Autoridades gubernativas de la Región ha viajado esta semana a Madrid para ser informados de los operativos policiales especiales diseñados para combatir la delincuencia de "cuello blanco" y la corrupción urbanística entre los murcianos.
jueves, 9 de noviembre de 2006
Sánchez Carrillo "en capilla"
lunes, 6 de noviembre de 2006
La corrupción mancha la imagen de España
El informe 2006, recién publicado, parte de la base de que “el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno”, sobre todo “en la costa (...) o en las inmediaciones de las grandes ciudades”. La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en “la calificación del suelo urbano”, lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE “donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años”.
Transparencia Internacional recuerda un informe del Defensor del Pueblo en el que se indica que los convenios urbanísticos permiten que el titular de unos terrenos se comprometa a llevar a cabo determinadas cesiones de suelo, independientemente de lo que exige la ley, o incluso a pagar dinero, a cambio de que el municipio afectado reclasifique o aumente la edificabilidad mediante la firma del correspondiente convenio urbanístico. Esta práctica, según la citada ONG, ha hecho posible que en la actualidad “se estén generando situaciones de corrupción muy numerosas”.
En concreto, se citan nueve formas de operar:
1. Prácticamente todos los alcaldes están a favor de convenios urbanísticos como forma de conseguir ingresos.
2. La modificación de los planes es frecuente.
3. La vigilancia sobre construcciones ilegales y desviaciones del proyecto es poco intensa.
4. Las sanciones suelen consistir en multas y casi nunca en demoliciones.
5. En España hay una enorme cantidad de dinero negro que se refugia naturalmente en la construcción. Normalmente, un tercio del precio de la vivienda se paga con dinero opaco, con lo que las pérdidas para Hacienda son muy cuantiosas.
6. Se ha permitido el acaparamiento de suelo en manos privadas para generar una aparente escasez del mismo y la consiguiente subida de precios.
7. Se ha expropiado a particulares para ceder posteriormente a empresas con fines sociales, las cuales, con el suelo en su poder, lo han vendido después a precios astronómicos.
8. Se ha extendido la creación, por parte de constructores, de partidos ficticios que se presentan a elecciones locales para conseguir la concejalía de urbanismo y desde ella tomar decisiones que les favorezcan; en otras ocasiones se infiltran en los partidos tradicionales para conseguir esos mismos objetivos.
9. La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna, así, donde dicha corrupción es muy importante, los juzgados han sufrido las consecuencias.
Financiación de los partidos políticos
El informe recuerda que en España, como en otros países europeos, aún está pendiente una adecuada regulación de la financiación de los partidos políticos. Y por lo tanto, hasta que se resuelve esa cuestión, “será normal que sigan surgiendo escándalos sobre sobornos y extorsiones en las obras públicas”.
La conclusión que saca Transparencia Internacional no deja lugar a dudas: “El problema de fondo no está en las actuaciones corruptas de actores individuales, sino en la corrupción institucionalizada vinculada a la obtención ilícita de fondos para los partidos. Éste es el principal cáncer y en el que el nuevo Gobierno deberá demostrar voluntad moralizadora”, concluye el documento.
El informe está firmado por el profesor Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, quien apunta que las administraciones locales, especialmente las que gobiernan los pueblos costeros, son las más vulnerables a la corrupción por su dependencia del urbanismo.
Este hecho, constatado a través de los procedimientos abiertos por la Fiscalía Anticorrupción y las sentencias del Tribunal Supremo, tiene su origen en la dependencia de los ayuntamientos de los ingresos urbanísticos.
Por esta razón, en opinión de Villoria, los alcaldes son tan proclives a firmar convenios urbanísticos. Además, la vigilancia sobre las construcciones ilegales "es poco intensa", mientras que las sanciones no tienen capacidad disuasoria "porque consisten en una multa y rara vez en la demolición".
En este contexto, Villoria cree esencial que los dos partidos mayoritarios alcancen un acuerdo de financiación municipal para cortar esta dependencia de los ingresos urbanísticos. También entiende imprescindible que se endurezca la ley de incompatibilidades para prohibir taxativamente que un constructor o un empresario que contrate con las administraciones sea alcalde.
En el informe se pone de manifiesto que aproximadamente el 30% del precio de las casas en España se paga con dinero negro, un dato que, a juicio de Villoria, no pasa desapercibido en Hacienda. En su opinión para poner freno a esta práctica sería necesario actualizar el catastro e investigar todas aquellas ventas que se produzcan formalmente por debajo de los precios establecidos.
En el informe se pone de relieve cómo la corrupción va vinculada a la inestabilidad política y a la aparición de partidos independientes con fuerte dependencia de grupos inmobiliarios, aunque también destaca que los partidos tradicionales se ven asaltados por militantes que responden a intereses ajenos al político.
Villoria sospecha que los sucesivos gobiernos realmente no ponen en marcha las medidas precisas para impedir la corrupción vinculada al urbanismo porque "la construcción representa un porcentaje importante del Producto Interior Bruto (PIB) y es difícil, por tanto, que se tomen medidas drásticas que se sabe que penalizarían una actividad clave".
Este panorama se cierra, según resalta el estudio de Transparencia Internacional, con la corrupción judicial. "La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna. Así, donde es muy importante, los juzgados han sufrido las consecuencias", sentencia. Villoria precisa, además, que la judicatura española es una de las que peor imagen, "sino la peor", transmiten en Europa. "En teoría los jueces se autocontrolan, pero no lo hacen y muestran gran corporativismo".
Para Villoria 'negocios y política cada vez van más unidos' y destaca el sector de la construcción en España como 'el más peligroso para la ética empresarial, influye en el blanqueo de capitales de los grupos criminales, se conecta con la corrupción política de los ayuntamientos y con la financiación de los partidos políticos'.
Ya en su informe de 2005, TI decía que la retención de bolsas de suelo en el entorno de las ciudades más pobladas y con mayor densidad, a la espera de recalificaciones, viene a ser el denominador común de unas prácticas que sitúan a España entre los países más corruptos de la UE por obra y gracia del fraude inmobiliario. De acuerdo con esta organización, se trata de los lodos que arrastran las aguas de un sistema de ingresos “preconstitucional” de los ayuntamientos y las corporaciones locales en España. Según este análisis, la exigencia de que los promotores cedan hasta un 10% de los terrenos a la Administración local sin que se especifique en qué condiciones se ha convertido en “un impuesto revolucionario” que genera “irregularidades y desigualdades”, ya que favorece a los grandes constructores y propietarios.
El Gobierno planea ahora aumentar la cesión de suelo obligatoria a los ayuntamientos, lo que, de acuerdo con el análisis de este organismo fiscalizador, se traducirá en mayores riesgos de prácticas corruptas. Gran desproporción entre el peso del sector público y el privado. Pero siempre hay más recursos al alcance de los ayuntamientos. Los planes parciales son, a juicio de muchos, el parche idóneo para retocar a la medida la estructura urbana de una ciudad sin tener que llegar al meollo de unos planes generales que, en muchos casos, datan de los ochenta. Sobre ese escenario, con políticas de remiendos, es donde muchos promotores entran en acción. Éstos son sólo dos botones de muestra de un sector que ni se inmuta ante los planes del Ejecutivo de liberar suelo público para promover hasta 28.000 pisos protegidos al año.
El contraste de otros dos datos sirve para ilustrar grandes desequilibrios: durante el último año, auspiciado por el Plan de Vivienda (se ejecuta exista ministerio del ramo o no), se ha aprobado la construcción de algo más de 51.400 viviendas protegidas para su venta. Mientras, en el mercado libre se han empezado a levantar más de 650.000. El 51% de la inversión extranjera en España, destinada a inmuebles. Mucho tiene que ver en todo esto ese urbanismo a toda costa del sol y playa que ha convertido la costa mediterránea en la más amenazada por un boom sin precedentes. ¿Las causas? Pues, entre otras, una de peso. Y es que la compra de inmuebles copa ya el 51% de la inversión extranjera en España.
Según datos de Caixa Catalunya, en el año 2000 las adquisiciones de pisos por no residentes representaban tan sólo un tímido 9% del total. Es esta tendencia lo que marca un inédito furor urbanístico en la costa mediterránea y que se salda, por ejemplo, con una previsión para levantar hasta medio millón de viviendas en Murcia y Almería. Pero estos planes se dan de bruces con la tozuda realidad que muestra la Confederación Hidrográfica del Segura. En esta cuenca, según Medio Ambiente, no hay un litro de agua para el desarrollo urbanístico de hasta un total de 23 municipios. Pero si la urbanización del litoral mediterráneo se encuentra en el dique seco, no es menor el auge que están experimentando las zonas costeras del norte peninsular. Sólo en la comunidad gallega está previsto construir más pisos que en toda la Costa del Sol.
Un total de 76 municipios costeros están revisando sus planes generales para aumentar la edificabilidad y abrir hueco urbanístico a nada menos que 600.000 nuevas viviendas. Otro tanto sucede en Asturias y Cantabria, mientras que en el centro, en comunidades como Madrid, es tal la presión urbanística que son los municipos del área metropolitana los que desde hace años albergan a auténticos magnates del suelo. La nómina vuelve a ser tan reducida como heterogénea la procedencia de estos empresarios, algunos originarios del mundo del fútbol; otros, antiguos concejales, como sucede en Getafe. Sus negocios se suman a las grandes del sector (ACS, Acciona, Fadesa, Ferrovial, Obrascón, con grandes bolsas) que, además, ven ahora en las filiales de las cajas de ahorros a un nuevo competidor.
miércoles, 1 de noviembre de 2006
La vuelta de Javier Guillamón a Murcia
El actual vicepresidente murciano de la CAM, Javier Guillamón Álvarez, cesará en breve tras las negociaciones entre el PP y el PSPV-PSOE para cubrir los puestos vacantes en el consejo de administración de la entidad a comienzos de 2007. Ni en Valencia ni en Murcia tiene suficientes apoyos ahora como para mantenerse en el puesto. Su vuelta a casa como docente e investigador universitario no tiene retorno. lunes, 30 de octubre de 2006
Los hombres de Ramón Luis/Hemeroteca para amnésicos
Begoña García Retegui
Diputada regional del PSRM
Hace una semana la portavoz del grupo parlamentario socialista, Teresa Rosique preguntaba al Presidente Valcárcel en la Asamblea Regional si este conocía la relación entre su hermano, Carlos Valcárcel, un concejal de Murcia, Antonio Sánchez Carrillo y los propietarios de Polaris, empresa presente en la vida diaria de los murcianos, a raíz de los últimos acontecimientos acontecidos en Alhama, en donde la aritmética democrática frustró las expectativas de la empresa de construir miles de viviendas. Todo ello aderezado con singulares ruedas de prensa y declaraciones amenazantes en los medios de comunicación por parte de los dirigentes de la mencionada empresa.
En los últimos días se había añadido a la polémica urbanística la noticia sobre la sociedad mercantil tan peculiar que al parecer mantienen los dueños de Polaris con el hermano de Valcárcel y con el concejal. En un primer momento cuando se desveló esta relación el Gobierno del Partido Popular en declaraciones públicas se apresuró en considerar la noticia como una mentira, una infamia.... pero una vez supieron que era cierta, se apresuraron a hablar de ciudadanos liberales ejerciendo su profesión libremente, sin incompatibilidades....Todo muy legal se encargaban de proclamar a los cuatro vientos. Legal........ Pero si nadie había cuestionado la legalidad. ¿porqué se pusieron la venda antes de que tener herida?
Quizás sea porque aún pudiendo ser legal todo ello da mayor idea del entramado empresarial y político, de la confusión entre lo privado y público y todo ello siembra la duda más que razonable sobre posibles connivencias y tratos de favor.
Todo lo que por otra parte ya se venía comentando en los mentideros públicos: que los grandes negocios y las grandes inversiones en la región pasan siempre por determinados despachos
Para añadir más salsa a la cosa, el propio presidente y sin cambiar de camisa tras un viaje desde Berlín convoca la tarde de un viernes a los medios de comunicación en el Palacio de San Esteban, sede de la presidencia regional, para dar una rueda de prensa en la que defiende el honor familiar, la honradez de su hermano. ¿Es normal convocar una rueda de prensa en la sede presidencial para informar de un asunto al parecer sólo familiar?
El presidente regional vino a la Asamblea para contestar a las tres preguntas de rigor, una por grupo parlamentario con las que se despacha una vez al mes y no todos los meses. La contestación a la pregunta socialista la esperada: el no conocía las actividades del ciudadano Carlos Valcárcel, al que en ningún momento se refirió como su hermano. Y rápidamente pasamos a escuchar la pregunta del portavoz del grupo popular: valoración de la visita del presidente a La Moncloa el día anterior..
Zapatero no había dejado pasar la oportunidad. Su compromiso con la región dejaba sin argumentos las demandas de Valcárcel. Este se vio pillado. Por un lado la valoración de la reunión con Zapatero era positiva . Por otro el temor de que los titulares de la prensa ahondaran en los negocios de su hermano y en su débil posición marcaron la estrategia. Valcárcel como quien saca un conejo de la chistera anunció, sin venir a cuento, que acababa de pedirle al consejero de presidencia que estudiara la posibilidad de poner en marcha, unas brigadas de apoyo a la policía local, apodados hoy ya por algunos como "los hombres de Ramón Luis". Ni policía nacional ni local ni guardia civil. Ni carne ni pescado.
Nunca en las dos últimas legislaturas el PP ha permitido debatir sobre seguridad ciudadana en la Asamblea Regional.
Durante 8 años de gobierno de Aznar las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han disminuido en la Región de forma significativa.
El PP ha incumplido su programa electoral y después de 8 años de vigencia de la Ley de coordinación de Policías Locales sigue sin aprobar las normas que posibiliten su cumplimiento.
Las plantillas de Policías municipales siguen muy por debajo de las necesidades de la población. Se estima que la región necesita por lo menos unos 600 efectivos más sólo para la población actual.
El "No modelo de desarrollo" de Valcárcel, con miles de viviendas aisladas y complejos privados nos condenan a ser una sociedad dividida en pobres y ricos. Y eso va siempre asociado a mayor inseguridad.
Valcárcel nos arrastra hacia ese modelo. El que ha prendido la mecha quiere aparecer con una manguera intentando convencernos de que ahora es el bombero.
Los sindicatos nos recuerdan que esa propuesta de Brigadas Policiales está fuera de toda legalidad. Ni siquiera lo permite nuestro Estatuto de Autonomía.
Primero fueron Los hombres de Harrelson. Después "Los hombres de Paco". Ahora los de Ramón Luis: Vaya parodia. Una mentira. Un invento de última hora para fabricar una noticia con la que pretende tapar los escandalosos negocios de algunos de sus familiares y amigos.
sábado, 28 de octubre de 2006
El capital amortiza a Valcárcel/El Minarete
El PP murciano se desangra a borbotones, herido de muerte por la rampante supuesta corrupción, que no le cede, desde Águilas a Cartagena y desde Ulea a Murcia. (Al alcalde aguileño Juan Ramírez, ya no lo presentan a la reelección ante todo lo que le espera en el TSJ de aquí a mayo, y le reemplaza de urgencia, Inmaculada García, la actual consejera de Hacienda).
http://www.vegamediapress.com
miércoles, 25 de octubre de 2006
Venganza de la Naturaleza
Los políticos murcianos en el poder están notando la venganza de la Naturaleza tras haber sido atacada por la codicia de quienes les promocionan y financian campañas electorales desde el cemento y el ladrillo. La desprotección de tantas miles de hectáreas en la Región de Murcia y una más que agresiva Ley del Suelo regional en los últimos cinco años ha sido suficiente detonante como para que la madre de todo exija lo suyo a unos seres tan depredadores.
Parece como si los hubiese vueltos locos a tenor del ambiente tenso, crispado y desquiciante que reina en el Palacio de San Esteban de un tiempo a esta parte así como en altos despachos de la “Caja” y de la patronal fascista desde donde se dicta al Presidente todo, absolutamente todo, lo que tiene que hacer a cambio de la quincalla de una inmerecida medalla.
Para eso está. ¡Qué se creía!
Pocos saben que la pena de muerte para la Marina de Cope la dictó Egea, el “gran hermano” de la provinciana política que nos asquea y rebota a la mayoría, y en contra de todos los criterios imaginables del Consejo Jurídico Consultivo.
En esos despachos todo el mundo anda a gritos de la mañana a la noche como si de posesos se tratase. Ante el temor al derrumbe próximo de todo el entramado consejeros como Cierva han optado por dedicarse a negocios de bienes raíces en su bellísima comarca de los Vélez, Lorca y Cartagena. El velezano mantiene desde hace pocos meses una mirada extraña y una expresión creciente de incoherencia aunque no renuncia a los viejos placeres probados desde sus tiempos de la Gran Vía. No se esconde. Es un clamor su historia en las tardes capitalinas. El medio físico ya le pasa factura y dicen que por eso le cuesta mucho concentrarse.
Es algo parecido a lo sucedido a Marqués pero éste con el “footing”. Ambos pueden haber pagado un alto precio en salud por haber querido aniquilar el medio natural murciano desde su insignificancia humana frente a la Creación. El turolense tiene ahora un rictus raro en la cara y está más que inquieto como director general de “Hefame” tras su enfrentamiento con varios gerentes territoriales a los que ha despedido en medio de su nerviosismo por el cerco policial y judicial en torno al pelotazo de La Cerrichera. Ha pasado de ser el “delfín” a ser casi un apestado en la tierra que le acogió para curar cerdos por ser veterinario.
Mención aparte merece el de Aledo y amigo personal del presidente por poseer éste allí una finca. Ya se atormenta por el pulso echado a Sierra Espuña. Sabe que la Naturaleza termina pasando factura a nuestra conciencia y a nuestra mente. Para muestra ahí está el alcalde de Ulea mordiendo a viejos por las calles. Atacar a lo que nos cobija es una actitud de suicidas. Ya lo están pagando con tanto temor a su incierto destino. La Tierra no sólo es propiedad de la generación que está viva sino el legado recibido de Dios para encomendarlo a las nuevas generaciones.
http://murcia-digital-news.blogspot.com
Infierno o paraíso
Zapatero, el presidente mejor valorado en Europa
Valorar el trabajo de los líderes
Estudio sin publicar
Reflexión sobre el cotarro urbanístico
- Ley del Suelo de 1998: libera y convierte en urbanizable todo el suelo con la única excepción de aquel que sea de especial protección. Aznar alude por entonces que "liberar suelo hará que la vivienda se abarate". No hace falta decir que ha ocurrido todo lo contrario, las consecuencias han sido dispares, mientras ha llenado los bolsillos a la derecha mediática y a los poderes fácticos, por otro lado ha empobrecida la clase trabajadora, mayoritaria, incapaz a día de hoy de acceder a una vivienda o hacerlo a costa de la mitad del sueldo. Liberar todo el suelo fue la decisión más nefasta jamás tomada por un gobernante.
lunes, 23 de octubre de 2006
Mazarrón, codiciado objeto de deseo
El municipio costero de Mazarrón se ha convertido, junto a los otros también litorales de Águilas, Lorca, Cartagena, La Unión, San Javier, Los Alcázares y San Pedro, en codiciado objeto de deseo de grandes corporaciones inmobiliarias cercanas al poder político-económico residente en el Palacio de San Esteban o Génova 13, del tipo “Polaris” (10.000 viviendas aprobadas y previstas en “El Mayorazgo”, con financiación de la Caja de Ahorros de Murcia) o “Hansa” (otras 5.000 con licencia, entre El Alamillo y la rambla de Valdelentisco, financiadas por la Caja de Ahorros del Mediterráneo).
Se trata de terminar de construir en los 41 millones de m2 de suelo ya recalificado que todavía queda, mediante convenios urbanísticos específicos, por el Ayuntamiento hoy gobernado por el PP en coalición con el PIxM del tránsfuga Domingo Valera, un pintoresco grupo político financiado curiosamente desde Murcia para controlar desde allí el total de este estratégico término municipal, con dos grandes núcleos de población y trece pedanías rurales dispersas para más de 25.000 personas, entre las que se engloban unos 18.000 electores, bastantes de ellos ahora residentes censados pero foráneos de hecho.
Es el “modus operandi”, a gran escala, a repetir en 2007, también en todos aquellos otros municipios de la Región de Murcia donde el ladrillo ha puesto su ojo especulador sobre un medio físico virgen: Caravaca, Calasparra, Bullas, Cehegín, Moratalla, Jumilla, Fortuna, Abanilla, Ricote, Ulea, Villanueva, Archena, Blanca, Cieza, Campos del Río, Ojós, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Alhama, Totana, Aledo, Mula…
En el caso de Mazarrón, la permisividad urbanística ya se ha visto, sino animada, al menos sí tolerada desde Ayuntamiento y Comunidad Autónoma para un desarrollo inmobiliario desmesurado a partir de la recalificación masiva de las tierras de labor más cercanas al mar y generalmente propiedad de grandes tomateros de la zona como “Hernández Zamora” o “Durán”, entre otros. Es la misma dinámica de lo que viene sucediendo en Águilas (200.000 nuevas viviendas programadas) y Lorca con otros relevantes tomateros y sus socios encubiertos de Alhama para explicar la aparición ahora de partidos oportunistas para la ocasión, generalmente asociados a un medio de comunicación local cercano y financiado por un dinero fácil, a veces procurado por despachos “profesionales” de fuera pero que aspiran a mover los hilos dentro, más que nada porque la población cuenta con 33 playas en 35 kilómetros de litoral.
Blaya es investigado por la Fiscalía del TSJ desde hace varios meses ante una presunta malversación de 60.000 euros de caudales públicos en beneficio del líder de su partido coaligado, Domingo Valera. Un consistorio al que no importa que se pierdan las señas de identidad de este pueblo al no pujar finalmente por “Casa Saura” e impedir el continuo destrozo de patrimonio arquitectónico histórico-artístico.
El momento ha sido aprovechado por el alcalde para procurar que otros de fuera, pero amigos suyos, arrebaten la iniciativa a los de dentro y quedarse con el negocio gracias al apoyo del grupo gobernante municipal y así poder ofrecer el logro a los electores de una idea que ahora se presentará como mejorada y en manos expertas.
Y hasta son capaces de alterar el curso de la rambla de Las Moreras para que edifique un amigo o de autorizar en Bolnuevo más de una desaladora para satisfacer los intereses económicos de quien, en realidad, son los verdaderos dueños de todo Mazarrón mediante una dictadura en la sombra, que supuestamente hasta parece permitirse coger de forma ilegal agua del trasvase Tajo-Segura para regar sus campos de golf.
Según García, esos terrenos por sus características geomorfológicas "no serían urbanizables en condiciones normales" por lo que no tenían valor económico y, sin embargo, Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón S.L. los compró a 12 euros el metro cuadrado a pequeños propietarios.
Informa asimismo de que la citada empresa se constituyó el 15 de noviembre de 2005, un mes después adquirió la deuda que el Ayuntamiento de Mazarrón mantenía con Urbaser, antigua concesionaria de la recogida de basuras, que ascendía a 7,2 millones de euros, "y a partir de entonces comienza a adquirir terrenos rústicos en la zona norte".
En opinión de García, Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón S.L "se creó ex profeso para adquirir esta deuda y comprar terrenos en la localidad".
El edil socialista indica que el pasado septiembre el Ayuntamiento de Mazarrón aprobó el avance del Plan General de Ordenación Municipal, en el que esos terrenos figuran como suelo urbanizable.
sábado, 21 de octubre de 2006
Nervios en las alturas
A los anteriores casos de periodistas indómitos amenazados sin caretas en los últimos meses y, a partir, de comienzos de 2006, desde centros locales de poder político-económico y empresas promotoras bajo fuerte sospecha criminal, casos de Chema Gil (“Gaceta del Mar Menor”), Alberto Castillo (Radio Murcia-SER), Jesús Pons (“Vega Media Press”) y Francisco Poveda (“Economía Avanzada”), hay que añadir ahora esas nuevas coacciones, incluso sutiles presiones, de las mafias sobre alguno más concreto del resto de los periodistas independientes murcianos, por parte de quienes desesperadamente buscan una impunidad mediática, ya imposible conforme se estrecha el cerco policial en torno a ellos, hasta perder los papeles e intentar, una vez más en la última década, matar al mensajero o mensajeros con los peores modos imaginables en un régimen de libertades públicas, entre ellas las constitucionales básicas de prensa y expresión.
En paralelo, esbirros y envíados "blandos" de esa descompuesta pirámide de corrupción, hoy sin solución de continuidad, están intentando a la desesperada un acercamiento suave al grupo de los periodistas independientes de la Región de Murcia, utilizando a personajes menos pringados por ser de aristas más recortadas, en busca de un rápido pacto vergonzante y “contra natura” hasta las elecciones del 27 de mayo próximo, dadas las enormes dificultades que se avecinan para salvaguardar los nuevos intereses económicos de gentes muy destacadas, desde una impunidad puesta en riesgo objetivo por los medios de comunicación sin hipotecas que, finalmente, han provocado entre nosotros la intervención contundente e irreversible del Estado frente al crimen organizado y con todo su sistema legal democrático por delante.
Tal situación de tensión emocional ha provocado ya, igual que en la Rusia de Putin por aquello de intentar vengar las propias culpas con escarmientos de corte gansteril a quienes no se doblegan ante las mafias surgidas de un capitalismo local degenerado, denuncias antes las autoridades corporativas, gubernativas, policiales y judiciales, al objeto de solicitar un mínimo de discreta, aunque eficaz, protección para esos periodistas murcianos a los que sin ningún pudor se intenta silenciar, dentro de un último esfuerzo oficial para que el cuerpo electoral no llegue a percibir, antes de esa decisiva fecha de cita con las urnas, la verdadera calaña oculta de las gentes que, desde amplios sectores del poder establecido, tienen secuestrada la soberanía popular de la Región de Murcia en beneficio de unos pocos privilegiados, cuyo único mérito consistió en financiar determinadas campañas electorales y utilizar concretos despachos profesionales, especializados en tráfico de influencias, para asesorarse sobre el método extralegal a seguir.
lunes, 16 de octubre de 2006
El triángulo de la impunidad
El Estado se dispone, sin más retraso, a restablecer el orden legal en el triángulo geográfico que forman las ciudades de Alicante, Murcia y Cartagena, gobernado mayoritariamente por consistorios y gobiernos autónomos del PP y donde, según todos los indicios, la presunta delincuencia urbanística parece alcanzar toda su virulencia ante la sensación generalizada de impunidad por parte de las mafias locales del sector inmobiliario. El proceso se presenta ya como irreversible, según fuentes posteriormente consultadas del Ministerio del Interior, y alcanzará plenamente a los tres últimos años.