CARTAGENA.- La Autoridad Portuaria de Cartagena ha dado un paso administrativo más para poder ampliar las instalaciones del Puerto mediante la construcción de una nueva dársena en la bahía de El Gorguel, en el límite marítimo de La Unión y Cartagena.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprobó que sea una unión temporal de empresas hispano-británica la que elabore el estudio económico financiero sobre la viabilidad de esta dársena, presupuestada en 1.000 millones de euros.
La sociedad española Advanced Logistics Group SA se unió hace unos meses a la inglesa Ocean Shipping Consultants Ltd. y su propuesta ha convencido a la mayoría del consejo portuario, que ha valorado sobre todo que estas empresas pueden venir de la mano de otras, que construirían y explotarían después las instalaciones.
Una vez confirmada la rentabilidad del proyecto, Ocean Shipping Consultants Ltd. y Advances Logistics Group S.A. deben ‘traer de la mano’ a entre uno y tres inversores privados que estarían dispuestos a aportar, al menos, un 30% de los 1.000 millones de euros. La UTE concluirá su asesoramiento, previo pago de otros 50.000 euros, tras la firma de un contrato con una empresa que operaría en El Gorguel con un contrato inicial de 30 años, que es el máximo establecido por la legislación española.
El presidente de la Autoridad Portuaria manifestó que la empresa británica es “quizás la de mayor experiencia en el mundo en asesoramiento y previsiones de tráfico marítimo, estando contrastada esta información con Puertos del Estado”.
Al respecto de la empresa española, dijo que “está altamente especializada en asesoramiento de operativas portuaria y ya ha llevado de la mano al operador de la gran terminal de contenedores de Barcelona”, Hutchinson Ports. Han sido fundamentales para optar por la UTE adjudicataria la “mejor exposición y el mayor compromiso que han realizado para, desde el principio, trabajar con operadores privados”, según apuntó.
Viudes dijo estar convencido de que la Autoridad Portuaria de Cartagena, al ir con un inversor privado, “obtendrá el visto bueno de Puertos del Estado”, de quien depende la autorización de la dársena de contenedores.
Viudes prevé que la Autoridad Portuaria podría estar contratando las obras a finales de 2009 o principios de 2010. Así, estaría “prácticamente en marcha a principios de 2014”.
El proyecto, una vez tenga la luz verde de Puertos del Estado, debe ser aprobado por el Ministerio de Fomento y contar con la declaración de utilidad pública. Posteriormente, debe ser sometido a declaración de impacto medioambiental.
Viudes para destacar la complejidad de estos trámites, señaló que, en el caso de la marina deportiva situada al sur del Muelle de la Curra, con unos 600 amarres previstos, “todavía está en la mitad de la declaración de impacto y eso que no tiene interferencia con ninguna costa ni playa”.
En este caso, el presidente de la Autoridad Portuaria indicó que “al ritmo que hasta ahora han llevado” pueden transcurrir otro par de años hasta obtener la definitiva declaración de impacto.
La sociedad británica seleccionada cuenta además con el aval de su experiencia en el asesoramiento en proyectos como la nueva dársena del Puerto de Barcelona, a la que pusieron en contacto con un operador de Hong Kong, Hutchinson Ports. Se calcula que éste gestionará en el puerto catalán un tráfico de más de dos millones de contenedores de mercancías al año.
Precisamente, con el proyecto de la dársena de El Gorguel, Viudes pretende aprovechar la buena situación geográfica de Cartagena en el Mediterráneo (está en la línea Gibraltar-Suez) y situarla en el liderazgo del tráfico marítimo de mercancías a nivel mundial.
Los cálculos actuales son que la dársena pueda entrar en total funcionamiento entre finales del año 2013 y el año 2015, que por ella pasen 90 millones de contenedores al año y que desde ella se gestione directamente 2,5 millones de estos recipientes.
La inversión de la empresa que fuera designada como operadora de la dársena, alcanzaría en torno al 30% del proyecto. Éste, que aún debe ser aprobado por Puertos del Estado (organismo del Ministerio de Fomento), cuenta con la oposición del Ayuntamiento de La Unión y de los ecologistas por su impacto paisajístico y ambiental.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprobó que sea una unión temporal de empresas hispano-británica la que elabore el estudio económico financiero sobre la viabilidad de esta dársena, presupuestada en 1.000 millones de euros.
La sociedad española Advanced Logistics Group SA se unió hace unos meses a la inglesa Ocean Shipping Consultants Ltd. y su propuesta ha convencido a la mayoría del consejo portuario, que ha valorado sobre todo que estas empresas pueden venir de la mano de otras, que construirían y explotarían después las instalaciones.
Una vez confirmada la rentabilidad del proyecto, Ocean Shipping Consultants Ltd. y Advances Logistics Group S.A. deben ‘traer de la mano’ a entre uno y tres inversores privados que estarían dispuestos a aportar, al menos, un 30% de los 1.000 millones de euros. La UTE concluirá su asesoramiento, previo pago de otros 50.000 euros, tras la firma de un contrato con una empresa que operaría en El Gorguel con un contrato inicial de 30 años, que es el máximo establecido por la legislación española.
El presidente de la Autoridad Portuaria manifestó que la empresa británica es “quizás la de mayor experiencia en el mundo en asesoramiento y previsiones de tráfico marítimo, estando contrastada esta información con Puertos del Estado”.
Al respecto de la empresa española, dijo que “está altamente especializada en asesoramiento de operativas portuaria y ya ha llevado de la mano al operador de la gran terminal de contenedores de Barcelona”, Hutchinson Ports. Han sido fundamentales para optar por la UTE adjudicataria la “mejor exposición y el mayor compromiso que han realizado para, desde el principio, trabajar con operadores privados”, según apuntó.
Viudes dijo estar convencido de que la Autoridad Portuaria de Cartagena, al ir con un inversor privado, “obtendrá el visto bueno de Puertos del Estado”, de quien depende la autorización de la dársena de contenedores.
Viudes prevé que la Autoridad Portuaria podría estar contratando las obras a finales de 2009 o principios de 2010. Así, estaría “prácticamente en marcha a principios de 2014”.
El proyecto, una vez tenga la luz verde de Puertos del Estado, debe ser aprobado por el Ministerio de Fomento y contar con la declaración de utilidad pública. Posteriormente, debe ser sometido a declaración de impacto medioambiental.
Viudes para destacar la complejidad de estos trámites, señaló que, en el caso de la marina deportiva situada al sur del Muelle de la Curra, con unos 600 amarres previstos, “todavía está en la mitad de la declaración de impacto y eso que no tiene interferencia con ninguna costa ni playa”.
En este caso, el presidente de la Autoridad Portuaria indicó que “al ritmo que hasta ahora han llevado” pueden transcurrir otro par de años hasta obtener la definitiva declaración de impacto.
La sociedad británica seleccionada cuenta además con el aval de su experiencia en el asesoramiento en proyectos como la nueva dársena del Puerto de Barcelona, a la que pusieron en contacto con un operador de Hong Kong, Hutchinson Ports. Se calcula que éste gestionará en el puerto catalán un tráfico de más de dos millones de contenedores de mercancías al año.
Precisamente, con el proyecto de la dársena de El Gorguel, Viudes pretende aprovechar la buena situación geográfica de Cartagena en el Mediterráneo (está en la línea Gibraltar-Suez) y situarla en el liderazgo del tráfico marítimo de mercancías a nivel mundial.
Los cálculos actuales son que la dársena pueda entrar en total funcionamiento entre finales del año 2013 y el año 2015, que por ella pasen 90 millones de contenedores al año y que desde ella se gestione directamente 2,5 millones de estos recipientes.
La inversión de la empresa que fuera designada como operadora de la dársena, alcanzaría en torno al 30% del proyecto. Éste, que aún debe ser aprobado por Puertos del Estado (organismo del Ministerio de Fomento), cuenta con la oposición del Ayuntamiento de La Unión y de los ecologistas por su impacto paisajístico y ambiental.
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