CARTAGENA.- El incremento de las listas de espera en Sanidad ha generado
discrepancias entre los grupos parlamentarios durante el Pleno celebrado
hoy en la Asamblea. Los grupos de la oposición han acusado al Gobierno
regional de incumplir su compromiso de reducirlas, mientras que el PP ha
acusado al Gobierno nacional de inacción en este sentido.
El
debate se ha producido a raíz de una moción presentada por el Grupo
Mixto para que se publicaran mensualmente los datos de las listas de
espera y se redujeran estas de manera progresiva.
La portavoz del Grupo
Mixto, la diputada de Podemos María Marín ha denunciado que desde enero
de 2021 el número de pacientes que superan los tiempos de espera para
ser atendidos ha pasado de 33.000 a 106.000 persona, mientras que el
tiempo medio para ser operado ha pasado de 87 a 106 días.
Durante su intervención, Marín ha anunciado que su grupo parlamentario
registrará una proposición de ley para modificar el decreto que regula
el acceso al sistema de salud público, "para acabar con el limbo en el
que se encuentran los pacientes sin fecha asignada. Un limbo de la
vergüenza en el que se encuentran a día de hoy más de 61.000 pacientes",
ha dicho la diputada.
A su juicio, tras la gestión de la
Sanidad regional existe un interés por privatizar los servicios
sanitarios. "Lo hemos visto en la Comunidad de Madrid, donde Ayuso y su
novio ejercen como contratistas y comisionistas del grupo Quirón, lo
mismo sucede en la Región donde López Miras está convirtiendo paso a
paso el derecho a la sanidad pública en un lucrativo negocio", ha dicho.
La iniciativa presentada por Podemos, que al final no ha sido
aprobada, ha recogido también las aportaciones del PSOE, que ha
planteado analizar el problema y elaborar un plan de choque que prevea
"el déficit de profesionales por áreas y que en función de eso se puedan
sacar las plazas oportunas en formación y de manera anual y que esto se
haga en un plazo no superior a 12 meses".
Sin embargo, la
oposición del PP a esta iniciativa ha llevado a que saliera adelante la
enmienda a la totalidad presentada por este grupo, con la abstención de
Vox, ya que, según ha dicho la diputada del PP Mari Carmen Ruiz, el
aumento de las listas de espera "es una consecuencia directa de la falta
de médicos. ¿Hasta dónde tienen que llegar las listas de espera para
que actúe Pedro Sánchez?", se ha preguntado instando a que "cada
administración asuma su responsabilidad".
Durante el Pleno de
la Asamblea también ha salido adelante una moción del PP, con el apoyo
de Vox, en la que se pedía al Gobierno nacional que aplazara el alta en
la Seguridad Social del alumnado de Formación Profesional y
universitario en prácticas a fin de solucionar las trabas que genera la
medida.
El diputado del PP Carlos Albaladejo ha insistido en que esta
iniciativa "no es un capricho" del PP, sino que la ha presentado tras
haber escuchado a las consejerías de educación, a los rectores de las
universidades de que el "sistema puede colapsar" y a las empresas,
"queremos dignificar a la universidad y a la formación profesional con
ese sistema de prácticas para buscar la excelencia educativa".
En ese sentido, el diputado de Vox Ignacio Arcas ha advertido que esta
medida se trata de "una artimaña por parte del Gobierno de Sánchez para
maquillar los datos de afiliación a la Seguridad Social. No se puede
utilizar a los estudiantes como moneda de cambio para lograr unos datos
de afiliación que no son reales".
El socialista Juan Andrés
Torres ha indicado que ellos abogan por "ampliar los márgenes de
bienestar de los estudiantes, estamos ante un avance de derechos que el
PP pretende perjudicar". La portavoz del Grupo Mixto, la diputada de
Podemos María Marín ha advertido que el PP quiere "aplazar lo que tiene
que ver con las mejoras para el alumnado".
El Pleno de la
Asamblea ha aprobado también una moción de Vox para crear una Comisión
especial de Estudio de la Seguridad Ciudadana en la Región. El diputado
de Vox Alberto Garre ha pedido a los grupos parlamentarios "aportar su
grano de arena", pero ha afirmado que le "duele lo que está pasando con
la delincuencia en España", alertando de que los extranjeros cometen el
triple de delitos.
Esta comisión trabajará durante un año en la Asamblea
gracias al voto favorable del PP que también la considera necesaria.
La socialista Carmina Fernández ha señalado que con esta iniciativa
se pretende "obstaculizar" el trabajo del parlamento "creando comisiones
innecesarias que pueden abordarse en otras comisiones".
"Pretenden
instalar la sensación de inseguridad y miedo en la Región, una sensación
que no es real", les ha advertido. De igual opinión se ha pronunciado
la diputada de Podemos, María Marín, que considera que la moción "en
absoluto busca la seguridad de la ciudadanía. Busca que estemos
generando un discurso de odio frente a migrantes, mujeres o personas
LGTBI", ha dicho.
Por otro lado, el Pleno ha rechazado una
moción del PSOE para presentar una batería de medidas en favor del
sector primario. El socialista Fernando Moreno ha advertido que el
sector primario murciano "está atravesando una situación crítica y
necesita del apoyo de todas las administraciones. El Gobierno de España
ha escuchado y atendido esas reivindicaciones del sector y ha puesto
soluciones, pero necesitamos que haga lo mismo el Gobierno regional".
La diputada de Podemos, María Marín, considera que la propuesta del
PSOE les parece adecuada, pero "es insuficiente. Llevamos 30 años así,
hay que hacer propuestas un poco más valientes y creemos que ni el
Gobierno central ni el Gobierno de la Región hacen lo suficiente", ha
dicho pidiendo un fondo de compensación para agricultores y ganaderos.
El diputado del PP Jesús Cano, ha pedido, además, al ministro de
Agricultura que "no siga haciendo oídos sordos a las reivindicaciones
del campo".
Desde Vox, Antonio Martínez, ha explicado que en
la enmienda del PP ven las bases "para un buen acuerdo", aunque
considera que habría que "reorientar algunas propuestas. Hay que
desacoplar la agricultura de la tiranía de la Agenda 2030", ha añadido.
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