Mientras las transferencias desde el centro de la Península Ibérica al sureste se van a mermar en el horizonte de 2027 a la mitad y la utilidad del acueducto quedará herida de muerte, tal como denuncias sus regantes, estos días se ven carreteras, árboles, granjas y viviendas anegados por la avalancha en tierras zaragozanas y de otras zonas cercanas.
Y la Confederación Hidrografíca del Segura (CHS) ya declaró el viernes la situación de «sequía extraordinaria» en buen parte de su demarcación, con restricciones al riego al 25%.
«En 2004 se derogó el trasvase del Ebro, que no era sólo para el sur, también para el norte y para abastecimiento del consumo doméstico, desde Barcelona hasta Almería», recuerda José Vicente Andreu, presidente de Asaja-Alicante, quien pone el foco en que no sólo se diseñaron estas infraestructuras en aquel Plan Hidrológico Nacional (PHN) pensando en la agricultura.
«El Gobierno no la enmienda, sólo sale a relucir la sequía de Barcelona», lamenta, por las connotaciones estrictamente políticas y, en este caso coyunturales, que influyen en las decisiones sobre el agua, sin hacer alusión explícita a lo que se puede deducir del envío de barcos con caudal desalado a la capital catalana: el trasfondo de los pactos entre Pedro Sánchez y Junts para mantenerse en el Gobierno.
«El Ebro suele tener dos crecidas anuales, coinciden con los periodos de deshielos, con 2.000 metros cúbicos de agua por segundo y la única manera de controlarlo es hacer embalses, hay pérdidas brutales, en pocas horas se han ido mil hectómetros cúbicos mientras en Sagunto se está desalando», describe Andreu.
Y tampoco se trata de una cuestión de dinero, porque los afectados demuestran con número que la actual política hídrica acaba siendo más cara para todos, tanto para los agricultores como para todos los contribuyentes, vía impuestos.
«El presidente del Gobierno ha anunciado unas subvenciones para el agua desalada de cuatro céntimos, cuando el coste total saldrá por 120, ¿qué solucionas con eso», señala Roque Bru, presidente de la comunidad Riegos de Levante (margen izquierda), desde Elche.
«Con lo que nos cuesta el agua, no podemos ni pagar, con los precios agrícolas por los suelos, la desalada nos resulta inasumible y hacen falta subvenciones pagadas entre todos los ciudadanos, esperemos que algún día les entre la sensatez», añade el representante agrario ilicitano.
Más allá del contexto actual de la crecida del río, el problema tiene un carácter más global y estructural: «No es sólo el Ebro, con el Tajo a Portugal también llevamos un año exagerado con lo que está lloviendo allí, y se justifica subir el caudal ecológico porque hace falta agua, cuando no es así, con seis metros cúbicos por segundo como ahora, es una decisión arbitraria y política que nos causa inseguridad aquí, y dejamos de plantar cultivos».
Sin contar con el coste energético. «Deciden invertir en desaladoras y ahora en San Miguel de Salinas harán una planta fotovoltaica que tiene al pueblo levantado», relata Bru, acerca de las repercusiones indirectas para la población, en este caso, en un municipio del sur de la provincia de Alicante.
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