En la memoria ha quedado ya lo acontecido en el pleno extraordinario del jueves 22 de noviembre. Esther Herguedas, de IU-LV, constantemente interrumpida en su denuncia de la especulación, no obtuvo amparo del alcalde para pronunciar su discurso, que fue acallado. ¿Por qué no lo impidió el alcalde? Para Marcos Ros, del PSOE, la responsabilidad de esta actuación urbanística es exclusiva del alcalde y se comprometió a promover un nuevo barrio para los vecinos, pero no así. No quiso propiciar un linchamiento público de su partido y colaborar al desprestigio de la institución municipal.
El concejal de Urbanismo destacó el “consenso alcanzado”, aunque sabe que para alcanzarlo de verdad habría que escuchar a los vecinos que no quieren esta manera de actuar ni el barrio resultante. Consenso es estar de acuerdo todos: PP, oposición, vecinos, e incluso Ministerio de Vivienda y Comunidad Autónoma, que también son propietarios de los terrenos. Si el proyecto está hecho “por y para los vecinos”, la urbanización del barrio no se la debieron encargar a un gestor que la ha convertido en una operación especulativa a partir de suelos públicos. El concejal afirmó que es “legal”, pero ¿es “legal” sin el concurso del Ministerio?. El alcalde hizo suya la opción lucrativa privada y especulativa.
La actuación de esta alcaldía puede conducir a:
* La creación de embriones de guetos, consecuencia de la excesiva concentración de muchas personas con pocos recursos económicos en torres de 25 plantas; por la emigración de propietarios de La Paz a viviendas en pedanías del extrarradio cuando se las ofrezcan a cambio de las nuevas; y por la expropiación forzosa de propietarios que no quisieran la propuesta actual.
* La acumulación de cientos de millones de Euros para los gestores de esta operación, en detrimento del beneficio generable a la gran mayoría de los ciudadanos, como propone el Colegio Oficial de Arquitectos en su propuesta Murcia 2.0. Acumulación de unos pocos por desposesión de muchos.
* El menoscabo de las libertades de expresión y de información. En su “dejar hacer” al gestor urbanístico y en la formación de la opinión pública al respecto, la alcaldía ha liderado la indiferencia, ha provocado el ensordecimiento de los oídos de los vecinos y ha consolidado el “acallar bocas” como estrategia generadora de presión para la adhesión al proyecto dominante y para doblegar a los que no le son afines. Perversa interpretación de la letra y el espíritu constitucional del “interés general”.
* La deriva hacia similares actuaciones en cientos de barrios de España, con su ingente generación de plusvalías. El modelo nunca será exportable a estados de la CE como Francia, Gran Bretaña o Alemania, donde existe un aprovechamiento público prioritario de la edificabilidad. ¿Queremos extender el modelo de recalificación de barrios urbanos consolidados, para generar plusvalías que vayan a las arcas de unas pocas personas privadas?
* La generación de inseguridad jurídica , frente a la titularidad de los terrenos; inseguridad financiera, pues la coyuntura actual puede hacer que no se vendan las viviendas proyectadas y se frustre todo (por los altos precios, el incremento del precio de las hipotecas y el bajo poder adquisitivo de los salarios) de ahí que los barrios céntricos deprimidos sean ahora el objetivo; e inseguridad social: la desaparición de las personas actuales del barrio y sus descendientes por la emigración al extrarradio. ¿Cómo van a querer comprar los nuevos habitantes que vengan, si no es por la segregación de los colectivos marginales, ya sea hacia una zona prevista en la ordenación o hacia barriadas en pedanías alejadas?
En La Paz ya no quedan vecinos, sólo propietarios. Lo público retrocede ante lo privado. El gestor urbanístico dice que no es una ONG. Sin embargo, y al amparo de derechos constitucionales fundamentales - el de la propiedad y el de una vivienda digna y sin especulación - si el Ayuntamiento permite ejecutar este proyecto especulativo, ¿no estará él mismo contribuyendo a la especulación?
Piénsese en la poca diferencia que hay entre barrios como La Fama, La Paz, El Carmen, San Andrés, Espíritu Santo, Vistalegre, etc. La cuestión sigue siendo saber quien se beneficiará de la plusvalía del aumento de la edificabilidad. ¿Quiénes son esos “demás” que pudimos leer en una pancarta de un propietario que vestía una camiseta “I love Cámara” el día del pleno? Los ciudadanos demandamos un informe económico: los gastos, los ingresos, los beneficios estimados y en qué tiempo.
La consigna del “Y ahora hacia arriba” llega obsoleta. En barrios europeos similares, llevan años demoliendo las torres residenciales que en su día otros levantaron. Construyen barrios de poca altura, más sostenibles económica y medioambientalmente, socialmente cohesionados, conciliando propietarios y arrendatarios de distintos niveles de renta, bajo la supervisión y el liderazgo de las autoridades públicas.
Ir diciendo que si no firmas y no tienes escritura o estás alquilado, te van a expropiar y te van a mandar a pedanías distantes, es algo ya frecuente en La Paz. La actual ministra de vivienda ya se ha pronunciado en contra del acoso inmobiliario que están sufriendo la gente mayor y ha anunciado medidas para evitarlo. Algunos mayores se preguntan amargamente: “¿Dónde están los jóvenes del barrio? Nos han abandonado”.
El gestor mediador y el alcalde ya han derribado 3 cipreses adultos y 4 árboles más en la antigua escuela infantil. Un niño preguntó: “¿Por qué han roto mi colegio?”. ¿Por qué se permitió derribarla antes de aprobar la Modificación Provisional? Quieren pronto desalojar el colegio público y derribarlo. ¿Va a ser este el modelo de regeneración? ¿Van a tirar abajo todos los árboles? Altos y sanos, son un patrimonio cuyo valor económico estimado es de más de 5 millones de Euros. No podemos renunciar a su valor ambiental y conformador de la memoria del barrio. Denunciar las mentiras siempre es útil. Pido un Gobierno de, por y para todos.
El concejal de Urbanismo destacó el “consenso alcanzado”, aunque sabe que para alcanzarlo de verdad habría que escuchar a los vecinos que no quieren esta manera de actuar ni el barrio resultante. Consenso es estar de acuerdo todos: PP, oposición, vecinos, e incluso Ministerio de Vivienda y Comunidad Autónoma, que también son propietarios de los terrenos. Si el proyecto está hecho “por y para los vecinos”, la urbanización del barrio no se la debieron encargar a un gestor que la ha convertido en una operación especulativa a partir de suelos públicos. El concejal afirmó que es “legal”, pero ¿es “legal” sin el concurso del Ministerio?. El alcalde hizo suya la opción lucrativa privada y especulativa.
La actuación de esta alcaldía puede conducir a:
* La creación de embriones de guetos, consecuencia de la excesiva concentración de muchas personas con pocos recursos económicos en torres de 25 plantas; por la emigración de propietarios de La Paz a viviendas en pedanías del extrarradio cuando se las ofrezcan a cambio de las nuevas; y por la expropiación forzosa de propietarios que no quisieran la propuesta actual.
* La acumulación de cientos de millones de Euros para los gestores de esta operación, en detrimento del beneficio generable a la gran mayoría de los ciudadanos, como propone el Colegio Oficial de Arquitectos en su propuesta Murcia 2.0. Acumulación de unos pocos por desposesión de muchos.
* El menoscabo de las libertades de expresión y de información. En su “dejar hacer” al gestor urbanístico y en la formación de la opinión pública al respecto, la alcaldía ha liderado la indiferencia, ha provocado el ensordecimiento de los oídos de los vecinos y ha consolidado el “acallar bocas” como estrategia generadora de presión para la adhesión al proyecto dominante y para doblegar a los que no le son afines. Perversa interpretación de la letra y el espíritu constitucional del “interés general”.
* La deriva hacia similares actuaciones en cientos de barrios de España, con su ingente generación de plusvalías. El modelo nunca será exportable a estados de la CE como Francia, Gran Bretaña o Alemania, donde existe un aprovechamiento público prioritario de la edificabilidad. ¿Queremos extender el modelo de recalificación de barrios urbanos consolidados, para generar plusvalías que vayan a las arcas de unas pocas personas privadas?
* La generación de inseguridad jurídica , frente a la titularidad de los terrenos; inseguridad financiera, pues la coyuntura actual puede hacer que no se vendan las viviendas proyectadas y se frustre todo (por los altos precios, el incremento del precio de las hipotecas y el bajo poder adquisitivo de los salarios) de ahí que los barrios céntricos deprimidos sean ahora el objetivo; e inseguridad social: la desaparición de las personas actuales del barrio y sus descendientes por la emigración al extrarradio. ¿Cómo van a querer comprar los nuevos habitantes que vengan, si no es por la segregación de los colectivos marginales, ya sea hacia una zona prevista en la ordenación o hacia barriadas en pedanías alejadas?
En La Paz ya no quedan vecinos, sólo propietarios. Lo público retrocede ante lo privado. El gestor urbanístico dice que no es una ONG. Sin embargo, y al amparo de derechos constitucionales fundamentales - el de la propiedad y el de una vivienda digna y sin especulación - si el Ayuntamiento permite ejecutar este proyecto especulativo, ¿no estará él mismo contribuyendo a la especulación?
Piénsese en la poca diferencia que hay entre barrios como La Fama, La Paz, El Carmen, San Andrés, Espíritu Santo, Vistalegre, etc. La cuestión sigue siendo saber quien se beneficiará de la plusvalía del aumento de la edificabilidad. ¿Quiénes son esos “demás” que pudimos leer en una pancarta de un propietario que vestía una camiseta “I love Cámara” el día del pleno? Los ciudadanos demandamos un informe económico: los gastos, los ingresos, los beneficios estimados y en qué tiempo.
La consigna del “Y ahora hacia arriba” llega obsoleta. En barrios europeos similares, llevan años demoliendo las torres residenciales que en su día otros levantaron. Construyen barrios de poca altura, más sostenibles económica y medioambientalmente, socialmente cohesionados, conciliando propietarios y arrendatarios de distintos niveles de renta, bajo la supervisión y el liderazgo de las autoridades públicas.
Ir diciendo que si no firmas y no tienes escritura o estás alquilado, te van a expropiar y te van a mandar a pedanías distantes, es algo ya frecuente en La Paz. La actual ministra de vivienda ya se ha pronunciado en contra del acoso inmobiliario que están sufriendo la gente mayor y ha anunciado medidas para evitarlo. Algunos mayores se preguntan amargamente: “¿Dónde están los jóvenes del barrio? Nos han abandonado”.
El gestor mediador y el alcalde ya han derribado 3 cipreses adultos y 4 árboles más en la antigua escuela infantil. Un niño preguntó: “¿Por qué han roto mi colegio?”. ¿Por qué se permitió derribarla antes de aprobar la Modificación Provisional? Quieren pronto desalojar el colegio público y derribarlo. ¿Va a ser este el modelo de regeneración? ¿Van a tirar abajo todos los árboles? Altos y sanos, son un patrimonio cuyo valor económico estimado es de más de 5 millones de Euros. No podemos renunciar a su valor ambiental y conformador de la memoria del barrio. Denunciar las mentiras siempre es útil. Pido un Gobierno de, por y para todos.
3 comentarios:
Este artículo ha costado tres años escribirlo, Chema, pero ahí está.
Lo importante es que tenga difusión. Yo vivo en La Fama y no se filtra casi nada de información, apenas lo que dicen el promotor, el alcalde y los vocingleros favorables a los anteriores. Creo que los vecinos de la Paz y la concejala de IU deberían pedir el amparo de la CE, la actuación del PP en el ayuntamiento de Murcia es despreciable, más propia de los caciques de hace un siglo que de la democracia que se supone vivimos y disfrutamos.
Agradezco al vecino de La Fama su reflexión. Es verdad que llega a lo obsceno todo lo que está pasando. Simplemente piensan que nos pueden hacer pensar que es totalmente razonable y compatible "dar" una vivienda a personas con necesidades, hacinarlos, segregarlos y alejarlos para que no sean muy visibles, con hacerse millonarios a partir de las viviendas, bajos comerciales, plazas de garaje y centros comerciales que se construyan de más. Un gran pelotazo con vitola de social. Y encima nos lo tenemos que tragar. Prefiero la actuación de las instituciones públicas a todos los niveles: local, regional, nacional y, como dices, europeo.
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