MURCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) ha acordado hoy asumir el caso de la presunta trama de corrupción urbanística en Totana e investigar la supuesta vinculación del diputado regional Juan Morales en la misma.
Según fuentes del TSJ, la Sala ha designado como instructor de la causa al magistrado Julián Pérez Templado Jordán, y nombrado como ponente al magistrado Manuel Abadía Vicente.
Esta decisión se produce después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solicitara a esta Sala que asumiera el caso y que llamase a declarar como imputado al anterior alcalde de Totana y diputado regional Juan Morales.
El fiscal superior de la Región, Manuel López Bernal, presentó ayer el informe solicitado por el TSJ la pasada semana, en el que se indicaba que dada la condición de aforado de Morales el órgano competente para enjuiciarlo es la Sala de lo Civil y Penal.
En su escrito la Fiscalía afirmó que en la investigación realizada por el Juzgado de Instrucción de Totana en el marco de la Operación Tótem han aparecido indicios de criminalidad contra Morales que exigen extender la investigación a este ex alcalde.
Según el informe, esos indicios derivarían de las intervenciones telefónicas grabadas con autorización judicial, de documentos aportados a la causa y de lo manifestado por otros imputados.
De confirmarse el contenido de estas pruebas, añade el informe, el ex alcalde habría podido incurrir, entre otros, en los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación.
La operación judicial de la que se derivan estas actuaciones comenzó el pasado 26 de noviembre, con la detención de seis personas en Totana, Murcia, Vigo y Madrid y continuó tres días después con la puesta a disposición de otros cuatro imputados, hasta alcanzar en conjunto la quincena con las detenciones llevadas a cabo después.
De todos los investigados el único que permanece en prisión desde primeros días de diciembre es el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo.- (EFE)
Según fuentes del TSJ, la Sala ha designado como instructor de la causa al magistrado Julián Pérez Templado Jordán, y nombrado como ponente al magistrado Manuel Abadía Vicente.
Esta decisión se produce después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solicitara a esta Sala que asumiera el caso y que llamase a declarar como imputado al anterior alcalde de Totana y diputado regional Juan Morales.
El fiscal superior de la Región, Manuel López Bernal, presentó ayer el informe solicitado por el TSJ la pasada semana, en el que se indicaba que dada la condición de aforado de Morales el órgano competente para enjuiciarlo es la Sala de lo Civil y Penal.
En su escrito la Fiscalía afirmó que en la investigación realizada por el Juzgado de Instrucción de Totana en el marco de la Operación Tótem han aparecido indicios de criminalidad contra Morales que exigen extender la investigación a este ex alcalde.
Según el informe, esos indicios derivarían de las intervenciones telefónicas grabadas con autorización judicial, de documentos aportados a la causa y de lo manifestado por otros imputados.
De confirmarse el contenido de estas pruebas, añade el informe, el ex alcalde habría podido incurrir, entre otros, en los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación.
La operación judicial de la que se derivan estas actuaciones comenzó el pasado 26 de noviembre, con la detención de seis personas en Totana, Murcia, Vigo y Madrid y continuó tres días después con la puesta a disposición de otros cuatro imputados, hasta alcanzar en conjunto la quincena con las detenciones llevadas a cabo después.
De todos los investigados el único que permanece en prisión desde primeros días de diciembre es el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo.- (EFE)
3 comentarios:
AL AYUNTAMIENTO DE TOTANA
AL SEÑOR ALCALDE PRESIDENTE
Juan José Cánovas Cánovas, con DNI nº 23210063-G y domiciliado en la Dip. La Costera, 138 de Totana, en calidad de concejal de ese Ayuntamiento, ante usted comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:
Que por medio del presente escrito, vengo a interponer RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución de la Alcaldía, de fecha 16 de enero de 2008, por la que se concede a Doña Laura Bastida Chacón, “el abono de los gastos que acredite haber soportado como consecuencia de las actuaciones judiciales P. O. 835/2007 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Totana, y las que de las mismas se deriven…”. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, en relación con lo preceptuado en el artículo 211 de R. D. 2568/1986, de 28 de noviembre, y en base a los siguientes
MOTIVOS
PRIMERO: En tanto que la norma estatal aplicable y a la que se refiere el Informe que ha servido de base a la Resolución impugnada, no concreta la protección que se reconoce a los funcionarios, pero dado que esta protección sí se concreta en el Acuerdo Marco vigente en el Ayuntamiento, el derecho que le corresponde a la Secretaria, en relación con su defensa jurídica, no ha de ser otro que el concretado en la indicada norma convencional.
En tal sentido, el art.33 del citado Acuerdo Marco, dispone:
“El Ayuntamiento se compromete a la cobertura de la responsabilidad civil y asistencia letrada (A través de la asesoría jurídica del Ayuntamiento) derivada del acto del servicio de los trabajadores sujetos de este acuerdo”.
El texto, publicado en el BORM el 18 de julio de 2005, no ofrece lugar a dudas y estipula que la asistencia letrada será a través de la asesoría Jurídica del Ayuntamiento y no por letrados que el funcionario imputado elija, libremente, tal y como se deduce del texto de la Resolución recurrida, que reconoce a la Señora Bastida el derecho a la compensación por los gastos (Sin establecer límite) derivados de su asistencia letrada, nombrada por ella.
También se argumenta en el informe, como antecedente, una Resolución de 19 de enero de 2006, sin tener en cuenta que esa Resolución se refiere a una solicitud de 24 de mayo de 2005, cuando estaba en vigor (prorrogado) el anterior Acuerdo Marco de 2000 y sí contemplaba el derecho a la compensación de gastos. El Acuerdo Marco en vigor, sin embargo, no contempla tal posibilidad.
SEGUNDO: De otro lado, considerando que la Señora Bastida, está acusada por la Justicia de presunta falsedad en documento público y falso testimonio; y dado que el directo perjudicado por tales delitos es el propio Ayuntamiento, es evidente que en este caso no resulta aplicable el art.33 del Acuerdo Marco, pues no tiene sentido y está fuera de las reglas de la lógica y de la razón, que el propio Ayuntamiento directamente perjudicado por una actuación presuntamente delictiva de un funcionario, defienda judicialmente a ese funcionario, a través de sus servicios jurídicos. Además, el delito de falso testimonio del que se acusa a la funcionaria, no es derivado de un acto de servicio ni derivado de sus funciones; por lo que tampoco sería aplicable el precepto en cuestión.
En virtud de lo anterior, la Resolución impugnada resulta nula, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Por lo expuesto,
SOLICITO: Que tenga por presentado este escrito y por interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución de la Alcaldía, de fecha 16 de enero de 2008 y, en su virtud, proceda a dejarla sin efecto.
En Totana, a 22 de enero de 2008.
Fdo. Juan José Cánovas Cánovas.
“LOS CONCEJALES DE IU EN TOTANA, RECURREN LA RESOLUCIÓN DEL ALCALDE QUE ORDENABA EL PAGO DE LOS GASTOS JURIDICOS A LA SECRETARIA, ACUSADA EN LA OPERACIÓN TÓTEM”
La formación de Izquierdas considera escandaloso que el pueblo de Totana, además de ser víctima en el caso, abone los gastos jurídicos, cuando es claramente ilegal.
Los concejales de IU en el Ayuntamiento de Totana, presentarán mañana, día 24, en el registro municipal, un Recurso de Reposición a la Resolución, del Alcalde en funciones del pasado 16 de enero, por la que se reconocía el derecho a abonar los gastos jurídicos a la secretaria municipal, Laura Bastida, por el proceso en el que está acusada, por falsedad en documento público y falso testimonio, en el marco del caso “Tótem”. Bastida, que se encuentra en libertad, bajo fianza de 20.000 euros, solicitó un derecho, contemplado en el Acuerdo Marco que rige las relaciones de los funcionarios del Ayuntamiento de Totana y que contempla la cobertura jurídica del personal municipal (con los servicios propios del Ayuntamiento). Contrariamente a ese precepto, el Alcalde en funciones, Juan Carrión, le concede el derecho, abonando los gastos de los abogados que ella elija, libremente.
Resulta escandaloso, que el pueblo de Totana, tenga que abonar los gastos jurídicos, que pueden ser muy cuantiosos, a una funcionaria, acusada de falsedad en documento público por la Justicia, cuando su función es velar por que se cumpla la legalidad en los actos celebrados por la Institución Municipal. Si la secretaria municipal hubiese cumplido con su cometido, no estaría acusada ni el alcalde, José Martínez Andreo, se encontraría en prisión por ese presunto delito, si es ese el motivo, según las manifestaciones de los populares en Totana.
Este paso, según la formación eco socialista, supone un “palo de ciego” más de los muchos que ha dado el Gobierno del PP, desde el inicio de la operación, llevada a cabo por la Unidad Central de la Guardia Civil y coordinada por el Fiscal Anticorrupción. Se preguntan, desde IU, si no será una forma de contentar a una funcionaria, cuyo sueldo total supera los 60.000 euros anuales, que salen del bolsillo de los ciudadanos de Totana.
Se da la circunstancia de que fue la misma secretaria la que eliminó el derecho a la asistencia jurídica a funcionarios, eligiendo ellos los abogados, en la negociación de Acuerdo Marco del año 2005. Ahora pretende hacer uso de un derecho que ella negó al resto de técnicos, imponiendo que la asistencia letrada fuese llevada por los Servicios Internos Municipales, tal y como se reflejó en el Acuerdo Marco, en vigor, publicado en julio de 2005.
Totana, 23 de enero de 2008.
Nosomostotem
A ese peaso de totem que desprestigia cada minuto que pasa en su escaño (o que no pasa) de diputado regional, nombrado a sabiendas por el excmo nombrante con el fin de librarse de la justicia y a la alcaldesa de cartagena que todos intuimos o algunos saben va a ser diputada nacional para librarse de lo mismo y para el que tomó la decisión de nombrarlos advirtiendoles que "yo te nombro pero después diré que no pongo las manos en el fuego por nadie" ...pues eso a todos ellos hay que decirles a todo chato murciano le llega su san...y que la justicia será ciega pero los ciudadanos no.
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