MADRID.- El 23 de enero de 2014, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente
realizó un informe profético sobre el caso Acuamed. Analizaba la
reclamación de FCC para compartir gastos para reparar la desaladora del
Bajo Almanzora (Almería), inundada desde septiembre de 2012 y que estaba
sin seguro. El informe señalaba que se trataba "de un grave incumplimiento de contrato" culpa de la empresa, por lo que recomendaba resolver el contrato, según http://www.elconfidencial.com.
Y advertía: "Este tema podría trascender a la opinión pública,
(...) no sería nada desdeñable que cualquier persona que se considere
dañada-perjudicada por el actual equipo gestor de Acuamed y que disponga
de información, lo que por otro lado no es nada difícil, lo trasladara a
algún medio o incluso se plantearan denuncias". Aun así, un mes después
el entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete,
recibió a los máximos responsables de FCC y pidió un informe a la
Abogacía del Estado para valorar quién era responsable de los daños y
por lo tanto ver si había que pagar a medias. La partida acabó en los
Presupuestos aunque nunca se abonó.
El
caso es complejo, farragoso y muy largo, así que conviene ir por orden.
El viernes 28 de septiembre de 2012 a las 11 de la mañana, el sureste
de la Península sufre una tromba de agua brutal. En el litoral
mediterráneo y a finales de septiembre las gotas frías no son extrañas.
Hubo 10 muertos en Murcia, Almería y Málaga.
A la una de la tarde se desbordó
la rambla de Canalejas, cerca de la desembocadura del río Almanzora.
Ese río se cruza habitualmente sin problema en coche porque en el mejor
de los casos no es más que un hilo de agua. La desembocadura de la
rambla está encauzada "para una avenida de 500 años de periodo de
retorno", es decir, para soportar la peor riada prevista en ese tiempo.
Pero la riada fue tremenda. En cuanto se desbordó la rambla, la desaladora del Bajo Almanzora quedó inundada en 15 minutos.
"A primera hora de la tarde, el agua alcanzó un nivel de unos dos
metros, tal vez superior, en toda la parcela", según un informe
posterior de Medio Ambiente.
La inundación no fue violenta, por lo que no dañó la estructura, pero el 75% de las instalaciones eléctricas y el 90% de los aparatos electrónicos y de la instrumentación quedó inservible. El coste de reparación se estimaba entonces entre 10 y 15 millones de euros. La planta, planificada por la sociedad estatal Acuamed en 2005 bajo el Gobierno socialista dentro del plan para sustituir al trasvase del Ebro, quedaba así herida de muerte.
El problema es que entonces la
titularidad no estaba clara. El 31 de julio de ese año, menos de dos
meses antes, Acuamed había firmado un "acta de inicio parcial de operación y mantenimiento" y un "acta de terminación parcial de las pruebas". En esos documentos, Acuamed
recoge que en ese momento inicia el periodo de "operación y
mantenimiento durante 15 años previsto en el contrato" pero advierte de
que la toma de posesión no será total hasta que "se hayan solventado los
problemas surgidos con el bastidor número tres de la planta y probado
su funcionamiento".
Así que
la inundación en septiembre llegó cuando Acuamed aún no
había recepcionado formalmente la totalidad de la obra. FCC, que lidera
la UTE junto a Befesa (de Abengoa), ya no tenía el seguro a todo riesgo de obra
ni había suscrito el seguro de explotación al que obligaba el contrato.
La desaladora quedó empantanada y nadie quería pagar por ella. FCC
abandonó el mantenimiento. El Gobierno no pagó la reparación a pesar de
que un decreto ley de urgencia por las inundaciones le permitía mover
partidas presupuestarias para paliar los daños de la riada.
Comenzó entonces una sucesión de reuniones, informes y peticiones de información para ver quién debía pagar el arreglo. FCC
reclamaba el dinero y Acuamed no quería pagar. El 20 de junio de 2013,
el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente de
Acuamed, Federico Ramos, envió un correo al director general de Acuamed, Arcadio Mateo,
en el que le preguntaba si iba a llevar al consejo de administración de
la empresa pública el pago de 9,5 millones para liquidar la obra. “Así
vamos avanzando con esta gente”, añadía Ramos, “a la que debemos
bastante dinero por otras obras”, según adelantó la Cadena Ser.
Finalmente, el tema no fue al consejo de administración.
Ramos, que en 2015 pasó a ser subsecretario de Presidencia, dimitió el viernes pasado
para defenderse. Pese a que fue nombrado secretario de Estado de Medio
Ambiente en enero de 2012, no asumió la presidencia de Acuamed hasta
mayo de 2013, cuando ya estaba como director general Arcadio Mateo, hoy
en prisión provisional. Mateo siguió en el cargo cuando en 2015 Ramos pasó a Presidencia.
El asunto seguía empantanado cuando Juan Béjar,
entonces consejero delegado de FCC, pidió una reunión con el ministro
Cañete. El encuentro se produjo el 24 de febrero de 2014, según admitió ayer el Ministerio en un comunicado. Cañete acudió acompañado de un abogado del Estado. Béjar fue con Fernando Moreno,
entonces presidente de FCC Construcción, según fuentes próximas al
encuentro. Antes de esa reunión, Cañete pidió informes a la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente y a Acuamed.
Esos informes, a los que ha tenido acceso El Confidencial, cargaban la
culpa en FCC. Especialmente uno de ellos, el de la Secretaría de Estado
que dirigía Ramos, que concluye: "Estamos ante un grave incumplimiento de contrato,
que es causa de resolución del mismo por causas imputables al
contratista, con las consecuencias que ello conlleva (incautación,
pérdida de fianza...) y la reclamación del mismo de los daños
ocasionados, ya que el tema cobra especial relevancia si tenemos en
cuenta que el incumplimiento ha traído un perjuicio a un bien público de
cuantía económica muy elevada". Y advertía: "Por suerte, no hubo daños a
las personas, pues de haber sido así, con bastante probabilidad
estaríamos con procesos penales abiertos". El texto, fechado el 23 de
enero del 14, un mes y un día antes de la reunión, recomendaba "demostrar sin la más mínima duda una defensa clara y nítida del bien interés público".
El documento añadía un párrafo visionario: "Este tema podría trascender a la opinión pública,
pues ante el más mínimo atisbo de alguna posible actuación que se
entienda como irregular, no sería nada desdeñable que cualquier persona
que se considere dañada-perjudicada por el actual equipo gestor de
Acuamed y que disponga de información, lo que por otro lado no es nada
difícil, lo trasladara a algún medio o incluso se plantearan denuncias".
El
ministerio pidió otro informe a Acuamed para la reunión del ministro.
Este no es tan contundente. Admitía que el seguro de operación y
mantenimiento debía haberlo contratado Acuamed, lo que la haría
responsable. Pero planteaba una "medida más drástica": "Ante la situación de abandono de la obra, cabría resolver el contrato,
habida cuenta de que concurren, al menos, dos causas: el abandono e
incumplimiento contractual grave". De hacerlo, Acuamed tendría que
reparar la obra y restarlo de lo que aún debía pagar a FCC. Si en ese
proceso aún faltaba dinero, reclamarlo a la UTE. En ese informe, Acuamed
explicaba que antes de llegar a eso había una propuesta para repartir
los costes al 60% por parte de FCC y al 40% por Acuamed. Sin embargo, no
hubo acuerdo porque la empresa exigía un pago del 20% del importe de la
misma "que no tenía soporte real".
Con esos informes, Cañete, según
lo apuntado ayer por el ministerio, se inclinó por la opción más
favorable a la empresa. No ordenó pagarle, pero sí pidió a la Abogacía
del Estado "valorar jurídicamente las responsabilidades de cada parte en
cuanto a los daños ocasionados en la planta del Bajo Almanzora". Es
decir, no optó por resolver el contrato, como recomendaba la Secretaría
de Estado, sino por la vía pactista. Esta fue "la única conclusión de la reunión", según el ministerio. El abogado del Estado encargado de la asistencia jurídica a esa empresa pública, Pablo Fernández Ruiz, concluyó
el 10 de abril de 2014 que tanto Acuamed como la UTE tenían que correr
con los gastos porque había "concurrencia de culpa en el daño".
Posteriormente, señaló en un correo que si le pedían informe sobre el reparto 60%-40%, informaría negativamente.
Aunque testigos han señalado
a Federico Ramos como una de las personas clave en el trato con FCC, la
reunión de Cañete con los máximos responsables de la empresa y el
informe de la Secretaría de Estado de Ramos puede servir en su
defensa. Fuentes del ministerio indican que señalaría que el poder de
mando sobre Acuamed estaba en realidad en el ministerio y no en la
Secretaría de Estado. Añaden que, en realidad, Arcadio Mateo, el
director general, al que el juez le atribuye directamente que recibía
"agasajos" de constructoras, era un hombre del partido y de Cañete, no
de Ramos, un abogado del Estado con bajo perfil político. Mateo realizaba sondeos electorales para el PP cuando fue designado y durante su mandato.
El 31 de marzo de 2014, un mes después de la reunión de Cañete con FCC, el directivo de Acuamed Francisco Valiente
presentó su denuncia interna en la que incluía como ilegal el
"principio de acuerdo" para repartir los gastos de la desaladora
40%-60%. Acuamed y el ministerio paralizaron entonces cualquier
negociación con FCC, y nunca se pagó por la reparación.
La
empresa pública desestimó las alegaciones de Valiente, pero la
Audiencia Nacional comenzó una investigación en la que señala entre las
irregularidades el pacto con FCC para que Acuamed pague el 40%, "cuando no es responsabilidad de la Administración", y añade que hay otras compensaciones "pactadas desde muy alto nivel en el ministerio" para que FCC recuperara dinero a través de certificaciones infladas en la descontaminación del embalse de Flix (Tarragona).
El juez señala que ha habido partidas en los Presupuestos Generales
para reparar la desaladora. El ministerio admite que es así, pero
añade: "La única partida presupuestaria de la sociedad Acuamed relativa
al concepto 'Reparación desaladora de Bajo Almanzora' corresponde a los
presupuestos del año 2016. Dicha partida, que asciende a 14,55 millones
de euros y no ha sido ejecutada, corresponde a habilitación de crédito,
sin constituir obligación alguna de gasto.
