constante cada año que permite aumentar la calidad de estas instalaciones. Prueba de ello es que tres de nuestras Escuelas Infantiles fueron consideradas este año entre las mejores de España. El Ayuntamiento de Murcia seguirá promoviendo la creación de nuevas Escuelas Infantiles y ya se ultiman diversos proyectos en diferentes pedanías.”

La Dirección General de Centros de la Consejería de Educación recibe presiones por parte de determinados responsables municipales que exigen desafectar de inmediato las instalaciones del Colegio Públicode "La Paz", siempre en función de un proyecto sin aprobar y bajo la tutela del mismo promotor inmobiliario. La inspectora de Educación responsable de ese centro ya conoce las casetas puestas a disposición por el promotor que ha fijado su interés en el solar del actual colegio público.

Me pregunto por qué la Inspección Educativa atiende las especulaciones de un particular sobre el futuro de un centro público en estas condiciones. Como si la señora inspectora fuera concejala de Urbanismo. Me pregunto con qué derecho visita el centro un empleado de la empresa interesada en destruirlo ofreciendo instalaciones particulares en peores condiciones y quién se lo permite.

Destruir un centro educativo público y alentar la amenaza latente sobre el otro son las únicas actuaciones de Cámara en La Paz. Así hilvana su proyecto social nuestro ilustre nazareno.