El Gobierno subirá los impuestos al consumo en 2013 para reducir el déficit

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno tiene previsto incrementar los impuestos al consumo en 2013 con el objetivo de conseguir recaudar 8.000 millones de euros.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De Guindos explicó que el Ejecutivo está planteado una "modificación de la estructura impositiva" en España, en el sentido de reducir los impuestos sobre el trabajo y aumentar la carga impositiva sobre el consumo.

   "Lo que estamos planteando es, en un momento en el que debemos dar el salto desde el punto de vista de la competitividad, reducir las cargas y la imposición sobre el trabajo, que está bastante penalizado en estos momentos, e incrementar la imposición del consumo, que estaría en torno a unos 8.000 millones de euros", afirmó.

   El ministro de Economía explicó que esta subida de la imposición al consumo no solamente se refiere al IVA ya que "existen otros tipos de impuestos al consumo e impuestos especiales".

   De Guindos resaltó así la necesidad de reducir los impuestos sobre el trabajo y subir los del consumo cuando se inicia la recuperación económica, que es lo que se demanda a España desde fuera.

   Además, recordó que el problema de la imposición indirecta es subir los tributos cuando la economía cae, porque acelera la tendencia depresiva.

Bernal adelanta que el presupuesto regional se tiene que recortar en 500 millones y advierte de nuevos impuestos

MURCIA.- El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, ha anunciado este jueves que el Plan de reequilibrio presupuestario, que se presentará este viernes en Consejo de Gobierno, contempla un recorte de 500 millones de euros aproximadamente de los presupuestos de la Comunidad.

   Bernal, quien ha hecho estas declaraciones tras presentar en rueda de prensa el Informe Económico 2012, ha cifrado en 500 millones la cantidad que se tiene que recortar del presupuesto regional, desmintiendo, de este modo, las informaciones que apuntaban a 1.200 millones de euros.

   Tras reconocer que es un reajuste "duro y que producirá daño al presupuesto regional", Bernal confía en que el Consejo de Gobierno apruebe dicho plan, del que se esperan medidas de nuevos impuestos donde la Comunidad tiene competencia, así como de reducción de gastos; aspectos ambos en los que ha declinado entrar más a fondo, puesto que se está a la espera de su aprobación en Consejo de Gobierno, que será el encargado de "valorar el paquete final".

   En el caso de que se apruebe, ha explicado que se hará inicialmente, puesto que se dispondrá de un plazo de 10 días para comentarlos con los agentes sociales, económicos y diversas instituciones, con el objetivo de que se someta al "diálogo".

   Al hilo, ha destacado que Europa "está obligando a España a que nos ajustemos a un determinado nivel de déficit y somos parte de España y Murcia quiere cumplir la parte que le toca y ajustar su déficit a lo que le corresponde".

   En esta línea y preguntado sobre si teme que el Estado le obligue a recortar más de lo previsto hasta ahora al poner encima de la mesa los recortes en Sanidad y Educación, el consejero espera que no, ya que "hay un plan de reequilibrio que tiene unas normas para calcularlo y lo hemos hechos".

   Se trata, según ha comentado, "de un debate nacional y una valoración de posibilidades, pero lo único que hace es analizar posibilidades, nada más".

   Un debate nacional, ha insistido, que "tenemos que esperar", confiando, al mismo tiempo, que no afecte al plan de reequilibrio. No obstante, ha apuntado que "si paralelamente a eso todo el Estado y las CCAA tienen la duda de que hay una situación que requiere de medidas adicionales, pues ese debate está en marcha pero en una fase muy inicial".

El Gobierno prevé ahorrar otros 10.000 millones en sanidad y educación

MADRID.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha respondido este lunes a la inquietud de los mercados con un nuevo paquete de reformas en educación y sanidad con las que el Ejecutivo prevé un ahorro de 10.000 millones de euros.

   En concreto, Rajoy se ha citado en el Palacio de La Moncloa con la ministra de Sanidad, Ana Mato, y el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para "definir el Programa Nacional de Reformas" y "determinar las reformas encaminadas a lograr una mayor racionalización, eliminación de duplicidades y eficiencia en la gestión de los grandes servicios públicos que se pondrán en marcha este mes", según ha informado el Ministerio de la Presidencia en un comunicado.

   Además, el jefe del Ejecutivo ha citado a su equipo económico para definir los contenidos del Programa de Estabilidad 2012-2015 y el Programa Nacional de Reformas de España para 2012, que se presentarán a la Comisión Europea en este mes de abril.

   A esa reunión han acudido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; y el de Economía y Competitividad, Luis de Guindos; y el director de la Oficina Económica, Álvaro Nadal.

   En el Programa de Estabilidad se establecerá "el firme compromiso" de reducir el déficit público al 3% del PIB en 2013. En el mismo, se introduce un cuadro macroeconómico que refleja que "la mayor estabilidad presupuestaria y las reformas estructurales dirigidas al crecimiento supondrán un cambio en la tendencia recesiva y de destrucción de empleo que ahora experimenta la economía española", según el Gobierno.

   Además, el Programa de Estabilidad "reafirma" el compromiso de reducción del déficit de las Comunidades Autónomas al 1,5% del PIB en 2012.

   En los próximos días, las comunidades autónomas, coordinadas por el Ministerio de Hacienda, adaptarán sus presupuestos a las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y actualizarán sus planes económico-financieros al nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno. Para ello, se convocará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a principios de mayo.

   En la reunión de Rajoy con sus ministros también se han abordado reformas en el ámbito financiero. En concreto, se ha decido proceder a la aceleración de la venta de las entidades financieras con participación mayoritaria del Sector Público y "avanzar decididamente en el proceso de consolidación del sector".

   Igualmente, se han estudiado medidas para poner a disposición de los sectores productivos un mayor volumen de crédito que reduzca la actual contracción financiera que vive la economía española.

   Según informa el Gobierno, todas estas decisiones suponen la adopción de un calendario de reformas estructurales para las próximas semanas que también incluirán privatizaciones y reformas en distintos ámbitos orientadas a la racionalización de los costes y la mejora de competitividad y la flexibilidad de la economía española, como en el sector energético, la unidad de mercado, el mercado de alquiler, el fomento de la actividad emprendedora o las actuaciones en I+D+i.

Cada español pagará 679 euros más este año por recibos e impuestos

MADRID.-   La Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI) estima que cada contribuyente deberá afrontar este año un pago extra de 679 euros debido a las subidas del IRPF, IBI, hipotecas y servicios básicos, como el gas natural y el agua.

   En concreto, FUCI calcula que la subida del IRPF supondrá para cada contribuyente una media de 222 euros anuales, a los que hay que añadir los 360 euros al año de las hipotecas que deban revisarse ahora.

   Por otro lado, la subida prevista del IBI de entre un 4 y un 10%, dependiendo del año en el que se revisará el valor catastral de las viviendas, supondrá un incremento medio por inmueble de 42 euros al año, de acuerdo con las estimaciones de esta organización de consumidores.

   Respecto a los servicios básicos, y a pesar de la congelación de las tarifas eléctricas y del butano, el incremento en un 0,5% en el recibo de gas natural supondrá un gasto medio de 0,57 euros al mes.

   En cuanto al precio del agua, cuya subida la decide cada ayuntamiento, es uno de los conceptos que más se va a encarecer este año, pues la factura puede elevarse hasta un 60%, lo que puede implicar un gasto medio de 4 euros mensuales.

   El presidente de FUCI, Gustavo Samayoa, ha denunciado que estas subidas "van a acabar por ahogar a las rentas medias que cada día ven más reducido su poder adquisitivo y su capacidad de ahorro que, en muchas ocasiones es nula, provocándoles incertidumbre en el negro futuro que se vislumbra".

   Ante estas subidas, la organización de consumidores recomienda seguir pautas de control de gasto y ahorro, así como una correcta planificación de la economía para poder afrontar el encarecimiento de los servicios básicos que tienen lugar a principios de año.

Hacienda recauda 10.400 millones por la lucha contra el fraude en 2011

MADRID.- La Agencia Tributaria espera recaudar 10.400 millones de euros este año por actuaciones de prevención y lucha contra el fraude, lo que supone un incremento del 3,6% en comparación con 2010, según ha señalado la vicepresidenta económica en funciones, Elena Salgado.   

   En total, fruto de la lucha contra el fraude, se han recuperado 55.833 millones de euros desde 2005, más de la mitad (28.562 millones), ingresados en los últimos tres ejercicios.

   En 2011, la recaudación directa por actuaciones de control, incluyendo la minoración de devoluciones, asciende a 9.400 millones, un 10,6% más, mientras que la recaudación por regulaciones voluntarias ha caído un 35%, hasta los 1.000 millones de euros.

Salgado corrige a Blanco y dice que se mantendrá la compensación a las CCAA por Patrimonio

VARSOVIA.- La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha corregido este sábado al portavoz del Gobierno, José Blanco, y ha aclarado que la compensación anual de 2.100 millones de euros que reciben las comunidades autónomas desde que se suprimió el Impuesto sobre el Patrimonio en 2008 se mantendrá, tanto para las regiones que reactiven el impuesto, que cobrarán dos veces, como para las que lo boicoteen.

   Salgado ha justificado esta contradicción alegando que con un decreto ley no se puede modificar la ley de financiación autonómica, que es la que fija la compensación.

   Blanco sostuvo este viernes, después de que el Gobierno aprobara la reactivación de Patrimonio para rentas superiores a 700.000 euros, que ninguna comunidad cobrará dos veces por el mismo impuesto y que no se compensará a aquellos territorios que voluntariamente decidan boicotear el tributo.

   "Un decreto ley no puede modificar muchas cosas. Entre otras cosas, no puede modificar el actual sistema de compensación en el sistema de financiación", ha explicado la vicepresidenta Económica. "Hoy por hoy, con un decreto ley, ese dinero (la compensación) va a las comunidades autónomas", ha resaltado.

   Salgado ha reconocido que "no parece razonable que se cobre dos veces por el mismo concepto", pero ha insistido que "con un decreto ley, no se puede evitar".

   En todo caso, la vicepresidenta económica ha negado que exista una contradicción entre lo que explicó Blanco y lo que sostiene ella. "No me parece que dijera lo contrario", ha sostenido.

   En este sentido, Salgado ha indicado que la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio "va a aportar liquidez a las comunidades autónomas" durante el año próximo y el siguiente y ha sugerido que en la próxima legislatura podría aprobarse una ley para suprimir la compensación.

La Cámara de Comercio de Murcia se opone a la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio

MURCIA.- La Cámara de Comercio de Murcia ha tachado de "injusta" la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio anunciada por el Gobierno de la nación, ya que "penaliza el ahorro y supone una doble imposición a las personas que ya han tributado en la obtención del dinero que luego invierten en una propiedad".

   Para la Cámara de Comercio, "resulta de una total incoherencia y populismo argumentar que pagarán más los que más tienen, considerando que las grandes fortunas en nuestro país tienen a su alcance otros instrumentos para gestionar sus patrimonios".

   De nuevo, ha sostenido en un comunicado, "serán las rentas medias, aquellas cuyo consumo es necesario incentivar para reactivar la economía, las que deban soportar la presión recaudatoria del Gobierno".

   Por otra parte, y atendiendo a las cifras que se barajan sobre el último ejercicio en el que el impuesto estuvo vigente (año 2007), con 2.121 millones recaudados, la Cámara también pone en cuestión su eficacia, "ya que los primeros datos ofrecidos aplicando la cantidad mínima exenta de 700.000 euros, cifran en algo más de 1.000 millones de euros la cantidad que se logrará recaudar".

El PSRM acusa de indolente a Valcárcel

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, ha lamentado la negativa del presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, a recaudar el Impuesto sobre el Patrimonio en el caso de que el Gobierno de España apruebe su restitución el próximo viernes.

   Y es que, en su opinión, "negándose a recaudar el Impuesto sobre el Patrimonio en la Región demuestra, una vez más, que no le importa la situación de las cuentas públicas".

   "Renunciar a ingresos significa no pagar a proveedores recortando al mismo tiempo servicios y prestaciones a quienes menos tienen, a quienes peor lo están pasando con la crisis", ha apuntado Retegui, para después dejar claro que "al margen de las connotaciones legales, porque el Gobierno regional no puede negarse a recaudar un impuesto, éste no se suprimió, se suspendió su aplicación".

   En esta línea, la portavoz socialista ha explicado que la Comunidad "no ha dejado de percibir este impuesto, ya que el Estado siguió remitiendo a las comunidades autónomas compensaciones para que no se redujeran los ingresos de las arcas regionales".

   "Hay que recordar que en 2009 la Región de Murcia recibió casi 42 millones de euros por la recaudación de este impuesto", ha enfatizado Retegui, quien se ha preguntado si se puede renunciar "a esos millones por el capricho del PP y si están de acuerdo las empresas, organizaciones, ayuntamientos y universidades en situación límite por los impagos del Gobierno regional".

   Según ha subrayado, en los ocho años del Gobierno de Aznar, Murcia "nunca se negó a recaudar el Impuesto sobre el Patrimonio, y el Partido Popular lo mantuvo, cosa que hará Rajoy en caso de ganar las elecciones", por lo que, ha sostenido, "está claro quiénes son los incoherentes".

   Por todo ello, ha lamentado que Valcárcel "demuestre una vez más que su compromiso no es con quien más lo necesita sino con quienes, al parecer, toman las decisiones por él en esta región".

   "Se comporta como si estuviera al dictado de unos pocos ricos que no quieren perder sus privilegios en situación de crisis y a los que Valcárcel sirve como si fuera su marioneta", ha concluido la portavoz socialista.

También los comunistas

El coordinador regional de IU en Murcia, José Antonio Pujante, ha dicho hoy que el rechazo del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, a aplicar el impuesto sobre el Patrimonio "es inaceptable dado el descenso de los ingresos y la situación de recortes".

   Según Pujante, el jefe del Ejecutivo autonómico "ha incrementado los impuestos a las rentas más bajas y las tasas y precios públicos, pero se niega a establecer una política fiscal progresiva que reporte más dinero a las arcas regionales, lo que hace que la crisis la paguen los de siempre".

   El dirigente de la federación de izquierdas ha calificado de "testimonial e insuficiente" la propuesta de gravamen para los ejercicios 2011 y 2012 a los patrimonios superiores a 700.000 euros que ha realizado el Gobierno central, ya que, a su juicio, tendrá unos efectos recaudatorios "muy limitados".

   Por ello, ha abogado por una reforma fiscal "más amplia" que, además de gravar a las rentas altas, incluya la aplicación "efectiva" de otros impuestos a los más pudientes, como por ejemplo, sobre los grandes beneficios empresariales.

Murcia recaudará un millón de euros si aplica el Impuesto de Patrimonio, según Gestha

MURCIA.- Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estimaron este jueves en unos 1,1 millones de euros la recaudación que obtendrá Murcia en caso de aplicar sin bonificaciones el Impuesto de Patrimonio anunciado por el Gobierno para las fortunas superiores a los 700.000 euros.

   

En este sentido, el colectivo hizo un llamamiento a la comunidad para que no renuncie a este tributo "justo y equitativo" gracias al cual se podrán gravar las rentas más altas, "que en muchos casos escapan al control del Fisco de forma fraudulenta o mediante distintos subterfugios legales".

   A su juicio, la aplicación de bonificaciones no sólo supondría renunciar a unos ingresos vitales para reducir el elevado déficit autonómico, sino que también estarían disminuyendo el reparto solidario de las cargas fiscales entre contribuyentes.

   De los más de 3.000 murcianos que según los cálculos de Gestha deberán declarar este Impuesto de Patrimonio, más de 1.200 poseen una fortuna de entre 700.000 y un millón de euros, mientras que otros 1.400 disponen de entre uno y 2,5 millones de euros; algo menos de 260 cuentan con entre 2,5 y 5 millones de euros; 75 tienen entre 5 y 10 millones de euros; y en torno a una treintena poseen un patrimonio superior a los 10 millones de euros.

Gestha calcula que grandes empresas defraudan más de 42.700 millones al año

MADRID.- Las grandes fortunas y grandes empresas evadieron al fisco 42.711 millones de euros en 2010, esto es, un 71,8% del total del fraude en España, lo que además supone triplicar el fraude de pymes y autónomos, según la segunda parte del informe de 'Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria' elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). 

    En concreto, las pymes y autónomos sumaron un fraude fiscal que rondó los 16.261 millones de euros. El fraude fiscal de particulares, como plusvalías, arrendamientos, rentas del trabajo o del capital, se situó alrededor de 1.543 millones de euros anuales. Así pues, el fraude total ascendería a 59.515 millones de euros, el doble del fraude laboral, cifrado en torno a los 30.000 millones.

    Dado que las tres cuartas partes de la evasión fiscal se localiza en las 41.582 empresas de mayor tamaño, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, consideró que existe "consonancia" con las cantidades de billetes de 500 y 200 euros.

   "La responsabilidad social y la participación de las grandes empresas en el esfuerzo fiscal colectivo para superar la crisis económica debería ser mayor que en la actualidad", reclamó Mollinedo.

   En este sentido, el responsable de los Técnicos de Hacienda recordó que aunque el tipo general del Impuesto de Sociedades es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las pymes, el tipo efectivo es finalmente inferior para las compañías de mayor tamaño.

   Según los últimos datos disponibles, correspondientes al ejercicio 2008, las microempresas que facturaron entre 6.000 y 60.000 euros tributaron a un tipo efectivo del 23,9%, mientras que las empresas que ingresaron entre 6 y 12 millones de euros lo hicieron al 21,2%, dos puntos y medio menos.

   Por su parte, Gestha calcula que las corporaciones empresariales que facturaron más de 180 millones tributaron al 19,5%, es decir cuatro puntos y medio puntos menos que las microempresas.

   Asimismo, el colectivo instó a la Agencia Tributaria a realizar un "mayor esfuerzo" para detectar y combatir posibles irregularidades entre las grandes compañías.

   "Desde hace muchos años se ha puesto la lupa sobre las rentas del trabajo, de los autónomos y de las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude", lamentó Gestha en un comunicado.

Hacienda descarta aplazar el pago de los adelantos a las CCAA

MADRID.- El secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, ha asegurado que el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas sobre la devolución de los adelantos a cuenta ya es "generoso", y ha dicho que "no hay razón" para volver a aplazarlos, como ha avanzado el presidente del PP, Mariano Rajoy, que pedirán el miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF) los consejeros autonómicos.

   En rueda de prensa, López Carbajo prefirió esperar a ver si mañana se pone finalmente dicha propuesta sobre la mesa, si bien recordó que ya se acordó aplazar un año el pago de esas deudas y enfatizó que las comunidades tienen desde ese momento hasta cinco años para liquidar.

   Así pues, López Carbajo añadió que las normas de pago ya "están en la ley" y que cuando la liquidación el positiva el Estado paga "a toca teja", mientras que las comunidades tienen hasta seis años, por lo que no habría por qué introducir cambios: "Me parece que no hay razón para modificar el sistema".

   Así pues, apuntó que la liquidación negativa aplazada de las comunidades alcanzó los 18.736,46 millones de euros en 2009, pero que tras la moratoria las comunidades podrán empezar a devolver los adelantos en 2012.

   Según añadió, este saldo negativo en 2009 se explica no por un mal resultado de la reforma de la financiación autonómica, sino por una caída de los ingresos tributarios autonómicos superior al previsto, que provocó que las aportaciones anticipadas elevarán el saldo negativo de dichas comunidades.

   Otro de los asuntos que se tratarán el miércoles en el Consejo será la propuesta del Gobierno para que las comunidades asuman la regla de gasto establecido para el Estado. Al respecto, López Carbajo se mostró prudente y prefirió a esperar a que "transcurra" la reunión.

   Si bien, consciente del renovado peso del PP en el seno del Consejo, el secretario de Estado de Hacienda mostró su deseó e incluso confió en que los consejeros 'populares' muestren una "actitud positiva" y "responsable".

"Todos nos jugamos mucho", dijo para añadir que también es de esperar que los planes de reequilibrio de algunas comunidades autónomas también puedan aprobarse mañana.

El Gobierno apoyará a las CCAA al no poder imponerles una férrea disciplina fiscal

LONDRES.- Las regiones españolas no cuentan con muchos incentivos para acometer con rapidez su reequilibrio presupuestario ante las repercusiones políticas de un recorte drástico del gasto social o de subidas en los impuestos, así como por la confianza en que finalmente el Gobierno central, que carece de herramientas suficientes para inducir un fuerte grado de disciplina a las comunidades autónomas, prestará apoyo a las regiones para moderar sus desequilibrios fiscales, según refleja un informe de Standard & Poor's.

   "El Gobierno central tiene herramientas insuficientes para inducir un fuerte grado de disciplina fiscal a nivel regional", afirma la calificadora de riesgos, que prevé que el Estado terminará apoyando a las regiones este año y el próximo.

   "Anticipamos que una falta de apoyo del Gobierno central en 2011-2012 podría aumentar las necesidades de financiación de las regiones, debilitar los perfiles individuales de crédito de las CC.AA. con un peor comportamiento presupuestario y acabar requiriendo un apoyo gubernamental incluso mayor en el futuro", explica la agencia.

   En este sentido, S&P apunta que las restricciones sobre las autorizaciones de deuda a largo plazo, instrumento que utiliza

el Gobierno para promover la disciplina fiscal en las Comunidades, podrían no ser suficientes en sí mismas para conseguir este objetivo de forma sostenida.

   Por otro lado, la agencia duda de que el Gobierno permita que la liquidez de una región se deteriore hasta el punto de provocar "dificultades financieras serias" y prevé que si esto ocurriera "es probable que el Gobierno Central ayudara a la región".

   "Además, pensamos que, en un momento de turbulencia financiera, las dificultades a nivel regional tendrían un impacto adverso sobre la reputación del Gobierno en los mercados financieros. En consecuencia, pensamos que las regiones esperan el apoyo del Gobierno central en caso de fuertes presiones de liquidez, lo que a su vez debilita sus esfuerzos de consolidación fiscal", apostilla la agencia.

   A este respecto, la calificadora de riesgos apuesta por que dicho apoyo pudiera consistir en el uso de la capacidad del Gobierno para aumentar los ingresos de las regiones a través del modelo de financiación.

   En este sentido, S&P advierte de que la debilidad de los incentivos de disciplina fiscal para las regiones auguran un "camino lento de recuperación" para las finanzas autonómicas españolas, que en 2010 registraron un déficit fiscal agregado del 2,8% del PIB, cuatro décimas por encima del objetivo previsto, mientras que en el primer trimestre de 2011 continúan mostrando "moderadas desviaciones".

   "Sin mayores incentivos para reducir el gasto, pensamos que las regiones con la mejor disciplina fiscal tenderán a hacer converger sus

desempeños presupuestarios con los límites de déficit, mientras que las regiones que son fiscalmente menos disciplinadas se acercarán a los objetivos solamente de forma gradual", augura la agencia.

    Así, la entidad considera que la consolidación fiscal más lenta de lo esperado resalta las debilidades de las reglas fiscales españolas, ya que no promueven esfuerzos de consolidación fuertes entre las comunidades de régimen común, habida cuenta de que en el caso de las regiones forales su sistema de finanzas es "radicalmente diferente y sustancialmente más fuerte".

El PSRM insta a Valcárcel a "resolver el conflicto que mantiene con los farmacéuticos de la Región"

MURCIA.- El portavoz del PSRM-PSOE, Joaquín López, ha reclamado al presidente Ramón Luis Valcárcel y a su gobierno que "deje de buscar culpables fuera y se ocupe de resolver los graves problemas que tiene la Región y que afectan directamente a los ciudadanos, como es el conflicto que mantiene con los farmacéuticos de la Región". 

   En rueda de prensa, Joaquín López ha señalado que Valcárcel "demuestra no tener un plan para sacar a la Región de la crisis, al tiempo que ha dejado patente su incapacidad para hacer frente a un problema que pone en peligro un servicio fundamental para los ciudadanos y un derecho como es el acceso a los medicamentos dentro del Servicio Murciano de Salud".

   Aunque ha reconocido que este conflicto "no es nuevo", ha remarcado que Valcárcel "es el único y máximo responsable". Y es que, en su opinión, el problema lo ha creado Valcárcel "como consecuencia de su política de despilfarro y descontrol, no es algo nuevo, lo que ocurre es que ahora ha dado la cara".

   En esta línea, el portavoz de los socialistas murcianos ha advertido que "ni las entidades de crédito ni los farmacéuticos ni, por supuesto, los ciudadanos son los responsables del caos financiero en el que el presidente ha metido a la Región".

   Por todo ello, ha mostrado su preocupación ante la posibilidad anunciada por los farmacéuticos de que "se pueda paralizar el servicio y que no se garantice a los ciudadanos el derecho a los medicamentos que necesiten".

BBVA dice que las CC.AA. tienen que hacer en 2011 un recorte del gasto "sin precedentes" en un año electoral y cita a Murcia

MADRID.- El Servicio de Estudios del BBVA advierte de que las comunidades autónomas, con una deuda que ya alcanza al 10% del PIB y supone el 18% del total del endeudamiento público, deberán llevar a cabo este año un recorte del gasto "sin precedentes" para cumplir con el objetivo de un déficit conjunto del 1,3%.

   "No se espera una rápida recuperación de los ingresos, por lo que el esfuerzo del ajuste fiscal en 2011 deberá concentrarse en un recorte del gasto autonómico sin precedentes", subraya BBVA, que propone que las CC.AA. se comprometan a acabar con su déficit estructural en 2016 y que este compromiso de 'déficit cero' se extienda al conjunto del Estado.

   En un documento titulado 'Las comunidades autónomas ante el reto de 2011', la entidad financiera señala que los datos presupuestarios de las comunidades en 2010 han puesto de manifiesto un "compromiso decepcionante e irregular" de las mismas, ya que en conjunto han registrado un déficit del 3,4% frente al objetivo del 3,1%, y han mostrado, a su juicio, la "poca capacidad del Gobierno para controlarlas".

   Así, recuerda que además del "notable incumplimiento" de Murcia y Castilla-La Mancha, las comunidades de Valencia, Navarra, Cataluña y Baleares presentaron también desviaciones de más de un punto porcentual respecto al objetivo. Pese a ello, destaca que las CC.AA. lograron recortar en dos puntos el gasto público en 2010, recorte que no fue suficiente para compensar el descenso de tres puntos de los ingresos autonómicos.

   Para 2011, BBVA indica que es de esperar que el ajuste fiscal que tendrán que acometer las comunidades se concentrará de nuevo en las restricciones de inversión y, en menor medida, en el gasto corriente, dado que las elecciones autonómicas y municipales de mayo de este año no crean, a su juicio, "un entorno muy propicio" para la reducción del gasto en materias como educación y sanidad.

   Por otro lado, considera necesario que el gasto público crezca en los próximos años por debajo del PIB potencial para conseguir cumplir con el objetivo de déficit de España, situado en el 3% en 2013, frente al 9% actual.

   La entidad financiera valora el anuncio del Gobierno de limitar el crecimiento del gasto público en función del crecimiento potencial de la economía, dado que esta regla reforzará el objetivo de estabilidad presupuestaria a largo plazo y aumentará la credibilidad de la política fiscal.

   Sin embargo, indica que cualquier regla que limite el gasto público debe ser "de total aplicación a las comunidades autónomas" --el Gobierno ha limitado al Estado Central el cumplimiento obligatorio de esta norma--, que tienen que asegurar la estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo "de forma particularmente rigurosa".

   Además, la entidad apuesta por reforzar el principio de estabilidad presupuestaria mediante la adopción de un compromiso adicional a los existentes hasta 2013: eliminar el déficit estructural en 2016, o lo que es lo mismo, alcanzar el 'déficit cero'.

   También aboga por que se refuerce la transparencia de las administraciones en esta materia mediante la elaboración y presentación de presupuestos plurianuales y aumentando la disponibilidad de información que permita hacer análisis comparados de los presupuestos iniciales y de la ejecución presupuestaria final.

La Generalitat dice que la independencia de Cataluña es viable económicamente

BARCELONA.- El conseller de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ha asegurado hoy domingo que la independencia de Cataluña es viable y ha señalado que sería "absurdo" pensar que no lo fuera si hay 200 países en todo el mundo que sí lo son y que Cataluña no sería una excepción.

   Mas-Colell, que votó en la reciente consulta soberanista de Barcelona sin manifestar su intención de voto, ha citado como ejemplo Portugal, aunque ha reconocido que ahora no pasa por su mejor momento.

   Sobre los procesos de independencia el conseller ha señalado: "En estas cuestiones no hay absolutos; depende de cómo ocurra".

   El conseller ha hecho estas valoraciones cuando el debate sobre el sí o no a la independencia de Cataluña ha vuelto a centrar la actualidad política y social por las consultas que se han celebrado en Cataluña y, sobre todo, después de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, votara a favor en Barcelona el 10 de abril.

   Una opción controvertida en el seno de la federación, puesto que el líder de UDC, Josep Antoni Duran, ha mostrado su rechazo, y en paralelo el Parlament tumbó el pasado miércoles --gracias a la abstención de CiU y las enmiendas a la totalidad de PSC, PP y C's-- la admisión a trámite de la declaración sobre la independencia de Cataluña impulsada por SI.

CCOO, UGT y Sterm llaman a una marcha este sábado contra el 'tijeretazo' de Valcárcel

MURCIA.- El Comité de Resistencia, formado por los sindicatos CCOO, UGT y Sterm-Intersindical, hacen un llamamiento a la ciudadanía para que asistan a la marcha de este sábado, día 2, por la ciudad de Murcia con el fin de recordar que el conflicto con el Gobierno regional por la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, "sigue vivo y no nos rendiremos", más después de los últimos anuncios del presidente Ramón Luis Valcárcel.

   Y es que, explicó José Manuel Vicente de CCOO en el balance de los últimos 100 días de movilización y rechazo a las leyes autonómicas de recortes de derechos laborales y sociales de los empleados públicos y "deterioro" de los servicios públicos esenciales de la Región, "lo que empezó a ser una agresión a un sector concreto se ha convertido en una agresión a todos los murcianos".

    Desde la aprobación de la Ley 5/2010, el rechazo frontal a las consecuencias de esta ley ha sido "unánime" y firmemente respetado por UGT, CCOO y Sterm-Intersindical, siendo, explican, "un complicado trimestre en el que se han producido las manifestaciones laborales y sindicales más multitudinarias en la historia de la democracia murciana".

   Tal y como explicó Ferrández, el Gobierno regional "argumentaba que el objetivo de esta ley era reducir el déficit público regional con la finalidad de poder emitir una deuda con valor de 500 millones de euros".

   Según había informado el Consejo de Política Fiscal y Financiera del Gobierno de España, la Región de Murcia tenía un déficit del 3,12 por ciento, "pero hace unas semanas", apuntó Ferrández, "el Ministerio de Economía y Hacienda aseguró que el dato real a 31 de diciembre de 2010 era mayor, y nuestro déficit estaba realmente en un 4,95%, por lo que nuestra deuda es superior a los 1.200 millones de euros".

   Así, desde la aprobación de la ley, las movilizaciones, manifestaciones multitudinarias y de asambleas de trabajadores no han cesado, sino que han aumentado con la modificación del "tijeretazo" con la Ley 1/2011, que promulgó el Gobierno de Valcárcel "con beneplácito" de los sindicatos CSIF, ANPE, Satse, SAE y SIDI.

   Sin embargo, continuó el secretario general de FETE-UGT, "las deudas del Gobierno regional no acaban aquí".

"Además de contar con este elevado déficit", señaló, "el equipo de Valcárcel debe 1.500 millones de euros a los proveedores, otros 75 a las universidades públicas de la Región, y ahora ha anunciado el conocido cierre de caja por valor de 300 millones de euros y que afecta a las políticas activas de empleo y de educación regionales".

   Sólo quedan nueve meses para el 31 diciembre, fecha de caducidad de esta ley, según afirmó el Ejecutivo regional, "y la única solución que aportan, sin contar con los sindicatos, es trabajar más, cobrar menos y ahora, según las últimas declaraciones de Valcárcel de las que ahora se desdice, pagar dos veces por la utilización de los servicios públicos", agregó el secretario general de FETE-UGT.

   Por su parte, el secretario de Educación de CCOO de Murcia, Pedro Manuel Vicente, se refirió al "plan B al que nos está sometiendo ahora el señor Valcárcel" con recortes en el sector de educación de más de 14 millones de euros y el peligro que corren importantes programas como el Escuela 2.0, el Plan Educa3 o el programa de atención a la diversidad PROA.

   Y es que, según señaló Vicente, el Ministerio de Educación afirmó hace pocos días que estos programas que se llevan a cabo con el 50 por ciento de participación del Ministerio y con el 50% de participación de las comunidades autónomas, "no es obligatorio que las regiones lo financien al 100%, sobre lo que aún no se ha pronunciado el consejero Constantino Sotoca y por lo que nos preguntamos si estos programas van a quedar también en el cubo de la basura o se van a desarrollar sólo a la mitad".

   Por otro lado, Vicente se refirió a las polémicas declaraciones del presidente Valcárcel el pasado lunes en los desayunos del diario ABC en Madrid, afirmando que el Partido Popular "ha desvelado que tiene un plan oculto y pretende ahora que paguemos por unos servicios que son de todos y que ya pagamos con nuestros impuestos, que igual van destinados a hacer aeropuertos, eventos de propaganda electoral o publicidad", explicó.

   A este respecto, Vicente recordó que el pasado 4 de febrero UGT y CCOO presentaron al Gobierno regional un dossier con medidas alternativas en materia de reducción de gastos en el capitulo de protocolo, de publicidad institucional o de gasto farmacéutico, ya que estamos a la cabeza del gasto a nivel nacional "y podríamos ahorrar hasta 90 millones de euros en este sentido", apuntó Vicente.

   Y lo mismo ocurriría si se produjera una modificación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para los más pudientes, o retomando impuestos como el de sucesiones y donaciones con el que se recaudarían de 35 a 40 millones de euros anuales".

   Con todo, aseguran los sindicalistas, "el calendario de movilizaciones sigue más activo que nunca". Sin ir más lejos, este sábado, 2 de abril, y a partir de las 18.00 horas, UGT, CCOO y Sterm-Internsidical han convocado una marcha reivindicativa que irá realizando paradas por muchas de las consejerías del Gobierno regional.

   Está previsto que partan desde la Avenida Infante Don Juan Manuel, en la puerta del antiguo Hefame, para continuar por la Avda. Primero de Mayo, atravesando la calle Pablo VI para hacer dos paradas muy significativas en la Avda. de La Fama en la Consejería de Educación, Formación y Empleo y en la de Política Social, Mujer e Inmigración.

   Posteriormente, llegarán a la Plaza Juan XIII donde se encuentra la Consejería de Agricultura y Agua, recorriendo la Ronda de Levante para parar también frente a la Consejería de Sanidad, y atravesar después la Plaza Circular y la Avda. de la Constitución hasta llegar a la Gran Vía, para culminar en la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional.

   Tras la marcha de este sábado tienen previsto otra acción sindical el próximo martes, día 5, a las puertas de la Consejería de Educación, sobre las 18.00 horas, bajo la pancarta 'Sotoca: cesa a Ramírez Burgos'.

   Esta concentración arranca en el departamento de Educación, señalan, por "el maltrato sufrido a docentes y personal de enseñanza", fundamentalmente por el director general de Recursos Humanos de la Consejería, José María Ramírez Burgos.

El presidente de la patronal española se alinea con Valcárcel para cobrarnos derechos fundamentales

ZARAGOZA.- El presidente de la Confederación Española de Organización Empresariales (CEOE), Juan Rosell, ha recomendado anoche  "introducir una serie de penalidades" en la sanidad pública para reducir el gasto cuanto antes, alineándose así con las tesis valcarcelianas de cobrarnos por ejercer derechos fundamentales recogidos en la Constitución y convertirlos en negocio de unos cuantos amigos.

  El presidente de la patronal española ha recordado que la sanidad y la educación públicas representaron el 55% del gasto de las Administraciones autónomas durante 2010, para añadir a renglón seguido que "el dinero no es infinito" y es preciso hacer "un uso más eficiente" de los recursos públicos.

   En rueda de prensa, Rosell se ha pronuciado de esta manera, después de que este lunes el presidente de la Región de Murcia y candidato popular a la Presidencia del Gobierno de esta comunidad autónoma, Ramón Luis Valcárcel, propusiera introducir el copago en algunos servicios públicos básicos.

   Sí ha comentado también que la esperanza de vida ha aumentado en los últimos años y que cada vez se curan más enfermedades, por lo que llegará en un momento en el que el sistema sanitario público llegará a sus "límites".

   Juan Rosell ha mencionado varias posibilidades para reducir el gasto sanitario, como el copago o la colaboración público-privada.

   Rosell ha propuesto que todos "los políticos" lleguen a "un compromiso" sobre el asunto y hagan un análisis exhaustivo, viendo "qué posibilidades hay de reducción" para después "empezar a tomar decisiones". 

 "Lo peor es quedarnos quietos, parados", ha opinado Rosell, quien ha urgido a valorar todas las medidas a adoptar "cuanto antes".

Tovar considera que el copago "es ineficaz e ineficiente" porque genera "desigualdades importantes e inequidad"

MURCIA.- El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Rafael González Tovar, ha considerado este martes que la medida del copago "es ineficaz e ineficiente, sobre todo, porque es una medida que genera desigualdades importantes e inequidad".

   González Tovar ha valorado de esta forma las declaraciones del presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, que este lunes planteó la necesidad de que los ciudadanos asuman parte de los costes de Sanidad y Educación, ya que a su juicio ambos servicios "no pueden ser soportados sólo por el presupuesto de una región o de una nación".

   El delegado, médico de profesión, ha precisado que inequidad "es una palabra que usamos mucho los sanitarios, sobre todo, desde el punto de vista de economía sanitaria, que es la diferencia al acceso y los factores que dificultan ese acceso a las personas que están enfermas y necesitan el servicio y no pueden pagarlo".

   Como profesional de la sanidad, González Tovar dice que es un debate que "siempre hemos mantenido abierto y, desde luego, en nuestro sistema sanitario público en el sistema nacional de salud siempre lo hemos descartado porque creemos que es una medida ineficaz e ineficiente", ha insistido.

   Desde el punto de vista de la educación, González Tovar ha considerado que la Ley de Educación "es muy clara en cuanto a que debe de ser universal y gratuita". Por lo tanto, se ha preguntado "cómo casaría esta propuesta dentro de los preceptos constitucionales".

   No obstante, el delegado ha añadido que se trata de un debate "que está abierto y cada uno puede hacer la propuesta que considere oportuna y es importante que, cada uno haga su propuesta porque los ciudadanos deben de saberlas, precisamente en unos momentos como estos, cuando van a elegir.

El Defensor del Paciente cree que la propuesta de Valcárcel busca "masacrar los bolsillos"

MADRID.- La asociación Defensor del Paciente ha pedido al presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que de "inmediato de marcha atrás" ante las "vergonzosas declaraciones" que ha realizado, al plantear la necesidad de que los ciudadanos asuman parte de los costes de Sanidad y Educación, que pretenden "masacrar los bolsillos de los ciudadanos".

   En una carta dirigida al presidente murciano, la presidenta de la asociación Carmen Flores ha calificado de "desvergüenza política" la propuesta de Valcárcel al hablar del "copago para la sanidad y la educación".

"Los ciudadanos con nuestros impuestos ya pagamos sobradamente los servicios que recibimos y su sueldo", ha defendido al tiempo que ha calificado de "lamentable" que se este dando un paso atrás en los derechos de los ciudadanos.

   En este sentido, Flores ha criticado que a Valcárcel le afloren "sus instintos recaudadores" para "fastidiar" al que más necesita los servicios públicos. "Nadie puede contravenir la Constitución que recoge los derechos de educación y sanidad", ha afirmado.

   "Es lamentable como se van conchabando con el solo fin recaudatorio sin pensar en los ciudadanos, que deberían exigirles que no malgasten el dinero público a su antojo y luego pretendan masacrar más si cabe el bolsillos de los ciudadanos", ha observado.

    En este contexto, ha insistido al dirigente 'popular' que debe "sentir vergüenza ajena" y no continuar con la "sin razón de sus declaraciones". Asimismo, ha pedido que "no se le ocurran ideas tan maravillosas como estas en contra de los murcianos".

El Sterm asegura que Valcárcel ha confirmado que los recortes sociales en Murcia "no han sido casualidad"

MURCIA.- El sindicato Sterm-Intersindical subraya que las declaraciones del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, en Madrid "confirman que los recortes sociales en la Región no han sido casualidad, sino que forman parte de su concepción política y económica del Estado".

   "Lejos de pensar que los servicios públicos son la forma en que el Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos sociales, a juzgar por sus declaraciones, nuestro presidente considera que han de disfrutar de esos derechos sólo quienes tengan recursos para pagárselos", lamentó la Intersindical.

   Tras lo que recuerda que el Estado del Bienestar parte del convencimiento de que Educación, Sanidad, Servicios Sociales o las Pensiones, entre otros, son derechos sociales universales, al alcance de toda la población, independientemente de su nivel de renta.

   En este modelo, los costes sociales han de ser sufragados por el conjunto de la sociedad, a través de impuestos progresivos, redistribuyendo en cierto grado la riqueza.

   Con propuestas de este tipo, el presidente Valcárcel pretende que todas las personas usuarias paguen por la utilización de los servicios públicos.

   "Esta política es de todo menos social y Valcárcel, defendiéndola, aparece como abanderado del neoliberalismo y la regresión social", concluye el sindicato.

Crítica de UGT

UGT ha calificado de "vergonzoso el que, de nuevo, sean las capas más desfavorecidas de la sociedad las que tengan que asumir, con la dificultad que eso les va a suponer, el coste de los servicios públicos esenciales, servicios que todos pagamos a través de nuestros impuestos", según informaron fuentes del sindicato en un comunicado.

   UGT ha contestado de esta forma a Valcárcel, quien ha planteado este lunes la necesidad de que los ciudadanos asuman parte de los costes de Sanidad y Educación, ya que a su juicio ambos servicios "no pueden ser soportados sólo por el presupuesto de una región o de una nación".

   UGT ha rechazado estas declaraciones, y ha manifestado que "si el presidente murciano quiere dar ejemplo a otros dirigentes políticos o a su propio presidente de partido, no podemos entender cómo interpretarlas".

   Todo ello, añade el sindicato, viniendo de un presidente de una comunidad "como la de Murcia, que cuenta con los peores datos económicos y laborales de toda España, que está en alarmantes números rojos y que ha provocado que 12.000 empresarios, sobre todo de pymes, hayan ido a la quiebra por no cobrar los créditos que mantienen con la Comunidad Autónoma".

   "Una vez más, Valcárcel vuelve a atacar a los servicios públicos básicos esenciales, como la sanidad, educación y la dependencia, sectores tan necesarios y que están viéndose cuestionados de nuevo tras los recortes que han experimentado de cara a los ciudadanos, tras el 'Tijeretazo'", aclara.

   Además, añade que se trata de servicios que en la Región de Murcia "se han visto mermados, por ejemplo, con la eliminación de las ayudas para la adquisición de libros de texto, la privatización de muchos servicios de la sanidad pública, la casi nula creación de plazas de educación infantil públicas, o incluso el llamado 'céntimo sanitario' que ya se está pagando por todos los que repostan combustible en nuestra región".

   Al respecto, UGT reprocha que en la región de Murcia "también colaboramos con el coste de aplicación de la Ley de la Dependencia, pues las personas dependientes contribuyen con parte de su pensión para cubrir determinados servicios".

   El sindicato ha vuelto a llamar la atención sobre las "nefastas cifras económicas, sociales y laborales de la Región, que tiene datos alarmantes de desempleo con más de 39.000 familias murcianas con todos sus miembros en paro y un 24,98 por ciento de tasa de desempleo".

   Asimismo, ha destacado una economía sumergida "que alcanza casi el 40 por ciento del PIB regional, destrucción de empleo autónomo, grave déficit económico en las arcas públicas y listas de espera en la sanidad y la dependencia difíciles de justificar tras 16 años de gobierno de esta Región".

   Por todo ello, UGT lamenta "que se propongan estas medidas, aunque sólo sean en forma de propuestas o de análisis de situación, ya que supondrían un debilitamiento más que evidente del 'Estado de Bienestar' que tanto esfuerzo ha costado conseguir".

También CC OO

La Federación de Enseñanza de CCOO muestra su repulsa por la implantación del copago de los servicios sanitarios y educativos; una nueva propuesta, explican en nota de prensa, dirigida "a dinamitar los servicios públicos esenciales".

   CCOO asegura que medidas de este tipo "van dirigidas contra los sectores de la sociedad de más bajo poder adquisitivo y únicamente pueden redundar en un alejamiento de estos sectores sociales del disfrute de estos servicios, cuya conversión en onerosos provocará la exclusión de los mismos de quienes no puedan costeárselos".

   Esta medida propuesta por el presidente Valcárcel esta mañana en los desayunos de ABC "debe ser enmarcada en la ofensiva que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia viene sosteniendo contra los servicios públicos y sería un paso más en el desmantelamiento y privatización de los mismos", insiste CCOO.

   La medida, de llegar a materializarse, sería "injusta y antisocial". A juicio del sindicato, la presencia de Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, junto a numerosos dirigentes nacionales y regionales del PP, que no han matizado la intervención de Valcárcel, "podría inducir a pensar que el PP nacional avala los dislates ultra liberales y neo conservadores del presidente regional que ponen en cuestión el acceso a derechos fundamentales".

   CCOO estima que esta propuesta, diametralmente opuesta al programa electoral con el que el PP se presentó a las anteriores elecciones autonómicas de 2007, "es un reconocimiento de parte del fracaso de las políticas sociales del PP y de la catastrófica gestión de las cuentas públicas realizada por el gobierno Valcárcel".

   Por lo que llama a todos los trabajadores a defender la gratuidad de la sanidad y la educación públicas como conquistas "irrenunciables" de la clase trabajadora y patrimonio acumulado de la lucha de las generaciones anteriores.

Hasta USO

La Unión Sindical Obrera (USO) de la Región de Murcia ha rechazado "frontalmente" las declaraciones del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel de pedir otro esfuerzo económico a los ciudadanos para que asuman parte de los costos de la Sanidad y la Educación".

   En concreto, Valcárcel ha planteado este lunes la necesidad de que los ciudadanos asuman parte de los costes de Sanidad y Educación, ya que a su juicio ambos servicios "no pueden ser soportados sólo por el presupuesto de una región o de una nación".

   En este sentido, USO pide al presidente de la Comunidad "que busque prioritariamente los sacrificios para salir de la crisis en los que más poseen y que los ciudadanos sirvan para algo más que para cuadrar las cuentas".

   USO se pregunta "dónde esta el sacrificio a los causantes directos o indirectos de las crisis, dónde esta el sacrificio del sistema financiero y de las grandes fortunas, qué responsabilidad se le ha pedido a quien jugaba con un modelo productivo basado en el ladrillo y en el ladrillazo".

   "Porque los trabajadores ya hemos aportado mucho más de lo que nos correspondía con congelaciones y bajadas salariales, perdidas de poder adquisitivo, y sobre todo un paro galopante que alcanza récord", según informaron fuentes del sindicato en un comunicado.

   USO se pregunta también "dónde esta la Agenda social de esta Comunidad", y reprocha a Valcárcel que, en sus declaraciones, "se ha olvidado de dar una respuesta a los 186.000 desempleados según datos de la EPA o los 136.000 inscritos en el INEM".

   USO emplaza a "tomar medidas para reducir el déficit autonómico, en primer lugar en la supresión de todos los gastos suntuarios, la eliminación de los asesores, que no han asesorado nada y han errado en sus diagnósticos, así como en la supresión de todas las subvenciones, excepto las relacionadas directamente o indirectamente con la creación de empleo".

   Al mismo tiempo, USO pide "reformas estructurales que favorezcan los ingresos, como elevar el IRPF del tramo Autonómico para las rentas superiores a 80.000 Euros anuales como han hecho en varias Comunidades, y una Reforma Fiscal más progresiva para que paguen más los que más tienen".

Pujante llama "incapaz" a Valcárcel y le insta a que no opte a la reelección

MURCIA.- El candidato de IU a la Presidencia de la Comunidad, José Antonio Pujante, ha dicho que el jefe del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, es "un incapaz" y le ha instado a que renuncie a presentarse como cabeza de lista del PP a las próximas elecciones autonómicas.

   Pujante, que ha reaccionado así a las declaraciones de Valcárcel en las que se mostraba partidario de que los ciudadanos asuman una parte del coste de la sanidad y la educación, ha indicado que el pago "tienen que asumirlo los que defraudan a la hacienda pública y los que más ganan y tienen".

   Para el cabeza de lista de IU, la intención del presidente de la Región de Murcia "se orienta hacia la privatización de los servicios públicos con el consiguiente deterioro de los mismos, lo que supone un grave ataque a los derechos sociales de la ciudadanía".

   Pujante ha asegurado asimismo que lo que plantea Valcárcel "pone de manifiesto su renuncia a gobernar dado que la educación, la sanidad y las políticas sociales absorben aproximadamente el 90 por ciento del presupuesto de la Comunidad".

   Ha explicado que los países europeos con mayor calidad de vida y que mejor hacen frente a la crisis son aquellos en los que se apuesta por el reforzamiento de los servicios públicos que constituyen el estado del bienestar, garantizando con ello "unos niveles razonables de igualdad inexistentes en la Región".

   Además, Pujante ha apuntado que "mejor haría Valcárcel trabajando de cómico para la Paramount que de presidente de la Región de Murcia".