Tal como recoge el artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez ordenó que se les retuviera por la sospechas de la existencia de una supuesta macroestafa inmobiliaria y de riesgo de fuga de los implicados. El presunto fraude habría afectado a personas, bancos y constructoras.
El «modus operandi» de la promotora, idéntico al de otras supuestas competidoras de la costa mediterránea cercana aunque a nivel europeo, consistía en ofrecer apartamentos a unos precios asequibles, desde 37.000 euros, y con una rentabilidad «garantizada» con la única condición de que la mitad del pago debería realizarse por adelantado. El concurso de acreedores afloró ante la incapacidad de hacer frente a varios años de promesas incumplidas, edificios no construidos y pagarés sin fondos.
Unos 60 perjudicados, junto a su abogado Luis Escobar, presenciaran en el aeropuerto de El Altet el arresto de los directivos de Riviera Coast, tras montar guardia por turnos desde el pasado 1 de septiembre sabiendo de la existencia del jet. La operación corrió a cargo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de la Policía Judicial y de la Comisaría de Alicante, alertada sobre el riesgo de fuga de la cúpula de la empresa.
Acusan a la empresa de un "fraude masivo" por perjuicio patrimonial tras extenderles un pagaré sin fondos para resolver los contratos de compra-venta por incumplimiento de la promotora y devolver así las cantidades entregadas sino se les entregaba en compensación un apartamento de un edificio que, esta vez sí, se estaba construyendo en Alicante. Ante la desconfianza, hubo quien exigió a la promotora avales, que recibió fotocopiados y, por tanto, sin validez.
La mayor parte de las constructoras que trabajaron en las obra nunca recibieron un euro, quebraron varias incluso, y el banco y cajas de ahorro que financiaron el proyecto también han sido aparentemente sorprendidos.
Antes de rectificarlo en la página web de Riviera Invest, la CAM figuraba que actuaba como "financiación de las promociones, inversores y clientes finales, emisión de avales garantizando la inversión". Caja Murcia ha desaparecido por completo y ya no figura el texto de "crédito promotor, financiación a inversores y emisión de avales que garantizan la inversión". Y el Banco Popular se anunciaba como "crédito promotor, financiación a inversores y emisión de avales que garantizan la inversión".
Los arrestados, entre los que se encuentra el famoso empresario francés de origen argelino afincado en Benidorm y máximo dirigente de la firma, Claude Roch Tabarot (en la imagen), además de otros cinco directivos y empleados de la sociedad, se disponían a tomar un jet privado con destino a Marruecos cuando fueron sorprendidos por los agentes en el autobús que les llevaba al avión.
Además de al administrador único de Riviera, la Policía detuvo a un apoderado de la empresa, a otro directivo y a tres ex apoderados, aparte de a una abogada que trabajaba en la compañía.
Los detenidos son: Claude Roch Tabarot; el consejero delegado, Francisco Fernández Fernández; el director financiero, Luis César Dávalo Coronati; el gerente, José Antonio Quesada Cordón; una de sus abogadas, Sonsoles Sánchez Albiñana, y su director de marketing, Germán Piñeiro Vázquez. Éste último fue arrestado en la Región de Murcia.
De momento, los detenidos se encuentran en la Comisaría centro de Alicante a la espera de pasar a disposición judicial. El arresto de estas seis personas se produjo tras la orden de detención dictada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por el alto de riesgo de fuga.
La Unidad de Delitos Económicos mantiene abierta una operación, coordinada entre agentes de Madrid y Alicante, contra los directivos de esta empresa por un presunto delito de estafa y falsedad documental, que podría alcanzar esas cifras millonarias, y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.
Los seis directivos de la promotora Riviera Coast Invest detenidos lo han sido por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga este posible delito de estafa y falsedad documental, según han informado fuentes jurídicas. El pasado 1 de septiembre dos empresas más pertenecientes al holding Riviera Invest también presentaron concurso voluntario de acreedores, lo que puso en alerta a los clientes afectados.
Algunos particulares denunciaron no haber recibido nunca la rentabilidad prometida (que comenzó siendo de un 7% para pasar al 6%) e incluso algunos se encontraron que las propiedades compradas a Riviera Invest tenían pendiente el pago de hipotecas. Algunos solares no llegaron siquiera a pagarse por parte de la empresa.
La empresa decía que iba a construir apartamentos para estudiantes en los campus universitarios de San Vicente (Alicante) y Espinardo (Murcia), y para jubilados en Alicante. Los inmuebles se pusieron a la venta sobre plano y sin que se llegaran a construir todos los complejos vendidos.
Según la denuncia de los afectados, en Alicante, Riviera vendió, entre 2006 y 2008, un total de 1.088 estudios en la residencia universitaria Ulyss, de cinco fases, en San Vicente del Raspeig. La explotación se ha limitado a 501 estudios, ya que las fases IV y V no se llegaron a terminar, pese a que se vendieron en su totalidad.
A estos más de mil inmuebles, en Alicante se suman los 88 del complejo para la tercera edad Jardines del Edén. En todos los casos, la mercantil asumía la gestión -alquiler- de los inmuebles y garantizaba a los inversores una rentabilidad anual, en cuotas mensuales, del 6% durante diez años.
En Murcia se pusieron a la venta un total de 2.016 estudios por un montante global de 91 millones de euros.
Según explica la propia empresa en su página web, Riviera Invest es una inmobiliaria con "peculiaridades contables, cuya singularidad consiste en que la contabilización de los ingresos provenientes de las ventas se produce en el acto de la escrituración".
"Esto supone, que tras cerrar la escritura, en ésta figuran las entregas a cuenta de los clientes como anticipos y no como ingresos, explica la inmobiliaria.
La investigación partió de una denuncia de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía, que considera que la promotora, que construía apartamentos y los vendía a particulares con el compromiso de alquilarlos a estudiantes y jubilados, funciona como una especie de "chiringuito inmobiliario".
Los afectados encontraron pruebas y argumentos para presentar una denuncia ante la Comisaría General de Delitos Económicos, en concreto en la Brigada de Delincuencia Económica. Porque el problema añadido es que la inversión se hacía mediante pagos en metálico.
Además, algunos de los presuntamente estafados compraron pisos supuestamente libres de cargas que luego resultaron estar hipotecados. El número de afectados por la supuesta estafa es de unos 1.000, y el montante está entre los 50 y los 70 millones de euros. Sólo en Alicante se puede hablar de 700 personas. Muchos de ellos tenían en las rentas garantizadas por Riviera la principal fuente de ingresos de su economía familiar.
Además de recuperar el dinero que se les adeuda, la pretensión de los afectados es que el juez decida la rescisión del contrato por el que se cedió a Riviera la gestión de sus inmuebles durante diez años, para poder asumir ellos mismos la explotación. La asociación de perjudicados espera, además, recuperar parte de su inversión con la incautación de los bienes de los detenidos.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha asumido la investigación motivada por las denuncias interpuestas por varios clientes que acusan a los directivos de no haber recibido nunca las rentabilidades de entre un 6 y 7% de lo invertido, prometidas por la empresa en sus inversiones inmobiliarias. Y autorizado la inmovilización de todas las cuentas bancarias y el registro de las sedes de la promotora, una de ellas en el inmueble que albergaba antes el Liceo Francés de Alicante.
El presidente de Riviera Invest, Claude Roch Tabarot, es un conocido empresario afincado en Benidorm, donde ha emprendido distintos negocios inmobiliarios desde hace más de una década e, incluso, durante un tiempo fue propietario del casino "Costa Blanca", de Villajoyos, y hoy es su presidente. Dicho casino ha sido intervenido por la Generalitat Valenciana en varias ocasiones por sus múltiples irregularidades.
En los años 90 Hacienda le negó la licencia de explotación por las deudas que éste acumulaba con la Generalitat Valenciana a raíz del impago por las tasas del juego. Las deudas del empresario podían rondar los dos mil millones de las antiguas pesetas a través de una de sus sociedades, de nombre Benilexa.
También hace lo propio con una empresa dedicada a la organización y celebración de apuestas deportivas, loterías y otros juegos (Retra). Mantiene con el político Eduardo Zaplana una estrecha relación de amistad desde hace muchos años. Tabarot es uno de los empresarios cuyo suelo se revalorizó al calor del parque temático "Terra Mítica": 150.000 metros cuadrados que poseía en Benidorm, a través de su empresa Tecosa, triplicaron su valor.
Como administrador único aparece en dos empresas más dedicadas a la promoción inmobiliaria: Aglabahia, ubicada en la Urbanización Golf Bahia en Finestrat (Alicante); y Promoalacant, en pleno centro de Alicante. Se da la circunstancia de que en todas esas empresas, salvo en el caso del Casino Costa Blanca, figuran reclamaciones administrativas, todas ellas de créditos incobrables con distintos organismos.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional también asume la investigación aunque el caso podría trasladarse en los próximos días a la Fiscalía Anticorrupción, según informaron las mimas fuentes.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado a favor de la competencia de este tribunal en el caso, al considerar que concurren los requisitos de grave repercusión en la economía nacional y de pluralidad de afectados en más de una provincia, ya que hay posibles estafados en Alicante (200), Murcia, Málaga, Granada y otras provincias.
Los detenidos comparecerán mañana ante el juez en Madrid.
Por su parte, José Luis Escobar, abogado de los afectados, ha declarado a "El Boletín" que "la actitud de la CAM, Banco Popular, Caja Murcia y Ruralcaja, las entidades con las que trabaja Riviera Invest, es cuanto menos sospechosa por no exigir cuentas a la empresa. Como dato curioso debo decir que los apoderados de estas entidades bancarias no han dado señales de vida en los últimos siete meses. Por algo será".
Escobar declara que "partiendo de que la situación actual está determinada por una crisis crediticia y de venta de inmuebles, Riviera Invest no se ve afectada por quiebra empresarial. Primero porque dispone de 25 millones de euros de crédito para la promoción y compra de terrenos. Y segundo porque había vendido todo, incluso lo que todavía no habían empezado a construir. Estamos ante un fraude masivo en toda regla".
Tras confirmar que la presunta estafa asciende a más 40 millones de euros, Escobar se pregunta "si entregar fotocopias en color como si fueran avales no es delito, si comprar un inmueble libre de cargas y luego sí tenerlas no es delito, si prometer un 6% de intereses y no pagarlos no es delito, si quedarte con dinero a cuenta no es delito...
Al ser preguntado ¿por qué ningún organismo ha intervenido antes de que Riviera Invest se declarase en suspensión de pagos?, responde:
-Eso mismo me pregunto yo. No entiendo como un periodista se dio cuenta y ni el Banco de España, ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ni ningún otro organismo oficial se percató de ello, pese a que ese mismo periódico se puso en contacto con ellos advirtiéndoles de lo que se estaba cociendo. ¿Ni siquiera el Instituto Nacional de Consumo? Vamos a dirigirnos a ellos porque creo que tienen mucho que decir.
-¿Dónde está el dinero que presuntamente ha volado?
-Eso quisiera saber yo, pero creo que al menos 50 millones de euros están en Marruecos porque sabemos que allí quieren hacer lo mismo que aquí. Lo que es un hecho es que Riviera Invest está en concurso voluntario, no tiene liquidez y con sobreseimiento general de pagos, pese a que recibió docenas de millones de euros en depósitos por venta de inmuebles sobre plano que jamás construyó.
¿Es cierto que los responsables de Riviera Invest tienen previsto querellarse contra usted? ¿De qué le acusan?
-Efectivamente, así me ha informado su letrada. ¿Los cargos? Difamación, injurias y calumnias. Su mejor defensa sería pagar. Querellarse molesta, pero no solventa nada.
ALICANTE.- Rubén Vergani Gualazzi es un ingeniero agrónomo argentino nacionalizado español, especialista en cultivos hortícolas, y gran conocedor de la avanzada e innovadora agricultura intensiva del sureste español y de las islas Canarias. Esta entrevista versa sobre la crisis alimentaria mundial y sus posibles soluciones.
