Aguirre cree que "no se recorta lo suficiente"

MADRID.-   La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha aplaudido las medidas puestas en marcha por el Gobierno central para salir de la crisis y ha afirmado que si tiene alguna queja es que "no se recorta lo suficiente y que las reformas van algo lentas".

   Así lo ha asegurado Aguirre en una entrevista concedida a la Cadena Cope, en respuesta a las críticas y propuestas de los socialistas a las medidas del Gobierno.

   Aguirre se pronunciaba de este modo sólo pocas horas después de ser reelegida con un amplísimo respaldo como presidenta del PP de Madrid. "Fue una votación abrumadora que me parece emocionante después de tantos años. A mí las dificultades me sirvan para crecerme", ha destacado.

   La presidenta madrileña ha continuado la entrevista señalando que la única manera que tiene España "de salir de la situación tremenda en la que la ha dejado" el Gobierno socialista es "generar confianza en los mercados, que tienen que dejarnos el dinero para pagar 29.000 millones de euros de intereses que genera la deuda" un pago que, a su juicio, es como "tirar el dinero por la ventana".

 "Los mercados nos prestan ese dinero si generamos confianza y para ello no hay otro camino que la reforma", ha remarcado.

   Aguirre ha defendido que el Gobierno central les obligue por ley a no gastar en cosas que no son esenciales. Calcula que tras esta reforma legislativa el ahorro de todas las comunidades sería entre 2.000 y 3.000 millones de euros, una cantidad que no le parece suficiente. "Hay que profundizar en no gastar más en lo que no es estrictamente necesario", ha apuntado.

   En la misma línea, la líder madrileña ha apostado por "aprestarse el cinturón hasta donde haga falta para sacar a España de la situación en la que está" y por "generar confianza" fuera, pero también dentro del país. "El otro día inauguré un nuevo centro comercial y su propietario nos regaló a todos una camiseta que decía que confío en España y la bandera. Eso es lo que tenemos que proyectar nosotros", ha subrayado.

   La dirigente autonómica ha acusado a los socialistas de entrar al Gobierno central con unas cuentas en superávit y abandonarlo con un gran déficit, por lo que ha criticado que ahora protesten con "la algarada callejera y la quema de contenedores".

 "No podemos proyectar imágenes de contenedores quemados en las calles", ha dicho.

   "¿Cómo pueden creerse moralmente superiores unos políticos que nos han dejado más de cinco millones de parados? Cada vez que hay un Gobierno socialista ocurre lo mismo, y no sólo en España", ha proseguido la presidenta autonómica.

   Aguirre también ha arremetido contra los sindicatos. Así, ha declarado que la manifestación contra los recortes de ayer domingo "fue el fracaso más absoluto y no fueron ni los liberados sindicales". "Los sindicatos no representan a los españoles y hay que decirlo claramente".

 "No tienen razón de ser. Una cosa es que haya representantes de los trabajadores y otra que haya liberados sindicales", ha añadido

   La presidenta regional ha abogado por "dedicar tiempo" a explicar las medidas que pone en marcha el Gobierno, "sobre todo si la medicina es amarga". Aunque se ha mostrado contraria a cualquier subida de impuestos, que ve como "un error y una desgracia de la economía", ha explicado que el Gobierno central ha tenido que subir impuestos como el de la Renta al encontrarse con un déficit público del 8,5 por ciento y no del 6 prometido. No obstante, ha anuncido que el año que viene dejará de aplicarse esta subida.

   Eso sí, Aguirre ha querido dejar muy claro que el transporte público, cuyo precio sube desde mañana, "no es ningún impuesto". En este sentido, ha indicado que ahora el importe de la subvención al transporte público es mayor que la cuota que paga el viajero y que el billete sencillo seguirá valiendo 1,5 euros pero para cinco estaciones, "que es el 60 por ciento de los viajes que se hacen".

   La dirigente autonómica ha señalado que por los mismos trayectos se paga en Londres cinco euros. "Damos mil millones de euros de subvención al transporte público que no nos podemos permitir porque damos 7.000 millones a la sanidad y 5.000 a la Educación. Es el billete más barato del mundo. Hemos bajado alguno de los descuentos, pero estábamos obligados a hacerlo", ha zanjado.

   La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado que la región está seis puntos por debajo de la media nacional en cuanto a los datos del paro y 14 puntos por debajo de Andalucía. Ha acusado al secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, de "mentir" cuando atribuye los nuevos parados a la reforma laboral, puesto que los últimos datos del desempleo se refieren el primer trimestre del año, antes de haberse aprobado dicha reforma.

   Respecto a su idea de contratar profesores nativos para los colegios públicos de enseñanza bilingüe, Aguirre ha indicado que la propuesta de "insumisión" a la decisión contraria del Gobierno de la Nación pronunciada el otro día sólo "fue una expresión" y que ya ha hablado con el ministro de Educación, Ignacio Wert, que le ha prometido estudiar la medida.

   La líder autonómica ha defendido la contratación de profesores nativos ingleses o irlandeses "dentro de una Europa de fronteras abiertas y libre circulación de trabajadores".

   Siguiendo en materia educativa, ha manifestado que los ciudadanos "tienen que saber que el gratis total no existe" en esta materia. "La enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero no tenemos por qué pagar los másteres a las familias más pudientes. ¿Por qué tienen que pagarlos los contribuyentes de Aluche?", se ha preguntado.

   En cuanto a Sanidad, Aguirre ha criticado que la Comunidad tenga más tarjetas sanitarias que ciudadanos, por lo que aboga por acabar con el llamado turismo sanitario. "Creo que la sanidad tiene que ser universal, gratuita y de calidad, pero el turismo sanitario no lo tenemos que financiar", ha apostillado.

   Por último, la dirigente autonómica se ha mostrado partidaria de trasladar los días festivos a los lunes o viernes y que toda Europa tenga el mismo calendario festivo. "Yo he disfrutado mucho de los puentes y tengo maravillosos recuerdos pero en Inglaterra se les dice que el martes y miércoles es fiesta en Madrid pero el miércoles no en Barcelona pero que el lunes es puente,  no lo pueden entender".

Rajoy, el rayo que no cesa

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avanzado que el Gobierno "seguirá haciendo lo necesario" para salir de la crisis y, por ello, el próximo viernes se anunciarán nuevas medidas "muy importantes". "No vamos a parar hasta el fin de la legislatura", ha señalado durante su intervención en el acto de clausura del XV Congreso del PP madrileño.

   El líder 'popular' ha defendido la puesta en marcha de estas medidas económicas puesto que "son más obligadas que nunca" debido a la herencia recibida del partido socialista, si bien ha recordado que serán "positivas" para el futuro de España. "Hemos puesto en marcha una agenda reformista sin parangón que está destinada a rescribir nuestra historia de prosperidad", ha señalado.

   No obstante, ha insistido en la necesidad de continuar con estas medidas a pesar de que "vendrán tiempos mejores", avisando de que "si se hacen bien", previsiblemente el año 2013 "será mejor". "Tenemos que continuar porque España no puede vivir sin crédito y por eso cada viernes continuaremos con las reformas", ha explicado.

   Respecto a la subida de impuestos anunciada recientemente y que no estaba contemplada en el programa electoral del PP, se ha mostrado "consciente" de esta situación, pero añadiendo que los cambios aprobados son "justos y equitativos". 

"Sé que no figuraba en el programa, intentaremos no hacerlo en el futuro, pero se tratan de medidas para favorecer el crecimiento económico y el empleo", ha señalado.

   En esta misma línea, ha asegurado "entender perfectamente" a los ciudadanos que "no apoyan" las reformas propuestas por el Ejecutivo, pero ha insistido en que "frente al problema" de la crisis la única solución es una agenda reformista. Así, ha destacado que su único motivo para gobernar y tomar decisiones es "el interés de los españoles" y no el de su partido.

   "Hemos aprobado una serie de reformas para mantener lo esencial. Hay que tener en cuenta que el modelo laboral data de hace más de 30 años y, si cambian las cosas, también lo tiene que hacer el modelo, que ahora es similar al de otros países de la UE", ha aseverado, antes de añadir que quien diga que las nuevas medidas favorecen el despido, "miente".

   Rajoy ha señalado al déficit público como uno de los problemas actuales en España, señalando el hecho de que en 2011 las administraciones públicas gastaron 90.000 millones de euros más de lo que ingresaron. "Se trata de algo que no es lógico, ni sensato ni razonable, porque ocurre como las familias, que no pueden gastar más de lo que ingresan", ha afirmado.

   Además, también ha apuntado a la anterior gestión del Gobierno socialista para justificar algunas de las medidas actuales. En este caso, ha recordado que el anterior Ejecutivo se comprometió "sin que nadie le obligara y con el apoyo del PP" a alcanzar un 6% de déficit, cuando al finalizar su legislatura lo dejó en un 8%, cifra que supone tener que reducir en 18.000 millones de euros el déficit para este año.

   Ha incidido en la partida de los Presupuestos Generales del Estado para este año en la que se recoge que el Gobierno tendrá que pagar 29.000 millones de euros en intereses. "Todos somos conscientes de lo que se podría hacer con la mitad de la mitad", ha lamentado Rajoy, quien, sin embargo, ha alertado de los "riesgos" de no pagar la deuda.

   "Con esta situación, corres el riesgo de no poder pagar pero también de que no te presten y esto no es teoría, porque ha pasado en algunos lugares de Europa Pero también en algunas instituciones públicas en España", ha señalado.

   En esta misma línea, ha criticado al PSOE por "no entender o no querer entender" la situación económica en España y las reformas aprobadas por el Ejecutivo, pero ha recordado que "para salir del pozo hay que hacer lo que no hicieron" los socialistas. "No sé qué les pasa", ha añadido.

   El líder 'popular' ha recordado que su partido ya ha tomado más decisiones y han hecho "mucho más" en sus cuatro meses de mandato que el anterior Gobierno "en siete años, puesto que no hicieron ni la mitad de la mitad".

 "Y como encima no lo hicieron así estamos, contando además que se oponen a todo", ha indicado.

   "No entienden, o no quieren entender, o no sé que les pasa, pero para salir del pozo hay que hacer lo que no hicieron, porque no se atrevieron, e incluso lo contrario. Siento decirlo así", ha añadido el presidente del Gobierno, quien ha señalado que "lo mejor que podían hacer" los socialistas era "callarse".

   Asimismo, ha resaltado que "de una situación difícil no se sale fácilmente", por lo que ha incidido en continuar con una política reformista que permitirá a España "salir adelante si las cosas se hacen bien". 

"Todo esto va en serio. Para hacer lo que hacían los anteriores gobernantes y no hacer nada no hemos salido elegidos", ha señalado.

Las CCAA ultiman los planes de ajuste que les exige Hacienda

MADRID.- Mañana lunes concluye el plazo dado por Hacienda a los gobiernos autonómicos para que presenten unos planes de saneamiento "creíbles y ejecutables" que les permitan cumplir el 1,5 por ciento de déficit al que deben atenerse este año, unos planes que de no cumplirse pueden terminar en la intervención de esa Comunidad transcurridos seis meses.

   Ministerio y CCAA se reunirán dentro de unos días en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y es en este foro donde se dirá quién aprueba y quién debe tomar aún más medidas para llegar a ese déficit comprometido. Para entonces, ya estará en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la que abre la puerta a que una autonomía sea intervenida por Hacienda para obligarla a ajustarse a ese 1,5 por ciento.

   Tanto el ministro Cristóbal Montoro como el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, han intensificado las advertencias a las comunidades autónomas. Montoro subrayó el miércoles en el Senado que es el país el que "está en juego" y que por ello su departamento no dudará con las regiones "no encarriladas".

   Los gobiernos autonómicos tienen hasta este lunes para entregar los planes económico-financieros de saneamiento definitivos. Se trata de un programa de medidas para cumplir el objetivo de déficit del 1,5 por ciento en 2012 y tienen que estar ya ajustados a las cifras de los Presupuestos Generales del estado.

   Todas las autonomías habían enviado estos planes para marzo, pero la revisión presupuestaria les obligó a rehacerlos; además, Hacienda les pidió otras correcciones porque varios de ellos contenían previsiones sobre todo de ingresos no creíbles, según explicó Beteta en un desayuno informativo.

   También mañana lunes día 10 concluye el plazo para que las comunidades que se han acogido al plan de pago a proveedores entreguen un plan de ajuste en el que detallen cómo van a devolver las cantidades que pidan. Como se sabe, todos los gobiernos regionales salvo los de Galicia, País Vasco y Navarra van a pedir dinero para pagar las facturas pendientes.

Bruselas pide la "rápida aplicación" de la Ley de Estabilidad presupuestaria a las CC AA

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha pedido este miércoles la "rápida aplicación" a las comunidades autónomas de la recién aprobada ley de estabilidad presupuestaria. Una "gestión sólida" de las cuentas públicas de las regiones, ha resaltado Bruselas, es un "elemento importante para el éxito de la estrategia fiscal de España".

   No obstante, el Ejecutivo comunitario ha eludido valorar si el copago farmacéutico propuesto por el Gobierno es una medida adecuada para recortar el déficit alegando que "la elección de las medidas es responsabilidad exclusiva de las autoridades españolas".

 "Nuestro papel es examinar las medidas propuestas y su impacto presupuestario, si son adecuadas para cumplir los objetivos", ha dicho el portavoz de Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj.

   "Esperamos una rápida aplicación de la ley de estabilidad que se aprobó recientemente por parte de todas las regiones en España. La dimensión regional de las finanzas públicas en España es particularmente importante. Una gestión sólida de las cuentas públicas en las comunidades autónomas es un elemento importante para el éxito de la estrategia fiscal de España", ha resaltado el portavoz.

   La Comisión todavía no tiene fecha para publicar su evaluación sobre los presupuestos de España para 2012, pero celebra "el claro compromiso y la determinación mostrados por el Gobierno español para cumplir su objetivo de déficit para 2012 y también para 2013.

   El portavoz ha subrayado que los presupuestos de 2012 "confirman el objetivo de déficit de un máximo del 5,3% del PIB este año como se acordó en el Eurogrupo" y se basan "en un escenario macroeconómico prudente".

   El Ejecutivo comunitario espera recibir "antes de final de mes" un programa de estabilidad "completo y sólido para 2013 y 2014" y un plan que contenga "reformas estructurales convincentes que impulsen el crecimiento y el empleo". 

"Todas estas acciones y su aplicación reforzarán gradualmente la confianza del mercado en la economía española y darán mejores perspectivas para los ciudadanos españoles", ha concluido el portavoz.

El gasto farmacéutico en la Región de Murcia baja un 13% en febrero

MURCIA.- El gasto farmacéutico en la Región de Murcia bajó un 13 por ciento en febrero, hasta los 30,4 millones de euros, frente a los 34,9 millones gastados en el mismo mes de 2011, lo que representa el segundo mayor descenso por comunidades autónomas, por detrás de Canarias, (-13,64%).

   De esta forma, la reducción del gasto farmacéutico en la Región fue más de seis puntos superior a la de la media nacional, que descendió un 6,77 por ciento, según los datos sobre gasto a través de receta oficial remitidos por las comunidades a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad.

   Además, la Región facturó 2,738 millones de recetas en febrero de 2012, lo que supone un descenso del 0,74 por ciento respecto a los 2,759 millones de euros del mismo mes de 2011, por debajo del aumento del 2,27 por ciento de la media nacional. Se trata del cuarto mayor descenso por comunidades autónomas.

   Igualmente, el gasto medio por receta en la Región de Murcia en febrero fue de 11,10 euros, un 12,35 por ciento inferior a la del mismo mes de 2011, cuando se elevó a 12,67 euros. Se trata del segundo mayor descenso por comunidades autónomas, por detrás de La Rioja, con el 13,82%.

   En el conjunto de España, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado un gasto farmacéutico de 878.768.091 euros en el pasado mes de febrero, lo que sitúa la variación interanual en el -8,59%.

   Así lo reflejan los datos sobre gasto a través de receta oficial remitidos a la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por las Comunidades Autónomas. El gasto farmacéutico del mes de febrero supone un descenso de un 6,77% respecto al mismo mes de 2011.  

   En lo referente al gasto medio por receta, el dato del pasado mes de  febrero reflejó un descenso del 8,84% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que deja la variación interanual del gasto medio por receta en un -9,42%.

   Por lo que respecta al número de recetas facturadas en febrero (82.090.987), el número ha supuesto un crecimiento del 2,27% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que sitúa la variación interanual en el 0,92%.

   Por Comunidades Autónomas, las que más han reducido el gasto son Melilla (-20,75%), Canarias (-13,64%), Murcia (-13,00%), Comunidad Valenciana (-11,26%) y La Rioja (-8,88%).  

   El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad agradece a todas las Comunidades Autónomas y a los profesionales sanitarios su esfuerzo en la promoción del uso racional de los medicamentos, ya que redunda en beneficio de la salud de los ciudadanos y contribuye a la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud.

Ruíz-Abellán se aferra de forma escandalosa a un cargo con tongo

MURCIA.- El autodenominado Defensor del Pueblo en la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, un íntimo amigo del presidente Valcárcel que lo convierte en su caso en un cargo con tongo además por su total ausencia de conocimimientos jurídicos, aclara que el tema que se está planteando sobre esta institución en España no es su disolución, como ha ocurrido en Castilla La Mancha de la mano del PP de Cospedal, sino "un recorte de gastos". Se aferra así Ruíz Abellán, de forma escandalosa, a un cargo sin más sentido que colocar bien remunerado a un buen amigo de Valcárcel pese a los tiempos de austeridad que se imponen a terceros.

   La mayor parte de defensorías, a excepción de C-LM, "están realizando un recorte en sus gastos", acentúa el afectado. En concreto, explica Ruiz Abellán, las Cortes Generales han impuesto en los tiempos que corren un recorte del 3,2 por ciento al Defensor del Pueblo de España.

   En Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo propuso la eliminación de tres vicevaledores, "pero no de la institución" del Defensor del Pueblo, conocido como 'Valedor do Pobo'; también la Defensora del Pueblo Riojano y el Defensor del Pueblo de Navarra ha visto recortada su dotación presupuestaria.

   Asimismo, el Partido Aragonés, en pacto con el PP, defiende la figura del Defensor del Pueblo autonómico.

    Los partidos políticos han propuesto la reelección del Procurador del Común, que es el nombre del defensor del Pueblo en la comunidad autónoma de Castilla y León.

   En Canarias, acaba de ser nombrado como Defensor del Pueblo el ex ministro socialista Jerónimo Saavedra. En el País Vasco, aprobaron en Pleno en octubre del año pasado una proposición no de ley del Grupo Socialista, relativa a la defensa de la Institución del Ararteko-- Defensoría del Pueblo--.

   El Parlament de Cataluña aprobó, asimismo, una ampliación de la vigencia del mandato del Sindic de Greugues, Rafael Ribó, de cinco a nueve años.

   Javier Arenas, por su parte, "garantiza, en caso de ganar las elecciones autonómicas, la permanencia del Defensor del Pueblo Andaluz, al estar sancionado por el estatuto andaluz", argumentó el Defensor del Pueblo en la Región de Murcia.

   Aunque, matizó, Arenas ha señalado que reducirá el Defensor del Pueblo Andaluz, planteando que se reducirán de cinco designaciones políticas a tres.

   En Asturias están atravesando un proceso de elecciones autonómicas y en Valencia, Alberto Fabra todavía no ha tomando una decisión.

   El presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, hace tres meses cuando fue preguntado por la eliminación de la Defensoría  declaró que "la misión del Defensor del Pueblo es muy positiva y hace una labor que repercute en el ciudadano. No soy partidario en estos momentos de plantearme ni tan siquiera una reducción de la oficina del Defensor del Pueblo".

   En este sentido, el Defensor del Pueblo de Murcia insiste en señalar que la línea de los recortes en las distintas instituciones "es la tónica general" en estos tiempos de crisis.

   En su opinión, "hace pensar que la decisión de mantener o no la figura del Defensor o su recorte depende del ajuste presupuestario de cada autonomía" en base a criterios de eficiencia.

   "No existe una intención generalizada de eliminar la institución, las medidas que se están tomando en todo el país están orientadas a la revisión de las instituciones y un ajuste presupuestario en una época de crisis", apuntó.

   En cuanto a la posible duplicidad de las instituciones, Ruiz Abellán ha aclarado que "la interacción entre la Defensoría estatal y las autonómicas no debe entenderse en clave de competición sino de complementariedad y apoyo mutuo".

   "Estamos hablando de órganos encargados de velar por el respeto a los derechos y libertades de la ciudadanía. Particularmente teniendo en cuenta la estructura cuasi-federal del Estado de las autonomías, se impone la necesidad de que las instituciones estén lo más cerca posible del ciudadano", concluyó.

Los empleados en ayuntamientos deben ganarse el puesto, a juicio del ministro de Hacienda

SEVILLA.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha advertido de que los ayuntamientos y la administración pública "no son oficinas de colocación" y que los funcionarios tienen que "ganarse su puesto de trabajo como todos los españoles".

   En el Punto de Encuentro Económico de la Fundación Antares Foro, Montoro ha impartido una conferencia bajo el título 'Las reformas que impulsan el cambio', y ha señalado que "los ayuntamientos no están para contratar gente sino para contratar gente que sirva a la ciudad y no al revés".

   Asimismo, como funcionario de carrera, Montoro ha dicho no concebir "nunca" la función pública como "una seguridad en el empleo".

 "En la función pública se está al servicio de los demás y hay que quitarse esta mentalidad de que el que trabaja para un servicio público lo tiene todo hecho", ha subrayado.

   "Hay que trabajar desde las administraciones públicas y el que tiene que tener miedo es aquel que ha sido contratado para darle un puesto de trabajo y tener los brazos cruzados", ha subrayado, a lo que ha añadido que "eso es lo que hay que evitar de una vez por todas".

   De igual manera, ha indicado que del plan de ajuste que tienen que presentar los ayuntamientos que se han acogido al pago de proveedores "no se desprende una situación negativa para los funcionarios", y ha señalado que le hubiera gustado ver titulares cuando "se estaban despidiendo cientos de miles de personas porque desde los ayuntamientos no se pagaban las facturas".

   "Ningún funcionario está cómodo sabiendo que su ayuntamiento es insolvente. Estamos buscando que los servicios públicos tengan ingresos recurrentes, desaparezca ese déficit público de naturaleza estructural y que, por tanto, el funcionario tenga absoluta seguridad en su puesto de trabajo", ha señalado.

   En este sentido, ha apuntado que el Gobierno lo que está haciendo es mantener el sueldo de los funcionarios y "vamos a promover esos cambios y esos ahorros públicos manteniendo el sueldo de los funcionarios".

 "Estamos trabajando para que el sueldo de los funcionarios no se reduzca si no es para dar viabilidad al ente público, que pueda tener sobredimensión de plantilla, pero eso ya cada uno tiene que juzgarlo y valorar", ha subrayado.

   El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha señalado que a través del plan de proveedores las facturas pendientes de pago de las administraciones locales, ayuntamientos y comunidades estarán pagadas "antes de que entremos en verano".

 "En el mes de mayo estaremos pagando ya facturas de ayuntamientos y a finales de mayo y junio pagando las de administraciones públicas", ha detallado.

   "Esto significa una inyección económica fundamental en el tejido empresarial. Vamos a salvar muchas empresas, vamos a proteger muchos puestos de trabajo, vamos realmente a atender las necesidades de muchas empresas que teniendo deudas con administraciones no pueden acceder a financiación bancaria para compensar y financiar su circulante", ha subrayado.

   De esta manera, ha asegurado que supondrá "la mayor inyección económica de nuestra historia" y estará en torno a los 30.000 millones, aunque aún falta que termine el plazo de reclamaciones de proveedores para las corporaciones locales y la suma de las comunidades.

   Por último, ha apuntado que "hay que decirle a la UE que España es transparente, fiable" y que "España se ha desviado del objetivo de déficit público de la Unión Europea (UE) por una mala política, por una manera de concebir el gobierno".

Los ayuntamientos deberán detallar si piensan recortar personal

MADRID.- Los ayuntamientos que se acojan al plan de pago a proveedores deberán detallar en sus planes de ajuste qué partidas de gasto contemplan reducir, entre las que se encuentran el recorte de personal o la reducción de los salarios del mismo, según el 'Modelo de Plan de Ajuste' publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   Estos ayuntamientos están obligados a presentar antes del 30 de marzo al departamento de Cristóbal Montoro un plan de ajuste en el que deben detallar los ingresos y los gastos previstos hasta el año 2022 y demostrar que sus cuentas serán viables hasta entonces.

   En el formulario que Hacienda les ha enviado figura un conjunto de posibles medidas que pueden adoptar y, entre ellas y por el lado del recorte de gastos, figura la reducción de costes de personal, tanto reducción de sueldos como de efectivos, así como posibles medidas de ahorro en el régimen retributivo de las empresas públicas o la limitación de salarios en la alta dirección.

   Asimismo, figuran otras medidas de ahorro de gasto como la reducción del número de consejeros de administración de las empresas del sector público, reducción del número de personal de confianza, contratos externalizados que pueden ser prestados por el personal municipal actual, disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas, reducción de celebración de contratos menores o la reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.

   El formulario también contempla las nuevas implicaciones de la reforma laboral y una de las medidas de ahorro que figuran es si los ayuntamientos prevén aplicar la regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso, dando así por hecho que el nuevo coste por despido es inferior tras dicha reforma.

   Por el lado de los ingresos, los ayuntamientos tienen que especificar si tienen previsto elevar los impuestos, suprimir exenciones o bonificaciones voluntarias, adoptar medidas para reforzar la recaudación ejecutiva y voluntaria o potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados.

   También deberán publicar anualmente en las memorias de las empresas las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos, así como una estimación realista de los derechos de dudoso cobro.

   Por último, Hacienda pide en el plan de ajuste que tendrán que enviar los ayuntamientos el detalle de la financiación de los servicios públicos prestados hasta el año 2022, como el abastecimiento de agua, servicio de alcantarillado, de recogida de basuras, de tratamiento de residuos, saneamiento, servicios hospitalarios, sociales y asistenciales, educativos, deportivos o culturales, entre otros.

UPyD propone la supresión en la Región del Defensor del Pueblo, el Consejo Económico y Social y el Consejo Jurídico

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha propuesto la supresión en la Región de Murcia del Defensor del Pueblo, del Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico, "por tratarse de instituciones u organismos que duplican funciones que ya realizan otros entes homólogos de carácter estatal". 

   Sánchez cree que estas supresiones se deben acometer "de forma especial en el actual momento de crisis y de déficit en las cuentas públicas". Además, ha subrayado que esos organismos no se crearon bajo mandato estatutario y que por tanto el Gobierno regional puede derogarlos con una ley, sin necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía.

   Ha expuesto que el ahorro que se produciría sería de unos 3,8 millones de euros, según los presupuestos de la CARM para 2012, "una cifra que no es despreciable en absoluto".

   Asimismo, Sánchez ha señalado que estas propuestas de UPyD para evitar duplicidades innecesarias, así como otras que su formación política reivindica (la privatización de la tv regional entre ellas) "no las estamos formulando sólo ahora que el déficit nos ahoga, sino que las venimos reclamando desde que nos constituimos como partido hace más de cuatro años y en todas las instituciones en las que estamos presentes".

  En este sentido, y solicitando la racionalización de las AA PP, Sánchez ha recordado la reciente moción presentada por el Grupo Parlamentario de UPyD en el Congreso y por el Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid, solicitando la supresión de organismos duplicados.

   El coordinador regional de UPyD ha señalado que la posición de su partido viene avalada por lo que opinan expertos del mundo académico. Así ha subrayado que existe una opinión próxima al consenso entre diferentes expertos, sobre la oportunidad de suprimir estos organismos duplicados en el nivel del Estado y en el de las Comunidades Autónomas, sobre todo en un momento de crisis.

   Catedráticos de Derecho Constitucional, como Joan Oliver y Javier Pérez Royo, o el profesor de ESADE, Francisco Longo, son de esta opinión. Y recuerdan "cómo Madrid ha estado muchos años sin Consejo Jurídico Consultivo y Baleares no ha tenido nunca Defensor del Pueblo. No tiene sentido que se reproduzca el mapa institucional del Estado en cada Comunidad Autónoma".

   Para finalizar Sánchez indica que la proliferación masiva de organismos es un síntoma de "las alegrías de la  bonanza" anterior a la crisis. "Hemos vivido años que parecía  que era todo posible. Por algún lado hay que empezar para reducir el déficit y hay que  redefinir prioridades: los organismos duplicados son los primeros  que hay que suprimir antes que recortar en Sanidad o Educación", ha concluido.

El PSRM cree que "Valcárcel ha pasado del pasta per tutti a aceptar recortes para todo" y le pide que defienda Murcia

CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui y el viceportavoz, Francisco J. Oñate han anunciado este martes en rueda de prensa la presentación de dos mociones: una para relajar los objetivos de déficit en la Región; y otra en la que pide la retirada de la reforma laboral. 

   En el caso de la primera moción, Begoña García Retegui ha pedido a Valcárcel que vuelva a ser tan reivindicativo como era cuando no gobernaba Mariano Rajoy y pase a exigirle a éste lo mismo que reclamaba a José Luis Rodríguez Zapatero. "Parece que el presidente ha pasado del pasta per tutti a aceptar recortes para todo", opinó.

   La portavoz socialista señaló que el Gobierno regional debe ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebra esta tarde, a defender a la Región de Murcia.

   Esto significa "no aceptar un brutal recorte de sus servicios y la paralización absoluta de su economía". Para ello, es preciso, según la portavoz, que el Gobierno regional consiga que se relajen los objetivos de déficit.

   "Somos una de las autonomías más incumplidoras, porque en su  momento no se acometió un recorte en el despilfarro. Pero es del todo imposible pasar de un déficit del 4,33 al 1,5", añadió en comunicado.

   La portavoz socialista explicó que eso significaría que habría que recortar alrededor de 1.000 millones de euros adicionales al Presupuesto que se aprobó el pasado mes de diciembre para 2012.

   Esto, continuó, "supondrá la paralización de la economía, suspensión de los servicios públicos e imposibilidad de pago a los proveedores; y eso se traduce en más paro, más déficit, más recortes y más desconfianza".

   Por ello, pidió al consejero Juan Bernal que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera defienda "que la Región de Murcia necesita un tratamiento específico, que no es posible amputar 1.000 millones de euros sin tocar todos los servicios públicos y sin paralizar la actividad económica y sin provocar mucho más paro.

   Por tanto, tiene que conseguir más flexibilidad del Gobierno de España como Rajoy le ha pedido a Bruselas. La Región de Murcia necesita un poco de cuello para poder hacer sus deberes".

   Por otra parte, el viceportavoz socialista, Francisco J. Oñate pidió en su moción la retirada de la Reforma laboral al Gobierno de España y que sea sustituida por otro proyecto de ley consensuado. Oñate afirmó que la Reforma laboral no va a resolver la grave crisis que sufre la economía española y no va a rebajar la alta tasa de paro existente.

   "Lo que sí va a suponer es una degradación de las condiciones de trabajo, un empobrecimiento de la población y un ataque a la cohesión social. Con esta reforma se han abierto las puertas del desempleo, lo que nos puede llevar a una situación aún más dramática", criticó.

   Por ello, considera que el PP y el Gobierno de Valcárcel deberían apoyar la moción en defensa de la autonomía murciana y para no crear más paro.

   "La reforma pone palos en el engranaje de importantes obligaciones en materia de empleo como la protección de relaciones laborales, dificulta la lucha contra la temporalidad porque crea un contrato indefinido hipócrita y amenaza al SEF entregando la capacidad de emplear a las empresas de trabajo temporal", continuó.

   Agregó que "la reforma es ineficaz, desde la perspectiva del empleo, porque favorece el despido y con ello el aumento del desempleo. Es injusta, porque los trabajadores pierden derechos y porque da todo el poder a los empresarios sobre los trabajadores, creando inseguridad en los trabajadores, al tiempo que anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores".

   La reforma propuesta por el PP va a derivar, según el viceportavoz socialista, "en un incremento del número de despidos y rebajas en los sueldos de los trabajadores, que afectará muy negativamente al consumo de las familias, deprimirá la demanda interna y, en consecuencia, producirá disminuciones del Producto Interior Bruto lo que a su vez supondrá más desempleo", concluyó.

Respuesta del PP

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, José Antonio Ruiz Vivo, ha aludido este martes al "rigor, la credibilidad y la seriedad" del consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, a la hora de afrontar la situación económica que atraviesa la Región de Murcia.

   De este modo ha respondido a las declaraciones realizadas por la portavoz socialista en la Asamblea, Begoña García Retegui, que ha solicitado que se relaje el objetivo de déficit establecido para la Región para este año.

   El portavoz le ha pedido a Retegui que sea su partido quien relaje su discurso y deje trabajar al Gobierno y al consejero de Economía "para resolver una situación generada por una mala gestión en el reparto de los fondos autonómicos".

     El Gobierno, concluyó, "se ha encontrado un auténtico pufo que no ha generado ese Gobierno y es un Gobierno que está dispuesto a sacar la situación adelante".

De Guindos aboga por controles trimestrales a las cuentas de las CCAA

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado este miércoles que, en su opinión, sería "perfecto" que los controles a las cuentas autonómicas se hicieran cada tres meses, pero en todo caso ha dicho que deben ser controles "suficientes" porque lo que hay ahora no ha funcionado a la vista de la desviación de los objetivos de déficit público de las comunidades. "Ellas saben mejor que yo (que se les ha ido la mano)", ha apuntado.

   De Guindos, en declaraciones a TVE , ha subrayado que el Gobierno "no pretende hacer de policía" de las comunidades autónomas, aunque ha subrayado que tiene que haber más transparencia y la asunción de responsabilidades por parte de las comunidades en el objetivo de déficit, cuestiones que figurarán en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Ejecutivo aprobará este viernes en el Consejo de Ministros.

   El titular de Economía ha insistido en que el déficit fijado para este año es del 4,4% del PIB, que el cumplimiento de los compromisos con Bruselas es ineludible e imprescindible para volver a generar confianza, pese a que no va a ser "ni sencillo ni fácil" conseguirlo y ha costado medidas "dolorosas" como el recargo temporal en el IRPF.

   De Guindos, que ha descartado una subida del IVA por ser un impuesto más "indiscriminado" que el IRPF y la implantación por ahora del copago sanitario, ha dejado claro que España cumplirá sus objetivos, a pesar de que el FMI ha dicho lo contrario, y ha recordado que esta institución, a la que él "toma en serio" por se una referencia importante, se equivoca también de vez en cuando.

   "La reducción del déficit público es imprescindible, pero simultáneamente tenemos que compensar esos efectos a través de reformas económicas que fomenten el crecimiento, como la reforma laboral y del sector bancario", ha destacado.

   El ministro se ha referido también a la reforma laboral, de la que ha dicho que es el "punto clave" para generar confianza, "incluso más importante" si cabe que el ajuste presupuestario que España debe llevar a cabo, habida cuenta de que el país tiene una tasa de paro del 22% y de que la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2011 no arrojará "datos buenos" si sigue la tendencia del paro registrado y de la afiliación de la Seguridad Social de los últimos meses.

   En este sentido, ha recordado que España ha sido el país donde más se ha deteriorado el mercado laboral durante la crisis, más incluso que en los países que han tenido que ser rescatados. "La reforma laboral va a generar vibraciones positivas en la evolución del mercado laboral y va a mejorar la confianza", ha indicado el ministro, quien ha subrayado que también contribuirá al crecimiento económico.

   En este punto, ha afirmado que los líderes europeos ya están empezando a hacer énfasis no tanto en políticas de austeridad, sino en aquellas que estimulen el crecimiento.

   De Guindos ha señalado que la reforma laboral del Gobierno introducirá cambios en la negociación colectiva, con mayor preponderancia de los convenios de empresa, y simplificará la "selva incomprensible" de contratos que hay en España, pero no hasta llegar a un único contrato.

   "Hay que simplificarlo muchísimo. Se dice contrato único aunque no es el único que existe. Yo me estaba refiriendo a un contrato con cláusulas comunes para jóvenes, que son los que más están sufriendo la lacra del paro", ha precisado en alusión a su artículo de opinión en 'The Wall Street Journal'.

   Para el ministro, el acuerdo salarial alcanzado entre sindicatos y empresarios es positivo y una buena "plataforma de salida" para la reforma del mercado laboral que está diseñando el Gobierno y que entrará en todos aquellos aspectos en los que los agentes sociales no han sido capaces de llegar a acuerdos.

   "El acuerdo salarial no es un acuerdo completo, es un buen punto de partida y manda señal positiva, pero el Gobierno va a hacer una reforma mucho más amplia", ha manifestado el titular de Economía, que ha valorado especialmente que los agentes sociales hayan roto la vinculación de los salarios a la inflación.

   De Guindos ha indicado que el coste del despido no es una cuestión clave en España y ha explicado que lo que el Gobierno quiere evitar es que se despida a los temporales cuando cae la actividad de las empresas, introduciendo "mecanismos completamente distintos" a los actuales a través de la negociación colectiva.

   "El 35% de la fuerza laboral en España tiene un coste de despido prácticamente cero en España, los temporales, que es donde se concentra el ajuste. Queremos sustituir muchísima temporalidad por otro tipo de contratación indefinida", ha precisado el ministro, que ha añadido que el Gobierno "se tiene que ubicar en el interés general y que el interés general no es el coste del despido".

   Por otro lado, y en relación a su pasado en Lehman Brothers, entidad que quebró mientras ocupaba la Presidencia del banco para España y Portugal, el ministro ha asegurado que "si se considerara responsable lo más mínimo de la crisis económica mundial", no sería ahora ministro de Economía.

   Sobre su relación con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, De Guindos ha resaltado su respeto profesional y personal por él y ha indicado que mantienen una comunicación prácticamente diaria.

El Gobierno buscará un pacto por la austeridad para evitar duplicidades

MADRID.- El Gobierno trabajará para sacar adelante un "pacto por la austeridad" entre todas las administraciones públicas para revisar las competencias con el fin de evitar duplicidades determinando a qué administración corresponde más la gestión.

   Así lo ha señalado la vicepresidenta del Gobierno y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha dicho que por otro lado se está procediendo a la simplificación de estructuras tanto del Estado como de las comunidades autónomas.

   "Es necesario reducir toda la estructura administrativa que supone la multiplicidad de organismos y presupuestos", ha dicho la portavoz, quien ha explicado que el Gobierno va a dar un "nuevo impulso" al compromiso que ya habían adquirido las administraciones en el pasado para reducir el sector público.

   Para lograrlo, el Gobierno acordó con las comunidades en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Finanicera (CPFF) la creación de un grupo de trabajo para actualizar los anteriores compromisos y realizar un seguimiento "exhaustivo" de la reducción del sector público.

   En este sentido, Sáenz de Santamaría ha valorado la importancia de los acuerdos alcanzados en el CPFF, los primeros "grandes acuerdos" del Gobierno, que incluyen además la implementación de medidas para mejorar la liquidez de las comunidades autónomas, supeditadas al cumplimiento de los objetivos de déficit, los planes de saneamiento y las reformas estructurales.

   De hecho, ha resaltado el "apoyo total" que ofrecieron las comunidades durante la reunión a las bases que presentó el Gobierno sobre la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, que se aprobará en los próximas semanas. "Sale un compromiso firme y unánime con la estabilidad presupuestaria", ha dicho.

   La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha resaltado la "voluntad y determinación" del Gobierno para cumplir sus objetivos en materia de consolidación fiscal y reducir el déficit al 4,4% comprometido con Bruselas.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría respondía así al ser preguntada por las palabras del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que en una entrevista a un diario alemán mostró dudas sobre el cumplimiento de esta cifra.

   Sáenz de Santamaría ha recordado que la reducción del déficit es una medida "clave e imprescindible" para volver a crear empleo. "Toda la tarea del Gobierno está encaminada a crear empleo. Para eso hay que cumplir los objetivos", ha dicho.

   En este sentido, ha asegurado que el Gobierno tomará más medidas si las circunstancias económicas hacen que tenga que trabajar "más y con más reformas". "Lo vamos a hacer", ha señalado la vicepresidenta, tras asegurar que el Ejecutivo intentará "consejo tras consejo" cumplir objetivos y luchar contra los "malos datos" con más "rigor y esfuerzo".

   Esta labor, según Sáenz de Santamaría, se tendrá que complementar con las correspondientes reformas estructurales, "fundamentales" para dinamizar la economía y ayudar a la creación de empleo. En este sentido, ha recordado que en los Consejos de Ministros de las próximas semanas se aprobarán la reforma del sistema bancario y la del sistema laboral.

   Con todo, Sáenz de Santamaría ha asegurado que uno de los principales objetivos del Gobierno es trabajar para no defraudar la confianza de los españoles, para lo que el propio Rajoy está cumpliendo en "plazos y calendario" las reformas que planteó en el Debate de Investidura.   

Con las previsiones de la CE

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado que al margen de la previsión de crecimiento para España del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé una caída del PIB del 1,7% para este año, el Ejecutivo atenderá "especialmente" las estimaciones de la Comisión Europea (CE) para, "de acuerdo con ellas", establecer el cuadro macro y el techo de gasto para este año.

   Al término de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría apuntó que aunque el Gobierno está "atento" a las distintas previsiones que realizan los diferentes organismos, los Presupuestos de 2012, que pretende aprobar antes del 31 de marzo, recogerán la previsión de crecimiento y el techo de gasto de acuerdo con la estimación que realice Bruselas sobre la economía española.

   No obstante, añadió que previsiones como las del FMI renuevan el compromiso del Ejecutivo de trabajar "todavía más y con mayor esfuerzo" para luchar contra el cumplimiento de las mismas y para que no afecten "de un modo tan grave" a España.

   "Contra ello estamos trabajando desde el primer momento, haremos todos los esfuerzos y todas las reformas que sean necesarios", reiteró la portavoz del Gobierno.

IU-Verdes de Molina revela que el sueldo del alcalde es uno de los más altos de la Región

MOLINA.- Izquierda Unida-Verdes de Molina de Segura ha pedido este jueves al alcalde, Eduardo Contreras, que "sea consecuente" y se baje el sueldo, establecido en más de 72.000 euros anuales, uno de los más altos de la Región de Murcia, según fuentes de dicho grupo municipal.

     El concejal de la organización de izquierdas en el municipio, Antonio López, ha indicado que Contreras ha mantenido "intactos" sus emolumentos respecto a la anterior legislatura, pese a la "gravedad" de la situación económica.

    López también ha reclamado la reducción de los salarios de los concejales que conforman el equipo de Gobierno. Así, ha recordado que la primera Teniente de Alcalde gana 4.273 euros al mes, y el resto de liberados 3.795, todos con 14 pagas anuales.

   "Es necesario que se solidaricen con la situación que ellos mismos califican de muy difícil y delicada, cuando exigen a otros esfuerzos salariales, como así lo han hecho con los empleados del ayuntamiento, a los que les han recortado sus nóminas y sus beneficios sociales", ha apostillado.

   Por ello, ha animado a Contreras y a su equipo de Gobierno a que "tengan un gesto con la ciudadanía molinense, y sean los primeros en dar ejemplo a la hora de pedir sacrificios".

El ministro de Defensa habla de austeridad, primero en el Ministerio y luego en las Fuerzas Armadas

MADRID.- El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha explicado este lunes que quiere que la "austeridad" que debe predominar en la "dura y difícil" etapa que tendrá que "gestionar" comience por la estructura del Ministerio, que se revisará antes de la de las Fuerzas Armadas. 

   Durante la toma de posesión del secretario de Estado, Pedro Argüelles, y la subsecretaria, Irene Domínguez-Alcahud, Morenés ha concretado por dónde pretende comenzar la revisión de la estructura orgánica de la Defensa, uno de los cambios que anunció durante la celebración de la Pascua Militar en el Palacio Real: "Queremos, desde el órgano central, dar ejemplo de austeridad empezando por nosotros mismos", ha dicho.

   Según ha explicado el ministro, esta tarea la pondrá en marcha la nueva subsecretaria, abogada de Estado, quien "deberá asumir la iniciativa de la reestructuración orgánica del Ministerio de Defensa y dar los primeros pasos en lo que se refiere a la Administración militar y órganos centrales".

   Durante su intervención, después de que Argüelles y Domínguez-Alcahud juraran sus nuevos cargos, Morenés ha insistido en que la situación que atraviesa España exige "rigor y eficacia" en la gestión para poder "resolver los problemas que España tiene".

   Y para ello, ha recalcado, es necesario "alcanzar un equilibrio" entre las "medidas de austeridad" que se adoptarán y el "esfuerzo" que se pide a "quienes tienen que asumirlas en su trabajo diario de modo directo". Morenés ha reconocido que este equilibrio "no es nada fácil" y, por ello, ha explicado, ha querido buscar "apoyo" en las personas elegidas para ocupar la secretaría de Estado y la subsecretaría.

   De Argüelles, ha destacado su "sólida formación" y su "amplia experiencia" dentro de "grandes empresas", pero también en la política y en la Administración del Estado, ya que ha sido eurodiptuado y diputado por la Asamblea de Madrid y fue director de gabinete de Eduardo Serra cuando éste era ministro de Defensa.

   De esta manera, ha defendido que el secretario de Estado tiene una "visión amplia y global en la que enmarcar en lo internacional, nacional y local la que debe ser la política de gestión de recursos materiales del Departamento en esta dura y difícil etapa".

   "Si ambos por separado suponen una garantía para afrontar este demandante futuro --ha resumido--, el hecho de conformar un sólido y coordinado equipo proporcionará mayores beneficios aún no sólo a las Fuerzas Armadas y la defensa, sino que permitirá encauzar el esfuerzo de quienes trabajamos por la defensa de España en beneficio de la recuperación de la economía española y la ubicación de esta gran nación en el lugar que le corresponde en el mundo".

   A la toma de posesión ha acudido Eduardo Serra, con el que han trabajado tanto Morenés como los cargos que han tomado posesión. Además, ha habido una destacada representación de la industria de defensa, con la presencia de directivos de compañías como EADS, Thales, Hisdesat, Hispasat e Indra, entre otras.    

   También ha acudido la cúpula militar, con el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Fernando García Sánchez, al frente, y la que fuera portavoz de Defensa del PP en el Congreso durante la pasada legislatura, Beatriz Rodríguez-Salmones.

UPyD le cruje al Gobierno de Rajoy por subir impuestos en vez de ahorrar en el gasto

MADRID.- Unión, Progreso y Democracia (UPyD) considera que el Gobierno de Mariano Rajoy "empieza mal" al cargar sus medidas de reducción del déficit sobre las rentas del trabajo vía IRPF y, en cambio, no ahorrar evitando duplicidades en la Administración o suprimiendo entes superfluos como las diputaciones provinciales.  

   El responsable económico de UPyD, Alvaro Anchuelo, critica las medidas del Consejo de Ministros porque "cuando uno navega en un barco con el casco agujereado, tirar a parte del pasaje por la borda no es una solución a largo plazo", sino que es necesario reformar un "Estado autonómico mal diseñado", algo que, según denuncia, el Ejecutivo de Mariano Rajoy "ni se plantea".

   Anchuelo lamenta que, aunque el núcleo de la desviación se debe al "gasto desbocado" de las comunidades autónomas, éstas "no se ven apenas involucradas" en la solución y lo que se hace es subir los impuestos para "seguir financiando esos excesos", así como recortar partidas de gasto socialmente "muy sensibles", con medidas "toscas" y de "brochazo gordo"

   "Los de siempre, los objetivos fáciles, siguen estando en el centro de la diana", incide Anchuelo, que considera que se debería actuar con una filosofía de "presupuesto base cero" que concentre los recortes "más drásticos" en las instituciones autonómicas superfluas, o los sueldos excesivos para funciones profesionales similares.

   En similares términos se pronunció el 'número dos' de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, quien recuerda que su partido ya había avisado de que "era imposible seguir gastando como proponía el PSOE y bajar los impuestos como decía el PP".

   En su opinión, el Gobierno de Rajoy hace "gran continuismo" con las medidas fiscales del PSOE apuntando a los "objetivos fáciles" pues y dos tercios del incremento de recaudación que esperan con estas medidas provendrán precisamente de las rentas del trabajo mientras "las grandes fortunas siguen protegidas por sus falsas fórmulas societarias".

    A través de Twitter, Martínez Gorriarán ha aconsejado al Gobierno empezar por "acabar con las duplicidades y el gasto superfluo suprimiendo administraciones como las diputaciones provinciales. También abogan por una reforma fiscal que equipare las rentas del trabajo con las del capital.

   Su impresión es que el PP va a "dosificar las malas noticias para salvar el tinglado" y que en marzo, cuando presenten los Presupuestos Generales, "vendrá una segunda oleada de recortes".

El Gobierno español avisa que el paquete de medidas es "el inicio del inicio"

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avisado este viernes de que el paquete de medidas aprobado este viernes por el Consejo de Ministros es "el inicio del inicio" y ha insistido en que el Ejecutivo se ha visto "obligado" a tomarlas ante una situación "extraordinaria y no prevista".

   Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha encontrado con una cifra de déficit público "mucho más elevada" de la que había "comunicado y comprometido" el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que se ha estimado en el 8%, una desviación presupuestaria "elevada" que ha obligado a tomar "decisiones extraordinarias".

   La 'número dos' del Gobierno ha explicado que el Ejecutivo tiene el "compromiso" de "decir la verdad" y, por eso, ha asegurado que quieren afrontar "con realismo la situación económica", lo que les ha conducido a tener que "adoptar medidas extraordinarias y no previstas".

   Entre este primer paquete de medidas se encuentra el acuerdo de no disponibilidad de gasto que se ha fijado en 8.900 millones de euros que afectará a los distintos ministerios, principalmente a Fomento, Industria, Economía y Asuntos Exteriores.

   Además, se ha decidido la congelación de los sueldos de los funcionarios públicos y el aumento de su jornada laboral, hasta las 37,5 horas. También se ha establecido una tasa de reposición cero para la Administración pública, a excepción de los empleados públicos del sector de la Educación, Salud, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

   A esto se añade que no se ha prorrogado la renta básica de emancipación, la congelación del salario mínimo interprofesional, el retraso de la introducción de nuevas categorías de beneficiarios de la ley de dependencia y la prórroga un año más de la ampliación del permiso de paternidad.

   Una vez anunciadas estas medidas, Sáenz de Santamaría ha vuelto a insistir en que la situación es "extraordinaria" por el desfase "no previsto" del déficit y ha remachado que esto ha "obligado" al Gobierno a "adoptar otras medidas que no tenía previsto adoptar y que no hubiera adoptado si se hubieran cumplido los compromisos del déficit".

   En este punto, ha anunciado que el Gobierno "se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos", que ha fijado para los próximos dos años. En concreto, se ha establecido un "gravamen complementario" en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), se ha eliminado la bonificación del gasóleo profesional y se aumentará el Impuesto de Bienes Inmuebles.

   "Son medidas extraordinarias, temporales, excepcionales e imprevistas", ha remachado Sáenz de Santamaría, quien también ha hecho hincapié en que la subida de impuestos se ha querido hacer según principios de "justicia y equidad" y, por eso, un "esfuerzo" a los ciudadanos "que más ganan o que más tienen".

   Los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Economía, Luis de Guindos, han explicado después que el aumento del IRPF se va hacer de manera progresiva, de modo que "la proporción de aportación por parte de los que mayor renta tienen es muy grande".

   El Partido Popular se había comprometido a modificar el IRPF en su programa electoral, pero el cambio previsto estaba destinado a "favorecer el ahorro" y crear una "nueva deducción" que redundase en este objetivo. En ningún momento habló de incrementar las cuotas de este ni de ningún otro impuesto.

   Una vez ganadas las elecciones, el presidente del Gobierno no se quiso pronunciar sobre esta cuestión cuando se le ha interrogó al respecto, con o sin micrófonos. Ha eludido la cuestión alegando que no podría anunciar sus medidas hasta conocer el "estado real" de las cuentas del Estado.

   Durante el debate de investidura en el Congreso de los Diputados, y al ser preguntado al respecto por el presidente del Grupo Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, Rajoy aseguró que su intención era "no subir los impuestos" porque no le parecía "lo más razonable".

   En la rueda de prensa, Sáenz de Santamaría ha reconocido que el PP "no es partidario de subir impuestos", pero ha insistido en que la situación es "extraordinaria y no prevista" y ha "llevado a adoptar medidas extraordinarias, no deseadas" y "obligadas por el agujero del desfase en el déficit público".

   Este desfase, ha dicho, ha hecho "necesario adoptar otro tipo de medidas que en circunstancias normales, si se hubieran cumplido el compromiso del déficit público, si se hubiera limitado a 16.500 millones de euros, no se hubieran adoptado". "Estamos hablando de otras magnitudes y magnitudes de esta naturaleza obligan. Las circunstancias obligan y son duras, difíciles", ha recalcado".

   A pesar de que la ministra de la Presidencia ha asegurado que el anterior Gobierno no les avisó de cuál iba a ser el dato de déficit de 2011, Sáenz de Santamaría no ha incidido en las críticas al PSOE y ha asegurado que al Ejecutivo de Rajoy lo que le "importa" ahora es "tomar decisiones que se han empezado a tomar y se seguirán tomando".

   Dicho esto, la vicepresidenta ha insistido en que aunque la situación es "difícil", el Gobierno está "dispuesto a tomar decisiones" y a "afrontar" la situación "como viene" y a "dar la cara ante los ciudadanos".    

   Además, ha asegurado que, en esta tarea, va a "decir la verdad" y a "procurar ser justo a la hora de exigir esfuerzo y sacrificios". "Es un momento difícil, pero con medidas y reformas, estamos seguros de que España puede salir de la crisis y se puede volver a generar empleo", ha remachado.

El Gobierno recorta un 20% la subvención a partidos, patronal y sindicatos

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes la supresión de 30 direcciones generales del Ejecutivo, un 18,9 por ciento del total, y un recorte del 20 por ciento en la subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha cuantificado el recorte de subvenciones en 55 millones de euros en el caso de patronales y sindicatos y en 29,68 millones en el caso de los partidos políticos.

   Para ello, ha adelantado que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, que fijaba su cuantía base para 2008 y su actualización mínima de IPC año a año.

Rajoy defiende que habrá que hacer reformas porque "la austeridad no lo resuelve todo"

MADRID.- El futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido este lunes ante la Junta Directiva Nacional del PP la necesidad de emprender reformas para que la economía española empiece a crecer, porque "la austeridad no lo resuelve todo", y ha avisado de que el control del déficit público "en los primeros momentos no va a producir efectos positivos" en el crecimiento e incluso "puede ocurrir lo contrario".

   Rajoy ha vuelto a defender ante los dirigentes de su partido que la economía es "la urgencia y la mayor prioridad" de los españoles y así será también la de su Gobierno. Por ello, ha defendido que está "obligado" a adoptar decisiones y a hacerlo "de manera rápida".

   Algunas de ellas se pondrán en marcha el próximo 30 de diciembre, ya que el presidente del Gobierno electo ha dicho que ese día, en el segundo Consejo de Ministros, podrían tomarse "algunas decisiones importantes de cara al próximo año", que no ha precisado.

   El líder del PP ha hecho un breve resumen de la situación de la economía española, que este año habrá crecido "por debajo del 1%", y con previsiones para el próximo año que arrojan "cifras similares". Mientras tanto, hay que "corregir" las cifras de déficit público y deuda pública y superar las dificultades que tienen las pequeñas y medianas empresas para crear empleo y las administraciones para atender a su presupuesto de gasto.

   A lo que hay que añadir, indicó, los problemas de financiación de la deuda pública y privada y el "entorno difícil" en Europa y, en general, en todo el mundo.

   A partir de aquí, ha recordado cuáles son sus prioridades para afrontar esta situación: las decisiones que se tomen en el marco de la Unión Europea, el control del déficit público, las reformas y la reestructuración del sistema financiero.

   En concreto, ha recordado los acuerdos a 26 que se han alcanzado en Bruselas y que ahora habrá que plasmar. A su juicio, son decisiones importantes porque muestran la "voluntad decidida" de los Estados miembros en la lucha contra el déficit y la deuda pública. Además, ha garantizado que su Gobierno trabajará para que España tenga "el peso que le corresponde".

   En relación con el déficit público, ha recalcado que las últimas decisiones del Banco Central Europeo han sido positivas y han servido para "aliviar la situación", pero ha alertado de que el "mejor alivio" y el crecimiento dependerá de si los países son capaces de hacer sus "deberes en casa".

   También ha vuelto a defender la necesidad de hacer reformas para "mejora la competitividad" y ha explicado que son fundamentales para "poder competir en un mundo abierto y global, para producir mejor y por tanto a menor coste".

   De ellas, ha avanzado que la "más importante" será la reforma laboral", para la que espera que haya un acuerdo entre los agentes sociales. Rajoy ha dicho que esperará a conocer su opinión pero ha vuelto a asegurar que, en cualquier caso, tomará las decisiones que crea que son las mejores para los intereses generales de los españoles.

   Después, ha indicado, vendrán la reforma fiscal, de la educación, de la política energética, y habrá que hablar de innovación, emprendedores o internacionalización de la empresa, entre otras cosas.

   Finalmente, sobre su cuarta prioridad, la reestructuración del sistema financiero, ha avanzado que se hará un esfuerzo para sanear los balances de las entidades y para que en España "haya un grupo, necesariamente menor del que hay, de entidades financieras que cumplan su función de dar crédito y no generen la más mínima duda sobre su situación".

   Rajoy ha explicado que expondrá estos asuntos en su discurso de investidura, el próximo lunes, y ha señalado que su "idea" es presentar con "la mayor celeridad posible" una propuesta de previsión de crecimiento para 2012, porque esto lo "condiciona todo".

   Además, ha garantizado que, aunque en las elecciones generales el PP obtuvo una amplia mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, tratará de buscar acuerdos en todas estas cuestiones, porque está convencido de que la situación por la que pasa España "es de todos". 

"Este partido buscará el consenso y el acuerdo, pero de la misma manera que digo esto digo que este partido no va a abdicar de su responsabilidad", ha recalcado.

   Asimismo, ha apelado a la responsabilidad de las comunidades autónomas, a las que convocará en breve, y de las corporaciones locales, para que contribuyan al "gran objetivo nacional" y ha avisado que el control del déficit público también es cosa suya. También ha avanzado que habrá que "modificar la legislación básica en algunos aspectos", donde también será "capital" el papel de las autonomías.

   Y dicho esto, Rajoy ha asegurado que tratará de gobernar "con justicia", repartiendo "de manera equitativa los costos de esta crisis económica".

Cospedal experimenta en Castilla-La Mancha el plan de recortes de Rajoy para España

TOLEDO.- La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha desgranado este viernes las medidas contempladas en la segunda parte del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos, con la que pretende ahorrar 350 millones de euros, y entre las que se encuentra una bajada del sueldo de los funcionarios en un 3 por ciento, el aumento de la jornada laboral de estos trabajadores en 2,5 horas y el uso de la gestión público-privada en el ámbito sanitario de la región de cara al futuro.

   En una rueda de prensa en la que ha estado respaldada por su marido, Ignacio López del Hierro y el Consejo de Gobierno al completo, Cospedal ha anunciado un aumento de la jornada de los empleados públicos en 2,5 horas, de tal forma que pasarán de las 35 semanales a 37,5, y una reducción bruta del 3 por ciento del salario total de todos los funcionarios "con carácter transitorio", a través de la rebaja del 10 por ciento del complemento específico y asimilado, lo que supondrá un ahorro de 100 millones de euros.

   Además, ha adelantado la puesta en marcha "de forma inmediata" de un plan de control del absentismo laboral en la Administración regional, de tal forma que las bajas se presenten desde el primer día "y no en el cuarto día".

   Ha avanzado que las fórmulas de colaboración con el sector privado se aplicarán "para todo lo que vaya a ser en el futuro desarrollo de nuevas infraestructuras" en los ámbitos sanitario y sociosanitario. Esta medida afectará a la construcción de los hospitales que dejó en previsión el anterior Ejecutivo socialista: el hospital de Cuenca, la ampliación del hospital de Guadalajara, y el futuro hospital de Toledo.

   El Gobierno de Castilla-La Mancha también va a recurrir a la participación del sector privado en la gestión de los hospitales de Almansa, Villarrobledo, Manzanares y Tomelloso "para salvaguardar la continuidad y supervivencia" de los mismos ya que, a día de hoy, "son inviables" y eso, ha agregado, era algo que "sabía muy bien el Gobierno anterior".

   La presidenta de Castilla-La Mancha ha anunciado que en el sistema de prestaciones sociales sólo van a recibir ayudas aquellas personas y familias con las rentas más bajas siempre y cuando no reciban ayudas públicas que sean "incompatibles".

   Según Cospedal, "no nos podemos permitir ayudas a familias con rentas altas y no nos podemos permitir tarjetas naranjas o tarjetas verdes para el transporte que no estén vinculadas a necesidades sociales básicas". "Lamentablemente nos lo hemos permitido desde hace mucho tiempo sin posibilidades de pagar", ha señalado.

   En relación con los centros de mayores, menores, de personas con discapacidad o de dependencia, Cospedal ha anunciado que su Gobierno va a financiar las plazas ocupadas, "no las reservas de plaza" y, de acuerdo con las instrucciones del Gobierno central, se va a examinar el baremo aprobado por el Ejecutivo central con relación a los grados de la dependencia.

   Ha asegurado que el compromiso que tiene la sociedad de Castilla-La Mancha con los más pobres "siempre" va a estar vigente, "pero hoy nos es imposible asumir obligaciones que supongan la necesidad de incrementar el endeudamiento de la región que vayan vinculadas a políticas cuantitativas de gasto en materia de cooperación internacional".

   Cospedal ha asegurado que los libros de texto no pueden ser completamente gratuitos para todas las familias de la región "sin distinción de renta", ha anunciado que la aportación a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) se reducirá "significativamente", que contratará interinos por necesidades del servicio sólo hasta el 30 de junio y que habrá un "control exhaustivo" de las bajas de docentes.

   Cospedal ha informado de que el Gobierno regional va a hacer  compatible la red pública de la mejor calidad con una red concertada y privada. Ha subrayado que la red de conciertos de Castilla-La Mancha es la "más escasa" de toda España y su impulso, ha dicho, permitirá a los padres poder elegir el tipo de centro al que quieren enviar a sus hijos a estudiar. También ha anunciado que se reprogramarán las rutas de transporte escolar.

   Ha anunciado que suspenderá "temporalmente" la construcción de nuevas viviendas protegidas y que aplicará el canon eólico que aprobó el Gobierno de José María Barreda, que entrará en vigor el 1 de enero de 2012.

   Ha informado de que se van a reducir las subvenciones para el fomento del uso del transporte público en algunos colectivos, que supondrá un ahorro de 3,5 millones. A modo de ejemplo ha afirmado que en la actualidad el transporte interurbano es gratuito para los menores de 30 años, "y esta situación se tiene que corregir".

   Cospedal ha señalado que también se van a reducir las aportaciones del Ejecutivo autonómico al ente público Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM) por valor de 12,5 millones de euros, y ha destacado que su "compromiso" de privatización se mantiene y se sustanciará "en cuanto lo permita la ley estatal".

   Ha declarado, en referencia al Fondo Regional de Cooperación Local (FORCOL), que "en ningún caso se van a asumir nuevas obligaciones en este programa", aunque sí se van a pagar las obligaciones contraidas por el Gobierno anterior "dejadas de pagar" que, según Cospedal, "son muchas".

   El Gobierno regional también va a acometer una reducción de 9,8 millones de euros en el Instituto de la Mujer --precisamente un día después de nombrar a la que será su nueva responsable, María Teresa Novillo--.

   Cospedal ha anunciado su intención de convertir en fijos-discontinuos los contratos de los trabajadores de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de la región (GEACAM) de tal manera que habrá cuatro meses del año que no trabajen.

   Además, durante el invierno los servicios de extinción de incendios tendrán que limpiar los montes y evitar que se produzcan incendios en verano, pero en lugar de optar por la privatización del servicio, el Gobierno ha buscado que "los trabajadores de la Junta participen en las labores de limpieza del monte durante más tiempo que ahora y con más intensidad".

   La presidenta de Castilla-La Mancha y sus consejeros renunciarán a sus pagas extras, usarán coches oficiales de gama media --ya que se subastarán los Audi existentes--, y las facturas por almuerzo que presenten deberán contener el motivo por el que se ha celebrado, no pudiendo superar el valor máximo por comensal los 18 euros.

   Igualmente, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha optado por prorrogar los presupuestos de 2011 ya que considera que en este momento es "lo más adecuado, lo más realista y lo más práctico".

   Ha aprovechado para adelantar que el Consejo de Gobierno que se reunirá el próximo miércoles, día 7, en Albacete aprobará la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Castilla-La Mancha.

   También ha anunciado que el Gobierno regional ha constituido con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP) una comisión para eliminar duplicidades en las competencias que se ejercen desde la Junta, desde ayuntamientos y diputaciones para evitar que el dinero público sea "despilfarrado y no sea aprovechado en toda su intensidad".