MURCIA.- El caso de La Zerrichera puede dar otro giro al conocerse que el ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, envió un oficio a sus superiores planteando si procedía revisar la declaración de impacto medioambiental que él mismo había firmado y que permitió después recalificar los terrenos de Águilas para urbanizarlos, revela "La Verdad".
Todo ello a raíz de la queja planteada por el profesor de la Universidad de Almería, Francisco Gómez Mercado, de que su estudio de botánica había tenido «un uso indebido y excesivo», de tal forma que se le atribuía la autoría de que se podía urbanizar. Alvarado envió su escrito el pasado 11 de abril, casi año y medio después de la denuncia de este profesor.
A preguntas de La Verdad, el Gobierno regional ha confirmado la existencia de ese escrito del ex director general, que es uno de los imputados en la instrucción del caso. Las mismas fuentes apuntaron que desean aclarar todo lo relativo a este asunto y que no hay nada que ocultar.
Según el documento interno, Antonio Alvarado propuso a sus superiores -la consejería estaba a cargo de Benito Mercader, que sustotuyó a Francisco Marqués- si procedía realizar «una revisión puntual» de su propio expediente. A la vez que proponía que el profesor Gómez Mercado identificara qué parte del expediente no se ajustaba a su informe académico. Alvarado, en resumen, ponía en duda la base científica que había permitido en última instancia recalificar los terrenos protegidos como LIC y ZEPA. Igual que lo había hecho, con mayor contundencia, su subordinado, Juan Ignacio Sánchez Gelabert, jefe de servicio de Calidad Ambiental, quien no ha asumido el informe que firmó tras comprobar que había serias dudas sobre el sostén científico, tal como publicó este periódico el pasado día 22.
Antonio Alvarado y Sánchez Gelabert han mantenido hasta ahora que su actuación se ajustó en todo momento a la legalidad y el pasado día 18 así se reafirmaron ante el juez, según ha indicado Joaquín López, abogado que defiende la denuncia del PSOE.
Reacción de Gelabert
El escrito que envió Antonio Alvarado señalaba que a la vista de las supuestas irregularidades detectadas «procede determinar las circunstancias que de ello se deriven». El ex director general comentó al parecer a los responsables de la Consejería de Medio Ambiente que no había tenido conocimiento hasta ese momento de la queja de la Universidad de Almería. Dicha reclamación entró en el registro de la secretaría general, entonces a cargo de Reyes Sánchez, e iba dirigida al propio Alvarado, según figura en la copia.
El ex director general adujo pues desconocimiento. Éste actuó motivado por Sánchez Gelabert, que fue el primero que reaccionó a la noticia publicada por La Verdad en febrero pasado, dando cuenta de la reclamación de la Universidad de Almería. Sánchez Gelabert mandó una nota interna a Alvarado, con fecha del 19 de febrero, diciendo que ya no asumía su evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000 (los efectos que tendría la urbanización sobre el medio natural). Es más, puso por escrito que su informe «está afectado en el contenido, alcance y posiblemente en el sentido de sus conclusiones».
La declaración de impacto ambiental no es revisable individualmente, según la ley, sino que le compete actuar al organo sustantivo que aprobó la recalificación de los terrenos, como fue la Consejería de Obras Públicas. Así se le indicó a Alvarado en junio. Un mes después dejó el cargo.
Todo ello a raíz de la queja planteada por el profesor de la Universidad de Almería, Francisco Gómez Mercado, de que su estudio de botánica había tenido «un uso indebido y excesivo», de tal forma que se le atribuía la autoría de que se podía urbanizar. Alvarado envió su escrito el pasado 11 de abril, casi año y medio después de la denuncia de este profesor.
A preguntas de La Verdad, el Gobierno regional ha confirmado la existencia de ese escrito del ex director general, que es uno de los imputados en la instrucción del caso. Las mismas fuentes apuntaron que desean aclarar todo lo relativo a este asunto y que no hay nada que ocultar.
Según el documento interno, Antonio Alvarado propuso a sus superiores -la consejería estaba a cargo de Benito Mercader, que sustotuyó a Francisco Marqués- si procedía realizar «una revisión puntual» de su propio expediente. A la vez que proponía que el profesor Gómez Mercado identificara qué parte del expediente no se ajustaba a su informe académico. Alvarado, en resumen, ponía en duda la base científica que había permitido en última instancia recalificar los terrenos protegidos como LIC y ZEPA. Igual que lo había hecho, con mayor contundencia, su subordinado, Juan Ignacio Sánchez Gelabert, jefe de servicio de Calidad Ambiental, quien no ha asumido el informe que firmó tras comprobar que había serias dudas sobre el sostén científico, tal como publicó este periódico el pasado día 22.
Antonio Alvarado y Sánchez Gelabert han mantenido hasta ahora que su actuación se ajustó en todo momento a la legalidad y el pasado día 18 así se reafirmaron ante el juez, según ha indicado Joaquín López, abogado que defiende la denuncia del PSOE.
Reacción de Gelabert
El escrito que envió Antonio Alvarado señalaba que a la vista de las supuestas irregularidades detectadas «procede determinar las circunstancias que de ello se deriven». El ex director general comentó al parecer a los responsables de la Consejería de Medio Ambiente que no había tenido conocimiento hasta ese momento de la queja de la Universidad de Almería. Dicha reclamación entró en el registro de la secretaría general, entonces a cargo de Reyes Sánchez, e iba dirigida al propio Alvarado, según figura en la copia.
El ex director general adujo pues desconocimiento. Éste actuó motivado por Sánchez Gelabert, que fue el primero que reaccionó a la noticia publicada por La Verdad en febrero pasado, dando cuenta de la reclamación de la Universidad de Almería. Sánchez Gelabert mandó una nota interna a Alvarado, con fecha del 19 de febrero, diciendo que ya no asumía su evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000 (los efectos que tendría la urbanización sobre el medio natural). Es más, puso por escrito que su informe «está afectado en el contenido, alcance y posiblemente en el sentido de sus conclusiones».
La declaración de impacto ambiental no es revisable individualmente, según la ley, sino que le compete actuar al organo sustantivo que aprobó la recalificación de los terrenos, como fue la Consejería de Obras Públicas. Así se le indicó a Alvarado en junio. Un mes después dejó el cargo.
3 comentarios:
La actividad urbanística regional ganará en transparencia, seguridad jurídica y claridad gracias al decreto del Gobierno autónomo que regula la aplicación en la Región de la nueva ley del Suelo estatal y la controvertida ley sobrela evaluación ambiental estratégica, y que modifica diversos aspectos de la ley regional del Suelo.
Sin embargo, el anteproyecto de decreto, presentado ayer en la Consejería de Obras Públicas, no despeja todas las dudas de los agentes que intervienen en la actividad inmobiliaria sobre determinadas cuestiones, en especial la relativa a la aplicación de la reserva del 30% del suelo para viviendas de promoción pública que marca la ley estatal.
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte celebró ayer en el salón de actos de su sede, en Murcia, una jornada para explicar las novedades que recoge el anteproyecto del decreto que modifica determinados artículos de la normativa regional urbanística y medioambiental. Entre los invitados figuraban promotores, alcaldes, concejales de Urbanismo, representantes de los colegios profesionales y técnicos, que acogieron el anteproyecto con satisfacción general, pero también con algunos interrogantes.
Información pública
Una de las principales novedades es la obligatoriedad de exponer en información pública durante 20 días los convenios urbanísticos entre promotores y ayuntamientos antes de su aprobación, lo que permitirá que todos aquellos interesados o afectados puedan presentar alegaciones.
Los convenios urbanísticos, uno de los instrumentos de desarrollo inmobiliario más usados en la Región en los últimos años, y también que más polémica han generado, ganarán con esta nueva medida en «transparencia, publicidad y participación de los ciudadanos», indicó el director general de Urbanismo, Antonio Navarro. Hasta ahora, el contenido de los convenios era publicado en el Boletín Oficial de la Región después de su aprobación.
Publicidad telemática
Con respecto a los convenios urbanísticos, el anteproyecto restringe la capacidad de los promotores para negociar prestaciones con los ayuntamientos que puedan perjudicar a terceras personas. De esta forma, los convenios requerirán obligatoriamente la conformidad de todos los propietarios afectados.
Con el objeto de ampliar la accesibilidad de los ciudadanos a los proyectos urbanísticos, el anteproyecto de decreto obliga a los ayuntamientos a disponer en soporte digital los planos y planeamientos en tramitación, así como a adoptar las medidas necesarias para la publicidad telemática de todos ellos.
Los ayuntamientos también estarán obligados a elaborar un informe anual de seguimiento de toda la actividad urbanística de su competencia. Dicho informe deberán elevarlo a Pleno y remitirlo a la Dirección General de Urbanismo.
Una medida preventiva contra posibles pelotazos urbanísticos y movimientos especulativos es el artículo del decreto que establece la necesidad de publicar la identidad de todos los propietarios o titulares de derechos sobre las fincas afectadas por una recalificación del suelo o un incremento de la edificabilidad durante los cinco años previos al inicio del expediente urbanístico. De esta forma es posible detectar las plusvalías en el cambio de manos de unos terrenos y descubrir las operaciones ilícitas que pudieran darse con vistas a la recalificación.
De "La Verdad"
Otra mascarada. ¿Pretenden permutar suelo en lugares preferentes por otros para llevar las VPO a los suburbios que nadie desea ¿es idea de Lopez Rejas? buen muchacho este chico. No más mentiras ni cambalaches, lo unico claro es que estos golfos no saben ya como engañar a la gente. Que falta hace que la justicia actue ya. Y por favor Pedro Saura no les hagas el caldo gordo ni en broma.
Todo esto solo son tretas para confundir. A la carcel con ellos, si es que está ya más claro que el agua. Y el Sr. Presidente es el principal mentor, si ya lo ha dicho Trinitario, y si ese no lo sabe ya me contarán.
Publicar un comentario