El abogado Diego de Ramón denuncia el funcionamiento de la Justicia en la Región de Murcia ante el nuevo ministro

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón ha denunciado ante el nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el funcionamiento de la Justicia en la Comunidad Autónoma de Murcia en un escrito con fecha del pasado 7 de enero, según se ha sabido ahora y que dice textualmente:

"Que por medio de la presente, pongo en conocimiento de V.E.; y con el mejor propósito de mejorar las actuaciones de la ADMINISTRACION DE JUSTICIA, solicito una GRAN REFORMA DE LA MISMA, y teniendo muy en cuenta, las recomendaciones que indica el GRECO, (órgano creado en 1999, como se sabe a nivel institucional) formado por 49 paises, todos los componentes del Consejo de Europa, mas biolorusia y los Estados Unidos) donde tenia un nivel muy bajo en temas de corrupción, desde el año 2016, en cuanto a las recomendaciones en materia de corrupción aplicada a la Administracion de Justicia.

Se le achacaba, no atender las recomendaciones para fortalecer la independencia judicial, entre ellos, en atender la selección de los miembros del Consejo del Poder Judicial, pues para luchar contra la corrupción no se tenia que inferir los políticos, en ninguna de las etapas de selección de los magistrados a designar.

Una respuesta, nos la da que en el año 2018, España formaba parte de los 16 paises, incumplidora total o parcialmente, de las recomendaciones del GREPO, sobre los políticos.

Actualmente, ha salido, 10 de las once recomendaciones, total o parcialmente, como cumplidas. Y hago constancia, los diferentes partidos han cambiando su posición, y entre ellos a tener en cuenta, lo que dicen las cuatro asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, y este Letrado), y estas asociaciones, acuerdan 14 propuestas para mejorar la Justicia, en el año 2018, la ELECCION POR LOS PROPIOS JUECES DE LOS VOCALES DEL CGPJ, de conformidad con las recomendaciones del GRECO.

En cuestión, DESPOLITIZAR LOS ORGANOS MAXIMOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

La corrupción, hay que combatirla, para conseguir un equilibrio Y QUE SE SOBREPONGA LA APLICACIÓN DE LA LEY, CON EL DERECHO NATURAL, O DIVINO, que es que los magistrados, jueces, fiscales, como simple estudiantes de derecho, tenga en cuenta la “conciencia social que tienen los ciudadanos de la justicia, desde que nace hasta que mueran, como simple ciudadanos, lo que es la sentencia justa, y después de esa valoración que hagan su interpretación de la ley escrita, no lo primero sobre lo segundo.

Esa conciencia social, (sin intereses objetivos, o predijudiciales subjetivos, inspirada por el Derecho Natural, divino o primitivo de lo que es la justicia para el ciudadano, sin estudios jurídicos) aplicada a la justicia escrita.

ESPAÑA, necesita de esta GRAN REFORMA EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, por vez primera (2018) se ha creado el Código de conducta de los jueces, que sea de fácil acceso para los ciudadanos, complementado por asesoramientos en materia de conflictos de intereses y otros aspectos relativo a la integridad de jueces y magistrados.

Y también se ha acortado en esta fecha (2018), la caducidad de los expedientes disciplinarios del CGPJ, de 6 meses a un año.

Y también se han cumplido “parcialmente las recomendaciones del CRECO “, criterios objetivos como antes señalaba, para la evaluación del nombramiento de los miembros del CGPJ, Audiencias Provinciales (17 estados autonómicos) Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (17) Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

Quedando todavía, sin cumplir en su totalidad, de dichas recomendaciones del GRECO.

Si tenemos en cuenta que según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas ultimo, el 25% de los españoles sitúan a la corrupción en las tres principales preocupaciones.

Una medida a tener en cuenta, sobre un censo de los últimos diez años (abstraído las identidades jurídicas o físicas, que han acudido a ser usuarios de la Administración de justicia, ) que porcentaje, han tenido en ganar juicios, en las vías contenciosos administrativos, civiles o penales y de la jurisdicción laboral, contra las Administraciones Autonómicas, e instituciones publicas (entran todas), y sobre todo en las macro juicios contra desvíos graves de irregularidades con indicios presuntos de criminalidad, en las magistratura de las AUTONOMIAS UNIPROVINCIALES, que puedan prosperar a favor del ciudadano, aplicando “cuestiones de caducidad legal por ejemplo la aplicación del art. 325 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en algunos juzgados de instrucción en su fase de tramitación, se le olvidan a los jueces la prorroga legal de su tiempo de instrucción.

SE DEBERIA EMPEZAR EL ANALISIS O BAREMO, de estos datos y muchos mas, sobre censos judiciales que gana el ciudadano, contra la Administración autonómica o instituciones publicas autonómicas o del propio estado.

Si existe un porcentaje elevado de ganar estas Administraciones (incluyendo políticos, funcionarios, etc) sobre el ciudadano, PUEDEN FOMENTAR LA CORRUPCION, y estos análisis se deberían empezar a trabajar en ellos sobre todo en las AUTONOMIA UNIPROVINCIALES O PEQUEÑAS, SIN OBVIAR LAS GRANDES.

Este Letrado, como trabajador jurídico, ejerce en Murcia, y otras jurisdicciones territoriales, solicita la total protección de tutela de la Administracion de Justicia, en los casos que he denunciado a las administraciones publicas, presuntamente corruptas, en mi familia, mi persona, y como profesional, donde hasta ahora no tengo ninguna protección.

Existiendo vacio legal sobre este estado, y modificar el delito de prevaricación, con penas de privación de libertad, fomentando esto la corrupción (política, funcionarial, con carácter colectivo o sistematizado en un Estado de Derecho.

Peticionando este extremo, lo hago extensivo a la Fiscalía General del Estado, Comisaria de Justicia de la Unión Europea y al GRECO. Queriendo conseguir el equilibro de unos de los pilares de la Justicia europea, en erradicar la corrupción de intereses particulares, económicos o de idolologías políticas, para conseguir “Paz y Bien” en todas las estructuras comunitarias europeas, sin que ningún Estado, dejen de cumplirlas total o parcialmente". 

A juicio de este popular letrado, "en España hace falta despolitizar la Justicia, empezando hace años atras.

Hay que volver a los principios de la democracia, separación de poderes, tiene que haber separación de poderes (ejecutivo y judicial) todavía existe influencia política, en la designación de vocales del Consejo del Poder Judicial, Constitucional, Supremo, Presidentes de Tribunales Superior de Justicia de las 17 autonomías españolas y presidentes Provinciales, 

Tenemos que seguir las GRECO, creado por el Consejo de Europa, en 49 estados, incluyendo Estados Unidos.

Que los jueces apliquen el Derecho Natural, o Jurisprudencia humanista francesa, que es el concepto de justicia que tiene cualquier ciudadano, (sin tener conocimientos de leyes) y después las leyes escritas, por este orden.

Examinar la influencia en aquellas jurisdicciones primero de Comunidades Uniprovinciales, (La Rioja Murcia, etc) y después las grandes. En los usuarios de la Administración de justicia, en qué medida o porcentaje, han ganado juicios contra sus Administraciones Publicas autonómicas.

Y por ultimo, dado las denuncias que ha hecho este letrado, por temas de corrupción, pido protección personal y profesional, para no ser castigado por defender la anticorrupción. Dado que no existen leyes de protección en España, contra los que denuncian, como yo".

Incrementar la congestión de la Justicia un punto en la Región elevaría la tasa de paro del 18 al 20%

MURCIA.- El sistema judicial de la Región de Murcia es de los más congestionados de España, un país que ya de por sí se encuentra entre los más "congestionados" del mundo. Por ejemplo, un juez de primera instancia en la jurisdicción civil de la Región soporta 2,46 conflictos más de los que es capaz de soportar cada año. Además, si esa tasa se elevara en un punto, la tasa de desempleo crecería del 17,97 por ciento actual al 20 por ciento.

Así aparece recogido en el estudio 'Los impactos económicos del funcionamiento de la Justicia en la Región de Murcia' encargado por el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CESRM) que ha sido presentado este lunes en rueda de prensa por su autor, el economista del Banco de España y autor del estudio, Juan Mora-Sanguinetti.

En la rueda de prensa, Mora-Sanguinetti ha estado acompañado por el presidente del CESRM, José Antonio Cobacho; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme; y el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Martínez Moya.

En una comparativa por comunidades autónomas, el estudio recoge que el sistema judicial de la Región se encuentra entre el 25 por ciento inferior en cuanto a congestión. "El sistema judicial regional está muy congestionado y no ha sido capaz de aprovechar el largo plazo de mejora de la economía española para mejorar", según ha explicado Mora-Sanguinetti.

Ha lamentado que, incluso bien dotado de medios materiales y humanos, el sistema judicial de la Región "seguiría teniendo mucho estrés". Además, indica que la contribución de la Región a la congestión del sistema a nivel nacional convierte esta situación en un "problema" para toda España.

Por ejemplo, del estudio se desprende que la duración media de un procedimiento en los casos de primera instancia de la jurisdicción civil se elevaba a 701 días en 2018, frente a la media nacional de 596 días.

MC exige al Gobierno de España los nuevos juzgados para Cartagena

CARTAGENA.- El portavoz adjunto de MC Cartagena, Jesús Giménez, ha reseñado hoy que "no hay nada más progresista que la Justicia igualitaria y la solidaridad, la misma que tristemente nos vemos obligados a reclamar para los habitantes de nuestra Comarca". Posteriormente, el concejal cartagenerista ha recordado las dos decisiones urgentes que deberá adoptar el Gobierno de Pedro Sánchez.

"La primera, fijar la sede y poner en marcha los Juzgados Civil y Mercantil que están aprobados y son imprescindibles. Si Arroyo y Castejón siguen negándose a ofrecer un edificio en condiciones, ahí está la Casa del Mar, que es del Estado y seguro que cubre los setecientos metros cuadrados necesarios". 

"La segunda, ubicar de forma concreta la Ciudad de la Justicia; encargar el proyecto y comprometer la financiación en los presupuestos generales del Estado para 2020".

Giménez ha continuado su argumentación analizando la importancia de "revisar el criterio provincial de los Juzgados Hipotecarios, hasta ahora nefasto porque no tiene en cuenta la población y porque, en nuestro caso, nos perjudica por la negativa de los partidos nacionales a restituir la provincia de Cartagena".

El portavoz adjunto de MC Cartagena ha finalizado reclamando "una administración cercana y eficiente. Los cartageneros ya no podemos esperar más. PSOE y Unidas Podemos tienen ante sí la oportunidad de comenzar a hacer Justicia, veremos qué sucede y si logran enmendar la nefasta gestión de la ministra saliente, quien sólo ha sido capaz de garantizarse para ella la Fiscalía General del Estado, un cargo al que no es acreedora".

El PSOE garantiza como irrenunciable la construcción del Palacio de Justicia de Lorca en el solar previsto

LORCA.- La diputada nacional, Marisol Sánchez Jódar, ha salido al paso de las declaraciones del concejal popular en el Ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, para lamentar que "esté tan desesperado como para intentar cobrar protagonismo político sembrando dudas sobre un proyecto que sigue manteniendo el compromiso de todos los actores implicados".

Sánchez ha recordado a Gil Jódar que fueron las "meteduras de pata" de los gobiernos de su partido los que han provocado el retraso que está sufriendo la obra.

"Un mal proyecto que no contemplaba las dificultades de ese solar y no contemplaba la conservación del patrimonio y con una licitación plagada de errores. La mala planificación, a la que nos tiene acostumbrado el PP cuando gobierna es lo que hace que tengamos que pagar por sus errores, corrigiendo el proyecto y negociando con la empresa". 

Una empresa que recordamos llegó a iniciar la obra y que paralizó los trabajos cuando detectó los fallos del proyecto.

Sánchez se ha mostrado sorprendida de que el PP venga exigiendo "cuando ellos son los culpables y este gobierno tiene que solucionar los problemas que ellos han generado" y recordó que tanto el Ministerio de Justicia como el Ayuntamiento de Lorca, a través de su alcalde, Diego José Mateos, nunca han puesto en duda ni la realización de la obra ni su ubicación por lo que le parece "patética, además de innecesaria, la ofensiva parlamentaria anunciada hoy por los populares", porque a pesar de ellos, es un proyecto irrenunciable para el Gobierno de España y el de Lorca

Para Sánchez Jódar el "cinismo popular" no acaba ahí. "No me cansaré de repetirlo, si no ha habido bonificación del IBI o no se han aprobado los tres millones de euros para pedanías ha sido culpa del bloqueo político, cuyo máximo responsable es el PP, un partido irresponsable que lejos de abstenerse para dejar que gobierne el partido que ha ganado dos veces consecutivas las elecciones , tal y como hizo en el año 2016 el Partido Socialista, prefiere seguir perjudicando a los españoles y españolas, bloqueando la formación de un gobierno que por otro lado ellos son incapaces de formar".

En resumen, la diputada por Murcia, ha afeado al Partido Popular que no sean capaces de hacer las "cosas bien cuando están en el gobierno, como con el proyecto del Palacio de Justicia y luego desde la oposición sean incapaces de arrimar el hombro y solo se dediquen a llamar la atención resucitando debates ya superados, sembrando dudas infundadas, sin base y sin sentido", por lo que ha invitado al Partido Popular a que busque "polémica con otro tema".

Para finalizar, Marisol Sánchez ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al colectivo de profesionales de la Justicia de la comarca y ha afirmado que: "Nosotros garantizamos como irrenunciable la construcción del Palacio de Justicia de Lorca en ese solar" y estamos, como es nuestra obligación, en contacto permanente con fuentes del Gobierno de España para conocer la evolución de las negociaciones con la empresa adjudicataria.

El Tribunal Supremo tumba peligrosas decisiones del TSJ de Murcia

MADRID.-Una vez más el funcionamiento de la Justicia en la Región de Murcia vuelve a estar sobre el tapete de la actualidad y no precisamente por la brillantez de las decisiones adoptadas por su Tribunal Superior de Justicia. Llueve sobre mojado en la Justicia en esta Comunidad Autónoma, cuando la instrucción de algunas causas se dilatan por lustros, se anulan otras causas por casos de corrupción como consecuencia de errores tan absurdos como no pedir la prórroga en la investigación como asunto complejo, la revisión de otros asuntos que deberán abordarse tras algún caso de corrupción policial que ha dado al traste con operaciones de narcotráfico, etc, según publica https://columnacero.com.

Mientras tanto la desconfianza sobre las actuaciones judiciales y fiscales continúan. En este caso, el asunto, reside en los juzgados de Lorca, partido judicial en el que se instruyen las causas que afectan al expresidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, quien -a su vez-  fuera el ‘delfín’ sucesor del -a su vez Presidente de la Comunidad- Ramón Luis Valcárcel, éste pendiente ahora de una nueva causa judicial por corrupción en la que se pretende su imputación por parte de la Fiscalía, en el denominado ‘Caso Desaladora’ (una infraestructura de desalación realizada en tiempos de Valcárcel, y cuya construcción y modelo de gestión adjudicada ha supuesto uno de los despilfarros económicos más lacerantes en la Región de Murcia, baste saber que atendiendo a su coste general, implicaría que cada hectómetro cúbico de agua producida hasta ahora le habría costado a los murcianos, ni más ni menos, más de dos millones de euros, según información emitida días atrás por la Cadena SER).

El último escándalo lo acaba de ofrecer el propio Tribunal Supremo en un auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo, hace apenas unas semanas, conocido en los últimos días, y sobre el que parece haberse aplicado una suerte de ‘omertá’, es decir no hablar sobre lo ocurrido. 

La cuestión no deja lugar a dudas, algo no funciona en la Justicia en la Región de Murcia cuando se trata de enjuiciar a políticos inmersos en causas complejas, desde la perspectiva jurídica, social y mediática; lo que nos obligará a revisar qué tipo de juez ha estado detrás de otras decisiones que han tenido como consecuencia, por ejemplo el archivo o anulación de algunas ‘peliagudas’ instrucciones.

La Sala de lo Contencioso, del más alto tribunal del Estado, ha emitido una resolución en forma de auto del que ha sido ponente el magistrado, Nicolás Maurandi; por cierto alguien que conoce muy bien el Poder Judicial en la Región de Murcia donde ejerció de magistrado; auto por el que  se anula “de inmediato” una gravísima decisión del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma, que preside Miguel Alfonso Pasqual del Riquelme Herrero, cuya designación estuvo rodeado de una fuerte polémica y del CGPJ, por el que se pretendía que una jueza sustituta (juez no profesional) “asumiera la celebración de las sesiones del juicio y el dictado de la sentencia en el procedimiento abreviado número 292/2017 que se sigue en el Juzgado de lo Penal Num. 2 de Lorca” referida a una macrocausa por corrupción política “con múltiples partes personadas, acusados, responsables civiles, testigos y peritos… macrocausa de corrupción de gran magnitud y complejidad por su volumen, implicaciones sociales, político jurídicas y mediáticas”, aspectos estos que han quedado acreditados ante el propio Tribunal Supremo.

Los hechos que han dado lugar a la actuación del Tribunal Supremo han seguido un orden cronológico y de contenido, a cada paso, más sorprendente:

La Junta de Jueces del Partido Judicial de Lorca -donde se instruyen las causas de corrupción que afectan al expresidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez-  elevó una consulta sobre el régimen de sustitución de los dos Jueces de lo Penal con ocasión de su abstención; y la Sala de Gobierno del TSJ de Murcia, en sesión de 20 de noviembre de 2018, acordó: Que la sustitución ordinaria la realizara el Juzgado de primera Instancia e Instrucción de ese partido Judicial, conforme al turno de sustitución natural u ordinaria; e interesar del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) autorización para el llamamiento de un juez sustituto, con el fin se suplir la imposibilidad que se producía para llevar a cabo la sustitución natural en la celebración de la vista oral, y habiendo de durar el llamamiento del sustituto el tiempo estrictamente imprescindible para dichas actuaciones.

La ponencia que sirvió de base al acuerdo anterior razonó así:

"[...] la duración previsible de la vista oral (atendiendo al número partes, acusados, responsables civiles, testigos y peritos, así como a las estimaciones del titular del juzgado de lo Penal nº 2), que puede razonablemente situarse en no menos de tres semanas, impediría la cobertura de dicho órgano a través de cualquier modalidad de sustitución natural u ordinaria.

En efecto, la agenda ordinaria de señalamientos de los jueces de primera instancia e instrucción del resto de órganos del Partido Judicial de Lorca, así como de juzgados de otros partidos judiciales de la Región respecto de los que pudiera valorarse una prórroga de jurisdicción, unido a la indisponibilidad de las distintas clases de jueces previstos en el artículo 210.1.0 LOPJ (los existentes ya tienen su propia agenda judicial comprometida), todo ello (...) hace imposible la cobertura de la plaza por sustitución ordinaria sin que ello conlleve un grave quebranto para el servicio, pues obligaría a la suspensión de actuaciones programadas y la práctica paralización del juzgado del juez llamado a sustituir de manera ordinaria por un tan prolongado y continuado período de tiempo (...) vista la excepcionalidad de la situación planteada, se estima procedente recurrir a la previsión contenida en el artículo 210.1. f), LOPJ , cuando señala que "en último término y agotadas las anteriores posibilidades, se procederá al llamamiento de un Sustituto no profesional de conformidad con lo previsto en el artículo 213 de esta Ley "".

En definitiva los jueces de Lorca vienen a decir que tienen mucho trabajo como para asumir su turno de sustitución, sin aportar más causa para ello que el elevado trabajo de sus juzgados -algo que no es exclusivo de éstos, pues es un mal endémico de la Justicia española- y el TSJ decide acudir a una vía absolutamente extraordinaria (designación de jueces sustitutos no profesionales) y que en realidad no está prevista para la sustitución en el enjuiciamiento y resolución de causas complejas, sino más bien, para sustituir la labor ordinaria del juzgado. 

El TSJ, sin ningún razonamiento fáctico, más allá que el intenso trabajo de los juzgados de Lorca, ante una causa de gran complejidad y de grave repercusión social, mediática y jurídica, en una maniobra -que como señalará el Tribunal Supremo más adelante- no sólo puede comprometer el buen nombre de la Justicia sino el buen fin de la propia causa judicial (292/17 del Juzgado de lo Penal número 2 de Lorca) opta por comunicar a una jueza sustituta no profesional (una abogada) que se haga cargo del asunto.

El presidente del TSJ de Murcia dictó acuerdo, el 18 de febrero de 2019, por el que remitía al CGPJ la solicitud de autorización de llamamiento de Juez sustituto en la persona de ‘doña Justa’ (nombre supuesto que se elimina de la información). Diez días después, concretamente el 28 de febrero de 2019, la mujer designada dirigió un escrito al Tribunal superior de Justicia de la Región en el que, tras de exponer “que había recibido comunicación telefónica en el que se le informaba que había de hacerse cargo de las sesiones del juicio y la posterior sentencia del proceso de que se viene hablando, manifestaba su no aceptación del llamamiento”. 

Aducía para ello “la magnitud de la causa y no poseer la suficiente experiencia para no afrontar un proceso de esta complejidad”.

Pese a tan razonables explicaciones el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Miguel Pascual de Riquelme, resolvió reiterar el llamamiento a la misma persona advirtiéndole, además, “de las consecuencias de la no aceptación injustificada en el plazo de dos (2) días”. 

Así las cosas, el acuerdo, fue impugnado por la abogada designada mediante un recurso ante el Consejo General del Poder Judicial cuya Comisión Permanente avaló la decisión de Pascual de Riquelme (Presidente del TSJ) en una resolución de fecha 14 de Marzo.

De nuevo ‘Dña. Justa’ impugnó la decisión ante el mismo órgano, que reiteró su decisión. Pero la mujer designada como sustituta no se arredró frente a la decisión de los togados del Gobierno de los Jueces y presentó de inmediato un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS Y MEDIDAS CAUTELARES PARA EVITAR EL DESATINO DE LA DESIGNACIÓN

Presentado el Recurso ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo, el Abogado del Estado (que representaba de hecho la postura del Consejo General del Poder Judicial), se opuso a la medida cautelar que planteaba la abogada designada como jueza sustituta no profesional. Ésta alegó, entre otros criterios y principios jurídicos el de ‘fumus boni iuris’ (significa en términos literales apariencia de buen derecho) y el de ‘periculum in mora’  (peligro por el retraso judicial). 

Lo curioso es que el abogado del Estado ni siquiera desmontó los argumentos del recurso de ‘Dña. Justa’, que quedaron definitivamente acreditados para la Sala de lo Contencioso del Supremo.

En sus razonamientos jurídicos el ponente del Auto, Nicolás Maurandi, viene a poner de manifiesto que si bien está previsto que pueda acudirse a esta vía para la designación de jueces sustitutos (no profesionales de la judicatura) ésta vía de sustitución sólo puede ejercerse “en casos excepcionales, cuando no sea posible la sustitución por un miembro de la carrera judicial” y señala que “la literalidad del texto legal que acaba de transcribirse pone de manifiesto que el hecho legalmente habilitante de esa sustitución es la imposibilidad de que la pueda realizar cualquiera de los jueces de carrera que, según os órdenes de prelación que figuran en los artículos 210 y 211, son llamados por la LOPJ como sustitutos naturales con anterioridad al juez no profesional. 

Es decir, es esa única razón, consistente en la imposibilidad de que la sustitución la pueda desempeñar un juez de carrera, y no cualquier otra, la que de manera taxativa establece el legislador orgánico para considerar legítimo el llamamiento para la sustitución de un juez no profesional. 

Y lo que comporta lo anterior es que la mera perturbación que pueda darse en el órgano jurisdiccional servido por el juez profesional a quien corresponda efectuar la sustitución natural no puede ser considerada un motivo legalmente justificado para llamar al sustituto no profesional”.

Principio irrenunciable al Juez predeterminado por la Ley y eventuales consecuencias

El ponente entra además en sus razonamientos jurídicos en cuestiones de profunda carga constitucional cuando en el punto tercero de sus razonamientos jurídicos señala que: “Para decidir dicha cuestión ha de tenerse en cuenta que la debida observancia de la garantía juez natural o legalmente predeterminado, inserta dentro del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( artículo 24 CE ), comporta lo siguiente: que la complejidad o excepcional importancia que pueda presentar un determinado asunto, cuyo conocimiento corresponda a un determinado juez en su condición de titular del juzgado al que haya sido turnado, así como la incidencia que esas características puedan proyectar en otros asuntos tramitados en dicho juzgado, no es causa que legalmente justifique el llamamiento de otro juez para que por sustitución asuma ese singular asunto; sin perjuicio de que, para evitar las disfunciones que puedan producirse en la marcha del órgano judicial, se pueda acudir a las medidas de refuerzo previstas en los artículos 216 bis de la LOPJ”.

Podría llegarse a la nulidad y afectar gravemente la confianza en el sistema judicial

Nicolás Maurandi, señala  que el sólo hecho de nombrar al juez sustituto no profesional, podría ser causa de que se decretase su nulidad por no ser el predeterminado por la Ley y las consecuencias que este desatino podría proyectar van desde la propia causa que ha de juzgarse a la generación de desconfianza social sobre el funcionamiento de la Justicia, y así lo expresa en el 2.2 de los razonamientos jurídicos cuando de manera especialmente grave señala que: “se podrían derivar de dicha estimación unas importantísimas consecuencias que trascienden del interés personal de la recurrente y conciernen a intereses públicos de singular importancia. 

Nos referimos a la vulneración del juez legalmente predeterminado, que no sería una necesaria consecuencia de la nulidad de un nombramiento judicial (así debe subrayarse), pero, en unión de otras circunstancias, sí podría tener incidencia en la validez de los procesos conocidos y enjuiciados por el juez cuyo nombramiento haya resultado anulado”.

En el auto, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo destaca que “no hay un interés público que demande inexcusablemente que el juicio oral sea presidido y dedicido por una juez sustituta no perteneciente a la carrera judicial en la celebración del juicio por la causa de corrupción política de que se trata, “dicho de otro modo -señala el ponente- , ha de disiparse cualquier duda sobre el juez o la jueza que haya sido designado para la celebración del juicio oral porque, de exteriorizarse esa duda, la imagen social de la justicia quedaría gravemente dañada”.

De mantenerse la decisión del presidente del TSJ de la Región de Murcia, según el auto del Tribunal Supremo del Estado “el juicio oral del que venimos hablando se va a celebrar en plazo breve porque el interés general así lo reclama; y, de no adoptarse la medida cautelar, la futura sentencia estimatoria que pudiere dictarse en el actual proceso jurisdiccional no serviría para dar tutela al derecho cuyo reconocimiento en este proceso reclama la recurrente si, por ella, hubiese sido ya cumplido, y llevado a la práctica, el llamamiento de sustitución que directamente combate”.

Finalmente la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo es categórica y tira por tierra las designaciones reiteradas del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Miguel Pascual de Riquelme, y acuerda de forma taxativa “la inmediata suspensión del llamamiento que se efectuó a ‘Dña. Justa (jueza sustituta no profesional)”.

Los partidos judiciales de Caravaca y Mula ya pueden tramitar desde hoy solicitudes de justicia gratuita para sus habitantes

MURCIA.- El Colegio de Abogados de Murcia, en colaboración con el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, ha inaugurado hoy el Servicio de Orientación Jurídica en esta ciudad que posibilitará un acercamiento de la justicia gratuita al ciudadano y la agilización en la tramitación de solicitudes y designación de profesionales con el objetivo de favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva.

Así, los habitantes del partido judicial de Caravaca de la Cruz que pretendan litigar gratuitamente podrán formalizar sus solicitudes de justicia gratuita en el Centro Municipal de Empleo, Formación e Igualdad todos los viernes de 9.30 a 13.30 horas.

En este espacio serán atendidos por Letrados del Servicio de Orientación Jurídica que también cubrirán la atención a los solicitantes del partido judicial de Mula.

La implementación de este servicio ha contado, asimismo, con la colaboración del Juzgado Decano de Caravaca de la Cruz, la Mancomunidad de Servicios sociales del Noroeste y la Mancomunidad de Servicios Sociales del Río Mula. Todo ello con el fin de que se agilice la concesión del beneficio de asistencia jurídica gratuita y la designación de profesionales, lo que redunda en beneficio de la Administración de Justicia y de todos los ciudadanos.

La inauguración de este servicio ha contado con la presencia del alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y la vicedecana del Colegio de Abogados de Murcia, Maravillas Hernández, como principales autoridades. También han asistido la diputada del Colegio de Abogados de Murcia, Cristina García, el juez decano del Partido Judicial de Caravaca de la Cruz, Antonio Ramos Valverde, y las concejales del Ayuntamiento de Caravaca, Mónica Sánchez e Isabel López, así como procuradores y letrados del partido judicial y de los servicios sociales.

Justicia jurídica gratuita y turno de oficio

La asistencia jurídica gratuita es un servicio público que garantiza el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a quienes carecen de recursos económicos para litigar, mientras que el turno de oficio es el sistema a través del cual los colegios de abogados proceden a designar letrado a quienes necesitan defensa jurídica, siendo gratuito para quienes acrediten que carecen de recursos económicos.

El Consejo de Europa afea a España que no solucione la “supuesta politización” de la Justicia

BARCELONA.- El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), organismo dependiente del Consejo de Europa para mejorar la capacidad de los estados miembros en la lucha contra la corrupción, ha vuelto a poner el dedo en la yaga al advertir de que sigue sin acometerse “el talón de Aquiles de la judicatura española: su supuesta politización”, recoge La Vanguardia. 

Con estas palabras, se expresa el informe del organismo que analiza el grado de cumplimiento con que el Estado español ha respondido ante los retos que el propio GRECO le planteó hace seis años. Entonces, a España se le recomendó cambiar la forma en que se elige el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero aún no ha tomado medidas al respecto. 

El informe de evaluación hecho público este miércoles lleva fecha del 21 de junio de este año, y aunque en él se reconocen algunos “esfuerzos” para “reforzar la democracia interna, la transparencia y la rendición de cuentas en los métodos de trabajo del CGPJ”, se insta a tomar más medidas para evitar la percepción que aún tiene la ciudadanía española de que la Justicia en España está politizada.

En concreto, el GRECO lamenta que “la importante labor llevada a cabo por la Subcomisión de Justicia en el Congreso en relación con la cuestión de la composición del CGPJ haya fracasado”. El organismo recomienda eliminar la elección del turno judicial por parte de los políticos, pero con el fracaso de los trabajos de la subcomisión “se ha perdido la oportunidad de subsanar lo que ha demostrado ser, en los ojos de los ciudadanos, el talón de Aquiles de la judicatura española: su supuesta politización”.

El informe concluye que la recomendación lanzada en su día “no se ha cumplido”, pero se cuida mucho de poner en tela de juicio la independencia de los jueces españoles. De hecho, el en informe de seguimiento asegura que, aunque el legislativo no haya acometido la modificación del método de designación de los miembros del CGPJ, “esto no quiere decir que se ponga en tela de juicio la independencia de los jueces”.

“El GRECO ha sido muy claro a este respecto y desea volver a serlo: no cabe duda de la independencia e imparcialidad de los jueces en el desempeño de sus funciones”, sostiene la evaluación. Pero cuando las estructuras de gobierno del poder judicial no se perciben como imparciales e independientes, hay “un impacto inmediato y negativo en la prevención de la corrupción y en la confianza del público en la equidad y eficacia del sistema jurídico del país”, argumentan.

Por tanto, el organismo vuelve a insistir en la necesidad de que las autoridades políticas españolas “no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial”.

El informe también se refiere a otros asuntos más allá del CGPJ. En general, reconoce avances con respecto a 2013 pero también pide una estrategia general anticorrupción y una implementación efectiva de las leyes en España. 

El GRECO admite que las autoridades españolas han realizado esfuerzos positivos en este periodo para adoptar y modificar las leyes y reglamentos anticorrupción, pero la supervisión y la rendición de cuentas “son su aspecto más débil”. 

En definitiva, el organismo aprecia “una gran brecha entre la legislación y su implementación en la práctica”.

Entre las recomendaciones en que se vuelve a incidir están las que se refieren a “hacer frente a los riesgos de puertas giratorias cuando los funcionarios del Gobierno dejan sus funciones para trabajar en el sector privado”. Para ello, se exigen “normas y procedimientos más estrictos”. 
Los cuerpos policiales que dependen del Estado también son objeto de análisis. Se cita a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para reclamar una mejora en sus mecanismos internos de prevención de la corrupción. 
En concreto, se insta a llevar a cabo “una mejor evaluación y gestión de riesgos y el refuerzo de las normas éticas y su comunicación a diario” y “una mayor transparencia, objetividad y equidad en relación con los procesos relacionados con la carrera profesional y la asignación de bonos, medallas y otros beneficios”.
Pese a la desatención de algunas recomendaciones, el GRECO concluye que “el nivel de cumplimiento de España ya no es ‘globalmente insatisfactorio’ y por lo tanto, ya no está sujeto a su procedimiento de incumplimiento”, pero se espera una acción más decidida con respecto a la regulación del lobby” y se urge a acometer medidas respecto al CGPJ, la única de las 11 recomendaciones lanzadas que sigue sin implementarse, ni siquiera parcialmente.  

Inhabitual lección de humildad de un juez lorquino

LORCA.- La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha hecho entrega recientemente en la sede de su departamento de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort al magistrado-juez decano de Lorca, Juan Alcázar, en reconocimiento a los méritos que concurren en su trayectoria profesional dentro de la carrera judicial, según recoge La Opinión.

Alcázar fue el primer juez con categoría de magistrado que se incorporó a los juzgados lorquinos. Su andadura judicial comenzó en 1984 como juez sustituto y a partir de 1993 como juez titular.

Se trata de la máxima distinción que se concede a un jurista. En su caso, la propuesta partió de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local, Guardia Civil y Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía que hicieron la petición al Ayuntamiento que lo aprobó en Pleno con la adhesión también de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Según Alcázar, en declaraciones a La Opinión,«no han sido los compañeros de carrera, sino el pueblo de Lorca y sus gentes con quienes trabajo cada día, los que lo han propuesto» y hacia quienes van dirigidas sus muestras de gratitud.

El magistrado-juez Alcázar, como se le conoce popularmente, nació en Lorca y en esta ciudad pretende acabar su vida laboral tras desempeñar previamente su trabajo en los juzgados de Hellín, Yeste, Villarobledo o Totana.

Afirma que en ningún momento ha sentido aspiraciones de marcharse a Murcia a la Audiencia Provincial «porque amo la huerta de Lorca, donde vivo, donde tengo mi casa, mi huerta, mi jardín y mis perros, algo que no compensa ningún tipo de ascenso».

Se muestra convencido de que ser juez y vivir en Lorca «no tiene ni inconvenientes ni tampoco ventajas cuando lo importante a tener en cuenta son las barreras que te tienes que imponer a ti mismo e imponer a la gente».

Señala asimismo que «no soy hijo de grandes empresarios ni tengo intereses económicos fuertes en la ciudad ni tampoco me pueden vincular con empresas que pudieran mediatizar mi trabajo».

Juan Alcázar es una persona muy querida y respetada en la ciudad. En el año 2018 fue distinguido con el Diploma de Servicios Distinguidos que anualmente concede el Ayuntamiento de Lorca.

Durante su intervención dijo que «me siento un privilegiado porque la vida me ha ofrecido la gran suerte de trabajar en la justicia y en responder a mi compromiso con ella», señalando asimismo que «un juez no puede nunca olvidar que opera sobre un material extremadamente sensible: el corazón humano».

Durante su intervención dijo también que «el oficio de juez es un oficio duro pero que proporciona enormes satisfacciones», destacando que «lo grandioso y maravilloso de esta profesión es el contacto con el ser humano, la aventura que supone la búsqueda de la verdad en cada asunto».

 Cuando tenía 24 años, en 1984, dictó su primera sentencia como juez sustituto del juzgado de distrito de Lorca.

Estudian la viabilidad del hotel 'Peninsular' como sede temporal de los nuevos juzgados de Cartagena

CARTAGENA.- La gerente territorial del Ministerio de Justicia en la Región de Murcia, Julia García, acompañada de un arquitecto, ha realizado esta mañana una visita a las instalaciones del antiguo Hotel Peninsular para estudiar su viabilidad como sede provisional para nuevos juzgados. La directora general de Urbanismo, Ángeles López, junto a varios técnicos municipales de la Concejalía, ha acompañado a la delegación ministerial para conocer el estado del edificio, así como sus accesos.

"Cartagena necesita una Ciudad de la Justicia cuanto antes, pero mientras tanto desde el ayuntamiento de Cartagena hemos puesto a disposición del Ministerio este espacio para que se puedan instalar los nuevos juzgados que el partido judicial de Cartagena necesita y que tanto han demandado abogados y jueces, así como la sociedad civil", ha declarado la alcaldesa de Cartagena y responsable del Área de Urbanismo, Ana Belén Castejón.

Este edificio, situado en la calle Cuatro Santos, fue adquirido por el Consistorio en el año 2016 y cuenta con 920 metros cuadrados repartidos en 5 plantas.

La alcaldesa ha manifestado que esta infraestructura es la más adecuada por su ubicación, en el centro de la ciudad, y por su proximidad a otros edificios administrativos, y que además de solucionar el grave problema de espacio en el ámbito judicial ayudaría a revitalizar las calles del casco antiguo de Cartagena.

El municipio necesita cuanto antes la construcción de la Ciudad de la Justicia ya que las actuales instalaciones no sólo son insuficientes sino que han quedado obsoletas. Por este motivo, desde el Ayuntamiento se iniciaron negociaciones con los ministerios de Justicia y Defensa para que la parcela que actualmente acoge la Factoría de Subsistencias de la Armada se destinara a este uso.

"El espacio que planteamos es suficiente para albergar los dos juzgados de Primera Instancia que Cartagena precisa y uno de lo Mercantil, como han solicitado los miembros del partido judicial. Confío que en breve tendremos buenas noticias por parte del Ministerio. 

En el caso de Justicia, que aceptan esta cesión y que en breve iniciarán las obras necesarias, y en el caso de Defensa, que las negociaciones siguen avanzando para que su parcela pase a municipal y nosotros podamos cederla a Justicia", ha precisado Castejón.

Escándalo en la Judicatura murciana que no quiere investigar y juzgar a Valcárcel pese a la Fiscalía

MURCIA.- Hasta tres juzgados de Instrucción de Murcia no han asumido la competencia para admitir a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra el expresidente de la Comunidad Autónoma y exvicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, en el caso de presunta corrupción de la Desalinizadora de Escombreras.

La denuncia, presentada el pasado julio, pide que se investigue a Valcárcel por si su participación en el proyecto de construcción de esta obra pudo ser constitutiva de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros.
La acusación pública sostiene que el proyecto de la desalinizadora, que comenzó desde la iniciativa privada, fue asumido finalmente por la administración regional en una operación que considera perjudicial para los fondos públicos al comprometerse a pagar 600 millones de euros a lo largo de 25 años a la empresa que la realizó.
La denuncia fue presentada a raíz de que la Audiencia Provincial de Murcia, el pasado junio, anulara la declaración de compleja de la investigación acordada por el Juzgado de Instrucción Murcia que investiga la causa principal por haber sido aprobada fuera de plazo.
Para el ministerio público, no existe obstáculo alguno para que el Juzgado de Instrucción en el que finalmente recale la misma asuma la investigación contra Valcárcel como pieza separada dentro de la principal.
De hecho, según han indicado fuentes de la Fiscalía, lo "normal" sería que se admitiera a trámite y se abrieran diligencias previas para investigar los hechos relatados en la misma, los cuales apuntan, según los indicios recogidos, a que un proyecto de esa envergadura no habría podido ser ajeno al exmandatario regional, bien por acción o por omisión.
La denuncia fue presentada en el juzgado que investiga desde hace meses este supuesto caso de corrupción, pero este no la aceptó y la envió al reparto.
El órgano jurisdiccional al que correspondió declinó asumirla al exponer que la causa tendría que haber sido repartida entre los juzgados como causa especialmente compleja, y realizado un segundo reparto, el nuevo juez se inhibió a favor del juzgado que ya investigaba el caso debido a su conexión.
Esta iniciativa del ministerio público ha suscitado controversia en los ámbitos de la justicia al haber sido planteada cuando el plazo para investigar, según la interpretación hecha por la Audiencia Provincial de Murcia, ya quedó concluso hace meses, por lo que no se descarta que tenga que ser este tribunal el que se pronuncie sobre su procedencia.
En este proceso figuran como investigados, entre otros, el exconsejero regional de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma Antonio Cerdá.

La magistrada Consuelo Uris Lloret, nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJRM

MURCIA.- El Consejo General del Poder Judicial nombró este jueves a la magistrada María Consuelo Uris Lloret presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Murcia tras la jubilación de su predecesor, el magistrado Abel Sáez Domenech. Uris Lloret, que forma parte de la Sala desde enero de 2005 y que es la única candidata al puesto, ha obtenido el apoyo unánime del Pleno. 

La nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia ingresó en la carrera judicial en 1988, año en el que ocupó su primer destino como titular del Juzgado de primera instancia e instrucción único de la localidad de Yecla. Con posterioridad, prestó servicio en juzgados de Molina de Segura y Barakaldo y en 1991 fue nombrada magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, donde permaneció dos años. Tras pasar por el Juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Murcia, en 1998 fue destinada al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de la misma ciudad y, destino en el que permaneció hasta 2005. Desde 2012, preside una de las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ.

Académica de número de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia desde 2016, es autora de la monografía titulada 'La responsabilidad patrimonial por actos del legislador y su regulación en la nueva ley sobre régimen jurídico del sector público' y del libro 'La protección de la legalidad territorial y urbanística en la Región de Murcia', ambos publicados en 2016.

Ha colaborado como docente en numerosas actividades de formación organizadas por el CGPJ, así como con la Escuela de práctica jurídica de la Universidad de Murcia (1999-2012). También ha sido participado como profesora en la Escuela de formación e innovación de la Administración Pública de la Región de Murcia (2015) y en el plan de formación de la Escuela de Administración Local de la Región de Murcia (2008).

Uris Lloret ha sido coordinadora del foro de la nueva oficina judicial en la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Murcia (2005) y, entre otras actividades, ha participado en el congreso de la Red Derecho Tics con la ponencia titulada 'La modernización tecnológica de la Justicia en España: el estado de la cuestión' (2017) y ha dirigido un taller sobre el uso de aplicaciones informáticas en la administración de Justicia (2018).

El presidente del TSJRM desgrana varios cuentos y se parapeta frente a Madrid para autojustificar su fracaso

MURCIA.- El muy cuestionado y sospechoso presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, el murciano Miguel Pasqual del Riquelme, ha anunciado que en los próximos meses verá la luz un estudio que permitirá cuantificar, por primera vez los gastos que ocasiona el atasco judicial a la economía regional y ha pedido un Pacto Regional por la Justicia para que sus peticiones lleguen a Madrid.

Así lo ha manifestado  en su discurso con motivo de la apertura del año judicial autonómico, acompañado del fiscal Superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera; y en representación del Consejo General del Poder Judicial, el no menos cuestionado vocal murciano Juan Martínez Moya, así como autoridades políticas, civiles y militares.
También ha defendido la necesidad de una implicación "coordinada y programada" de todas las instancias políticas, económicas y sociales de la Región para "reclamar en Madrid lo que nos corresponde" y propone, en este sentido, un Pacto Regional por la Justicia que "permita oír la voz de la Región ante quienes en Madrid tienen que tomar las decisiones para lograr, de forma urgente, nuevos edificios judiciales para Lorca, Cartagena y Molina de Segura, así como una mayor cuota para la Región en el reparto anual de nuevos órganos judiciales a nivel nacional".
Y es que, ha destacado, el sistema judicial murciano debe disponer de los medios necesarios "para estar a la altura en un momento especialmente difícil para la Región".
Momento de su discurso en el que se ha referido a los "enormes destrozos" ocasionados por la gota fría en Murcia, lo que exigirá "un esfuerzo de reconstrucción que deberá ir acompañado por una Justicia que responda, con agilidad y eficacia, a los litigios que se generarán".
Porque, ha continuado, "la fuerte presencia del Estado y sus servicios públicos, también del de Justicia, debe estar garantizada más allá de los momentos de emergencia y mantenerse durante toda la fase de reconstrucción".

Consciente de la "frustración" de la sociedad por la "lentitud" de la Justicia, ha criticado que "año tras año, con gobiernos de distinto signo, el resultado para la Región ha sido desalentador e insuficiente para corregir el desfase respecto de la media nacional".
Y es que, ha confesado, "es obvio que un mal funcionamiento de la Justicia disminuye el atractivo de un territorio para nuevas inversiones". "Si los inversores no confían en que, en caso de litigio, verán reconocidos y aplicados sus derechos en un tiempo razonable, invertirán en otro sitio", añade.
Además, ha apostillado, "un deficiente funcionamiento del marco normativo les genera una estructura de incentivos adversa; y un mal funcionamiento de la Justicia produce también efectos negativos y lastra el funcionamiento del tejido productivo y comercial ya existente, haciéndolo menos competitivo al ser mayor el tiempo necesario para obtener una respuesta definitiva a un litigio, al dificultar el cobro de las deudas impagadas o al comprometer el retorno de las inversiones realizadas".
Las "ineficiencias" en el sistema judicial también pueden obstaculizar el buen funcionamiento del mercado de vivienda, ha dicho, para después advertir, en esta misma línea, que "la menor eficacia judicial reduce también la disponibilidad de crédito".
También una "adecuada" preservación del orden público y bajos niveles de criminalidad "son decisivos para promover la llegada de turistas y residentes cualificados, vital en una Región de tan clara vocación hacia esos mercados".
Según el presidente del TSJ de Murcia, "la Justicia es antes que nada un instrumento al servicio de la cohesión y la pacificación social, de garantía de nuestros derechos y libertades, mecanismo de corrección de inequidades y presupuesto del estado del bienestar".
En clave económica, ha hecho referencia a los estudios que indican la influencia negativa que en la economía puede generar un sistema judicial ineficaz.
Partiendo del PIB autonómico, que se sitúa en 31.259 millones de euros, "cada punto de ineficacia judicial significaría una pérdida de 300 millones en dicho PIB, lo que podría ser hasta 1.500 millones anuales (aproximadamente, el gasto regional en educación)".
Por su parte, "el dinero retenido en cuentas de depósitos de los tribunales murcianos asciende a 114 millones de euros, que quedan por tanto fuera de su flujo económico natural", precisa.
El presidente del TSJ de Murcia, que ha aprovechado el acto para recordar a los representantes políticos que cada día, en los juzgados y tribunales de la Región, "se solventan decenas de litigios y se atiende a cientos de ciudadanos con plena normalidad y con todas las garantías", se ha referido, no obstante, que el esfuerzo realizado es "insuficiente para absorber la creciente entrada de asuntos en los órganos judiciales de la Región".
Esfuerzo que se traduce en los 185.846 litigios resueltos en la Región en 2018, lo que representa un 1,2% más que en el año 2017, cifras que ponen de relieve que un año más, los juzgados y tribunales de la Región "se encuentran entre los más productivos a nivel nacional".
Y es que, ha manifestado, "aunque la pendencia en fase de ejecución se redujo el pasado año en un 8,8%, respecto del año anterior, la pendencia en fase declarativa ha aumentado en un 6,7 % respecto de 2017". 

Año tras año, desde hace una década, las memorias e informes de este TSJ "han venido insistiendo en la necesidad de más juzgados para la Región y tenemos muchas veces la sensación de nadar vestidos".
Ha querido dejar constancia del "déficit" estructural de juzgados y tribunales que padece la Región, que "necesitaría 27 nuevas unidades judiciales para equiparse a la dotación media de órganos judiciales a nivel nacional".
"Los murcianos tenemos asignados diez jueces por cada 10.000 habitantes, mientras que en Asturias disponen de casi 15 jueces por el mismo número de ciudadanos, 14 en Cantabria y 13 en Castilla y León", ha puntualizado, para añadir después que "esta infradotación de medios tiene efectos reales y directos sobre los ciudadanos de Murcia".
Personas, ha dicho, con nombres y apellidos, como comerciantes, trabajadores, empresarios, propietarios, consumidores, familias, víctimas de delitos o menores quienes soportan los retrasos derivados de las carencias de medios que padece nuestra Justicia regional.
Ha hecho un repaso de algunas de las historias reales derivadas, precisamente de esos retrasos. Se ha referido, con nombres supuestos, a Marisa y Antonio, por ejemplo, residentes en la Región, que "tuvieron que esperar 11 meses para obtener su sentencia de divorcio en primera instancia, frente a los 4 meses que tardó un matrimonio navarro, o los 7 de otro balear".
Otro caso es el de Josefa, propietaria de un piso en Murcia, "tardó 7 meses en obtener primera sentencia en su reclamación de las rentas impagadas de su inquilino, frente a los 4 meses que habría tardado si el piso estuviera en Cataluña, o los 3 en La Rioja".
"Los trabajadores de una empresa murciana tardaron 6 meses en recibir respuesta en primera instancia a su demanda por despido improcedente, frente a los 4 meses de trabajadores de Castilla y León en la misma situación, o los 3 meses en Asturias o en Cantabria; o el caso de Oscar, comerciante con establecimiento en Cartagena, esperó 11 meses en obtener sentencia en su reclamación de 4.500 euros contra un cliente, frente a los 6 meses de una reclamación de la misma cantidad de un comerciante vasco, o los 6 meses de un gallego o de un extremeño", ha subrayado.
Todas ellas personas reales, con problemas reales, que "merecían un servicio público con los mismos medios que los ciudadanos de otras regiones de España", ha finalizado.

Podemos pedirá eliminar los plazos para instruir sumarios

MADRID.- Unidas Podemos volverá a llevar al Pleno del Congreso de mañana su proposición de ley para derogar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que limita el plazo para la instrucción de los procesos a seis meses con carácter general o a 18 si se trata de investigaciones expresamente declaradas complejas. 

El Congreso ya aprobó en mayo de 2017, con el voto en contra del PP, la toma en consideración de esta misma propuesta de Podemos y sus confluencias para derogar la reforma que llevó a cabo el PP en 2015 del artículo 324 de la Lecrim. No obstante, esta iniciativa sufrió hasta 67 ampliaciones de los plazos de presentación de enmiendas sin que llegara siquiera a despegar. 

Posteriormente, la disolución del Congreso, con motivo del adelanto electoral, condenó la tramitación de esta proposición como la de tantas otras.

Ese plazo tope de instrucción posibilitó que el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez fuera absuelto del 'caso Pasarelas' porque el magistrado dejó pasar los seis meses sin tomar declaración y la Fiscalía pidió tarde la declaración de causa compleja.

El 'trimurcianito' pone en peligro la llegada de nuevos juzgados a Cartagena, denuncia MC

CARTAGENA.- El portavoz adjunto de MC Cartagena, Jesús Giménez, ha declarado que "la ocurrencia de Arroyo, asumida por Castejón y Padín, de ofrecer el hotel Peninsular para la instalación de nuevos juzgados crea incertidumbre en algunos sectores de la Justicia porque hace peligrar su implantación, pues existen serias dudas sobre si cumple las condiciones requeridas por el Ministerio".

Otras posibilidades más efectivas

El dirigente cartagenerista ha continuado poniendo de manifiesto la existencia de "edificios municipales mucho más aptos para acoger las nuevas unidades judiciales, como el situado en ronda Ciudad de La Unión, que alberga la Concejalía de Educación y Estadística, cuyos servicios podrían concentrarse en el Peninsular y liberarlo para este uso, dando sentido y coherencia a los espacios y a los servicios municipales de atención al ciudadano".

En opinión de Jesús Giménez "no ofrecer al Ministerio este edificio, o incluso la nave de Contentpolis, que bien podría albergar un juzgado mercantil de ámbito comarcal, puede comprometer la llegada de nuevas unidades judiciales".

La insensatez de apostar por la opción más costosa

Acto seguido, el concejal de MC ha significado que "mientras tanto, seguimos esperando noticias sobre la magnífica idea de Castejón de pagar siete millones de euros a un Ministerio para que otro construya la Ciudad de la Justicia en los terrenos de la Factoría de Subsistencias de la Armada".

Una circunstancia que ha valorado como injusta. "No es razonable que Cartagena pague para que se ponga en marcha la Ciudad de la Justicia cuando los terrenos ya son del Estado, pero Arroyo y Padín se han sumado con entusiasmo a la idea de gastar lo que no tenemos".

"Lo incongruente de la cuestión", ha remarcado Giménez, "es que existen alternativas mucho más asequibles, como el Hospital Naval. O como el CC1, donde el Ayuntamiento se niega a impulsar la urbanización, aunque allí le corresponden unos terrenos aptos para esta infraestructura".

"Piensa mal y acertarás dice la sabiduría popular. Pero también sabemos que los malentendidos y la negligencia crean más confusión en el mundo que el engaño y la maldad. De ahí la inquietud social ante la mezcla de una 'trinca' negligente, que se debe a intereses ajenos a los cartageneros", ha concluido el portavoz adjunto de MC.

Cuestionan unas declaraciones del presidente del TSJ-CM, Vicente Rouco

ALBACETE.- En una sorprendente entrevista hecha pública por el canal multimedia “La Cerca”, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco Rodríguez, ¿adelantó que será declarada firme la sentencia que ha condenado a Fernando Presencia Crespo, el ex juez denunciante de corrupción, a siete meses de prisión y que le obliga además a indemnizarle con 3.000 euros por daños morales?, se pregunta Diario 16.

Después de manifestar que se sentía satisfecho por el resultado del juicio y que “confiaba” en la Justicia, Rouco anticipó ante las cámaras de televisión que la sentencia, a pesar del recurso que se interpusiera, lo siguiente: «Ahora, esperar a que sea firme», dijo impertérrito al final de su entrevista.

Según fuentes judiciales consultadas, no es habitual -ni tampoco legal- que el presidente de un tribunal de justicia se pronuncie públicamente, y dé su opinión, sobre una sentencia dictada por un juzgado de su territorio, y menos si esa sentencia le afecta personalmente y sobre todo si está aún pendiente de recurso.

Según la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia, “se vulnera la presunción de inocencia cuando las declaraciones públicas de una autoridad judicial se refieren a un acusado como culpable, mientras no se haya probado su culpabilidad con una sentencia firme”.

Fuentes de ACODAP, la asociación para la lucha contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el propio ex juez Fernando Presencia, indicaron a Diario16 que “no es la primera vez que este señor expresa públicamente su opinión sobre la culpabilidad de los encausados, y que sin darse cuenta, cada vez que lo hace provoca un nuevo motivo de nulidad en los asuntos de los que habla”. 

Por esa razón, el comunicado ya anticipa que “la sentencia que ha condenado al juez que le acusa de corrupción es imposible que se declare firme, mientras el presidente del Tribunal Superior de Justicia siga concediendo ese tipo de entrevistas”.

El catedrático y magistrado Antonio Sempere Navarro, nombrado vocal de la Junta Electoral Central

MURCIA.- El catedrático y magistrado Antonio Sempere Navarro ha sido designado vocal de la Junta Electoral por una resolución de la Presidencia del Gobierno aparecida este fin de semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Sempere Navarro se integra así en este órgano de control y supervisión de los procesos electorales entre los componentes de procedencia judicial.
El nombramiento ha sido hecho a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Antonio Sempere se encuentra destinado desde hace años en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y con anterioridad fue profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Murcia. 

Nacido en Elche en 1954), es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia (1977), doctor y especialista en Derecho del Trabajo. Fue catedrático de la Universidad de Oviedo (1987-1996), Universidad de Murcia (1996-1999) y Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En abril de 2014 el pleno del Consejo General del Poder Judicial le nombró magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, sustituyendo a Aurelio Desdentado Bonete.

Asociaciones de jueces recurren en el Supremo ciertos nombramientos en la cúpula judicial por parte del CGPJ

MADRID.- Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria (AJFV) y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) han presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra 22 convocatorias y nombramientos recientes en la cúpula judicial por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que pertenece el cuestionado magistrado murciano Juan Martínez Moya, a la derecha en la imagen.

Acuden a la vía judicial tras “dos meses” esperando a que el CGPJ revocase estas convocatorias y anulase cautelarmente sus correspondientes nombramientos. Entienden que no cumplen la modificación del artículo 326 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que las designaciones tienen que responder a un baremo que atiendan a criterios de mérito, experiencia y capacidad.

Según explica la AJFV en un comunicado, ambas asociaciones han dado “un paso más allá” después de que hayan recurrido 13 de estos nombramientos por la vía administrativa ante el propio órgano de gobierno de los jueces.

“Ante la negativa a aceptar estas medidas cautelares hasta que el CGPJ resuelva los recursos contra sus respectivas convocatorias”, las asociaciones han decidido llevar directamente al alto tribunal nueve nombramientos realizados este mes, más los otros 13. Son los relativos a las presidencias de la Audiencia Nacional, varias salas de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) o una decena de Audiencias Provinciales, entre otros.

Así cumplen la advertencia que realizaron cuando presentaron los recursos de reposición ante el CGPJ el pasado mes de junio de acudir al Tribunal Supremo si sus peticiones no eran estimadas.

Las asociaciones de jueces llevan meses reclamando al órgano de gobierno de los jueces que, en virtud de la modificación del artículo 326 de la LOPJ, se tengan en cuenta sus propuestas para evitar que haga “un traje a la carta” de los candidatos y fijar mecanismos que permitan objetivar en lo posible el nombramiento de los cargos discrecionales en el Poder Judicial.

A ello se suma, además, la crítica a que los nombramientos se estén produciendo mientras el órgano de gobierno de los jueces presidido por Carlos Lesmes se encuentra en funciones desde el 4 de diciembre de 2018.

Con todo ello, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria recalca que lo que se persigue es un “sistema de nombramientos más justo, objetivo e imparcial” y que muestra de ello es la impugnación del nombramiento de alguno de sus asociados como el de la magistrada María José Hernández, que obtuvo la Presidencia la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, tras la polémica suscitada por el “trato discriminatorio” sufrido durante su entrevista como candidata.

“Para nosotros el interés general por un sistema de nombramientos más justo, objetivo e imparcial está por encima del interés particular de nuestros asociados o de la propia asociación”, ha explicado el portavoz nacional de AJFV, Raimundo Prado.

Pues, según Prado, el CGPJ está actuando como “un club de golf en el que los cargos se reparten por afinidades y no por lo único que debería contar en estos casos, que es adjudicarlos de forma objetiva e imparcial a quienes más se lo merezcan y mejor los puedan ejercer”.

Deniegan la rehabilitación del juez Ferrín Calamita, que retrasó la adopción de una niña a dos lesbianas

MADRID/MURCIA.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la decisión adoptada en su día por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al denegar la rehabilitación y el reingreso al servicio activo en la carrera judicial de Fernando Ferrín Calamita, el juez de Murcia que fue condenado en 2009 a diez años de inhabilitación especial por el retraso "malicioso" de los trámites de adopción de una menor por parte de la esposa de la madre biológica de la pequeña.

El alto tribunal considera que el cumplimiento de la pena de inhabilitación especial supuso la privación definitiva del cargo de magistrado y añade que la entidad del delito cometido por el exjuez es " difícilmente compatible con la idea de rehabilitación" teniendo en cuenta la gravedad de la actuación cometida, "el daño por el servicio público a la justicia y la relación directa con el desempeño del cargo".
Así lo dice en la sentencia en la que desestima el recurso del exjuez contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de fecha 26 de abril de 2018 que rechazaba la solicitud de rehabilitación y del reingreso al servicio activo en la carrera judicial, después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le condenase a diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación dolosa. Según Ferrín Calamita este acuerdo del órgano de gobierno de los jueces infringe el principio de proporcionalidad,
La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel Sieira, recuerda que el delito de prevaricación es uno de los más graves que puede cometer un miembro de la carrera judicial en cuanto quiebra la esencia del Poder Judicial y la conducta mínimamente exigible a quien lo encarna.
Es más, distingue entre el delito de prevaricación dolosa previsto en al artículo 446 del Código Penal, por el que fue condenado precisamente Ferrín Calamita, y el de prevaricación culposa del artículo 447. Así, subraya que, en este caso, "estamos ante un delito de mayor gravedad", lo que hace el perjuicio para el servicio público sea indudablemente mayor.
Los hechos se remontan al año 2006 cuando una pareja de lesbianas inició el proceso de adopción con el objetivo de que una de ellas fuera reconocida como la madre adoptiva de la niña que su pareja sentimental había concebido por inseminación artificial.
Para alcanzar su conclusión, el tribunal ha tenido en cuenta el informe emitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, de fecha de 27 de marzo de 2018, que recoge los datos relacionados con la capacidad para el ejercicio de la función judicial que se contempla en el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este sentido, se refiere al trastorno ansioso depresivo que el recurrente manifiesta padecer desde hace años, que le obliga a pedir la baja.
También alude a la expresión "convicciones derivadas de su ideología jurídica o meta jurídica" que fue utilizada en la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que condenó al recurrente. 

Según dice el informe, estas "convicciones" entran en conflicto con la nueva redacción del Código Civil, que admite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ley que contempla la posibilidad de que el adoptado fuera hijo del consorte del adoptante.
Este documento, recuerda la resolución, también menciona la opinión del fiscal que era partidario de la denegación su rehabilitación y reingreso no solo por la gravedad de las conductas, sino por la descripción de su actuación como "una auténtica compulsión homófoba".
Con todo ello, la Sala concluye que en este caso concurren circunstancias especiales que hacen que la rehabilitación del exjuez "no proceda conforme a los criterios que la jurisprudencia ha venido estableciendo con carácter general". Añade que su negativa se corresponde con el principio de proporcionalidad que rige en nuestro ordenamiento jurídico atendiendo a "la gravedad del delito, los perjuicios por el interés público y las circunstancias a que hace referencia el informe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia".
Inicialmente, el Tribunal Superior murciano condenó al juez a una pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación por el retardo malicioso en la tramitación del expediente de adopción. Sin embargo, la Fiscalía y las perjudicadas interpusieron un recurso contra la sentencia.
El alto tribunal consideró entonces que la actuación del juez constituyó un delito de prevaricación, y elevó la condena a diez años de inhabilitación y a pagar una multa de 620 euros, así como a indemnizar a las perjudicadas con 6.000 euros y hacer frente a las costas del juicio.
La resolución del Supremo, de la que fue ponente el magistrado Siro García, insistía en que de la secuencia de hechos probados de la sentencia del Tribunal Superior de Murcia se infería racionalmente "pérdida de tiempo y zozobras y sinsabores" con causa en la conducta delictiva de Ferrín Calamita. "Y no se halla fundamento para apartarse de la valoración cuantitativa que la Audiencia ha llevado a cabo ni, en consecuencia, de la reparación establecida", agregó.

Denuncian al Estado español por prevaricación continuada del Tribunal Supremo

MADRID.- Los últimos meses el equipo jurídico que soporta la lucha de los denunciantes de corrupción en toda España, ha interpuesto varias denuncias contra el Estado Español tras haberse encontrado que en varios procedimientos, al instar una cuestión prejudicial dirigida al TJUE, eran todas sistemáticamente rechazadas, y con parecidas argumentaciones, según recoge Diario 16.

Los denunciantes de corrupción viven en España en un limbo en el que la Justicia se vuelve en contra de ellos. El equipo jurídico que está soportando su lucha, incluido en el Proyecto Punto Magenta, ha interpuesto en los últimos meses varias denuncias contra el Estado porque han detectado que en varios procedimientos judiciales las cuestiones prejudiciales dirigidas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) eran rechazadas de manera sistemática y siempre con parecidas argumentaciones. 

Estos procedimientos se han vehiculizado en tres denuncias a la Comisión Europea y una cuarta al Servicio de Compliance de la UE (Direct-Europe).

Estos hechos, según los denunciantes, se ha dado en las salas tercera, cuarta y quinta del Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Cataluña, así como en la Audiencia Provincial de Sevilla.

La última de las denuncias corresponde a un procedimiento instado a la Sala Tercera del Supremo por el juez sustituto Fruitós Richarte, quien pretendía que a los jueces sustitutos se les reconociese su relación laboral indefinida tras años de contrataciones temporales y la discriminación sufrida al no ser dados de alta en la Seguridad Social pese a que se hallan a la total disposición de sus Tribunales Superiores de Justicia. 

En consecuencia, los jueces sustitutos tienen un contrato de 0 horas e incompatibilidad para poder trabajar para terceros. Una situación similar a la que sufren los falsos autónomos.

En este caso, el Supremo no le dio la razón. Sin embargo, no se instó ninguna cuestión prejudicial a la Justicia europea. 

La respuesta que los denunciantes recibieron del Servicio de Compliance de la UE tras denunciar los hechos fue la siguiente: «A la luz de la nueva información facilitada por el informante y del análisis de la jurisprudencia pertinente, parece que el órgano jurisdiccional nacional debería haber remitido la cuestión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para una remisión prejudicial […] Hemos identificado más de sesenta casos entre febrero de 2015 y marzo de 2017 en los que el Tribunal Supremo español se negó a remitir el caso al Tribunal de Justicia. De acuerdo con la legislación española, no existe ningún recurso judicial contra la decisión del Tribunal Supremo y, por lo tanto, de acuerdo con el artículo 267 TFUE, el tribunal debería haber llevado el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE».

Tras consultar con varias decenas de letrados expertos en la materia el equipo legal de los denunciantes de corrupción concluye que hay indicios claros, continuados y confrontados con la Unión Europea de que las instituciones de Justicia del Estado español han cometido un presunto delito de prevaricación continuada por su insistente y continuada voluntad de, en perjuicio del justiciable, no aplicar el Derecho de la Unión, que es prevalente al Derecho nacional y tiene primacía sobre el mismo.

Los denunciantes hablan de acciones dolosas, no culposas, dado que las personas que supuestamente más deben saber de derecho han impedido, presuntamente, acceder a la Justicia Europea. 

Además, al no haberse encontrado ningún voto particular ni oposición a estas decisiones, los denunciantes deducen que ha podido haber un acuerdo previo de las salas para que esto ocurra. 

Además, estos hechos se pudieron producir a sabiendas del dolor que estas decisiones provocarían en la ciudadanía, por lo que también se denuncia un trato degradante, según se indica en la jurisprudencia española, europea e internacional.

El equipo legal de Punto Magenta ha pedido que se aporte a cada una de las actuaciones abiertas copia de las investigaciones y expedientes referidos a esas más de sesenta vulneraciones de la legalidad en menos de dos años por parte del Tribunal Supremo. Además, han requerido la notificación de las mismas al TJUE, al disponer éste de amplia autonomía frente a las violaciones reiteradas del Derecho de la Unión por parte de un Estado. 

En otro orden, han pedido la notificación a todos los afectados para que puedan ejercitar acciones legales contra el Estado, lo que podría suponer indemnizaciones millonarias.

Por otro lado, han requerido a que se remita una copia de las actuaciones de todas las referidas en la contestación de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión a la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) por si en cada una de las sentencias detectadas hubiera defraudación en los intereses de la Unión.

A todo lo demás hay que añadir una gravedad añadida de los hechos. Estamos hablando de más de sesenta casos que han llegado a la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, es decir, de ciudadanos e instituciones que en «empleo, asuntos sociales e inclusión», pusieron su demanda de prejudicialidad, se la denegaron y denunciaron a Europa. 

Pero, ¿cuántos son los que la pusieron y no se quejaron a la UE? ¿Cuántos fueron los que ya ni tan siquiera la pusieron, porque pensaban que era un muro infranqueable? ¿Cuántos de otras materias o juzgados? Sala V, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales.

Estaríamos hablando de miles de afectados, según los denunciantes, muchos de ellos que lo han perdido todo por causa de la actuación presuntamente delictiva de unos magistrados. Hablamos de los derechos de los funcionarios de todos los niveles y especialidades, de guardias civiles a maestros, de bomberos a sanitarios. Hablamos de derechos sociales, sindicales y de los trabajadores; pero también de multas y de sanciones, de fianzas y de impuestos, de despidos e indemnizaciones.

Los denunciantes esperan que la Fiscal General del Estado abra expediente para que se separe inmediatamente de sus cargos aquellos que presuntamente prevaricaron. Finalmente, el equipo legal de Punto Magenta ha recordado que los sistemas de administración judicial de Polonia, Hungría y España, están, por decirlo de alguna manera, «alejados» del resto de los demás países europeos.

Se puede consultar el contenido de la denuncia AQUÍ

El CGPJ convoca una plaza para la presidencia de una de las salas del TSJ de la Región

MADRID.- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este jueves convocar la plaza de la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. El motivo es la jubilación de su actual titular, el reconocido magistrado Abel Ángel Sáez Doménech. 

En la sesión, la Comisión del CGPJ también decidió la convocatoria de tres plazas de magistrado del Tribunal Supremo. Una de ellas es para la Sala de lo Civil y las otras dos para la Sala de lo Social.

La plaza de la Sala Primera del alto tribunal, dedicada a los asuntos de la jurisdicción civil, correspondiente al turno de juristas de reconocida competencia, se convoca para cubrir la vacante que deja la renuncia del magistrado Francisco Javier Orduña Moreno. 

Las otras dos vacantes en la Sala Cuarta responden a las jubilaciones de los magistrado Fernando Salinas Molina y Milagros Calvo Ibarlucea. La plaza de Salinas corresponde al turno general, mientras que la de la otra magistrada es relativa al turno de especialistas, ha apuntado el CGPJ.

Otras convocatorias

Por otro lado, la Comisión Permanente también anunció la convocatoria de la presidencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. El mandato de su actual titular, Ricardo Bodas Martín, expiró. 

Además de la plaza de presidencia mencionada en Murcia, también se convocarán la de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana. Estas también obedecen a la jubilación de sus actuales titulares: Pedro Librán Sainz de Baranda y Francisco José Pérez Navarro.

Por último, la sesión del CGPJ también comunicó que quedan vacantes las presidencias de las Audiencias Provinciales de Cáceres y de Soria. En estos casos, finaliza el mandato de cinco años para el que fueron elegidos sus hasta ahora titulares, María Félix Tena Aragón y José Manuel Sánchez Siscart, respectivamente. 

Los procesos selectivos para estas plazas se regirán por las bases de convocatoria aprobadas por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del pasado 27 de junio. Todas ellas se anunciarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE).