Desde Cataluña se cuestionan las infraestructuras innecesarias

BARCELONA.- La Fundació Catalanista i Demòcrata (CatDem), afín a CDC, han destacado que la decisión de Renfe de cerrar la línea de AVE que conecta Toledo, Cuenca y Albacete por falta de demanda representa "un escándalo mayúsculo que debería llevar a los tribunales a los responsables de un despropósito como este".

Y es que lamentan las "graves disfunciones" del sistema centralista de infraestructuras planificado por el Estado, y consideran que el ejemplo del AVE es el más evidente de todos.

Sin embargo, han apreciado otros casos "escandalosos" como el del aeropuerto de Castellón, donde aún no ha aterrizado ningún avión.

Critican así que el modelo español no haya apostado por un equilibrio entre sus territorios en el ámbito de las infraestructuras: "¿El criterio de equilibrio territorial es el que rige la construcción de una línea de alta velocidad para que pase un tren con una media de 15 personas al día? ¿O es que no es una aberración impulsar un aeropuerto sin aviones?"

De otro lado, han puesto en duda este lunes la viabilidad de los aeropuertos de Girona, Reus y Alguaire con la gestión pública actual, por lo que ha apostado por la entrada de capital privado en dichos aeropuertos catalanes.

En su último editorial apuestan por reformular la colaboración público-privada para garantizar el Estado del Bienestar y algunas de las infraestructuras que se aguantan actualmente con la ayuda de la administración, como los aeropuertos de Girona, Reus y Alguaire.

Sostienen que la armonización y reformulación de estos conceptos será la clave en muchos ámbitos, lo que debería implicar cambios legislativos importantes, hasta con efectos constitucionales, y un redimensionamiento del Estado y de sus estructuras politicoadministrativas.

"Hay que instar a los gobiernos a replantearse según que. Y es que creer que determinadas iniciativas sólo se pueden sostener con grandes inyecciones de dinero público es un error", aseguran en el artículo, a raíz de la amenaza de Ryanair de abandonar los aeropuertos catalanes.

Según la CatDem, la compañía aérea irlandesa hace "chantaje al Govern porque puede" ya que es consciente de que, si deja de operar en los aeropuertos catalanes, éstos perderían gran parte de su tráfico aéreo y quedarían prácticamente vacíos.

"Girona, Reus y Alguaire son infraestructuras inadecuadas para un país tan pequeño. El sueño del crecimiento exponencial nos hizo creer que todo era posible y hoy ya sabemos que esto no es cierto", señalan en el artículo.

Esclavos en Europa / Ignacio Ramonet

Dos siglos después de la abolición de la esclavitud, regresa una práctica abominable: la trata de personas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 12,3 millones de personas en el mundo se ven sometidas, por redes ligadas a la criminalidad internacional, a la explotación de su fuerza de trabajo en contra de su voluntad y en condiciones inhumanas.

Tratándose de mujeres, la mayoría son víctimas de explotación sexual mientras muchas otras son específicamente explotadas en el servicio doméstico. También se da el caso de personas jóvenes y en buen estado de salud que, bajo diversos engaños, son privadas de su libertad con el fin de que partes de sus cuerpos alimenten el tráfico ilegal de órganos humanos.

Pero la trata se está extendiendo cada vez más a la captura de personas que sufren explotación de su fuerza de trabajo en sectores de la producción muy necesitados de mano de obra barata como la hostelería, la restauración, la agricultura y la construcción.

A ese tema preciso, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) dedicó en Viena, los días 20 y 21 de junio pasado, una Conferencia internacional con la participación de autoridades políticas, organismos internacionales, ONGs y reconocidos expertos (1).

Aunque el fenómeno es mundial, varios especialistas subrayaron que la plaga del trabajo esclavo está aumentando imparablemente en el seno mismo de la Unión Europea. El número de casos revelados por la prensa, cada vez más numerosos, sólo constituyen la punta del iceberg. Las organizaciones sindicales y las ONGs estiman que hay en Europa centenares de miles de trabajadores sometidos a la execración de la esclavitud (2).

En España, en Francia, en Italia, en los Países Bajos, en el Reino Unido y en otros países de la UE, numerosos migrantes extranjeros, atraídos por el espejismo europeo, se ven atrapados en las redes de mafias que les obligan a trabajar en condiciones semejantes a las de la esclavitud de antaño. Un informe de la OIT reveló que, al sur de Nápoles, por ejemplo, unos 1.200 braceros extracomunitarios trabajaban 12 horas diarias en invernaderos y otras instalaciones agrícolas sin contrato de trabajo y por sueldos miserables. Vivían confinados en condiciones propias de un campo de concentración, vigilados militarmente por milicias privadas.

Este “campo de trabajo” no es el único en Europa. Se ha descubierto, por ejemplo, en otra región italiana, a centenares de migrantes polacos explotados del mismo modo, a veces hasta la muerte, esencialmente para la recogida de tomates. Se les había confiscado su documentación. Sobrevivían subalimentados en una clandestinidad total. Sus “propietarios” les maltrataban hasta el punto de que varios de ellos perdieron la vida por agotamiento, o por los golpes recibidos, o empujados al suicidio por desesperación.

Esta situación concierne a miles y miles de inmigrantes sin papeles, víctimas de negreros modernos en los más diversos países europeos. Según varios sindicatos, el trabajo clandestino en el sector agrícola representa casi el 20% del conjunto de la actividad (3).

En esta expansión de la trata de trabajadores esclavos, el modelo económico dominante tiene una gran responsabilidad. En efecto, la globalización neoliberal –que se ha impuesto en los tres últimos decenios gracias a terapias de choque con efectos devastadores para las categorías más frágiles de la población– supone un coste social exorbitante. Se ha establecido una competición feroz entre el capital y el trabajo. En nombre del libre-cambio, los grandes grupos multinacionales fabrican y venden en el mundo entero. Con una particularidad: producen en las regiones donde la mano de obra es más barata, y venden en las zonas donde el nivel de vida es más alto. De ese modo, el nuevo capitalismo erige la competitividad en principal fuerza motriz, y establece, de hecho, la mercantilización del trabajo y de los trabajadores.

Las empresas multinacionales, al deslocalizar sus centros de producción a escala mundial, ponen en competencia a los asalariados de todo el planeta. Con un objetivo: minimizar los costes de producción y abaratar los salarios. En el seno la Unión Europea, eso desestabiliza el mercado del trabajo, deteriora las condiciones laborales y hace más frágiles los sueldos.

La globalización, que ofrece tan formidables oportunidades a unos cuantos, se resume para la mayoría de los demás, en Europa, a una competencia sin límites y sin escrúpulos entre los asalariados europeos, pequeños empresarios, y modestos agricultores, y sus equivalentes mal pagados y explotados del otro lado del mundo. De ese modo se organiza, a escala planetaria, el dumping social.

En términos de empleo, el balance es desastroso. Por ejemplo, en Francia, en los dos últimos decenios, ese dumping causó la destrucción de más de dos millones de empleos únicamente en el sector industrial. Sin hablar de las presiones ejercidas sobre todos los salarios.

En semejante contexto de desleal competencia, algunos sectores en Europa, en los que existe una carencia crónica de mano de obra, tienen tendencia a utilizar a trabajadores ilegales. Lo cual estimula la importación de migrantes sin papeles, introducidos en el seno de la UE por traficantes clandestinos que en muchos casos les obligan al trabajo esclavo. Numerosos informes evocan claramente la “venta” de braceros agrícolas migrantes.

En el sector de la construcción, muchos trabajadores jóvenes extracomunitarios, sin papeles, se hallan bajo el control de bandas especializadas en la trata de personas, y “alquilados” a empresas alemanas, italianas, británicas o griegas. Estos trabajadores esclavos se ven forzados por las bandas que los explotan a pagar sus gastos de viaje, de alimentación y de alojamiento cuyo total es en general superior a lo que ganan. De tal modo que pronto, mediante el sistema de la deuda, pasan a “pertenecer” a sus explotadores (4).

A pesar del arsenal jurídico internacional que sanciona esos crímenes, y aunque se multipliquen las declaraciones públicas de altos responsables que condenan esa plaga, hay que reconocer que la voluntad política de poner fin a esa pesadilla resulta más bien débil. En realidad, las patronales de la industria y de la construcción  y los grandes exportadores agrícolas influyen en permanencia sobre los poderes públicos para que hagan la vista gorda sobre las redes de importación de migrantes ilegales.  

Los trabajadores sin papeles constituyen una mano de obra abundante, dócil y barata, una reserva casi inagotable cuya presencia en el mercado del trabajo europeo contribuye a calmar los ardores reivindicativos de los asalariados y de los sindicatos.

Los partidarios de una inmigración masiva siempre han sido las patronales. Y siempre por el mismo motivo: abaratar los sueldos. Los informes de la Comisión Europea y de Business Europe (la patronal europea), desde hace decenios, reclaman siempre más inmigración. Los patronos saben que cuanto mayor sea la oferta de mano de obra, más bajos serán los salarios.

Por eso ya no sólo los negreros modernos explotan a los trabajadores esclavos; ahora se está desarrollando una suerte de “trata legal”. 

Véase, por ejemplo, lo que sucedió en febrero pasado en Italia, en el sector de la industria del automóvil. El grupo Fiat colocó al personal de sus fábricas ante un chantaje: o los obreros italianos aceptaban trabajar más, en peores condiciones y con salarios reducidos, o las fábricas se deslocalizaban a Europa del Este. Enfrentados a la perspectiva del paro y aterrorizados por las condiciones existentes en Europa del Este donde los obreros están dispuestos a trabajar sábados y domingos por salarios miserables, el 63% de los asalariados de Fiat votaron a favor de su propia sobreexplotación...

En Europa, muchos patronos sueñan, en el marco de la crisis y de las brutales políticas de ajuste, de establecer esa misma “trata legal”, una especie de esclavitud moderna. Gracias a las facilidades que ofrece la globalización neoliberal, amenazan a sus asalariados con ponerlos en competencia salvaje con la mano de obra barata de países lejanos.

Si se quiere evitar esa nociva regresión social, hay que empezar por cuestionar el funcionamiento actual de la globalización. Es hora de comenzar a desglobalizar.

(1) Bajo el título: "Preventing Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation: Decent Work and Social Justice", la Conferencia fue organizada por la Representante especial y Coordinadora para la lucha contra la trata de seres humanos, Maria Grazia Giammarinaro, y su equipo, en el marco de la Alianza contra la trata de personas.
(2) Léase el informe: Combating trafficking as modern-day slavery: a matter of rights, freedom and security, 2010 Annual Report, OSCE, Viena, 9 de diciembre de 2010.
(3) Léase el informe: The Cost of coercion, OIT, Ginebra, 2009.
(4) Cf. No trabajar solos. Sindicatos y ONG unen sus fuerzas para luchar contra el trabajo forzoso y la trata de personas en Europa, Confederación sindical internacional, Bruselas, febrero de 2011.

José Manuel Naredo, economista y estadístico: "La burbuja devoró los ahorros del país"

PALMA DE MALLORCA.- José Manuel Naredo (1942), economista y estadístico, fue uno de los primeros investigadores en hablar en España de 'economía ecológica'. En 2010 codirigió para el Ministerio de Vivienda el  ́Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español ́. Ahora analiza el modelo inmobiliario en un libro.

—¿Haremos honor a nuestra condición y tropezaremos con la misma piedra del boom inmobiliario cuando pase esta crisis?␣
—No me parece bien meter en un mismo saco a toda la gente. Habrá algunos que estén deseando tropezar muchas veces con esa piedra, porque se han forrado. Sin embargo, otros seguirán pagando durante decenios las hipotecas con unos valores inflados. Y el Estado tiene que salvar cajas de ahorros con el dinero de los españoles. Unos pagan los platos rotos y otros han sacado tajada. Habría que hacer un diagnóstico acertado para que la ciudadanía tuviera información de lo que ha ocurrido y de los problemas que ha generado la burbuja inmobiliaria.
La finalidad del libro ́El modelo inmobiliario español ́ es elaborar el diagnóstico de lo que ha ocurrido, sus consecuencias y los posibles remedios y alternativas.

—¿Cómo ha funcionado la burbuja inmobiliaria y quién se ha beneficiado de ella?␣
—Se han beneficiado los que han conseguido añadir varios ceros al valor de determinados terrenos y obtener unas plusvalías jugosas, por la varita mágica de las recalificaciones y reclasificaciones que les permitía pasar las hectáreas de suelo rústico a metros cuadrados de superficie construida. En este proceso hay colectivos que se han lucrado masivamente, algunos sin invertir y sin riesgo, como los gestores de suelo. Buscaban por los municipios suelo para reclasificar, meter volumen construido y ofrecerlo a promotores y constructores.
Pero cuando ya han sacado la plusvalía, las viviendas se han quedado en el esqueleto. La burbuja funciona de sacar plusvalías. Al mismo tiempo se piensa que van a subir los precios inmobiliarios y la gente compra porque piensa que va a subir. Y sube porque la gente compra y cada vez compra más a crédito, gracias a la bajada de tipos de interés y la ampliación de los plazos... Se ha financiado esta burbuja que ha devorado el ahorro de los españoles y que, después, se ha financiado con el endeudamiento exterior de la economía española, que es lo que ahora lastra la crisis. Y todo esto con unos riesgos superconcentrados de las entidades financieras y muy en particular de las cajas de ahorro que han concentrado su exposición al riesgo inmobiliario de forma espectacular.
 

—Y parece que los especuladores esperan volver a las andadas.␣
—La crisis no ha durado todavía lo suficiente para que aún piensen que se puede volver a las andadas. Sin duda, pueden esperar sentados. Si la financiación de la burbuja ha devorado el ahorro del país una vez, no lo puede devorar otra vez de inmediato. Cuando España ha pasado de ser el país con menor porcentaje de endeudamiento respecto a la renta disponible de nuestro entorno a estar por encima de todos, incluido EE UU... En los años finales del boom los hogares pedían más dinero a los bancos de lo que aportaban... Todo esto no podía prolongarse indefinidamente, era imposible, aunque nuestros políticos miraran para otro lado.
Ha sido un boom de precios pero también de construcción pues se ha sobredimensionado el parque inmobiliario y se ha producido un stock inmobiliario muy potente en busca de compradores. Es lo que lastra el mercado, que tardará al menos un lustro en digerirlo.
 

—¿Qué ha influido más en la burbuja el ansia de los especuladores por sacar tajada o que nadie renuncia al beneficio de comprar un piso y venderlo por el doble?␣
—Son las dos caras de la misma moneda. Se generan expectativas de subidas de precios y se desata la burbuja, que hace que los particulares que compran pisos vean cómo se revalorizan, y se induce a la gente a comprar viviendas en propiedad, porque trae a cuenta. Es la simplificación total del modelo inmobiliario el que empuja a comprar vivienda en propiedad. Y también la falta de diversificación financiera. ¿Qué hacen los hogares? O ingresan su ahorro a plazo, con una rentabilidad bajísima o se lo juegan en la bolsa o lo invierten en ladrillo. En otros países hay más diversificación financiera, hay entidades especializadas en alquiler que emiten en los mercados financieros, ofreciendo productos de gran seguridad y apreciable rentabilidad. Esta posibilidad no existe en este país.
 

—Además de engullir las viviendas vacías habrá que decidir qué hacer con las proyectadas.␣

—Ése es el problema: si se añaden las viviendas en venta a las que están en construcción y las que están con licencia pero no iniciadas, nos topamos con más de dos millones de viviendas. Esto es lo que lastra cualquier repunte en el sector inmobiliario, porque es absurdo iniciar nuevas viviendas cuando ya existen tantas pendientes de venta. Se intentan terminar viviendas en construcción y rematar operaciones de suelo para hacer que luzcan mejor en el activo de las empresas. Es el caso de la ́Operación Chamartín ́ en Madrid con 17.000 viviendas. No tiene sentido construirlas ahora, pero si consolidar la operación para que luzca en el balance de la inmobiliaria -del Grupo BBVA-, en el que figura y que ya no sea una entelequia. Es el forcejeo en el que la crisis de liquidez ha pasado a ser crisis de solvencia.

—¿Se podría renunciar a construir las viviendas pendientes?␣
—Hay que tomar conciencia de que sufrimos las consecuencias de un modelo inmobiliario agotado, que no permite resolver los principales problemas que tiene planteados el país y pide a gritos su reconversión. ¿Cuál es el primer problema? Que hay un exceso e infrautilización del suelo urbanizable, de infraestructuras y viviendas. ¿Cuál sería el principal objetivo del planeamiento? Gestionar en régimen de escasez los dos grandes stocks patrimoniales que son el suelo y el patrimonio construido, reconvertirlos y reutilizarlos para paliar la carga excesiva de la deuda inmobiliaria. Esta opción debería plantearse en un plan, donde se reorientara el modelo hacia las antípodas del actual. ¿Cómo sería eso? Habría que ir desde privilegiar la vivienda como inversión a hacerlo como bien de uso. Desde la realización de plusvalías hacia el cobro de rentas, desde la construcción de nuevas viviendas a la rehabilitación, reutilización y ocupación del patrimonio construido, de la vivienda libre a la vivienda social. Pero lo que no tiene sentido es dar dinero a las cajas de ahorro y que se coman ellas los stocks de vivienda que tenían. Se deberían canjear esos stocks y reconvertirlos en vivienda social.

—Su propuesta para salir de la crisis es firmar un Pacto de Estado de la reforma del modelo inmobiliario. ¿Qué incluiría?␣
—Un diagnóstico claro para plantear los objetivos: reconvertir o reutilizar los stocks de suelo, infraestructuras, vivienda, paliar la carga de la deuda, etc. Un problema es que se han cedido las competencias en urbanismo a los gobiernos autonómicos y locales. Aunque el Estado mantiene competencias de mínimos en medio ambiente, y si se vincula el urbanismo a la sostenibilidad, como es de cajón, el estado podría recuperar la posibilidad de coordinar ese giro. Pero los gobiernos regionales y locales están con unos problemas de financiación tremendos al haber vinculado buena parte de sus ingresos y a la burbuja. Habría que replantear la financiación de los ayuntamientos y las comunidades, pero no sin contrapartidas.
No tiene sentido un Plan E de dar dinero a tontas y a locas sin contrapartida alguna a los ayuntamientos. Tiene que haber exigencias. Hay una cuestión que es básica. Debería establecerse un protocolo de mínimos, en el que exista una estrategia de reconversión del modelo. Ese protocolo debería tener un núcleo administrativo responsable de la gestión a nivel regional, municipal o de mancomunidades. Este núcleo sería responsable de normas e instrumentos e incluiría un sistema de información que abarque todo el territorio y que incluya un proceso de participación ciudadana. Serían las tres patas sobre las que tendría que apoyarse esta reconversión del modelo. Sin ellas no debería dárseles financiación.
Habría que hablar más de metabolismo económico, con todas sus dimensiones, con visión integrada y un cambio de lógica... Es lo que dicen los documentos de la Unión Europea. Que se asegurara esa visión integrada, ese cambio de lógica que supondría ver el proceso como proyecto urbano, con todo su metabolismo, y su incidencia territorial. Implantar los sistemas de información, los núcleos administrativos responsables y el proceso de participación, que concretaría el compromiso público institucional hacia esa reconversión.

El ex alcalde de Águilas, Juan Ramírez, es lo que parecía ser

MURCIA.-  Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía revela que el exalcalde de Águilas, Juan Ramírez, envió 18.000 euros a las Islas Caimán. El documento forma parte de las diligencias judiciales sobre presunta corrupción urbanística en La Zerrichera, y se ha conocido al levantarse el secreto que pesaba sobre este sumario. En el informe, la Policía indica que el envío de esa suma se efectuó el 10 de diciembre de 2000, al año siguiente de llegar a la Alcaldía. 

El informe, que se ha conocido al levantarse el secreto que pesaba sobre estas diligencias, indica que el envío de esa suma se efectuó a través de Cajamurcia el 10 de diciembre de 2000, al año siguiente de llegar a la Alcaldía.

Los agentes aclaran que esta transacción no puede relacionarse con la modificación puntual del paraje de La Zerrichera que promovió Ramírez desde la Alcaldía con posterioridad, «pero es preciso recordar que la utilización de paraísos fiscales, en conjunción con el manejo de capitales cuyo origen no es posible establecer en la economía legal, es indicio de blanqueo de capitales», destacan.

El envío de los 18.000 euros «consistió en una operación por compra de valores representativos de empréstitos emitidos por no residentes a un plazo superior a un año y negociables en Bolsa o mercados organizados», explica el informe. 

La Policía recuerda que «las Islas Caimán son consideradas, por su escasa o nula colaboración en blanqueo de capitales, paraíso fiscal, y la conceptuación argumentada por el causante en relación a la operación es de difícil comprobación».

Para los agentes, la personalidad de Ramírez «no invita a que se le relacione con ese prototipo de operación financiera asimilada al concepto argumentado, según el cual invirtió mediante instituciones financieras radicadas en paraísos fiscales en valores negociables internacionales».

La Policía cree que el exalcalde ha utilizado en muchas de sus operaciones «sociedades instrumentales y testaferros, quienes figurarían como titulares de una serie de bienes o derechos cuya adquisición estaría financiada toda o en parte con capitales de origen ilícito». 

Patrimonio familiar

Esta estrategia, señala el informe policial, tendría como finalidad dificultar la identificación de hechos presuntamente delictivos. Aunque los autores del informe aconsejan la realizaciones de posteriores comprobaciones para precisar lo que en el estado de las investigaciones aparece solo como indicio, se afirma que la posición de testaferro estaría asumida por los familiares más cercanos de Ramírez, entre ellos, su esposa y sus hijos. 

Al analizar el patrimonio de la familia, la Brigada de Blanqueo de Capitales señala que «el aumento experimentado por personas afines en primer grado de consanguinidad con Juan Ramírez es apreciable desde que éste ejerce la función pública que le es propia». 

Llama la atención a la Policía de manera especial que ninguna de las tres compraventas efectuadas por una hija «sea financiada acudiendo a la captación de recursos ajenos formalizada mediante préstamo hipotecario o similar, sino que las transmisiones se formulan como precio confesado recibido con anterioridad».
En estas mismas actuaciones judiciales que se tramitan en un juzgado de Instrucción de Murcia por un presunto delito de cohecho figuran también como imputados el que fuera delegado del Gobierno en Murcia y consejero de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, Francisco Marqués y el promotor inmobiliario Trinitario Abadía.
El delito se habría cometido por las actuaciones inmobiliarias desarrolladas con la reconversión urbanística de esta finca, sobre la que se promovía una macrourbanización, pese a que parte de la misma se encuentra en una zona de especial protección. 

Las pesquisas de la Brigada de Blanqueo de Capitales forman parte del sumario sobre La Zerrichera por un presunto delito de cohecho.

UGT y CCOO se rinden ante Valcárcel sin condiciones y para no perder la subvención

MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, ha vuelto a reunirse, en compañía de los consejeros de Economía y Educación, Salvador Marín y Constantino Sotoca, respectivamente, con el presidente de la patronal Croem y los secretarios generales de UGT y CCOO, Antonio Jiménez y Daniel Bueno, tras meses de confrontación con estos últimos por la aprobación de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, más conocida como el 'tijeretazo'.

   Tras más de dos horas de reunión Gobierno y agentes sociales han coincidido en destacar que es hora del diálogo y la búsqueda de soluciones con el fin de generar confianza y reactivar la economía y la creación de empleo.

   Aunque,  con respecto a la Ley de Medidas Extraordinarias, Daniel Bueno ha subrayado un "no me he reconciliado con nadie". "El sindicato ha mantenido la postura de oposición a la decisión del Gobierno y seguimos creyendo que es una medida injusta", destacó en rueda de prensa.

   Además, apostilló, "mantenemos la confrontación en términos judiciales en torno a la aplicación de esa ley y deseamos que ésta desaparezca mañana o pasado mañana", aunque el secretario general de Comisiones Obreras incidió en el mismo mensaje: "eso no quita que desde UGT y CCOO tengamos la suficiente responsabilidad como para mirar a la situación de nuestra Región e intentar, entre todos, hacer el esfuerzo que Murcia necesita".

   En este sentido, el secretario general de UGT ha recalcado que "eran momentos y herramientas distintas. Ahora toca el diálogo, no corresponde la acción movilizadora, sino seguir desarrollando nuestra acción propositiva", pues, recalcó, "de esta situación tenemos que salir todos, pues o lo arreglamos todos o de lo contrario se retrasará aún más la salida de la crisis".

   Tras lo que destacó la necesidad de evitar el desfase presupuestario, cambiar el modelo productivo, "relativamente agotado" y potenciar el empleo estable y de calidad, el mantenimiento del estado de bienestar, la calidad de los servicios públicos, así como hablar del empleo público. "No vale la imposición", apostilló Jiménez, quien resaltó que "limitarse a recortar no es más que un parche".

   "Con rigor y sentido social", anunció, CCOO y UGT acudirá siempre a todas estas reuniones. De hecho, insistió Daniel Bueno, "hay que contribuir a tomar medidas para que esta Región empiece a levantar el ánimo", como, por ejemplo, abordando la economía sumergida.

   En esa línea de acuerdo se manifestó también el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, quien resaltó hoy, tras la primera reunión con los agentes sociales convocada por el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, tras su toma de posesión, que la recuperación del diálogo social, "es la prioridad que preside el inicio de la actual legislatura, algo que llevamos haciendo en esta Región desde hace 16 años".

   El responsable de Empleo calificó el encuentro celebrado hoy en el Palacio de San Esteban de "importante y positivo para todas las partes, dado que expresa la voluntad de reanudar la paz social", al tiempo que destacó que esa recuperación del diálogo "es la mayor voluntad de Valcárcel", y explicó que, tras esta primera toma de contacto con los agentes sociales representados en UGT, CCOO y CROEM, "se incorporarán después otros, de forma progresiva".

   Así, la semana que viene se celebrará otra reunión "en la que se empezará a dar forma" al diálogo. "Se hablará de todo", apuntó, por su parte, el consejero de Economía y Hacienda "del Plan de Reequilibrio, del control del déficit público y de las políticas activas de empleo, en un proceso de diálogo permanentemente abierto".

   "Tenemos distintos planes que hay que reanudar, -incidió Sotoca- que añadió que, tras la primera toma de contacto de hoy, "en la reunión de la semana que viene se empezarán a cruzar otros documentos".

   Al respecto, Salvador Marín, añadió que en la reunión de hoy "se ha hablado de muchas cosas, pero ha quedado claro que se va a hablar del modelo de Región que todos queremos y en el que habrá que implementar aspectos a corto plazo --septiembre u octubre-- y medio plazo --2012--".

   "Será algo vivo, algo que siempre ha caracterizado a esta Región, que se mantendrá y de forma muy participativa y al final generará la confianza que se merece esta Región", recalcó.

   Por su parte, el presidente de Croem, Miguel del Toro, ha pedido al Gobierno regional intervenir en otras áreas, así como poner cuanto antes en marcha esa oficina de seguimiento de proyectos, anunciada por el presidente Valcárcel hace una semana. Tras lo que ha recordado la necesidad de poner en marcha el Pacto por Empleo o el Pacto Social por la Educación.

   "Nos debemos obligar todos y los empresarios, que buscamos competitividad, no vamos a regatear en esfuerzos, somos necesarios", así como lo es potenciar el turismo, la industria y la construcción. El fin, finalizó, es que esta conjunción y acuerdo "se traduzca en confianza".

 Explicaciones convenientes aparte, queda clara la rendición sin condiciones de UGT y CCOO ante Valcárcel para no perder la subvención de San Esteban y la tomadura de pelo a tantos miles de manifestantes el pasado invierno.

El vicepresidente de la CAM se repite más que la fabada a base de ideas ajenas mal digeridas

MURCIA.- El presidente territorial de Caja Mediterráneo, Ángel Martínez, considera que el desarrollo futuro de las regiones del Arco Mediterráneo Español (AME) necesita la puesta en marcha de estrategias político y económicas "que trasciendan el ámbito de cada región y faciliten la cooperación público-privada y entre territorios". 

   Ángel Martínez lanzó este mensaje durante la ponencia que realizó para abrir la I Conferencia Mediterránea de los Economistas Españoles, celebrada en el Aula CAM de Murcia.

   Ángel Martínez afirmó que sería "un grave error que el comienzo de la recuperación que todos deseamos reavivara las visiones de corto plazo y arrinconara de nuevo la preocupación por los cambios estructurales que necesitamos para seguir prosperando y facilitar el progreso de las generaciones futuras".

   En este sentido, el presidente territorial de Caja Mediterráneo defiende que el desarrollo futuro del Arco Mediterráneo pasa por la puesta en marcha de una estrategia de reformas, "apoyada en iniciativas públicas y privadas, y que se centre en tres pilares: reforzar la capacidad de las empresas, mejorar el sector público, especialmente en lo relativo a las dotaciones logísticas -y dentro de ellas las ferroviarias- y garantizar el aporte de recursos hídricos.

   Para reforzar la capacidad de las empresas y "generar mayor valor añadido y productividad por persona", Ángel Martínez aboga por transformar las organizaciones y estructuras productivas para ser más competitivos ante la competencia internacional. Esto, asegura, "exige empresas más grandes y eficientes".

   Para apoyar esta tesis, el presidente territorial pone sobre la mesa datos del estudio 'Trayectoria y perspectivas del Arco Mediterráneo Español' realizado por el IVIE el año pasado, según el cual en esta área geográfica las empresas granes abundan poco y eso se traduce en menor empleo de personal altamente cualificado, mayor orientación hacia actividades de contenido tecnológico medio y bajo y, consecuentemente mayores dificultades para adaptar su comercio exterior a la complejidad de la globalización.

   La segunda propuesta de Ángel Martínez se centra en el sector público. En su opinión, el AME necesita que el sector público refuerce la eficacia de sus políticas en aspectos que debilitan su competitividad.

   Para ello se necesita "proporcionar un nuevo impulso al sistema educativo, promover reformas en el mercado de trabajo y en  los servicios públicos a las empresas y mejorar las dotaciones de infraestructuras logísticas, en especial las ferroviarias".

   En este aspecto insiste en su defensa del trazado del Corredor Ferroviario propuesto por Fermed, "no debería olvidarse -dice- que limitar la funcionalidad del corredor mediterráneo es amenazar su papel como eje de desarrollo norte-sur".

   Por último, Ángel Martínez considera que el AME necesita "conjurar la amenaza para el desarrollo a largo plazo derivada de la degradación del entorno natural, del agotamiento de algunos recursos, en especial los hídricos, y de la saturación de zonas costeras causada por la fuerte expansión demográfica y de las superficies artificiales".

Mueren dos murcianas, una monja, por un "golpe de mar" en Mozambique

MADRID.- Las dos españolas fallecidas en un accidente marítimo en Mozambique son las murcianas Carmen Serrano y Teresa Ramos, de 85 y 67 años respectivamente y naturales de Murcia, han informado hoy fuentes diplomáticas.

   Ambas perdieron la vida ayer domingo por la tarde cuando un golpe de mar las sorprendió mientras navegaban desde la isla de Goa a la de Mozambique, dentro de un grupo que había organizado una salida de fin de semana con niñas huérfanas.

   Serrano, monja de la Orden Franciscana de la Purísima, residía desde hace años en Nampula, la tercera ciudad del país, donde dirigía un orfanato.

   La segunda víctima había llegado esa misma semana a Nampula junto a otros tres compañeros murcianos para trabajar como voluntarios en el orfanato durante el mes de julio, han explicado las mismas fuentes.

   Al menos dos de los voluntarios murcianos se apuntaron a la excursión que el orfanato había organizado para visitar las islas de Mozambique y de Goa, separadas por apenas dos kilómetros y donde no son habituales este tipo de incidentes.

   El grupo, compuesto por una quincena de personas, contrató una barca para pasar el domingo en la isla de Goa. Aunque a la ida el mar estaba en calma, durante el regreso el tiempo se complicó y a la embarcación le sorprendió un golpe de mar.

   Algunas de las menores se agarraron a los mayores al caer al mar y el accidente se saldó con un balance de ocho muertos, las dos españolas y seis adolescentes, una de las cuales aún no ha aparecido.

   La Embajada de España en Mozambique ha iniciado las gestiones para ayudar en lo posible en la repatriación de los cuerpos de las dos españolas, lo que no se espera para antes del siguiente fin de semana por la disponibilidad de vuelos.
La congregación de las Franciscanas de la Purísima ha mostrado su pesar por el fallecimiento de su hermana Sor Carmen Serrano Gallego y de la voluntaria Teresa Ramos, ambas de origen murciano.
   Las hermanas de la congregación han explicado hoy que se han visto "muy sorprendidas" por esta noticia ya que es "muy frecuente" realizar ese tipo de paseos "y nunca había pasado nada".
   "Estamos muy emocionadas", han expresado, al tiempo que han pedido para "poder seguir adelante" y "para que el Señor dé fortaleza a todas las familias" de las víctimas.
   Las religiosas han recordado que la hermana Sor Carmen Serrano era residente en Mozambique donde llevaba más de diez años, y había pasado toda su vida como misionera en distintos países, entre ellos Marruecos y Costa Rica, en los que, según han subrayado, "estaba  entregada plenamente a los demás".
   Las fallecidas se encontraban trabajando en el Hogar Santa María que la congregación de las Franciscanas de la Purísima tienen en el país africano, donde residen jóvenes huérfanas.

Jordi Sevilla urge a los políticos a esforzarse por alcanzar acuerdos para "desbloquear" la situación de España

VALENCIA.- El exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla ha urgido este lunes a los políticos españoles a abandonar el actual clima de "confrontación" y esforzarse por "llegar a acuerdos en asuntos esenciales" que permitan "desbloquear" la situación del país. 

   Así lo ha señalado el consultor de PwC en una conferencia sobre el futuro de la socialdemocracia enmarcada en la jornada 'Crisis y Estado de bienestar: Nuevas respuestas socialdemócratas', organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Valencia.

   Sevilla ha reprobado que el "sistema institucional y constitucional basado en los pactos de Estado" haya derivado en una nueva manera de hacer política con "una visión demasiado centrada en la confrontación, en la radicalidad, sin buscar acuerdos" y en la que  incluso se "critican" y "disfrazan" los pactos alcanzados.

   Ha lamentado así las distintas situaciones de bloqueo generadas, como la dimisión de tres magistrados del Tribunal Constitucional por "falta de acuerdos para renovarlo" o la permanencia de Carlos Fabra al frente de la Diputación de Castellón "diez años como imputado", algo que, a su juicio, "no es de recibo" sea inocente o culpable.

   Sevilla ha abogado por emular el "ataque de sensatez" experimentado durante la Transición, que permitió a los partidos políticos españoles consensuar la Constitución, acordar los Pactos de la Moncloa y, sobre todo, "poner en marcha una voluntad de lograr acuerdos desde las distintas alternativas".

   Así, ha urgido a los poderes públicos a impulsar una "agenda reformista radical" basada siempre en la negociación y búsqueda de acuerdos y ha remarcado la importancia de "no perder las señas de identidad de la socialdemocracia: racionalidad, capacidad de tomar decisiones razonadas, razonables, discutidas, pactadas, negociadas y acordadas con la mayoría de la sociedad".

   Ha alertado asimismo de que, en el actual contexto de "cambio de las reglas del juego" a consecuencia de la globalización, surgen "movimientos intransigentes e intolerantes" a nivel internacional que  "contaminan el debate político", del "estilo del Tea Party".

   Sevilla considera que si bien los gobiernos estatales son "incapaces" de generar o resolver la mayoría de los problemas ciudadanos, sí pueden "controlar la repercusión" de esos fenómenos globales sobre cada país, aplicar "cuidados paliativos" y lograr "jueguen como agente activo en ese nuevo escenario internacional".

   En este punto, también ha abogado por reformar los organismos internacionales y por que la Unión Europea "deje el camino suicida hacia la desmembración emprendido en los últimos años".

   A nivel estatal, ha recalcado que "la peor defensa del Estado de Bienestar es no tocar nada" y ha defendido la conveniencia de reformar los sistemas educativos, sanitario y de pensiones. De hecho, ha apuntado que "hay argumentos para debatir el copago", algo que "nadie quiere" pero de lo que "todo el mundo habla".

   En educación, ha instado a atajar el fracaso escolar y revisar los contenidos que se imparten, más allá de limitarse a "dar más protagonismo al profesor, como propone la derecha".

   Sevilla considera que debería acometerse una "reconversión profundísima de la Sanidad" dado que "es un sistema diseñado para tratar a enfermos agudos, cuando cada vez hay más crónicos".

   Es más, ha resaltado que los pacientes crónicos aglutinan "casi el 70 por ciento del gasto sanitario" y que, por tanto, "convendría adecuar la sanidad a esos enfermos" a todos los niveles.

   Respecto a las pensiones, ha aludido a fórmulas como las empleadas en Francia o Dinamarca e introducir un "impuesto al trabajo", de modo que el modelo de financiación sume a la cotización social parte de la riqueza del país y "aumenten la solidaridad y la pensión media".  

   Además, ha defendido que "las reglas del juego de la producción tienen que tener una respuesta por parte de un país que sigue queriendo que el empleo sea la principal forma de socialización de sus ciudadanos" y ha tildado de "disparate" que "en España, sea más fácil despedir trabajadores que reducir la jornada laboral" para adaptarse a las nuevas circunstancias como hizo Alemania.

   Por otro lado, ha cuestionado la oportunidad de suprimir el impuesto de patrimonio el mismo año en que se congelan las pensiones.

   A pesar de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, Sevilla considera que España cuenta con una "mayoría natural progresista", aunque ha reconocido que "los valores hegemónicos no son los de la izquierda" que, a su juicio, se ha equivocado al "creer que la eficacia está reñida con la igualdad" y ha dejado que "el debate emocional contamine el debate político".

Pedro Antonio Ríos califica de 'barbaridad' el proyecto de El Gorguel

CARTAGENA.- Ocho meses ocupando un alto cargo en el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino han bastando a Pedro Antonio Ríos (Murcia, 1950) para conocer en profundidad los problemas del litoral de su tierra y también las soluciones a muchos de ellos. Incluso quien en abril de 2010 propuso -en un artículo en 'La Verdad'- la posibilidad de construir en Portmán del puerto de mercancías que la Autoridad Portuaria de Cartagena proyecta en El Gorguel ahora no lo ve tan claro. En esta entrevista, Ríos cuestiona la necesidad de esa infraestructura, como también hace con Marina de Cope: «Creo que esto de lo inmobiliario y la especulación, que es a lo que huele Marina de Cope, va por otro lado. No veo gente comprando alegremente viviendas y parcelas», ironiza el político hoy en las págicas del decano 'La Verdad'.

- ¿Es especialmente conflictiva la gestión de la costa murciana en comparación con otras regiones? Tenemos unas peculiaridades importantes: el Mar Menor, La Manga, Portmán y los proyectos de El Gorguel y Marina de Cope.

- España tiene 10.000 kilómetros de costa, y apenas 1.800 son de playa. La gran virtud de los 270 kilómetros de la costa de Murcia es que unos 250 están vírgenes. Es decir, estamos a tiempo de ordenar. Lo que ocurre es que en el resto de kilómetros se han concentrado actuaciones sin orden ni concierto. Nos hemos arrimado al mar tarde y alocadamente; en unos casos, en los años sesenta, haciendo un crecimiento anárquico a nivel urbano. El problema que se plantea es que actualmente el 49% de la población vive en el litoral. Y de los 55 millones de visitantes que tuvimos en 2010, el 80% fue a la costa. Dice la ONU que en el futuro esa presencia se va a incrementar.

- ¿Hay tiempo para poner orden?

- Estamos en el límite. El Mar Menor es una joya única en Europa. Puede ser la gallina de los huevos de oro y quizás la estemos matando. Recuerdo que, cuando en 1987 empezamos a discutir el plan de armonización de usos y regulación de directrices, decíamos que no debía de pasar de 600.000 habitantes. Ya estamos en 800.000. Ha llegado el momento de tomar medidas porque más usos o más presencia es una barbaridad.

- ¿No tiene la impresión de que hay un diagnóstico claro sobre los problemas del Mar Menor desde hace muchos años pero nadie aplica los remedios necesarios?

- Necesitamos administraciones que no miren el día. Nosotros encargamos un estudio para ver la realidad y se ha demostrado que son apenas 3 milímetros al año lo que crece el nivel del mar y que, si en 50 años no tomamos medidas, puede pasar a quince centímetros. Pero quince centímetros no son aquellas imágenes que nos vendieron [los ecologistas de Greenpeace]. Ha habido alarma innecesaria. Las administraciones aún tenemos tiempo para actuar y a mí me gustaría impulsar una línea de trabajo que se está abriendo paso en Europa: una gestión integrada y concertada. La bahía de Portmán es un ejemplo único en toda España, por los acuerdos de tres administraciones, de la comunidad científica y de las organizaciones sociales, vecinos y ecologistas.

- Pero, ¿los ayuntamientos ribereños son conscientes de ello?

- Yo creo que sí. Deben tener en cuenta que ellos son los beneficiados de las medidas que se adopten. Por eso le hemos propuesto un convenio a la Comunidad Autónoma. Cuando salgo en bici por el Mar Menor compruebo que tenemos zonas que aún no están degradadas.

- ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando pasa por las salinas de Marchamalo? ¿Está en entredicho la gestión de ese espacio protegido?

- Habrá que ver si se hacen extracciones de sal aunque sean artesanales para darle rentabilidad, pero las salinas deben estar húmedas. Hay que concitar una respuesta de las dos administraciones y de las dos grandes empresas que son propiedad.

- Todo eso es lo ideal. Le pregunto por qué se deja morir un lugar de la costa tan singular como ése, según denuncian los ecologistas de Anse.

- Estamos actuando. Se podía hacer más, sí, pero hemos invertido 80.000 euros en la limpieza del canal con fondos europeos y con un acuerdo con la Comunidad. Ahora mismo se está impulsando agua a las salinas, que llevaban tiempo sin recibir. Es una actuación concertada entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad. Ochenta mil euros es irrisorio, pero es una actuación que permite impulsar agua que llega a toda la estructura. Lo idílico sería hacer funcionar eso, pero los empresarios no le sacan rentabilidad. Tendremos que actuar y a lo mejor lo hacemos implicando a otros que sí les es rentable. Lo estamos estudiando a propuesta de Anse y ya se lo he planteado a los empresarios.

- ¿Qué le han contestado?

- Ahora mismo no hay una solución definitiva, porque no es un problema de propiedad, de expropiaciones, sino de ver cómo actuamos en una zona tan débil como aquella.

- ¿El fondeo de barcos y lanchas en el Mar Menor es un problema tan grave como se cuenta?

- Sí, porque hace diez años no lo teníamos. Hablamos de la duplicidad de los amarres de barquitos en las zonas de baño, cuando además tienen sus zonas para dejarlos. En Santiago de la Ribera hay un club náutico pero los barcos están fuera. Esa actuación es de la Comunidad Autónoma pero nosotros nos implicamos con ellos.

- ¿Sobran embarcaciones en el Mar Menor?

- La presencia de los barcos debe estar ordenada. ¿Es malo que haya barcos a vela? ¿Es malo que haya motoras? Pues depende por dónde.

- ¿Para cuándo esa ordenación?

- Esa regulación es de la Comunidad, e incluso la tiene hecha. El problema es hacerla eficaz. Cuesta. Pero mi voluntad no es echar el muerto a otro. Yo me quiero implicar en lo que a mí me corresponde.

- Su ministerio dio un paso importante para preservar zonas singulares de la costa con la compra de fincas. ¿Avanzarán en esa política y habrá novedades en la Región?

- Vamos a comprar dos fincas en toda España. Una de ellas está en el límite de Águilas con Almería. Es una finca grande, que tiene una zona de camping a un lado. También hemos estudiado en el Mar Menor dos opciones: una finca en el límite de Los Alcázares y el camping de Los Urrutias, y otra parcela urbana junto al casino de La Manga donde es posible recuperar la dinámica dunar. El problema es que eso se dispara. Primero hay que declarar para proteger, porque, si no, estás comprando parcelas urbanas y tienen un precio que está fuera de nuestras posibilidades.

- ¿Mantendrán esa política?

-Sí, porque es una línea de futuro. Pero la tenemos que adaptar a las condiciones que tenemos. Hay situaciones parecidas en Galicia, Cantabria, Baleares o Canarias. La no actuación en algún sitio, en un momento determinado, significa un deterioro de la calidad de sus servicios. Nosotros, en Murcia, estamos muy condicionados por un turismo de apartamento, cuando nos vendría muy bien diversificar al turismo de visita. A finales de los noventa hubo una fuerte inversión con fondos europeos para construir doce hoteles y tenemos pendiente hacer un proceso de reconversión que no tiene por qué ser negativo.

- Hablemos de Portmán. El día 19 se reúnen para analizar los avances del proyecto de regeneración de la bahía. Hace unos días el alcalde de La Unión reclamó al Ministerio garantías del inicio de las obras.

- Lo comprendo. Pero yo llevo seis meses en el Ministerio y se debe evaluar cómo ha estado el tema de Portmán antes y cómo está ahora. El alcalde tiene la información porque yo se la he dado. Pero el compromiso era que antes del verano tendríamos la aprobación, la licitación de las obras saldría en el segundo semestre de este año y las obras podrían comenzar en febrero o marzo de 2012.

- ¿Cumplirán los plazos?

- Más o menos. Quiero transmitir tranquilidad y seguridad de que estamos avanzando para conseguir lo que queremos en un momento muy complejo. Pero le recuerdo que el proyecto es de tres patas y a mí me gustaría saber si el Ayuntamiento de La Unión y la Comunidad están avanzando en lo que ellos deben hacer.

- El Puerto de Cartagena acaba de adjudicar el informe de sostenibilidad ambiental para hacer la dársena en El Gorguel. ¿Cree que habrá dificultades para construir esa infraestructura?

- Aquí hay varias cosas que deberíamos separar: el corredor mediterráneo para mercancías es imprescindible; la zona de apoyo logístico como forma de proyectar; y, en cuanto a los proyectos, hay una duplicidad. Desde una mentalidad de Estado, ¿es razonable hacer una infraestructura duplicada en capacidad para competir con Valencia o con Málaga porque yo en el futuro voy a captar mercancías? Hay que dimensionar los esfuerzos porque son muy costosos. El Gorguel es un obrón y hay que ver si hay alternativas que hagan más dimensionada la infraestructura. Tenemos aeropuertos que están inaugurados sin aviones. Tenemos un AVE que hay que cerrar por falta de pasajeros. ¿Es eso lo que queremos?

- Pero dígame su opinión.

- Mi impresión es que se está poniendo el carro delante de los bueyes. Creo que hacia afuera, hacia donde se decide, no se hace bien porque aparecemos como nuevos ricos que quieren lo que no tienen. La imagen que debemos trasladar hacia afuera debería ser más prudente, más integrada y más comprometida. Le hemos pedido a la Autoridad Portuaria de Cartagena que busque nuevas alternativas. Además, es un proyecto tan dimensionado que para mí es una barbaridad. Se mete a rellenar hasta 70 metros de profundidad en una zona protegida. Hay que echar ahí dentro 40 millones de toneladas de relleno. Quitando todo el monte de la Cola del Caballo y echándolo ahí, no se ha terminado. Eso sí, el proyecto está muy bien medido tecnológicamente, tanto que incluso dice que se va a ahorrar mano de obra. El proyecto une muy bien la zona logística y la actividad tecnológica. Lo que no ha medido tan bien es esa obsesión con la gran obra. Lo primero que tiene que hacer el Puerto es ocupar las 400 hectáreas de Escombreras que tiene desocupadas. Y luego dimensionar.

- Deduzco que va a ser un proyecto de difícil tramitación.

- Va a ser muy complicado de convencer a Europa, por mucho que se mueva el 'lobby' o grupico de cuatro o cinco que están detrás. Con mentalidad de Estado, cómo se explica en Madrid la argumentación de que nosotros vamos a tener futuro frente a Valencia y Algeciras, e impidiendo que Málaga crezca. Me da la impresión de que la filosofía de grandes proyectos en la que nada el Gobierno regional es una barbaridad. Y eso es lo que le está llevando a esa erosión de credibilidad que no se traduce en votos, sino en expectativas: esa angustia de pasar del trasvase del Ebro al aeropuerto internacional, a la Paramount... A nuestros proyectos les falta prudencia. Soñemos un poco, pero con los pies en la tierra.

- ¿Dentro de esos sueños incluye también Marina de Cope? Hace unos meses usted dijo que era un proyecto muy difícil de aprobar. ¿Ha cambiado de opinión?

- Veo complicado que un proyecto de esa magnitud supere la declaración de impacto ambiental, que debe hacer el Ministerio de Medio Ambiente, y las alegaciones y recursos que los demás puedan presentar. Yo vería mejor hacer crecer la realidad desde los núcleos existentes. Esta idea de ocupar... Es como Lo Poyo. Creo que el proyecto de Marina de Cope tendrá que dimensionarse y venderse de una manera determinada. En Costas hemos pedido que se nos informe y un estudio de alternativas distintas.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20110704/region/proyecto-gorguel-esta-dimensionado-20110704.html 

La crisis devuelve a Murcia a su propia realidad objetiva

MURCIA.- El centro de formación Aerosur ha cerrado sus puertas. Se trataba de la última escuela de formación para profesionales del sector aeronáutico que había en la Región. La empresa surgió en 1997 y contaba con la certificación oficial de la Dirección General de Aviación Civil. En su plantilla figuraban como docentes pilotos y controladores aéreos profesionales.

Esta academia formaba a alumnos interesados en presentarse a las oposiciones para agente de servicios aeroportuario y controladores aéreos convocadas por AENA. También ofrecía cursos para auxiliares de vuelo, agentes de viaje, servicios de handling y personal de áreas de movimiento, según Murcia Económica.

Por otra parte, la empresa Martín Capital, de quien fue en su momento elegido Joven Empresario del Año por la creación de Newsoft, ha echado la persiana al no encontrar inversores que se embarcaran en el proyecto urbanístico.

El plan era reproducir los complejos hoteleros de las Maldivas en terrenos de Murcia, y ya tenían su nombre, ‘Murdivas’. Incluso desarrolló una agresiva campaña de comunicación buscando inversores, pero era 2008 y se produjo la explosión de la burbuja inmobiliaria.

El modelo de complejo que se proponía era el de cabañas de lujo encima de pilotes sobre el agua de un inmenso lago artificial cerca del Mar Menor, arena del Océano Índico, spa, cafeterías, restaurantes e instalaciones deportivas.

Este complejo tendría también un hotel de lujo que el empresario quería ocupar mediante la venta de paquetes de vacaciones para los socios de Murdivas Club Vip, un club privado al se accedería adquiriendo paquetes de vacaciones a un precio inicial de 10.000 euros.

Este método de preventa de vacaciones sí es utilizado por diversos hoteles internacionales de lujo que buscan un cliente más selecto y estable, recuerda la misma publicación.

El PP niega su culpa en la 'burbuja inmobiliaria'

MADRID.- El Partido Popular niega categóricamente su responsabilidad en la 'burbuja inmobiliaria' y el origen de la crisis que le achaca el Gobierno socialista y considera que la liberalización del suelo nunca se llegó a aplicar, por lo que se trata de una "reforma pendiente" para la economía española y la abordará "cuando se reactive el mercado inmobiliario".

   En un encuentro con periodistas, el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, y el secretario de Economía y Empleo 'popular', Álvaro Nadal, han denunciado que este "mantra" sobre los "pies de barro" del crecimiento de la economía española, reiterado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el último Debate sobre el estado de la Nación es la auténtica "falsedad" y un argumento "destructor de la imagen de España".

   En este sentido, han defendido que cuando al PSOE llegó al Gobierno en 2004 la demanda de viviendas estaba por encima del 'stock' inmobiliario y el crédito "estaba saneado y crecía al mismo ritmo que la construcción", por lo que la "burbuja" se desató por las decisiones del Ejecutivo de Zapatero y no como consecuencia de la Ley del Suelo de 1998.

   Montoro ha remarcado que la "liberalización del suelo" no se pudo llevar a cabo con la Ley de 1998 porque el Tribunal Constitucional lo impidió al reafirmar las competencias de las comunidades autónomas, "que nunca la han aplicado", por lo que se trata de una "reforma pendiente" que abordarán en cuanto cambien las condiciones del mercado inmobiliario se empiece a reabsorber el 'stock'.

   Antes de ello, si el PP vuelve a gobernar tras las próximas elecciones generales, recuperará la deducción por adquisiciones vivienda sin las limitaciones de renta que impuso el PSOE, una decisión que tendría carácter retroactivo para las compras que se hagan en este periodo.

   Para el PP, si la liberalización que planteaban se hubiera llevado a cabo, hubiera conducido a un aumento de la oferta que hubiera abaratado los precios, lo contrario de lo que ocurrió. En este sentido, Nadal ha incidido en que las comunidades autónomas no podían tomar esta decisión "unilateralmente", sino que se necesita un acuerdo, que confían en lograr ahora que la mayoría de las comunidades están gobernadas por el PP.

   "La falta de liberalización es lo que lleva a la burbuja de los precios", ha asegurado Nadal, quien ha lamentado que la oferta de suelo sigue siendo una decisión pública, lo cual ha redundado en la corrupción. "Liberalizar el suelo significa, hablando en plata, que la firma del concejal de urbanismo no valga dinero, y sigue valiendo muchísimo"; ha remarcado.

   Frente a las críticas del Gobierno a la banca, el PP considera que el sistema financiero cometió errores, pero propiciados por una política monetaria, de regulación y de supervisión fallida, por lo que la que la principal responsabilidad no fue tanto de los intermediarios financieros como de los "policy makers".

   "Hay excesos, pero la responsabilidad de los agentes económicos es limitada frente a los gobiernos, autoridades monetarias y supervisión bancaria, que en España hace el Banco de España pr delegación del Ministerio de Economía y Hacienda", ha remarcado Montoro, recordando que la virtud de Zapatero ha sido llevarse bien con algunos banqueros y recabar un "voto de izquierda radical".

   En este sentido, el dirigente 'popular' ha asegurado que "el Gobierno culpa a quien pasa por ahí" y el PP ya se lo advirtió a la banca hace dos años. "Nosotros ya les dijimos que les iban a echar la culpa en cuanto necesitara recuperar a sus votantes de izquierda", ha incidido Montoro, quien ha apuntado que no le sorprendería que los reproches llegaran hasta a la Iglesia Católica.

Ayuntamientos y CC.AA. recortan más de la mitad la licitación de obras públicas

MADRID.- Las comunidades autónomas y los ayuntamientos redujeron en un 54,6% la licitación de obra pública en los cinco primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2010, hasta un importe inversor de 4.313 millones de euros, según datos de la patronal de grandes constructoras Seopan.

 

   El desplome en la puesta en marcha de obras por parte de estas administraciones equivale a un recorte de unos 5.200 millones de euros, dado que entre enero y mayo de 2010 sacaron a concurso proyectos por un monto total de 9.515 millones.

   Las restricciones presupuestarias y el parón derivado del proceso electoral y la posterior constitución de los nuevos gobiernos y ayuntamientos constituyen los principales factores de este recorte.

   De esta forma, los ayuntamientos y las comunidades autónomas redujeron su peso en el total de obra pública licitada en el conjunto del Estado desde del 80% que supusieron hasta mayo de 2010 hasta el 59% que representaron en el mismo periodo de este año.

   El descenso fue más pronunciado en los ayuntamientos, que rebajaron un 61% sus licitaciones, hasta los 2.324 millones, que en las comunidades, donde la reducción fue del 42,2%, si bien promovieron obras por una menor inversión (1.989,24 millones).

   Entre los pasados meses de enero y mayo, el conjunto de las distintas administraciones públicas licitaron obras por un monto inversor total de 7.224 millones de euros, lo que arroja un descenso del 38,7% en comparación a un año antes.

   Ante el desplome en el volumen de obras promovidas por la administración local y autonómica, el Gobierno central acaparó el 40% del total de obra pública licitada hasta mayo.

   Ello responde en gran parte al aumento del 50% que registró la licitación de obras por parte del Ministerio de Fomento en los cinco primeros meses, hasta sumar 2.376,8 millones de euros, gracias a su vez a la promoción de obras del AVE, que casi se triplicaron (+161%).

   En cuanto a la distribución de la licitación total por tipos de obras, el recorte en los ayuntamientos se reflejó en el descenso de la licitación de edificaciones públicas, los proyectos que más promueve la administración local.

   Hasta mayo, la promoción de nuevos edificios públicos se desplomó un 60,3% y sumó 2.274 millones, el 31,5% del total. Destaca la caída del 72% registrada en la construcción de nuevos centros deportivos, la del 59% de colegios y la reducción del 55% en la promoción de centros sanitarios.

   De su lado, la licitación de grandes infraestructuras cayó un 18% en los cinco primeros meses, hasta suponer 4.949,9 millones, el 68,5% del total.

   En este subsector sobresale el aumento del 75% registrado en los contratos de obras ferroviarias, por el referido impulso del AVE, y el crecimiento del 15,8% de los proyectos de carreteras. Ello contrasta con el desplome del 66% de las obras portuarias y del 67% de las medioambientales.

Sacyr y sus accionistas Abelló y Carceller se verán en los tribunales el 20 de julio con el murciano Luis del Rivero

MADRID.- Sacyr Vallehermoso y tres de sus principales accionistas, Demetrio Carceller, Juan Abellló y grupo Satocán, están citados a una primera vista judicial el próximo 20 de julio, fruto de la demanda que estos socios presentaron contra uno de los últimos consejos de administración del grupo de construcción y servicios.

   Así lo ha dictado el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, después de que el pasado 1 de julio admitiera a trámite dicha demanda, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

   Esta primera vista servirá para que el juez decida sobre las medidas cautelares solicitadas por los demandantes: que la impugnación se anote de forma preventiva en la hoja de Sacyr del Registro Mercantil y también se publique en el Boletín Oficial de este registro (BORME), según informaron hoy fuentes conocedoras de la demanda.

   Carceller, Satocan y Abelló, accionistas de referencia de Sacyr al sumar un 23,5% del capital social del grupo, presentaron el pasado 10 de junio una demanda de juicio ordinario contra esta compañía.

   En su demanda, solicitan que se declare la nulidad del acuerdo del consejo de administración del 11 de mayo por el que se nombraron dos nuevos consejeros dominicales en el grupo, uno en representación del presidente de la compañía, el murciano Luis del Rivero, y otro por parte del consejero delegado, Manuel Manrique.

   Los nombramientos fueron votados días después en la junta de Sacyr con el voto contrario de estos tres socios, que consideran "irregular, abusivo e injustificado" que los dos primeros ejecutivos de Sacyr dupliquen su presenta en el consejo. Además, argumentan que la designación de estos vocales no ha contado con el preceptivo informe de la comisión de nombramientos de Sacyr.

   De su lado, el murciano Del Rivero y Manrique defienden que sus puestos en el consejo tienen carácter ejecutivo, no dominical, y que por ello creen necesario que sus "potentes inversiones en la empresa" tengan también su correspondiente representación en el consejo.

   Luis del Rivero es segundo máximo accionista de Sacyr con un 12,6% y Manuel Manrique es el quinto socio de referencia con un 6,2%.

   Por su parte, Demetrio Carceller es el actual primer accionista del grupo de construcción y servicios, con una participación del 15,7% (incluyendo la que tiene sindicada con Satocán), mientras que Abelló es cuarto máximo socio con un 9,6% y ocupa además una de las vicepresidencias de la compañía.

Carabante vende a Thesan Capital la mayoría del capital de Hispania Racing

MADRID.- Thesan Capital ha adquirido al empresario José Ramón Carabante la mayoría del capital social del grupo inversor Hispania, principal accionista de Hipania Racing, propietario de la única licencia en España de Fórmula 1, según informó la firma de capital riesgo. 

   La compañía de inversión se convierte de esta forma en el accionista mayoritario del equipo español de Fórmula 1 y entra así en un sector que considera presenta "grandes perspectivas de crecimiento" con el objetivo de "reforzar la gestión estratégica del grupo".

   En concreto, la firma de capital riesgo busca liderar el desarrollo de Hispania Racing en los próximos años, contando con su actual equipo y dirección, "uno de los principales activos de la compañía".

   Así, prevé "desarrollar y buscar oportunidades de optimización y mejora del rendimiento de la escudería en las próximas temporadas, una progresiva españolización de la organización y su definitivo asentamiento en España".

   Hispania Racing, hasta ahora liderada por el empresario José Ramón Carabante, se convirtió en marzo de 2010 con su debut en Bahrain en el primer equipo español de la historia  en participar en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Tras 19 carreras, la escudería española fue capaz de acabar el campeonato de constructores en el undécimo puesto.

   Según recordó Thesan en un comunicado, el equipo Hispania Racing cuenta desde el inicio de temporada con el indio Narain Kathikeyan y el italiano Vitontonio Luizzi como pilotos oficiales del equipo, habiéndose incorporado recientemente el joven piloto Daniel Ricciardo, tras la firma de colaboración entre las escuderías Hispania Racing y Red Bull Racing.

   De su lado, Thesan Capital se contituye en 2008 con el fin de liderar como 'principal investor' oportunidades de inversión en el mercado doméstico. Su estrategia pasa por realizar inversiones de control en todo tipo de inversiones que requieren un fuerte reposicionamiento estratégico ligado a una reestructuración operativa y financiera.